Sentencia C-429 de octubre 7 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PROCEDIMIENTO LABORAL

NOMBRAMIENTO DE CURADOR Y PROPOSICIÓN DE INCIDENTES

EXTRACTOS: «Las normas acusadas:

“Decreto Número 2158 de 1948

(Junio 24)

Sobre procedimiento en los juicios del trabajo

Artículo 29.—Nombramiento de curador ad litem para el demandado. Si la residencia del demandado no es conocida, el demandante, al presentar su demanda, jurará ante el juez que la ignora y, en tal caso, se le nombrará un curador para la litis.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el juez procederá al emplazamiento del demandado, de conformidad con el artículo 317 del Código Judicial, y no dictará sentencia mientras no se haya cumplido el emplazamiento.

Si el demandado se oculta, el juez, previa comprobación sumaria del hecho, le nombrará curador ad litem y procederá al emplazamiento como queda previsto en el inciso anterior.

Artículo 37.—Proposición y sustanciación de incidentes. Los incidentes sólo podrán proponerse en la primera audiencia de trámite; se sustanciarán sin interrumpir el curso del juicio y se decidirán en la sentencia definitiva, salvo aquellos que por su naturaleza o sus fines, requieran una decisión previa”.

En la demanda se acusa la inconstitucionalidad de los segmentos normativos subrayados.

La presente causa comprende la determinación de la constitucionalidad de los enunciados acusados de los artículos 29 y 37 del Decreto 2158 de 1948, convertidos en legislación permanente por el Decreto 4133 de 1948, que contiene el Código Procesal del Trabajo.

El artículo 29 acusado prevé dos hipótesis que, con sus contenidos, aseguran el establecimiento de la litis procesal. La una, cuando se desconoce la residencia del demandado, caso en el cual, el demandante al presentar la demanda, jurará ante el juez que la ignora, y, la otra, cuando el demandado se oculta, lo cual debe comprobarse por lo menos sumariamente. En uno y otro caso, la norma prevé, a fin de garantizar la defensa de los intereses del demandado, justificada más en la primera hipótesis que en la segunda, sin perjuicio de que también exista justificación de menor grado en el caso del denominado ocultamiento del demandado, el nombramiento de un curador para la litis y el emplazamiento del demandado de conformidad con lo dispuesto, en la época, por el artículo 317 del Código Judicial, hoy reemplazado en el Código de Procedimiento Civil por los artículos 318, 319 y 320. En estas normas, se regula el procedimiento para emplazar a quien se le desconoce el lugar de habitación o de trabajo y este, además, no figura en la guía telefónica (art. 318); las sanciones para el caso de falso juramento sobre el desconocimiento de la residencia del demandado (art. 319); y el trámite para la notificación por emplazamiento de quien no es hallado o impide su notificación personal (art. 320).

En desarrollo del principio de celeridad procesal, en el proceso laboral, el trámite del emplazamiento no suspende su curso, es decir, que se adelanta de manera paralela a la sustanciación del proceso. Corresponde también al juez proceder al emplazamiento, quien debe velar por que este se surta sin dilaciones, de acuerdo con las disposiciones vigentes, si se tiene en cuenta que le atañe la impulsión del proceso, de manera especial en esa jurisdicción, facultad que comprende la de velar por su rápida solución, procurando la mayor economía procesal y la no dilación del proceso, y que se haga efectiva la igualdad de las partes; que se prevengan, remedien y sancionen, por los medios que consagra el código, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, a la lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso, y toda tentativa de “fraude procesal” (art. 37 del Código de Procedimiento Civil); sin perjuicio de que, de ninguna manera, podrá dictarse sentencia mientras no se haya cumplido el emplazamiento, con lo cual se hace por el legislador una previsión adicional en procura de asegurar el derecho de defensa del demandado.

De lo expuesto se ponen de manifiesto tres diferencias entre el emplazamiento en el proceso laboral, por efecto de las normas especiales que median para este, y para el proceso civil: en este el emplazamiento precede al nombramiento del curador, mientras que en laboral es a la inversa; en el civil el emplazamiento suspende el proceso, en el laboral se continúa el proceso; y si en el laboral el juramento sobre desconocimiento del paradero del demandado es expreso, en el proceso civil se entiende prestado con la presentación del escrito donde se afirme el hecho.

La circunstancia de que en el Código de Procedimiento del Trabajo no existe norma expresa que regule lo atinente al curador ad litem, hace que deban aplicarse al mismo las normas del Código de Procedimiento Civil. Esta figura jurídica viene a producir lo que se ha denominado la comparecencia ficta del demandado, para evitar que impida la marcha del proceso y sus efectos. El artículo 46 del C. de P.C. establece que el curador ad litem actuará en el proceso hasta el momento en que su representado acuda al proceso directa o indirectamente, y está facultado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma. Tienen estos auxiliares de la justicia la calificación de abogados inscritos y su designación, remoción, deberes, responsabilidades y remuneración se regirán por las normas sobre auxiliares de la justicia (arts. 8º, 9º, 388, 389 y 390 del CPC).

El artículo 29 demandado contiene, pues, un conjunto de regulaciones orientadas a satisfacer las exigencias del debido proceso, como son las destinadas a impedir que el proceso se frustre por el desconocimiento del paradero o el ocultamiento del demandado, por cuanto se vulnerarían los altos intereses de la justicia, que tienen la finalidad de dirimir los conflictos jurídicos que se planteen ante las autoridades encargadas de su administración. También consulta el debido proceso el nombramiento de un curador ad litem en los casos de ley, por cuanto busca establecer un equilibrio entre las partes, al proveer, con habilitación profesional, la representación del demandado ausente, atendiendo de este modo los requerimientos del derecho de defensa. Igualmente, la orden de emplazar al demandado ya asistido por el curador ad litem, es otro instrumento que busca, mediante el anuncio público del proceso, conferir una oportunidad complementaria de defensa del demandado representado por el auxiliar de la justicia. No puede ser contraria al debido proceso la norma en comento, cuando justamente se orienta a proteger sus elementos más esenciales, como son la sustanciación procesal y el derecho de defensa. De manera que no es admisible la interpretación contra su letra y su sentido que hace el actor, según la cual el segmento normativo que expresa: “y no dictará sentencia mientras no se haya cumplido el emplazamiento”, garantía adicional al derecho de defensa, y el que dice: “y procederá al emplazamiento como queda previsto en el inciso anterior”, por cuanto justamente son recursos dispuestos por el legislador, para dar mayor eficacia en su reglamentación al debido proceso.

El criterio del demandante, al afirmar que el curador ad litem es desconocedor por regla general de los hechos debatidos, resulta insuficiente para descalificar la clásica institución, por cuanto, en notificándose de la demanda e interviniendo en el debate probatorio, tendrá la claridad suficiente sobre los hechos que generaron la litis; hechos probados que, por su parte, serán los considerados por el juez para dictar el derecho.

Por las razones expuestas, no resultan inconstitucionales los apartes acusados del artículo 29 del CPT, al no contrariar ningún precepto superior.

El artículo 37 del Código Procesal del Trabajo se ocupa de regular los incidentes en esa jurisdicción, disponiendo que éstos sólo podrán proponerse en la primera audiencia de trámite, y se sustanciarán paralelamente al proceso, sin interrumpirlo, debiendo ser decididos en la sentencia definitiva, “salvo aquellos que por su naturaleza o sus fines requieren una decisión previa”.

Los incidentes se ocupan de cuestiones accidentales, o incidentales, de donde proviene su nombre, que influyen de manera más o menos efectiva, según su naturaleza, en el adelantamiento del proceso o en la solución de los contenidos del conflicto. En el derecho procesal colombiano, ha sido objeto de polémica intensa, la necesidad de evitar que los incidentes entorpezcan la definición de la causa petendi, como consecuencia de la excesiva facilidad con que se podía demorar la decisión final, por el sistema de provocar incidentes; lo que se convirtió en un recurso dilatorio, que era autorizado por la propia ley procesal. Cuando se expidió el Código Procesal del Trabajo, se acogió el criterio de promover la formulación de los incidentes, cuyos motivos existieran en el momento en que se debiera realizar la primera audiencia de trámite en el proceso. Esto, con el fin de evitar que el proceso tuviera dilaciones injustificadas, y además, se preceptuó allí que los incidentes, de manera general, se decidirían en la sentencia definitiva, sin suspender el curso del proceso.

Tiene especial importancia la parte final del artículo que preceptúa que aquellos (los incidentes) deberán ser apreciados en su “naturaleza” y sus “fines” cuando requieran una decisión previa. De manera que, habrá incidentes cuya naturaleza y fines imponen una decisión previa a la sentencia definitiva, como cuando se trate de nulidades, o de recusaciones o impedimentos, que deben decidirse con anticipación a la sentencia, por cuanto de prosperar las pretensiones de quienes los propongan, dejaría sin posibilidad de pronunciamiento sobre el fondo en aquella providencia. Ahora bien, en lo referente a la oportunidad para proponer los incidentes, principio de preclusión que los informa, antes aludido, que obliga a formularlos en la primera audiencia de trámite, por los motivos existentes en esa oportunidad, no puede interpretarse en el sentido de que incidentes autorizados por la ley, que se originen en motivos sobrevinientes a la señalada oportunidad legal, no puedan ser sustanciados posteriormente. Una interpretación literal que concluyera en lo último, como lo hace el actor, e incluso el Ministerio Público, desconoce no sólo el sentido finalístico y los contenidos jurídicos racionales de la norma, sino también el sistema normativo que informa las causas, el trámite, y las oportunidades para formular y decidir los incidentes, tanto en el CPT como en el Código de Procedimiento Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 del CPT, que dispone que a falta de disposición especial en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este decreto y, en su defecto las del actual CPC. Luego, si bien es cierto que no se prevé expresamente el caso de incidentes por motivos sobrevinientes a la primera audiencia tantas veces referida, a más del fin contenido en la norma, el código especial remite a la interpretación analógica de disposiciones del CPC.

No encuentra la Corporación fundamento para acoger la equivocada lectura del precepto que ha planteado el demandante y acogido el Ministerio Público, para de allí colegir la inconstitucionalidad del mismo, cuando su correcta interpretación no deja dudas sobre su conformidad con el debido proceso ordenado constitucionalmente, y con las también superiores exigencias de celeridad en el proceso y economía en el mismo, que son características propias y específicas de las normas procesales en materia laboral. Lo que sirve de soporte a la Corte Constitucional para declarar la constitucionalidad de la parte acusada del artículo 37 del CPT.

Previas las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES las frases: “y no dictará sentencia mientras no se haya cumplido el emplazamiento” (inciso 2º), y, “y procederá al emplazamiento como queda previsto en el inciso anterior” (inciso 3º), del artículo 29 del Decreto 2158 de 1948, adoptado como legislación permanente por el Decreto 4133 de 1948.

2. Declarar EXEQUIBLE la frase: “Los incidentes sólo podrán proponerse en la primera audiencia de trámite” del artículo 37 del Decreto 2158 de 1948, adoptado como legislación permanente por el Decreto 4133 de 1948.

Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-429 de octubre 7 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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