Sentencia C-422 de mayo 28 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-422/2002

Ref.: Expediente D-3801.

Magistrado ponente:

Álvaro Tafur Galvis.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 31 del Decreto Ley 522 de 1971.

Actor: Lina Patricia Bilbao Rodríguez y otros.

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo del año dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Año CVII 33.300 del 29 de abril de 1971, y se resalta lo demandado:

“DECRETO NÚMERO 522 DE 191

(Marzo 27)

“Por el cual se restablece la vigencia de algunos artículos del Código Penal, se definen como delitos determinados hechos considerados hoy como contravenciones, se incorporan al Decreto Ley 1355 de 4 de agosto de 1970 determinadas contravenciones y se determina su competencia y procedimiento, se modifican y derogan algunas de las disposiciones de dicho decreto, se deroga el Decreto Ley 1118 de 15 de julio de 1970 y se dictan otras disposiciones”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968, atendido el concepto de la comisión asesora que la misma establece,

DECRETA:

CAPÍTULO CUARTO

De las contravenciones especiales que afectan la fe pública

ART. 31.—El que requerido por funcionario o empleado público en ejercicio de sus funciones, declare falsamente o rehúse dar datos sobre la identidad, estado u otras generalidades de la ley acerca de su propia persona o de otra conocida incurrirá en multa de cien a quinientos pesos”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, como quiera que el artículo demandado está contenido en un decreto con fuerza de ley.

2. Materia sujeta a examen.

Para los actores la norma desconoce el derecho a la no auto incriminación (C.P., art. 33) y como consecuencia en su concepto vulnera igualmente los artículos 4º y 85 de la Carta.

Para el señor Fiscal General de la Nación la norma no desconoce dicho derecho constitucional sino que desarrolla los numerales 6º y 7º del artículo 95 de la Carta en materia de deberes ciudadanos de colaboración con la justicia y mantenimiento de la paz.

El deber de colaboración con la justicia anotado es el mismo que invoca el representante del Ministerio de Justicia y del Derecho para señalar que éste no se contrapone al derecho que establece el artículo 33 superior, mientras que la representante del Ministerio del Interior aclara que dicho texto constitucional solamente opera en principio en los procesos penales pero no en materia civil, laboral o administrativa y que una cosa es rendir una declaración y otra suministrar datos sobre el estado de las personas, las cuales en todo caso deben abstenerse de suministrar información falsa.

El señor Procurador de la Nación considera igualmente que la norma impugnada se ajusta a la Constitución. Aclara que la norma establece una contravención especial que sanciona a quien declara falsamente o rehúsa suministrar datos tendientes a su identificación o la de personas conocidas y precisa cuáles son esos datos. Afirma que el derecho señalado en el artículo 33 constitucional se entiende sin perjuicio de la obligación de colaborar con la administración de justicia, por lo que en su concepto la norma acusada no se opone a dicho texto superior.

Corresponde a la Corte determinar en consecuencia si el artículo 31 del Decreto Ley 522 de 1971 atenta o no contra el derecho a la no auto incriminación que establece el artículo 33 de la Carta y si como consecuencia de ello se vulneran o no los artículos 4º y 85 de la Constitución Política.

3. Consideraciones.

La Corte considera necesario hacer las siguientes precisiones relativas al (i) derecho establecido en el artículo 33 de la Constitución y su interpretación jurisprudencial, y (ii) al contenido, alcance y ámbito de aplicación de la disposición acusada, necesarias para el examen de los cargos planteados por los demandantes.

3.1. El derecho establecido en el artículo 33 constitucional y su interpretación por la jurisprudencia.

De acuerdo con el artículo 33 superior “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

En relación con este artículo la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que su contenido “sólo debe ser aplicado en los asuntos criminales, correccionales y de policía” (1) , al tiempo que ha hecho éntasis en que éste no se contrapone al deber que tienen los asociados de colaborar con la administración de justicia.

(1) Sentencia C-426 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía. S.V. Eduardo Cifuentes Muñoz. Reiterada en la Sentencia C-622 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz. S.V. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Así, al estudiar los cargos de inconstitucionalidad formulados contra los artículos 202 y 203 del Código de Procedimiento Civil, esta corporación se refirió expresamente a la no aplicabilidad del artículo 33 constitucional en los asuntos de competencia de la jurisdicción civil, laboral y administrativa, atendiendo i) a la “Tradición constitucional” en la materia, ii) a los antecedentes de la disposición (2) y iii) al texto de los artículos 83, 96.7 y 228 de la Carta, conforme a los cuales las actuaciones de los particulares deben ceñirse a la buena fe, las personas están obligadas a colaborar con la justicia y los jueces a hacer efectivos los derechos reconocidos en las normas sustanciales (3) .

(2) En la sentencia en cita esta corporación reproduce el estudio adelantado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia 129 de octubre 17 de 1991, para determinar la inconstitucionalidad del artículo 748 del Decreto 624 de 1989, a la luz del artículo 33 de la Constitución, ya vigente al momento de dictarse la sentencia, el que le permitió a dicha corporación, concluir que:

“… un análisis de los antecedentes que determinaron la adopción del artículo 33, y hasta donde es posible reconstruirlos con la ayuda de las actas de las sesiones y ponencias publicadas hasta ahora en la Gaceta Constitucional, no indican que fuese voluntad expresa e inequívoca de los constituyentes de 1991 dejar abierta la posibilidad de aplicar la prohibición plasmada a toda clase de procesos …”.

(3) Sentencia C-426 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía. Así mismo, mediante Decisión C-622 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, al decidir sobre la inconstitucionalidad de la confesión ficta o presunta, regulada por los artículos 178, 183, 194, 195, 201, 205, y 210 del Código de Procedimiento Civil, esta corporación consideró:

“[l]a discusión sobre el alcance de la garantía que consagra el artículo 33 de la Constitución Política, fue dirimida por esta corporación a través de la Sentencia C-246 de 1997 (sic) en la que se concluyó que su contenido “... sólo debe ser aplicado en los asuntos criminales correccionales y de policía” lo que de plano resuelve la controversia planteada por el demandante con fundamento en dicha norma superior”.

Cabe recordar de otra parte que al estudiar la inconstitucionalidad de distintas disposiciones del Código Nacional de Policía, esta corporación debió referirse al alcance del artículo 33 superior, determinando que si la concurrencia a declarar no surge de la conciencia del asociado, de cara al cumplimiento del deber de colaboración con la justicia, definido en el numeral 7º del artículo 95 constitucional, el remiso bien podía ser aprehendido con tal fin y conducido por las autoridades de policía ante el funcionario responsable de adelantar la investigación preliminar (4) .

(4) Como lo denota el siguiente aparte de la Sentencia C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

“Para la Corte Constitucional es esencial que estos procedimientos policiales se efectúen dentro del estricto respeto de los derechos humanos. De ello depende no sólo la seguridad ciudadana y la legitimidad de la acción de las autoridades sino incluso la propia eficacia de la investigación y sanción de los delitos. En efecto, pruebas obtenidas con base en allanamientos o detenciones arbitrarias podrían luego ser excluidas de los procesos por las autoridades judiciales con base en la cláusula de exclusión consagrada en el inciso final del artículo 29 de la Constitución, según la cual “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Además, la sociología criminal ha mostrado que la eficacia en la lucha contra el delito depende en gran medida de la confianza que la población tenga en las autoridades, la cual deriva del actuar conforme a los derechos humanos de estas últimas.

El artículo 95 numeral 7º de la Constitución consagra el deber de todos los ciudadanos de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Por lo tanto rendir testimonio es una obligación y solamente en las circunstancias excepcionales previstas en la Constitución la persona se encuentra exonerada de este deber.

(…).

La obligación de declarar debe surgir de la conciencia del ciudadano de cumplir voluntariamente con el deber de colaborar en el esclarecimiento de una investigación. Es una responsabilidad que incluso constitucionalmente se encuentra protegida (C.P., art. 250-4). Ahora si el testigo no desea colaborar con la administración de justicia, contrariando así la Carta, la policía podría aprehenderlo y conducirlo inmediatamente al funcionario responsable de la investigación preliminar, el cual deberá recibirle el testimonio en el acto o convocarlo a futura declaración …”.

Y al decidir sobre la permanencia en el ordenamiento del inciso segundo del artículo 376 del Decreto 2700 de 1991, el derecho a la no auto incriminación fue definido como una garantía más del procesado, en cuanto toda actuación de las autoridades tendiente a obtener su confesión involuntaria se encuentra prohibida, sin que esta prohibición pueda entenderse como una excusa para incumplir el deber de colaborar con la administración de justicia (5) .

(5) El siguiente es un aparte de la Sentencia C-403 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, que se reseña, en igual sentido sentencias C-213 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía y C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

“Así entonces, no le asiste razón al impugnante cuando califica la captura para indagatoria como un acto contrario al derecho de la no incriminación contenido en el artículo 33 constitucional. No sólo porque como ha quedado explicado, la misma se cumple dentro de los parámetros constitucionales y legales que la regulan, sino además, porque la finalidad de la norma constitucional está dirigida es a evitar que en el curso de la misma diligencia es a evitar que en el curso de la misma diligencia, se obligue o induzca al indagado a declarar contra sí mismo o contra sus parientes en los términos allí expresados, y no a impedir la aprehensión de aquellos ciudadanos que, con fundamento en elementos probatorios, se encuentran incursos en una actuación judicial”.

Así mismo, con ocasión de la revisión constitucional del Decreto Legislativo 1833 de 1992 “Por el cual se expiden normas sobre concesión de beneficios por colaboración con la justicia”, esta corporación declaró conforme a la Carta Política el excepcional beneficio de no ser sometidos a investigación, ni sujetos de acusación por los hechos revelados, que el decreto en mención concedió a quienes rindieran declaración, en los asuntos de competencia de la justicia regional, en cuanto consideró que tal beneficio, además de desarrollar el artículo 33 superior, aseguraba la obtención de información de interés para las investigaciones (6) .

(6) Dice así un aparte de la providencia en mención. Sentencia C-052 de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffestein:

“Estas medidas en realidad pueden resultar benéficas pues nadie puede olvidar los graves ilícitos que se están cometiendo por parte de las organizaciones de narcotraficantes y guerrilleros quienes mediante la ejecución de múltiples actos de terrorismo están empeñados en destruir y desestabilizar las instituciones y atemorizar a la población civil, además de atentar contra sus vidas y bienes, todo lo cual lleva a alterar el orden público y a crear un estado de zozobra, intranquilidad y malestar ciudadano.

(…)

La esencia de la disposición consiste en la creación de una garantía en favor del testigo que rinda declaración sobre la forma o circunstancias en que se realizó un hecho punible del cual ha tenido conocimiento y que sea de competencia de los jueces regionales, quién o quiénes son los autores materiales o intelectuales del ilícito y cualquier otro hecho que permita determinar la responsabilidad penal de los autores o partícipes de esos delitos, que consiste en la prerrogativa de que no serán investigados o acusados por lo hechos sobre los cuales rindieron su versión.

Se trata, entonces, de una forma de respetar el derecho de no autoincriminación, que garantiza el artículo 33 constitucional, al tiempo que se asegura la obtención de información de interés para las investigaciones”.

En otra decisión, esta vez con el objeto de adelantar la revisión constitucional del Decreto Legislativo 1901 de 1995 “por el cual se dictan normas en materia de orden público en todo el territorio nacional”, esta corporación distinguió entre testigo y denunciante, en cuanto definió que para que un denunciante se convierta en testigo se requiere que sea citado ante la autoridad competente a dar su versión de los hechos, de manera que ésta pueda ser contradicha por el inculpado (7) .

(7) Sentencia C-067 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Entonces, ante diversas disposiciones del ordenamiento que concretan el deber constitucional de la persona y del ciudadano de colaborar con la administración de justicia en la obligación de rendir declaración sobre los hechos objeto de investigación o de litigio, la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado destacando el valor de la prueba testimonial en el esclarecimiento de la verdad, sin perjuicio del derecho del detenido, sindicado o procesado a no ser obligado a incriminarse, como tampoco a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Ahora bien, debe la Corte llamar la atención acerca de que no obstante que en las decisiones que, entre otras muchas, se han relacionado surge como criterio orientador de la proyección y alcance del artículo 33 de la Constitución el relativo a la naturaleza de las actuaciones para señalar que la protección a la no autoincriminación “sólo debe ser aplicada en los asuntos criminales, correccionales y de policía” es lo cierto que tal principio en los términos textuales mismos de la regla constitucional reviste una amplitud mayor pues ésta no restringe la vigencia del principio a determinados asuntos (8) y por ello bien cabe su exigencia en todos los ámbitos de la actuación de las personas (9) .

(8) Ver Sentencia C-776 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(9) Ver S.P.V. Eduardo Cifuentes Muñoz, Sentencia C-622 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz. Ver igualmente la Sentencia T-1031 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.

Así las cosas, considera la Corte que más que a la naturaleza específica de los asuntos de que se trate debe atenderse como criterio preponderante, definidor del ámbito de aplicación de la regla contenida en el artículo 33 constitucional, el carácter relevante de la información en función de la protección de la garantía de no autoincriminación, que se repite, puede proyectarse en los más variados ámbitos de la interrelación de las personas con el Estado.

3.2. El contenido, alcance y ámbito de aplicación de la norma impugnada

El Decreto Ley 522 de 1971 agregó al libro III del Código Nacional de Policía en el título IV sobre “Contravenciones especiales” el artículo 31 atacado que confirió a los inspectores de policía la facultad de imponer multa a quien ante el requerimiento de un empleado o funcionario público en ejercicio de sus funciones, rehúsa o declara falsamente sobre aspectos relativos a su identificación o a la de una persona conocida.

En relación con el contenido de la disposición (10) , la Corte considera necesario hacer referencia al alcance “de algunas de las expresiones que en ella se contienen y que resultan indispensables para establecer el ámbito de aplicación de la misma.

(10) “ART. 31.—El que requerido por funcionario o empleado público en ejercicio de sus funciones, declare falsamente o rehúse dar datos sobre la identidad, estado u otras generalidades de la ley acerca de su propia persona o de otra conocida incurrirá en multa de cien a quinientos pesos”.

Así cabe precisar el sentido en este caso de las expresiones (i) funcionario o empleado público en ejercicio de sus funciones, y (ii) declare falsamente o rehúse dar datos sobre la identidad, estado u otras generalidades de la ley.

(i) Para la Corte las expresiones funcionario o empleado público hacen relación en el presente caso a los servidores públicos que requieren información de los ciudadanos.

Al respecto se debe aclarar que contrariamente a lo expresado por la mayoría de los intervinientes y por el señor procurador la norma que se estudia no se enmarca dentro del desarrollo del numeral 7º del artículo 95 constitucional relativa al deber ciudadano de colaboración con la justicia (11) , sino más bien de los numerales 5º y 6º del mismo artículo referentes a los deberes de participación en la vida política, cívica y comunitaria y de propender al logro y mantenimiento de la paz.

(11) El deber general de colaboración con la justicia previsto en el numeral 7º del artículo 95 de la Constitución Política y en particular la obligación de rendir declaración o de actuar con el compromiso de no faltar a la verdad ante autoridades judiciales o administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, se plasma en los artículos 266 a 283 del Código de Procedimiento Penal 194 a 232 del Código de Procedimiento Civil, 51 del Código Procesal de Trabajo y 168 del Código Contencioso Administrativo.

En efecto, con el fin de asegurar el cumplimiento de los fines del Estado y en particular en materia de mantenimiento del orden, de la tranquilidad, de la seguridad, de la salubridad, el legislador puede facultar a las autoridades administrativas para establecer, por medios idóneos respetuosos de los derechos ciudadanos (C.P., art. 15), la identidad y las condiciones personales de los asociados, así como en cumplimiento de sus funciones las autoridades administrativas pueden requerir una serie de datos como los que señala la norma en estudio, necesarios para el logro de un objetivo de interés general determinado.

En este sentido el derecho-deber de participación comporta para los ciudadanos la obligación de atender los requerimientos de las autoridades que en desarrollo de sus tareas, necesariamente ligadas al interés general, les soliciten la información anotada. El legislador en el marco de su potestad de configuración estableció en la norma en estudio un mecanismo para constreñir al cumplimiento de dicha obligación por parte de los ciudadanos. Empero en armonía con lo ya expresado acerca del amplio ámbito de proyección de la protección establecida en el artículo 33 de la Constitución, se debe precisar que en todo caso el deber de información de los ciudadanos halla límite en la garantía constitucional, de manera tal que en la medida en que el cumplimiento de aquél pueda implicar auto-incriminación el requerido podrá legítimamente abstenerse.

(ii) Ahora bien, la falsa declaración o la negativa que la disposición sanciona con multa es la que se refiere a los datos que permiten la identificación de la persona requerida o de alguien conocido por ella.

En este sentido cabe precisar que la norma no se refiere a la declaración sobre hechos o circunstancias de modo, tiempo y lugar con la que generalmente se asimila el vocablo “declaración” en el ámbito judicial (12) , sino exclusivamente a la información necesaria para identificar a las personas y recabar algunos datos básicos sobre las mismas.

(12) En dicho ámbito la falsa declaración se sanciona de manera diferente como se desprende del artículo 442 del Código Penal.

Ha de recordarse que dentro de las acepciones del verbo declarar según el Diccionario de la Lengua, figura el de “reconocer alguien su estado o calidad”, que es precisamente la acepción que utiliza la norma en este caso.

Se debe anotar igualmente que la expresión “estado u otras generalidades de ley” ha de entenderse en este caso en un sentido preciso por cuanto las autoridades administrativas para el cumplimiento de su función no requieren de los asociados su nombre e identificación y además sus “generales de ley” con el significado que esta expresión tiene en el ámbito judicial (13) ; sino que en el ejercicio de la actividad administrativa la recopilación de datos se restringe a aspectos puntuales ligados al ámbito de acción propio del funcionario que hace el requerimiento de información y con sujeción estricta a los derechos a la intimidad y habeas data (14) .

(13) La locución “generales de ley” en este ámbito comprende toda la información con el funcionario judicial requiere para valorar la declaración de parte o la prueba testimonial de conformidad con las reglas de la sana crítica.

El artículo 338 del Código de Procedimiento Penal relaciona los aspectos del sindicado que pueden ser interrogados por el funcionario instructor así: “(…) el nombre y apellidos, apodos si los tuviere, documentos de identificación y su origen, los nombres de sus padres, edad, lugar de nacimiento, estado civil, nombre de su cónyuge o compañero permanente y de sus hijos suministrando la edad de los mismos y su ocupación, domicilio o residencia; establecimientos donde ha estudiado y duración de los respectivos recursos; lugares o establecimientos donde ha trabajado con indicación de las épocas respectivas y el sueldo o salario que devenga actualmente y las obligaciones patrimoniales que tiene; los bienes muebles o inmuebles que posea; sus antecedentes penales y contravencionales, con indicación del despacho que conoció del proceso. Igualmente, el funcionario judicial dejará constancia de las características morfológicas del indagado (…)”.

El artículo 228 del Código de Procedimiento Civil dispone que el “juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudios que haya cursado, demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo de sospecha”.

Los datos relacionados en las anteriores disposiciones también pueden ser utilizados para el reconocimiento de personas, aunque éste no se considera un medio de prueba, sino el resultado de la prueba testimonial, del peritaje o de la inspección, que, previa la descripción de alguien, proporciona elementos útiles para la identificación de otro. Teoría general de la prueba judicial. Hernando Devis Echandía, Editorial Alberti. Buenos Aires, págs. 461 y ss.

En punto a los criterios objetivos de que se vale el juez para valorar el testimonio la Corte Suprema de Justicia destaca, Sala de Casación Civil, sentencia de 7 de septiembre de 1993, M.P. Carlos Esteban Jaramillo, expediente 3475 señaló:

“a) La de probidad de las personas que son órganos de la prueba se apoya sustancialmente en la condición del testigo, en la honestidad de costumbres, y en las cualidades subjetivas que ofrezca, esto porque la experiencia muestra que, a una mayor pureza en los aspectos señalados, corresponde normalmente un mayor índice de veracidad, y por lo tanto, un hombre de moralidad discutible o poco cultivado en las ciencias del espíritu, no puede merecer igual crédito que aquel cuya conducta se ajuste a los más rigurosos cánones de la ética o demuestre un grado mediado de preparación intelectual …”.

(14) La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el propio individuo la posibilidad de delimitar su intimidad, de manera que toda recopilación y divulgación de datos de una persona así sea de datos ciertos, cuando no esté autorizada por su titular, o por claros dictados de interés general, quebranta el derecho a la intimidad personal y familiar, ver la Sentencia T-414 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón en igual sentido T-424 de 1992, T-110, 160, 220, 303, 389, 460 y 528 de 1993. No obstante, en otras oportunidades, la Corte ha desligado los derechos a la intimidad, del buen nombre y del habeas data, habida cuenta que en este último han sido considerado como un derecho autónomo, en punto a la recopilación y divulgación de los datos económicos y financieros, al respecto consultar, entre otras SU-082 de 1995.

En las sentencias T-462, 552 de 1997, C-120 y T-131 de 1998, el habeas data fue considerado como una garantía de los derechos a la intimidad y buen nombre, y como una derivación directa de éstos, en cuanto se tuvo en cuenta la necesidad del individuo, ante el actual estado de las relaciones sociales, de hacer públicos sólo algunos aspectos de su vida, otrora reservados sólo para sí, razón que lo lleva a autodeterminarse en materia informática, al respecto además T-527 y T-1427 de 2000 T-578 y 1085 de 2001.

En este sentido se debe entender que la norma se refiere solamente a datos como nombres, apellidos, domicilio, nacionalidad, documento de identificación, edad, lugar de nacimiento, que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos de interés general a cargo del servidor que solicita la información.

Cabe precisar que, en cumplimiento de su función de auxiliar a las autoridades judiciales, puede ser necesario que las autoridades de policía adelanten labores de identificación; no obstante, en estos eventos no es dable acudir a las previsiones del Código Nacional de Policía, concretamente al artículo 31 en comento, para sancionar a quien falsea o rehúsa suministrar datos relativos a la identidad y condiciones personales propias y de las personas conocidas, porque en estos casos son los jueces, como titulares de una clara potestad disciplinaria conferida por las normas de procedimiento para dirigir e impulsar los procesos, quienes deben adoptar las medidas que les permitan superar el obstáculo que para el cumplimiento de su función representa la conducta omisa o falsaria del asociado, respecto de su identificación o la de otros artículos —9º, 142 a 146 del Código de Procedimiento Penal, 37 y 225 del Código de Procedimiento Civil.

Finalmente, la Corte considera necesario precisar que el artículo 31 del Decreto 522 de 1971 bajo examen, no es la norma aplicable con el fin de sancionar a la persona que bajo juramento incumple la obligación concreta de colaborar con las autoridades judiciales y administrativas, pues esta conducta se encuentra tipificada es en el artículo 442 del Código Penal, conforme con el cual aquel que “en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento, ante autoridad competente falte a la verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”, delito contra la eficaz y recta administración de justicia que no excluye ninguno de los aspectos de la declaración falsaria, inclusive los relativos a la identificación propia y la de otros.

En este punto la Corte debe destacar que en la materia en análisis y por virtud de la cláusula de subsidiariedad no cabe la aplicación de la disposición acusada cuando la conducta en que se incurra esté configurada como delito. La norma acusada, se reitera, se relaciona con el simple requerimiento y no con declaraciones u otras falsedades.

Hechas las anteriores puntualizaciones esta corporación procede a efectuar el análisis de los cargos planteados en la demanda.

4. El análisis de los cargos.

4.1. La norma enjuiciada no contraviene el artículo 33 de la Carta.

Como corolario de las precisiones hechas en el punto anterior la Corte concluye que la facultad conferida a las autoridades de policía por la disposición en estudio, de sancionar con multa a quien no declare o falte a la verdad al ser requerido por las autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones sobre aspectos relativos a su identificación o los de otra persona que él conoce no quebranta el artículo 33 de la Constitución.

En los casos de investigaciones judiciales o administrativas es al juez de la causa o al funcionario investigador a quien corresponde valorar y, si es del caso, sancionar al declarante, sea testigo, parte, querellado, detenido, acusado o procesado haciendo uso de otras disposiciones legales establecidas para garantizar el deber de colaboración con la justicia.

Podría pensarse que por estar incluida la norma en el Código Nacional de Policía la disposición resulta aplicable para dichos asuntos, sin embargo debe recordarse que la disposición acusada establece una contravención especial que puede ser sancionada por los inspectores de policía, pero que se refiere es a conductas de los ciudadanos frente a autoridades administrativas en ejercicio de funciones administrativas y no jurisdiccionales.

Ahora bien, en la medida en que, en atención al requerimiento de la autoridad competente, la información personal que se suministre pueda significar autoincriminación considera la Corte que la interpretación conforme a derecho implica precisar que la norma acusada se aviene con la Constitución bajo el entendido de que el requerido podrá abstenerse de suministrar información que lo autoincrimine.

De conformidad con las anteriores consideraciones y atendiendo la interpretación que se ha hecho de la norma acusada (15) , la Corte no encuentra que ésta vulnere el texto constitucional y en consecuencia rechazará el cargo planteado en este sentido por los demandantes.

(15) Ver Sentencia C-600ª de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero y C-955, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

4.2. El cargo por la supuesta violación de los artículos 4º y 85 constitucionales.

Habiendo quedado descartada la supuesta violación del artículo 33 constitucional por el artículo 31 del Decreto Ley 522 de 1971, carece de sustento el cargo consecuencial planteado por los demandantes sobre la supuesta violación de los artículos 4º y 85 superiores.

Como se ha visto la norma que ha sido objeto de examen no se contrapone al derecho a la no autoincriminación que dicho artículo 33 establece por lo que su aplicación por las autoridades de policía no desconoce tampoco ni la supremacía de las Carta Política ni la aplicabilidad inmediata de dicho texto superior.

4.3. Consideraciones finales. Limitación de los efectos de la sentencia a los cargos estudiados y condicionamiento de la constitucionalidad de la norma.

En la medida en que el análisis efectuado por la Corte del artículo 31 del Decreto Ley 522 de 1971 se ha circunscrito a los cargos planteados en la demanda, esta corporación limitará en consecuencia los efectos de su decisión en el mismo sentido.

Así mismo dado que como se ha visto la interpretación acorde con la Carta de la disposición bajo examen implica entender que ella se refiere, de una parte, a los requerimientos de información hechos por las autoridades administrativas en ejercicio de funciones igualmente administrativas, y por otra a la que la garantía de no autoincriminación, en los términos explicados, constituye claro límite al deber de información, la corporación condicionará en consecuencia la constitucionalidad de la norma a dicho entendimiento.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 31 del Decreto Ley 522 de 1971, por los cargos analizados, en el entendido que dicha norma se refiere a los requerimientos de información hechos por las autoridades administrativas en ejercicio de funciones administrativas y que el requerido podrá abstenerse de suministrar información que lo autoincrimine.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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