Sentencia C-425 de abril 26 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

INVALIDEZ EN EL SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES

LAS PATOLOGÍAS ANTERIORES SE TIENEN EN CUENTA PARA AUMENTAR EL GRADO DE INCAPACIDAD

Sentencia C-425 de 2005 

Ref.: Expediente D-5416

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Actor: Ricardo Álvarez Cubillos.

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002.

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Norma acusada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, publicada en el Diario Oficial 45.037 y se subraya lo demandado:

LEY 776

17/12/2002

Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—Derecho a las prestaciones. Todo afiliado al sistema general de riesgos profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-Ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema general le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-Ley 1295 de 1994 y la presente ley.

PAR. 1º—La existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.

(...).

VI. Consideraciones

1. Competencia.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución, corresponde a esta corporación conocer de la presente demanda, por dirigirse contra una disposición que forma parte de una ley de la República.

Problema jurídico planteado

2. El demandante considera que la norma acusada podría ser contraria a la Constitución por cuanto vulnera el concepto de seguridad social y el derecho de igualdad establecido en la misma. Dicha vulneración se basaría en una supuesta discriminación entre el reconocimiento de prestaciones sociales derivadas de contingencias de origen no profesional y el reconocimiento de las mismas cuando estas sean definidas como de origen profesional en el caso del sistema general de riesgos profesionales. Sustenta lo anterior, basándose en varias hipótesis y ejemplos, donde se destaca aquel de la junta nacional de calificación de invalidez al momento de calificar una preexistencia.

De la misma manera, el demandante fundamenta su petición en la posibilidad de que una persona inválida no cuente con una pensión de invalidez , debido a que ninguno de los dos sistemas lo acogería con base en la norma demandada.

Así las cosas, entrará esta corporación ha establecer: ¿Sí el no tener en cuenta las patologías anteriores como causa para aumentar el grado de incapacidad ni las prestaciones económicas del trabajador, al interior del sistema general de riesgos profesionales, es violatorio de la Constitución?

En este orden de ideas , la Corte realizará su análisis basado en primer lugar , en los postulados del Estado social de derecho y su incidencia en algunos derechos; para en un segundo lugar, analizar el caso concreto.

I. El Estado social de derecho como principio fundante del Estado colombiano.

La Constitución de 1991 estableció como principio rector de Colombia ser un Estado social de derecho. Este principio constitucional es soporte de la actual forma de nuestro Estado. En este orden de ideas, siendo una de las estructuras básicas del Estado colombiano, junto con los restantes parámetros establecidos en el artículo 1º constitucional, todo las actividades estatales, las actividades particulares e inclusive el ordenamiento jurídico; deben ser pensadas en función de dicho principio rector.

Pues bien, el Estado social de derecho, ha traído consigo una serie de nuevas características a nuestra Constitución, entre ellas encontramos una amplia gana de derechos fundamentales reconocidos, mecanismos de protección de estos, la preservación continua del principio democrático, la posibilidad de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, entre otras. Sin embargo, uno de los parámetros imperantes de dicho principio constitucional, es el respeto a la dignidad humana.

El concepto de dignidad humana se entiende extraído del sistema de valores de la Constitución. Por consiguiente, al establecerse a nivel constitucional la “libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle” y de “la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad de desarrollar un papel activo en la sociedad”, determinan aquello que se considera “ esencial, inherente y, por lo mismo inalienable para la persona”.

En consecuencia, el ser humano se ve provisto de una serie de perspectivas que se concretan en derechos subjetivos que implican acciones positivas de parte del Estado —prestaciones— o en otros casos unas acciones omisivas que garanticen los mismos derechos.

Es por lo mencionado, que la dignidad humana deviene en eje central del Estado colombiano como Estado social de derecho. Es este el encargado por velar constantemente por la garantía, permanencia, protección y restablecimiento de la dignidad humana.

Como principio, la dignidad humana, se vierte al interior de todos los derechos fundamentales que la reafirman dentro de nuestro Estado constitucional y democrático. Son los derechos fundamentales y el respeto a estos, los que ponen en evidencia la trascendencia de la dignidad humana al interior de nuestra sociedad.

De tal suerte, la dignidad humana es salvaguardada cuando se protegen los derechos fundamentales. Estos derechos implican una serie de prestaciones por parte del Estado con el propósito de no verse vulnerados. Las acciones que efectúe el aparato estatal en materia de trabajo, de salud, de educación, de servicios públicos, entre otras, van sin duda encaminadas directa o indirectamente a resguardar los derechos fundamentales y en consecuencia a respetar la dignidad humana.

Ahora bien, en aras de respetar la dignidad humana y de proteger los derechos fundamentales, el Estado colombiano ha puesto especial énfasis en la protección al trabajo (a) y en la prestación del servicio público de seguridad social (b) ambos estos en desarrollo del Estado social de derecho.

a) Protección constitucional al trabajo.

La Constitución de 1991 ha tratado de manera especial al trabajo. De esta manera ha sido entendido como fin esencial del Estado Colombiano (preámbulo de la Constitución), como principio fundante de nuestro Estado (Constitucional, art. 1º) y como derecho fundamental (Constitución, arts. 25 y 53).

Al respecto a afirmado esta corporación:

“Dentro de la nueva concepción del Estado como social de derecho, debe entenderse la consagración constitucional del trabajo no solo como factor básico de la organización social sino como principio axiológico de la Carta; y además, que constituye la actividad libre y lícita del hombre, que no solo contribuye a su desarrollo y dignificación personal sino también al progreso de la sociedad, bien que se trate de una actividad independiente o subordinada.

(...).

El trabajo como derecho, implica una regulación fundada en la libertad para seleccionarlo, por lo que, salvo las restricciones legales, consiste en la realización de una actividad libremente escogida por la persona dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan impedírselo los particulares ni el Estado a quien, por el contrario, le compete adoptar las políticas y medidas tendientes a su protección y garantía” (1) .

Para el cumplimiento de dichos objetivos, la Constitución colombiana ha establecido que además de las características que el trabajo implica desde la óptica constitucional, también es indispensable que este se realice en condiciones dignas y justas.

Pues bien, uno de los matices que envuelven el trabajo consiste en el desarrollo de este como derecho fundamental de los individuos. Así las cosas, deberán existir igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil; estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación o interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre formalismos establecidos por sujetos de las relaciones laborales, garantía a la seguridad social , la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario , protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Por ende, existen en materia constitucional, una serie de garantías que permiten que el trabajo y el trabajador se desenvuelvan en condiciones de dignidad y justicia, a la luz de los valores del Estado colombiano.

En este orden de ideas, la vida , la integridad física y la salud, son derechos indispensables para hacer efectivo el derecho al trabajo. Razón por la cual, a sido encomendado al Estado social de derecho, la garantía y prestación del servicio público de seguridad social, para que sea a través de dicho servicio que el Estado dignifique y otorgue justicia a las condiciones en que se ejerce el trabajo.

b) El servicio público de la seguridad social.

Como resultado de los lineamientos trazados por el Estado social de derecho, la Constitución de 1991, estableció la seguridad social como un servicio público:

“ART. 48.—La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley.

La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”.

Así las cosas, y en desarrollo del mandato constitucional, el Congreso de la República dictó la Ley 100 de 1993, mediante la cual se estableció el sistema social de seguridad integral. Lo anterior bajo el entendido que “La seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad” (negrilla fuera de texto).

En el mismo sentido, este sistema de seguridad social integral, tiene como objetivo la garantía de la “calidad de vida acorde con la dignidad humana”, lo precedente a través de la protección de las contingencias que a los individuos afecten.

Así entonces, no cabe duda que el sistema de seguridad social fundado en la Constitución y desarrollado en la ley, tiene como fin primordial el respeto de la dignidad humana y de la calidad de vida de los individuos. Por tal razón, y para un mejor manejo del propio sistema, la Ley 100 de 1993 contempló tres aspectos primordiales de la seguridad social, estos son: i) El sistema general de pensiones, ii) El sistema general de salud; y iii) El sistema general de riesgos profesionales.

Interesa a la Corte Constitucional , en este momento del análisis, referirse al sistema general de riesgos profesionales. Pues bien, el sistema referido, no es más que el desarrollo de todos los postulados teóricos expuestos anteriormente. En otras palabras, al ser el trabajo un valor esencial y un principio fundante del Estado colombiano, además de un derecho fundamental de los trabajadores; es apenas lógico con el Estado social de derecho, que exista un sistema especial de seguridad social, encaminado a proteger a los individuos que en él se encuentren; con el propósito de salvaguardar sus derechos fundamentales, su calidad de vida y su dignidad humana , en el ejercicio de su derecho constitucional.

Este sistema general de riesgos profesionales, estructurado de manera general en la Ley 100 de 1993, posteriormente desarrollado por el Decreto-Ley 1295 de 1994, del cual varios artículos fueron declarados inexequibles a través de la Sentencia C-452 de 2002, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería, y finalmente determinado por la Ley 776 de 2002; tiene como uno de sus objetivos “Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas que por incapacidad permanente o invalidez, que se deriven de las contingencias del trabajo o enfermedad profesional y muerte de origen profesional”.

El sistema general de riesgos profesionales, ampara los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; la incapacidad, invalidez o muerte que estos produzcan. En consecuencia, este sistema prestará los servicios asistenciales y las prestaciones económicas que determine el orden jurídico, en los eventos mencionados.

En consecuencia, los individuos protegidos por este especial sistema, obtienen su salvaguarda de derechos basados en los lineamientos señalados en la Constitución Política. Así entonces, el grupo de individuos discapacitados, el grupo de individuos inválidos, y la familia de aquel trabajador muerto por las causas mencionadas; gozan de una especial protección constitucional.

En efecto, varias disposiciones constitucionales amparan los derechos de los grupos anteriormente referidos, pero dicha protección no es simple sino que muy por el contrario, la Constitución Política evidenció que son grupos manifiestamente débiles, razón por la cual el ordenamiento constitucional optó por salvaguardar los derechos de estos grupos especiales de individuos de una manera reforzada.

El artículo 13 Constitucional establece que “... El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. Igualmente, el artículo 5º constitucional determina “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”. Finalmente, el artículo 47 de la Constitución señala que “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran” (2) .

Así las cosas, los anteriores preceptos constitucionales, patentizan el Estado social de derecho como principio fundante de Colombia, por cuanto otro de sus lineamientos generales, es la protección constitucional a grupos minoritarios y manifiestamente débiles e indefensos.

Pues bien, el sistema de riesgos profesionales, en los sentidos ya enunciados, está instituido no solo para proteger el derecho de los trabajadores en condiciones dignas y justas, sino igualmente para asistirlos en las prestaciones que estos requieran por incapacidad, invalidez y muerte.

II. El caso concreto. Confrontación de la norma acusada con los postulados constitucionales expuestos.

Se acusa de inconstitucional el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002. En dicha disposición legal se establece que “La existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador”.

Con base en los razonamientos expuestos, esta corporación declarará la constitucionalidad condicionada de la norma acusada, con base en los siguientes argumentos:

El artículo 1º de la Ley 776 de 2002 determina:

“Derecho a las prestaciones. Todo afiliado al sistema general de riesgos profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto-Ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este sistema general le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto-Ley 1295 de 1994 y la presente ley”.

Así las cosas, el derecho a las prestaciones, en el sistema de riesgos profesionales, se desarrolla en tres escenarios: i) la muerte, ii) la incapacidad y iii) la invalidez.

i) Muerte en el sistema de riesgos profesionales.

De una parte, en el sistema general de riesgos profesionales se tiene que si como resultado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional se presentare como consecuencia la muerte del trabajador afiliado o la muerte de un pensionado por riesgos profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevinientes las personas, que según la ley, tengan derecho a dicha pensión (3) .

De otra parte, en el sistema general de pensiones se tiene que si una persona fallece siendo pensionado por vejez o por invalidez por el riesgo común, los miembros de su grupo familiar tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes. En igual forma, tendrán derecho a dicha pensión siempre y cuando el afiliado fallezca por accidente o por enfermedad de riesgo común y cumpla con los requisitos establecidos en la ley (4) .

Así las cosas, ante el fallecimiento de una persona afiliada, el sistema general de seguridad social integral, no deja desprotegida a los miembros de la familia, que según la ley, estén llamados a solicitar la pensión de sobrevivientes. Razón por la cual, el parágrafo demandado no tiene incidencia alguna respecto de la muerte del afiliado y de la protección de las personas llamadas a solicitar la pensión de sobreviniente. Lo anterior, debido a que si la muerte se presente fruto de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, será protegido el grupo familiar a través del sistema de riesgos profesionales o si la muerte se produce por enfermedad o accidente provenientes de riesgos común, la protección referida provendrá del sistema general de pensiones.

ii) La incapacidad en el sistema de riesgos profesionales.

De un lado, en el sistema general de riesgos profesionales, se establece el trato de la incapacidad del afiliado de la siguiente manera:

“(...).

ART. 2º—Incapacidad temporal. Se entiende por incapacidad temporal, aquella que según el cuadro agudo de la enfermedad o lesión que presente el afiliado al sistema general de riesgos profesionales, le impida desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado.

(...).

ART. 5º—Incapacidad permanente parcial. Se considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado.

La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al sistema general de riesgos profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior”.

En este orden de ideas, cuando un afiliado al sistema de riesgos profesionales, resulte incapacitado bajo los parámetros del sistema, las prestaciones (5) a las que tiene derecho serán cubiertas por el propio régimen. Así las cosas, los derechos de este trabajador están amparados.

De otro lado, si la incapacidad no proviene de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo, la persona incapacitada cuenta con la protección del sistema de seguridad social en salud; amparo este que se presta a través de las empresas promotoras de salud (6) .

En este orden de ideas, el parágrafo demandado no tiene incidencia, por cuanto se podrían acaecer dos posibilidades: i) De presentarse la concurrencia de incapacidades provenientes de enfermedad laboral o accidente de trabajo, el mismo sistema de riesgos profesionales, establece los mecanismos para amparar las incapacidades (7) . ii) De presentarse la concurrencia de incapacidades provenientes de sistemas diversos, es decir, del sistema de riesgos profesionales y del sistema de riesgo común; el individuo que se encuentre incapacitado será protegido por cada uno de los sistemas mediante los mecanismos legales que cuente para ello; en consecuencia cada uno asumirá su carga prestacional respecto de la incapacidad que le corresponda.

iii) La invalidez en el sistema de riesgos profesionales. Individuo materialmente inválido.

Situación diferente se presenta en materia de invalidez. Del contenido normativo expuesto por la disposición acusada, se constata que no es posible aumentar el grado de incapacidad de un trabajador ante la existencia de una patología anterior.

La Corte Constitucional constata que la norma permite que exista al interior del sistema integral de seguridad social, un individuo trabajador materialmente inválido aunque formalmente no lo esté para el sistema. Un individuo es materialmente inválido si su porcentaje de invalidez es igual o superior al cincuenta (50) por ciento.

En efecto, al prohibir la norma que se aumente el grado de incapacidad con base en patologías anteriores, está desconociendo la realidad física del trabajador a proteger, para darle prioridad al formalismo de asunción del riesgo creado.

Esta prohibición viola el artículo 1º numeral 2º literal a) de la “Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad” aprobada en Colombia a través de la Ley 762 de 2002 (8) .

En otras palabras, y utilizando la hipótesis contraria a la manifestada por la norma, un trabajador puede estar materialmente inválido por la suma de sus grados de incapacidad , pero a raíz de la disposición enunciada en la Ley 776 de 2002, no estará formalmente inválido, debido a la prohibición de aumentar la incapacidad por patologías anteriores; desconociendo la realidad material de su invalidez, lo que trae consigo la pérdida de su derecho de pensión por esta situación.

En múltiples ocasiones esta corporación ha hecho valer el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, en las relaciones laborales (9) . En el presente caso se hará operar igualmente este principio.

Así entonces, en primer lugar, evidencia la Corte Constitucional que de la norma acusada se desprende la posible existencia al interior del sistema general de seguridad social, de un individuo que puede estar materialmente inválido sin la protección adecuada a su incapacidad , que no es otra que la pensión de invalidez.

En segundo lugar, los postulados del Estado social de derecho como principio fundante del Estado colombiano, denotan la protección especial al trabajo (en tanto valor axiológico, principio constitucional y derecho fundamental) y al derecho a la seguridad social como servicio público en cabeza del Estado. En este orden de ideas, tanto el primero como el segundo, deben estar en concordancia con la salvaguarda reforzada que la misma Constitución a indicado en cabeza de los discapacitados y disminuidos físicos. Lo anterior, con el propósito de hacer valer su dignidad humana.

En tercer lugar, el sistema general de riegos profesionales, es uno de los sistemas esenciales del sistema general de seguridad social. Dicho sistema esta básicamente sustentado en la relación laboral que existe entre el trabajador y el empleador.

Este especial sistema de seguro funciona bajo el supuesto que todos los trabajadores deben ser afiliados, pero no todos sufren siniestros. En consecuencia, puede presentarse que ninguno quede inválido o que pocos queden inválidos. Por eso, en últimas y para el tema del que se hace referencia, el sistema general de riesgo profesionales pretende asegurar la invalidez.

En consecuencia, de un lado debe afirmarse que, cuando el patrono cotiza el riesgo, lo hace independientemente que este se produzca o no, para él es indiferente la ocurrencia del riesgo y paga el seguro aun cuando este no exista.

De otro lado, y respecto del trabajador, no se le cobra a este un porcentaje menor de cotización por poseer preexistencias. Por tal razón la Corte comparte los argumentos del ciudadano que actúa a nombre de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, quien señala “La empresa y el trabajador cotizan en forma total al sistema general de seguridad social en salud, en atención al salario del trabajador, sin que para sus aportes existan disminución o incremento motivado en limitaciones físicas, orgánicas o sensoriales, del hombre que trabaja, que es idóneo y que cumple a cabalidad con la gestión productiva encomendada” (negrilla fuera de texto).

Ahora bien, el sistema de riesgos profesionales, al igual que cualquier otro sistema normativo en nuestro Estado, debe verificar el principio según el cual prima la realidad sobre los formalismos.

En cuarto lugar, ante la posible existencia al interior del sistema de un individuo materialmente inválido, el cual goza de una protección no solo especial sino igualmente reforzada a la luz de la Constitución Nacional, al cual debe respetársele su dignidad humana y al cual debe hacérsele efectivo su derecho de seguridad social; haciendo uso del principio según el cual las relaciones laborales deben guiarse por la realidad más que por los formalismos; constata esta corporación que existe una contradicción entre la norma demandada y los postulados constitucionales.

En efecto, el sistema de seguridad social fundado en la Constitución y desarrollado en la ley, tiene como fin primordial el respeto de la dignidad humana y de la calidad de vida de los individuos, con base en que el trabajo es un valor esencial y un principio fundante del Estado colombiano, además de ser un derecho fundamental de los trabajadores, elementos esencial del Estado social de derecho. Así las cosas, el sistema de seguridad social concerniente en la protección de riesgos profesionales, es un sistema de seguro en el cual se establece una discriminación entre los trabajadores asegurados al sistema de riesgos profesionales, pues a pesar de que la empresa y el trabajador cotizan en forma total al sistema , como lo hacen todos los asegurados, al trabajador que sufre un accidente de trabajo o disminuye sensiblemente su capacidad laboral, no le tienen en cuenta para calificar el grado de invalidez condiciones de salud anteriores, lo cual viola el derecho a la igualdad y los principios de irrenunciabilidad, universalidad, solidaridad y obligatoriedad de la seguridad social consagrados en el artículo 48 constitucional.

Así las cosas, el parágrafo acusado, al prohibir que se aumente el grado de incapacidad con base en patologías anteriores, está desconociendo la realidad física del trabajador a proteger, que materialmente es inválido, pero carecería de la protección adecuada a su incapacidad , conforme los consagran los artículos 13, 47, 48 y 53 de la Constitución Política. Por consiguiente, la Corte declarará la inexequibilidad del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002 , por las razones expuestas en esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Sentencia C-107 de 2002 Corte Constitucional.

(2) Respecto a la protección reforzada de las personales discapacitadas, véase la Sentencia T-288 de 1995 y la Sentencia C-531 de 2000, Corte Constitucional.

(3) Artículo 11 Ley 776 de 2002

(4) Artículo 46 Ley 100 de 1993

(5) Artículos 3º, 4º, 6º, 7º y 8º de la Ley 776 de 2002.

(6) Artículo 206 Ley 100 de 1993 y artículo 28 Decreto 806 de 1998.

(7) Parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 776 de 2002.

(8) “El término “discriminación contra las personas con discapacidad” significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una incapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

(9) Entre otras Sentencia T-159 de 2000. Corte Constitucional.

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