Sentencia C-425 de septiembre 12 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA ANTICIPADA

NO VIOLA EL DEBIDO PROCESO

EXTRACTOS: «Texto de la norma demandada:

“LEY 81 DE 1993

Por la cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal

Artículo 3º—El artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, quedará así:

Artículo 37. Sentencia anticipada. Ejecutoriada la resolución que defina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre la investigación, el procesado podrá solicitar que se dicte sentencia anticipada.

Hecha la solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho (8) días.

Los cargos formulados por el fiscal y su aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta suscrita por quienes hayan intervenido.

Las diligencias se remitirán al juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles, dictará sentencia conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales. El juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que determine hará una disminución de una tercera parte (1/3) parte de ella por razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad.

También se podrá dictar sentencia anticipada, cuando proferida la resolución de acusación y hasta antes de que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos allí formulados. En este caso la rebaja será de una sexta (1/6) parte de la pena”.

Para efectos de resolver la acusación la Corte hará una breve reseña sobre la figura jurídica de la sentencia anticipada, para luego proceder a resolver la acusación.

1. Sentencia anticipada

Esta institución jurídica que se encuentra regulada en el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, tal como quedó modificado por el artículo 3º de la Ley 81 de 1993, objeto de acusación, es una de las formas de terminación abreviada del proceso penal, y responde a una política criminal cuya finalidad es la de lograr mayor eficiencia y eficacia en la aplicación de justicia, pues mediante ella se autoriza al juez para emitir el fallo que pone fin al proceso antes de agotarse o cumplirse todas las etapas procesales establecidas por el legislador, las que se consideran innecesarias, dada la aceptación por parte del procesado de los hechos materia de investigación y de su responsabilidad como autor o participe de los mismos. Dicha actuación por parte del procesado es catalogada como una colaboración con la administración de justicia que le es retribuida o compensada con una rebaja de pena cuyo monto depende del momento procesal en que ésta se realice.

El titular del derecho a solicitar que se dicte sentencia anticipada es única y exclusivamente el procesado, petición que puede presentar en cualquiera de estas oportunidades: 1. En la etapa de instrucción, desde la ejecutoria de la resolución que le resuelve la situación jurídica hasta antes del cierre de la investigación; y 2. En la etapa de juzgamiento, a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación hasta antes de que se fije fecha para la audiencia pública. La consecuencia jurídica que se deriva del momento en que se haga la solicitud repercute en el monto de la pena, pues si tiene ocurrencia en la etapa instructiva el procesado tiene derecho a que se le disminuya la pena imponible en una tercera parte, mientras que si se realiza en la etapa de juzgamiento, dicha rebaja equivale sólo a una sexta parte.

Para dictar sentencia anticipada se exige el cumplimiento de dos requisitos sustanciales, a saber: 1. La aceptación por parte del procesado de los hechos materia de investigación, y 2. La existencia de plena prueba para dictar sentencia condenatoria, esto es, de que el hecho ha existido y de que el sindicado es responsable del mismo.

Cuando el procesado solicita que se profiera sentencia anticipada está renunciando voluntariamente a que se adelanten todas las diligencias procesales estatuidas por el legislador, debido a su aceptación de los hechos materia del proceso, reconocimiento que obviamente ha de estar respaldado en el material probatorio recaudado. Sin embargo, la ley permite que en caso de existir duda sobre los hechos o la responsabilidad del procesado, puede el fiscal ampliar la indagatoria y ordenar la práctica de otras pruebas que lo conduzcan a la plena certeza del ilícito y de la responsabilidad del imputado.

Para efectos de dictar sentencia anticipada, es necesario levantar un acta en la que consten en forma clara, precisa y concreta los hechos y cargos que se le endilgan al procesado, la aceptación expresa de ellos por parte del implicado, al igual que su responsabilidad, documento que se equipara para todos los efectos procesales a la resolución acusatoria; ésta la razón para exigir que en ella queden perfectamente delimitados los cargos que se le atribuyen al implicado, ya que posteriormente no se pueden modificar ni agregar otros.

Dicha acta deben suscribirla el fiscal y el procesado, si la diligencia tiene lugar en la etapa de instrucción. Si es en la etapa de juzgamiento, la suscriben el juez y el procesado. En ambos casos es indispensable la presencia del defensor del implicado, lo que no ocurre con el representante del Ministerio Público, pues su intervención en estos casos, como la de otros sujetos procesales, es discrecional.

El acta se remite al juez competente, quien tiene diez (10) días hábiles para dictar sentencia “conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no haya violación de las garantías fundamentales”. Así las cosas, es el juez del conocimiento quien debe velar por la protección de los derechos fundamentales del procesado, mediante un control de legalidad de la actuación, el que cubre no sólo los aspectos formales o procedimentales sino también los sustanciales o de fondo. Contra la sentencia anticipada procede el recurso de apelación y, en algunos casos, el de casación, y pueden interponerlo el procesado y su defensor, el fiscal y el representante del Ministerio Público. El tercero civilmente responsable está autorizado para apelar la decisión en el caso a que alude el inciso 2º numeral 4º del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal que dice: “la sentencia no será oponible a la parte civil, sin embargo, si tal sujeto procesal quiere acogerse a la condena que se haya hecho en perjuicios, está legitimado para apelar en relación con su pretensión”.

Finalmente, cabe agregar que la sentencia anticipada procede en cualquier clase de proceso sin importar el delito. Y, como toda sentencia, debe cumplir los requisitos exigidos en la ley, entre otros, la debida congruencia entre los cargos formulados y el fallo de condena, el pago de perjuicios en caso de que haya lugar, los recursos que proceden contra ella, la notificación, la dosificación de la pena incluyendo las rebajas respectivas, etc.

2. Debido proceso y garantías procesales

El principal cuestionamiento que formula el actor a la institución de la sentencia anticipada, como se expresó en el acápite correspondiente, consiste en sostener que en su trámite se suprimen algunas garantías del debido proceso, a saber: el implicado no es oído por el juez de la causa; no tiene oportunidad de presentar pruebas; no hay lugar a controvertir la acusación; no existe un mecanismo para que el juez establezca si el procesado obró voluntariamente o coaccionado y con pleno conocimiento de las consecuencias de su decisión en la aceptación de los cargos; no hay audiencia de juzgamien-to; y quien en últimas viene a ejercer la labor de juzgamiento es el fiscal mas no el juez de la causa.

Para efectos del análisis de cada uno de los puntos señalados por el demandante, hay que partir de la base de que la sentencia anticipada, como su nombre lo indica, consiste en la expedición del fallo que pone fin al proceso, antes de agotar todas las etapas procesales instituidas por el legislador, las cuales se consideran innecesarias, debido a la aceptación por parte del implicado de lo hechos materia del proceso y de la existencia de plena prueba que demuestra su responsabilidad como autor o partícipe del ilícito.

2.1. Derecho de contradicción. 

El derecho de contradicción está íntimamente ligado con el de publicidad y ha sido definido como la facultad que tienen los sujetos procesales de aportar y solicitar pruebas, intervenir en su práctica, conocer las que se aduzcan, objetarlas y controvertirlas, como también la potestad de impugnar las decisiones judiciales y rebatir los argumentos que se esgriman en su contra. Si el implicado solicita que se dicte sentencia anticipada durante la etapa de investigación, esto es, desde la ejecutoria de la providencia que le resuelve la situación jurídica hasta antes del cierre de la investigación; o en la etapa de juzgamiento que opera desde la ejecutoria de la resolución de acusación hasta antes de que se fijen fecha y hora para la celebración de la audiencia, el procesado ya ha tenido la oportunidad de ser oído dentro del proceso (indagatoria) y de ejercer el derecho de defensa al igual que el de contradicción.

Ahora, que en el trámite de la sentencia anticipada el sindicado no es oído por el juez de la causa sino por el fiscal, funcionario que en últimas sería quien vendría a ejercer la labor de juzgamiento, considera la Corte que no es acertada este afirmación, pues si bien es cierto que en el artículo 29 de la Constitución, al igual que en los artículos 14 del Pacto internacional derechos civiles y políticos y 8º de la Convención americana de derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, se consagra dentro de las garantías mínimas del procesado el ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, también lo es que de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional y el Código de Procedimiento Penal que en este aspecto se encuentra ajustado a las normas superiores, el proceso penal comprende dos partes, a saber: la etapa de investigación y acusación y la de juzgamiento, la primera asignada a la Fiscalía General de la Nación y la segunda a los jueces penales, según las reglas de competencia.

Cuando la solicitud de sentencia anticipada se presenta durante la investigación, el fiscal continúa cumpliendo con sus funciones básicas de instrucción y acusación, pues tal como lo prescribe el artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, el acta que contiene los cargos aceptados por el procesado, es equivalente a la resolución de acusación y, en consecuencia, debe contener una relación clara de los hechos, los cargos formulados y la aceptación de éstos por parte del procesado. Documento que junto con la totalidad del proceso se remite al juez del conocimiento para que dicte la sentencia respectiva, “siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales”. Entonces, no es el fiscal quien decide el proceso dictando el fallo correspondiente, sino el juez de la causa, quien cumple la labor de juzgamiento en forma autónoma e independiente. Igual situación acontece si la solicitud de sentencia anticipada tiene lugar durante la etapa de juzgamiento, pues es al juez de la causa a quien corresponde juzgar profiriendo el fallo respectivo, con base en la resolución de acusación emanada del fiscal.

Este mismo tema ya había sido abordado por la Corte en una demanda de inconstituciona-lidad contra el artículo 37A del Código de Procedimiento Penal, que versa sobre la “audiencia especial”, como otro mecanismo de terminación del proceso en forma anticipada. Lo curioso es que en dicha ocasión la parte demandante consideraba que el control que realiza el juez sobre el acuerdo, al dictar éste la sentencia, era violatorio de las garantías del sindicado; es decir, lo contrario a lo alegado en este caso. En dicha sentencia la Corte expresó lo siguiente:

“Admitir que el acuerdo entre el fiscal y el procesado sobre las cuestiones antes aludidas pueda ser definitivo e intangible, violaría el derecho al debido proceso que exige que el juzgamiento se haga por el juez natural competente, según el ordenamiento jurídico, esto es, el juez del conocimiento, pues quien en definitiva juzgaría sobre la base del acuerdo, sería el fiscal y no el juez, convirtiéndose de este modo la sentencia en una simple refrendación formal de dicho acuerdo.

Debe anotarse adicionalmente, que la revisión que ejecuta el juez a los acuerdos entre el procesado y el fiscal, es una garantía de los derechos de los procesados, pues la intervención del juez constituye una instancia diferente e imparcial que asegura una recta administración de justicia”(3).

En este orden de ideas, no le asiste razón al demandante pues la sentencia anticipada compete dictarla al juez del conocimiento, quien tiene a su cargo la labor de juzgamiento. Y, como ya se expresó, en la medida en que el acta tiene el mismo valor de la resolución acusatoria, es obligación del juez respetar el principio de congruencia, dictando la sentencia en armonía con lo acordado en ella. No debe olvidarse tampoco que es el fallador quien debe ejercer el control de legalidad, con el fin de verificar si en las actuaciones procesales se han violado garantías fundamentales del procesado.

Por otra parte, debe señalar la Corte que la oportunidad que tiene el juez del conocimiento de oír personalmente al implicado dentro del proceso penal tiene ocurrencia en la audiencia pública de juzgamiento, la que no tiene lugar cuando se trata de proferir sentencia anticipada, lo cual obedece a una razón lógica, pues, si en tal diligencia se busca por parte del juez el esclarecimiento de los hechos y la culpabilidad del procesado, ¿qué sentido tendría celebrar tal audiencia cuando el mismo implicado ha aceptado los hechos y su autoría o coparticipación en ellos? De realizarse tal diligencia lo único que se lograría sería reiterar lo que el implicado ya ha confesado y se encuentra plenamente demostrado en el expediente, lo que implicaría demorar, sin justificación alguna, la expedición del fallo, dilatando el proceso en detrimento del mismo procesado.

2.2. Presunción de inocencia. 

El principio de presunción de inocencia, que consagra la Constitución en favor de toda persona, también se viola, a juicio del actor, cuando se acude al trámite de sentencia anticipada, puesto que se condena teniendo como base, únicamente, la aceptación de los hechos realizada por el procesado, sin que se demuestre cabalmente su responsabilidad.

Sobre dicha garantía constitucional ha dicho la Corte:

“Supuesto indispensable de ello (de una aplicación justa de las leyes) es la presunción de inocencia de todo individuo mientras no se cumpla el requisito de desvirtuarla, demostrándole su culpabilidad con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas, dentro de un esquema que asegure las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones en su caso”(4).

Para efectos de dictar sentencia anticipada el legislador ha consagrado como presupuesto indispensable, que la aceptación de los hechos por parte del procesado, al igual que su responsabilidad en ellos, se encuentre plenamente sustentada en las pruebas obrantes en el proceso, ya que la culpabilidad no puede deducirse simple y llanamente del reconocimiento de ésta por parte del implicado. En éste, como en todo proceso penal, es indispensable desvirtuar la presunción de inocencia, labor que le corresponde efectuar a la autoridad judicial competente. Es claro entonces, que el juez no puede fallar basado exclusivamente en el dicho o aceptación de los hechos por parte del procesado, sino en las pruebas que ineludiblemente lo lleven al convencimiento de que éste es culpable.

Así las cosas, no le asiste razón al demandante, pues la aceptación por parte del implicado de ser el autor o participe de los hechos investigados penalmente, aunada a la existencia de prueba suficiente e idónea que demuestre tal afirmación, permite desvirtuar la presunción de inocencia.

2.3. Principio de publicidad. 

El principio de publicidad ha sido instituido como otra garantía fundamental del debido proceso, cuya finalidad es la de evitar que se adelanten investigaciones secretas o diligencias ocultas en detrimento de las personas implicadas. En el trámite de sentencia anticipada no hay lugar a justicia secreta, pues todas las actuaciones son conocidas por el sindicado y cumplidas con su intervención.

Que el implicado que pide sentencia anticipada no tiene oportunidad de controvertir la acusación, es un argumento que no tiene asidero, pues como tantas veces se ha repetido, si la solicitud de sentencia anticipada se presenta en la etapa de instrucción, debe levantarse un acta en la que consten los cargos formulados por el fiscal y la aceptación expresa de los mismos por parte del procesado, actuación que por mandato del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal equivale a la resolución de acusación; entonces, si el implicado suscribe dicho documento ha de entenderse que está de acuerdo con su contenido, es decir, con los cargos que se le imputan y por ello los ha aceptado; de lo contrario, esto es, si está inconforme con las imputaciones simplemente le basta no firmar el acta. Así las cosas, ¿qué sentido tendría consagrar un recurso para impugnar dicho documento? Sin embargo, recuérdese que la mencionada acta junto con las diligencias respectivas se remiten al juez del conocimiento, a quien corresponde ejercer una especie de control de legalidad de tales actuaciones, ya que ha de dictar la sentencia “siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales”, protegiendo de esta manera al procesado.

Ahora bien: si la petición de sentencia anticipada se presenta en la etapa de juzgamiento, son aplicables los mismos argumentos, por cuanto los cargos formulados en la resolución de acusación deben ser aceptados “en su totalidad” por el implicado, de manera que si éste no está de acuerdo con alguno de ellos simplemente no procederá la sentencia anticipada y el proceso continuará su trámite normal u ordinario, en el que es posible controvertir la acusación.

No debe olvidarse que es presupuesto indispensable para efectos de dictar el fallo en forma anticipada, que además de la aceptación expresa de los cargos por parte del procesado, existan los suficientes elementos de juicio que respaldan una sentencia condenatoria, pues es apenas obvio que si tales exigencias no se cumplen no tiene cabida dicha medida ya que no hay lugar a dictar sentencias anticipadas absolutorias.

De allí la importancia de que los fiscales y jueces cumplan fielmente sus funciones, para evitar que personas inocentes acudan a esta institución con el fin de lograr una liberación rápida o una rebaja en la pena, debido a la demora en la resolución de los procesos y la escasa actividad probatoria. Permitir esta práctica sería atentar contra los principios de justicia y equidad fundamentales en un Estado social de derecho como el nuestro. Buscar la verdad material o real en el proceso, es entonces un deber y una obligación de ineludible observancia por parte de la autoridad penal competente.

En razón de lo anotado y al no prosperar los cargos formulados por el demandante, procede la Corte a declarar exequible la norma acusada por no violar disposición alguna del estatuto superior.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional actuando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º de la Ley 81 de 1993 que modificó el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, publíquese y cúmplase».

(Sentencia C-425 de septiembre 12 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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