Sentencia C-424 de septiembre 4 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

MEDIDAS CAUTELARES

EXTRACTOS: «Norma acusada. La disposición considerada inexequible es la que, debidamente subrayada, se transcribe a continuación.

“DECRETO NÚMERO 2289 DE 1989

(Octubre 7)

Por el cual se introducen unas modificaciones al Código de Procedimiento Civil.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 30 de 1987, y oída la comisión asesora por ella establecida,

DECRETA:

ART. 1º—Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil: (...)

346. El artículo 690 quedará así:

Medidas cautelares en procesos ordinarios. En el proceso ordinario se aplicarán las reglas que a continuación se indican:

6. En el auto admisorio de la demanda que verse sobre indemnización de perjuicios causados en cosas muebles o inmuebles por accidente de tránsito, si el demandante presta caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse, el juez dispondrá el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño. Tal medida se regirá por las normas del presente artículo, y se levantará si el demandado presta caución suficiente, o cuando se ejecutoria la sentencia absolutoria, o si el demandante no promueve la ejecución en el término señalado en el artículo 335, o si se extingue la obligación (...).

8. En los procesos ordinarias donde se solicite el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual, si el demandante hubiere obtenido sentencia favorable de primera instancia y ésta fuere apelada o consultada, aquél podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes de propiedad del demandado, para lo cual el juez conservará competencia en lo relacionado con el decreto y práctica de tales medidas, y se procederá como se indica en el inciso segundo del artículo 356.

Para decretar estas medidas, previamente se deberá prestar caución que garantice el pago de los perjuicios que con ellas se causen”.

(...).

2. Lo que se debate.

Según el actor, el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, al restringir la posibilidad de disponer el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño, a los casos en que éste se haya causado en cosas muebles o inmuebles, quebranta la igualdad, porque deja por fuera los casos en que el daño se causa a las personas.

De otra parte, acusa el demandante el numeral 8º del mismo artículo, porque, según él, también consagra una desigualdad, al establecer que el embargo y secuestro de bienes del demandado, sólo procederán “en los procesos ordinarios donde se solicite el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual y extracontractual”. Según él, así se vulnera la igualdad en perjuicio de quienes reclaman el pago de daños y perjuicios provenientes de un asunto mercantil.

Se estudiarán, en consecuencia, los dos cargos, en su orden.

3. Cargo contra el numeral 6º del artículo 690.

Como se sabe, las personas perjudicadas por un delito, o sus herederos, puedan ejercer la acción civil para el resarcimiento del daño causado, en el proceso penal o separadamente en el proceso civil. En el primer caso, estamos en presencia de la institución de la parte civil; en el segundo, ante un proceso civil.

Es menester no perder de vista que entre los dos caminos existen relaciones, como las que se analizarán en seguida.

Está, en primer lugar, el hecho de que el perjudicado o sus herederos puedan elegir una de las dos vías señaladas, según su criterio. Lo que no les está permitido es el ejercicio de las dos acciones simultáneamente, sencillamente porque las dos se originan en los mismos hechos y tienden a conseguir el mismo fin.

En tanto que la constitución de parte civil puede intentarse en cualquier momento del proceso, a partir de la resolución de apertura de instrucción y antes que se profiera sentencia de segunda o única instancia, el término para el ejercicio de la acción civil ante la jurisdicción civil es de veinte años. Debe recordarse, además, que si la acción civil se ejerce dentro del proceso penal, el término de prescripción es el mismo de la acción penal correspondiente al respectivo delito.

Según el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, “La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no lo cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa”.

Cuando la sentencia que haya de dictarse en un proceso penal iniciado, influya necesariamente en la decisión de un proceso civil, éste se suspenderá, de conformidad con lo previsto en el procedimiento civil. Esta es la prejudicialidad penal, que puede darse generalmente cuando se ejerce la acción civil en proceso separado, independientemente de la acción penal.

La acción civil dentro del proceso penal no podrá intentarse cuando se demuestre que se ha promovido independientemente, o cuando esté demostrado el pago de los perjuicios o la reparación del daño.

En el proceso penal, cuando se dicta medida de aseguramiento, o con posterioridad, podrá decretarse el embargo y secuestro de bienes de propiedad del sindicado, en cuantía suficiente para garantizar el pago de los posibles perjuicios.

Según la norma demandada, en el auto admisorio de la demanda que versa sobre indemnización de perjuicios causados en cosas muebles o inmuebles por accidente de tránsito, si el demandante presto la caución prevista en la norma, el juez dispondrá el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño. Por el contrario, si los perjuicios se han causado a las personas, (la muerte o las lesiones personales), no hay lugar a tal medida preventiva dentro del proceso civil correspondiente. En esta diferencia de trato basa el actor su demanda ¿Es ella razonable? Veamos.

En el caso de daños en cosas muebles o inmuebles, podría tratarse del delito de daño en cosa ajena. Pero como éste exige la demostración de un dolo específico, no es frecuente que se inicie un proceso penal cuando se trata de un accidente de tránsito. Por regla general, acontece lo contrario cuando el accidente de tránsito ocasiona el homicidio o las lesiones personales: se inicia un proceso penal.

La ley, pues, ha puesto a disposición de la persona que sufre un daño, o de sus herederos, dos caminos para buscar la indemnización de los perjuicios causados: ejercer la acción de responsabilidad civil dentro del proceso penal, constituyéndose parte civil, o ejercerla independientemente promoviendo el proceso correspondiente ante la jurisdicción civil.

Quienes, a causa de un accidente de tránsito, sufren un perjuicio en sus bienes muebles o inmuebles, están, en el fondo, en una situación semejante a la de quienes reciben daño en su persona, o a la de los herederos de la persona fallecida en el accidente. Unos y otros buscan la reparación del daño, búsqueda que implica una pretensión de contenido económico, aun tratándose del daño moral. No hay una diferencia esencial entre estas dos situaciones, que justifique un trato diferente.

La única diferencia, que no carece de importancia, es ésta: el daño causado en los bienes muebles o inmuebles, es de inferior gravedad que el que se cause a la vida o a la integridad personal.

No resulta razonable, en consecuencia, la limitación impuesta por el numeral 6º del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil. Aquí se presenta, realmente, un quebrantamiento del principio de la igualdad, en perjuicio, precisamente, de quienes han sufrido un daño más grave.

Cabe agregar que la declaración de la inexequibilidad de la expresión “en cosas muebles o inmuebles”, pone en un pie de igualdad a todos los que han sufrido daños, causados por accidente de tránsito, en sus bienes o en su integridad personal, y a los herederos de quienes han perecido en un accidente de éstos.

La Corte, pues, declarará la inexequibilidad de la expresión “en cosas muebles o inmuebles”, contenida en el numeral 6º del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, el numeral 6º quedará así:

“En el auto admisorio de la demanda que verse sobre indemnización de perjuicios causados por accidente de tránsito, si el demandante presta caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse, el juez dispondrá el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño. Tal media se regirá por las normas del presente artículo, y se levantará si el demandado presta caución suficiente, o cuando se ejecutoríe la sentencia absolutoria, o si el demandante no promueve la ejecución en el término señalado en el artículo 335, o si se extingue la obligación”.

4. Cargo contra el numeral 8º del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil.

No es menester acudir a complicados razonamientos, para desechar el cargo contra el numeral 8º del artículo 690, como se verá. Basta pensar que la expresión civil que califica la responsabilidad contractual y extracontractual es genérica. En efecto.

Se habla de responsabilidad civil para distinguirla de la responsabilidad penal. Henri y León Mazeaud y André Tunc, quienes se cuentan entre los autores que más han estudiado este tema, dividen la responsabilidad en moral y jurídica. La primera, extraña a la regulación del derecho. La segunda, dividida en penal y civil.

Finalmente, la responsabilidad se divide, a su vez, en contractual y extracontractual, según el supuesto perjuicio se origine en el incumplimiento de un contrato, o en un acto o hecho jurídico diferente, causante de un daño.

Pues bien: cuando se habla de responsabilidad civil originada en el incumplimiento de un contrato, no se tiene en cuenta si éste es un contrato de naturaleza civil, pues podría ser comercial. Responsabilidad civil es expresión genérica que comprende la contractual y la extracontractual.

En síntesis, lo mismo da si se trata de los perjuicios originados en un contrato de naturaleza civil o comercial: siempre se hablará de responsabilidad civil contractual.

Por lo expuesto, se desestimará el cargo.

III. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declárase INEXEQUIBLE la expresión “en bienes muebles o inmuebles”, contenida en el numeral 6º del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil.

2. Declárase EXEQUIBLE la expresión “civil” contenida en el numeral 8º del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-424 de septiembre 4 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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