Sentencia C-43 de febrero 1º de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-043 de 2006 

Ref.: Expediente D-5861

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 55, parcial, de la Ley 50 de 1990.

Actores: Alberto León Gómez Zuluaga y otros.

Bogotá D.C., Primero (1º) de febrero de dos mil seis (2006).

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

Se transcribe a continuación el texto del artículo 55 de la Ley 50 de 1990, subrayando los apartes acusados.

“Ley 50 de 1990

(Diciembre 28)

“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 55.—Adiciónase al capítulo VI del título I parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo, el siguiente artículo:

Directivas seccionales. Todo sindicato podrá prever en sus estatutos la creación de subdirectivas seccionales, en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros.

Igualmente se podrá prever la creación de comités seccionales en aquellos municipios distintos al de domicilio principal o el domicilio de las subdirectivas y en el que se tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros. No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio”.

(...).

VII. Consideraciones

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política.

2. La materia sujeta a examen.

Los actores consideran que las exigencias establecidas por el legislador consistentes en que las subdirectivas o comités seccionales previstos en los estatutos sindicales podrán crearse cuando se cuente con no menos de 25 o 12 miembros, así mismo, que podrán establecerse en municipios distintos a la sede principal o el domicilio de las subdirectivas y que no podrá haber más de una por municipio desconocen i) el carácter democrático y participativo al establecer la ley una limitación a los sindicatos para la configuración de sus estructuras internas, ii) el derecho de asociación como también el derecho de asociación y libertad sindical previstos en la Constitución y convenios internacionales para darse de manera autónoma sus propios estatutos y definir su dirección y organización, iii) la participación plena en la vida sindical al circunscribir su creación a la municipalidad e impedir su ejercicio por los trabajadores que residen y trabajan en municipios diferentes atendiendo la extensión geográfica del país, y iv) la posibilidad de crear más de una subdirectiva o comité por municipio cuando se tienen numerosos afiliados.

Al efecto, se citan como normas constitucionales el preámbulo y los artículos 38, 39 y 53-4, como también los convenios 87 (arts. 3º y 8º) y 98 de la OIT, la Declaración americana de derechos del hombre, la Convención americana de derechos humanos (art. 16.2) y su Protocolo adicional de San Salvador (art. 8.2).

Las intervenciones ciudadanas que presentan en primer lugar numerosos ciudadanos unos de manera independiente y otros de manera conjunta pero todos bajo un mismo escrito participan de la demanda exponiendo además argumentos adicionales para concluir así en la inconstitucionalidad total de la norma acusada e igualmente solicitar la inexequibilidad de otra disposición como lo es el artículo 38 de la Ley 50. Al respecto, esta Corte precisa que el examen de constitucionalidad se limitará a los argumentos de inconstitucionalidad expuestos en la demanda por los actores respecto solamente de la norma parcialmente acusada (1) .

De otro lado, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Ministerio de la Protección Social solicitan declarar la exequibilidad de la norma parcialmente acusada. La Asociación Nacional de Industriales aduce que se ha configurado la cosa juzgada constitucional por la existencia de la Sentencia 115 de 1991, proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Y la Confederación General del Trabajo y la Universidad de Antioquia solicitan de manera extemporánea que se declare la inexequibilidad de la norma acusada.

El Procurador General de la Nación solicita a la Corte declarar la existencia de i) la cosa juzgada constitucional atendiendo la Sentencia 115 de 26 de septiembre de 1991, proferida por la Corte Suprema de Justicia, respecto de las expresiones “y en el que tenga un número no inferior a 25 miembros” y “en el que tenga un número de afiliados no inferior a 12 miembros”, señalando además que cuando se efectuó el control de constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia el Convenio 87 ya había sido ratificado por Colombia. Así mismo, solicita declarar ii) la cosa juzgada material en relación con la misma Sentencia citada respecto de las expresiones “distintos a su domicilio principal y el domicilio de las subdirectivas” y “no podrá haber más de una subdirectiva y comité por municipio”, contenidas en la disposición acusada, por cuanto forman una proposición jurídica completa con las expresiones declaradas exequibles en su oportunidad por la Corte Suprema de Justicia.

Por consiguiente, previamente a efectuar el examen de constitucionalidad sobre la norma parcialmente acusada, es necesario que la Corte examine si se ha configura la cosa juzgada constitucional como lo sostiene el Procurador General de la Nación y uno de los intervinientes ciudadanos.

3. Cuestión preliminar: la existencia de la cosa juzgada en cuanto a las expresiones “y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros” y “en el que tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros”.

Atendiendo lo previsto en el artículo 243 de la Constitución “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, la Corte ha sostenido reiteradamente, como lo señaló en la Sentencia C-774 de 2001 (2) , que la cosa juzgada constitucional es una institución jurídico procesal que se traduce en el carácter inmutable, definitivo y vinculante de una sentencia de constitucionalidad que trae como consecuencia para el juez constitucional la imposibilidad de conocer y decidir lo ya resuelto.

En el presente caso debe entonces la Corte determinar, si respecto de la Sentencia 115 de 26 de septiembre de 1991, proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, tanto formal como material, según lo solicita el Procurador General de la Nación y una intervención ciudadana (3) .

De dicha decisión de la Corte Suprema de Justicia se aprecia que se demandaron varias disposiciones (4) de la Ley 50 de 1990, entre ellas el artículo 55, del cual se acusaron las expresiones: “y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros” y “en el que tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros”, artículo ahora también parcialmente demandado.

En cuanto a los cargos formulados en esa oportunidad, en el punto denominado “La acusación”, dicha sentencia los resumió de manera genérica en los siguientes términos:

“Los preceptos que el libelista estima transgredidos, aunque él menciona algunos convenios internacionales que el país ha aprobado, son básicamente los artículos 17, 30, 32 y 44 de la Constitución Nacional de 1886, en cuanto, en su entendimiento, las disposiciones sometidas a crítica no protegen debidamente a los trabajadores o vulneran sus derechos adquiridos, desconocen el designio de obtención de la justicia social y desarrollo de las clases proletarias que las leyes deben tener o, en fin, desconocen el derecho a asociarse, como se explicará más adelante” (negras fuera de texto).

Así mismo, en dicha Sentencia la Corte Suprema de Justicia procedió a realizar un estudio general de algunos principios constitucionales contenidos en la Constitución Política de 1991, refiriendo así a la protección especial del trabajo (C.P., art. 25 y 53), a los derechos adquiridos (C.P., art. 58), a la justicia social (C.P., art. 334), al derecho de asociación (C.P., art. 38) y al derecho de asociación y libertad sindical (C.P., art. 39).

En relación con los artículos 38 y 39 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia realizó una breve reseña histórica sobre la formación de asociaciones y agrupaciones sindicales para denotar la importancia de los sindicatos y la legitimidad de sus objetivos indicando que deben estar sujetos a la ley, y que es dicha ley, según los principios constitucionales vigentes, la que regula su formación y funciones sin más límites que los impuestos por el bien común y la moral y el respeto por la eficacia, eficiencia y efectividad de su acción, para concluir que la ley puede regular las organizaciones sindicales para ajustarlas a sus criterios políticos, sociales, económicos y laborales. Así mismo, señala dicha decisión que no se observa que se desconozca el derecho de asociación en su modalidad de libertad sindical, ya que es propio de la ley exigir por ejemplo determinado número de afiliados para conformar ciertas organizaciones sindicales, exigir para la obtención de personería jurídica la sujeción de los estatutos a la Constitución, la ley y las buenas costumbres, etc. Dijo expresamente la Corte Suprema de Justicia:

“4. El derecho de asociación

Artículo 38. (…)

Artículo 39. (…)

Es verdad sabida que el hombre persigue fines que aisladamente no puede lograr y que le imponen la necesidad de contar con el concurso de otros que por motivos biológicos, históricos y culturales le anteceden, acompañan y suceden en el tiempo y en el espacio, por lo que se forman agrupaciones intermedias entre él, la sociedad civil y el Estado.

(…)

La revolución industrial inicial que por la época se dio y la creciente concentración del capital y del poder económico y político, trajeron la necesidad de nuevas asociaciones de defensa que fueron alentadas por las teorías socialistas y comunistas hasta abrirse paso desde mediados del siglo pasado. Desde entonces se han difundido en todo el mundo, se han robustecido y hacen parte de la vida de todos los países.

Innegable es, pues, la importancia de los sindicatos y la legitimidad de su acción y de sus propósitos, lo cual, sin embargo, no empece sino que exige su sometimiento a la ley y es esta, en los principios constitucionales vigentes, la que puede regular su formación y funciones sin más cortapisas que las marcadas por el bien común y la moral y el respeto por la eficacia, la eficiencia y la efectividad de su acción contra las cuales no puede atentar el legislador; es decir, bajo el mandato constitucional que les garantiza su adecuada presencia en la vida nacional, la ley puede regular las organizaciones sindicales para atemperarlas a sus criterios políticos, sociales, económicos y, por supuesto, laborales.

No ve la Corte que las disposiciones acusadas en ninguna forma atenten contra el derecho de asociación en su modalidad específica como libertad sindical, pues es propio de la ley y está dentro de sus poderes, por ejemplo, exigir determinado número de afiliados para que puedan formarse ciertas células sindicales (art. 55), exigir para la obtención de personería jurídica el sometimiento de los estatutos a la Constitución, la ley y las buenas costumbres (art. 46-4), condicionar el ejercicio de sus funciones y derechos a un registro oficial que, por lo demás, puede ser ficto o tácito a falta de pronunciamiento expreso dentro de cierto término (art. 50) y, en fin, dar al gobierno, por encima de la voluntad sindical, facultades para que el conflicto colectivo suscitado se resuelva por un medio diferente a la huelga (art. 63)” (negras fuera del texto transcrito).

Luego, la mencionada sentencia se adentró en el análisis particular de las normas acusadas y concretamente en lo referente al artículo 55 consideró que la exigencia de un número mínimo de afiliados no viola el artículo 39 de la Constitución:

“El artículo 55 exige que las subdirectivas seccionales y los comités seccionales contemplados en los estatutos sindicales solamente podrán establecerse cuando para ello se cuente, respectivamente, con no menos de 25 afiliados y 12 afiliados; aclara que esas entidades solamente podrán crearse en municipios distintos a la sede principal y que ‘no podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio’.

Lo relativo a esta disposición no estaba claro por varios aspectos en la legislación anterior y convenía entonces que se definiera sin duda, que fue lo que aquí se hizo para evitar los incontables abusos que habían cometido y que perturbaban la paz laboral y la marcha de las empresas.

Como se dijo antes, la exigencia de un número mínimo de afiliados, hecha por la ley, no viola el artículo 39 de la Constitución, lo que es aplicable a la definición del número de aforados que trae el artículo 57, máxime cuando el fuero sindical es un privilegio especial que por consideraciones muy particulares concede la ley en desarrollo hoy del artículo 39, en cuanto sea necesario ‘para el cumplimiento de su gestión’ sindical, que en principio corresponde apreciar y reglamentar a la ley sin desconocerlo como garantía constitucional” (negras no hacen parte del texto transcrito).

Conforme a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar exequibles las expresiones acusadas sin restringir los efectos de la declaración de constitucionalidad:

“Segundo. Son EXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la Ley 50 de 1990:

(…)

7. Del artículo 55, las expresiones ‘y en el que tenga un número no inferior a 25 miembros’ y ‘en el que se tenga un número de afiliados no inferior a 12 miembros’”.

Es claro, entonces, para la Corte que la Sentencia 115 de 1991, proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró ajustada a la Constitución las expresiones “y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros” y “en el que se tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros”, sin condicionar los efectos de su fallo, lo cual hace suponer que la decisión se profirió previa confrontación de la norma parcialmente acusada con el texto integral de la Constitución.

Ello se observa también en la medida que la Corte Suprema de Justicia al examinar las expresiones que hoy se acusan, realizó en la parte motiva de su decisión un estudio global de las disposiciones que se demandaban a la luz de unos principios generales contenidos en la Constitución Política de 1991, para posteriormente así efectuar un análisis particular del artículo 55, como lo fue bajo el derecho de asociación y libertad sindical.

De igual manera, se aprecia que los cargos examinados en su oportunidad por la Corte Suprema de Justicia corresponden a los mismos argumentos de inconstitucionalidad que hoy se exponen y que giran alrededor de una presunta inconstitucionalidad por la exigencia de un número mínimo de miembros para la creación de directivas seccionales sindicales.

Por lo anterior, la declaración de constitucionalidad realizada por la Corte Suprema de Justicia respecto a las expresiones “y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros” y “en el que se tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros”, ha hecho tránsito a cosa juzgada absoluta como en efecto lo sostiene el Procurador General de la Nación, lo que impide en esta oportunidad realizar un nuevo control de constitucionalidad sobre las citadas normas.

Ahora, en relación con las expresiones “distintos a su domicilio principal y el domicilio de las subdirectivas” y “no podrá haber más de una subdirectiva y comité por municipio”, no encuentra la Corte que se configure la cosa juzgada material, por formar una proposición jurídica completa con las expresiones declaradas exequibles por la Corte Suprema de Justicia, como lo anota el Ministerio Público, por cuanto dicho fenómeno de la cosa juzgada material se configura cuando se está ante normas cuyo contenido normativo es idéntico (5) , lo cual no se presenta en este caso, en la medida que no existe un pronunciamiento de constitucionalidad sobre otra norma con iguales o similares contenidos normativos a los ahora acusados y citados.

Corresponde entonces a la Corte, analizar ahora la constitucionalidad de las demás expresiones acusadas que señalan que, “en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal” y “en aquellos municipios distintos al de domicilio principal o el domicilio de las subdirectivas … No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio”, conforme a los argumentos de inconstitucionalidad expuestos por los actores.

4. Problemas jurídicos que debe analizar la Corte.

La Corte habrá de examinar si las exigencias legislativas que circunscriben a la municipalidad la creación de subdirectivas o comités seccionales y que no pueda existir más de una por municipio desconoce el carácter democrático y participativo de los sindicatos, el derecho de asociación, el derecho de asociación y libertad sindical para darse de manera autónoma sus estatutos y definir su organización, la participación plena en la vida sindical al circunscribir su creación a la municipalidad e impedir su ejercicio para quienes residen y trabajan en municipios diferentes por la extensión geográfica del país y la posibilidad de crear más de una subdirectiva o comité por municipio cuando se tienen numerosos afiliados.

Se alega así como disposiciones vulneradas el Preámbulo y los artículos 38, 39 y 53-4 de la Constitución, como también los convenios internacionales 87 (arts. 3º y 8º) y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración americana de derechos del hombre, la Convención americana de derechos humanos (art. 16.2) y su Protocolo adicional de San Salvador (art. 8.2).

5. El caso concreto. Constitucionalidad de las expresiones “en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal” y “en aquellos municipios distintos al de domicilio principal o el domicilio de las subdirectivas … No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio”.

Para la Corte las exigencias legislativas que circunscriben a la municipalidad la creación de subdirectivas o comités seccionales y que no pueda existir más de una por municipio no desconoce el Preámbulo y los artículos 38, 39 y 53-4 de la Constitución, ni tampoco los convenios internacionales 87 (arts. 3º y 8º) (6) y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (7) , la Declaración americana de derechos del hombre (8) , la Convención americana de derechos humanos (art. 16.2) (9) y su Protocolo adicional de San Salvador (art. 8.2) (10) .

Al respecto del derecho de asociación y libertad sindical, esta corporación en Sentencia C-385 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell consideró, que “En el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho, como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica, la facultad que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autoregularse conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus integrantes, con la limitación que impone el inciso 2º del artículo 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos”.

En la misma sentencia la Corte consagró que, el derecho de asociación sindical, debe “… necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado social de derecho, pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política”.

Además, la Corte ha considerado que la libertad sindical comporta:

“(…)

“i) el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) el poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador conforme al inciso 2º del artículo 39; iv) La facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de su administración, así como las políticas, planes y programas de acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) la garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales; vii) la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical” (11) .

También ha reiterado la Corte, que “No es admisible reconocer el carácter absoluto de la libertad sindical, en la medida en que la propia Constitución establece como limitación, concretable por el legislador, que “la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos” (art. 39 inc. 2º) y que, los convenios internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio” (12) .

En efecto, el derecho de asociación sindical no es un derecho absoluto, lo que implica que puede estar sujeto a restricciones para los efectos contemplados en los convenios internacionales, así como igualmente a aquellas que le está permitido imponer al legislador en la medida que no afecten su núcleo esencial, lo desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio.

Por ende, al contemplar las normas acusadas que se podrá prever en los estatutos sindicales, tanto la creación de subdirectivas seccionales en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal, como la creación de comités seccionales también en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal o el domicilio de la subdirectiva; y, que no podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio, no se viola la Constitución ni los convenios internacionales que en materia de asociación y libertad sindical se integran al bloque de constitucionalidad según lo ha reconocido la jurisprudencia de esta corporación (13) , por cuanto la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos deben sujetarse a las restricciones impuestas por el orden legal, las cuales, para el caso, no resultan irrazonables ni desproporcionadas, ni violan el núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad sindical.

Por el contrario, las exigencias establecidas en las normas acusadas resultan mas bien necesarias y proporcionadas a la finalidad perseguida como lo es el garantizar la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos en un ambiente democrático y participativo. Permitir la creación de subdirectivas y comités seccionales, en aquellos municipios distintos al del domicilio principal del sindicato, e indicar que no podrá haber más de una subdiractiva o comité por municipio, apenas impone unos requisitos mínimos e indispensables para el normal funcionamiento y organización de un sindicato, que permiten ampliar su campo de acción y así garantizar los derechos de asociación y libertad sindical, así como el de participación de quienes lo integran.

Cabe observar, que las normas acusadas acogen una perspectiva descentralizadora en beneficio de la representación de los trabajadores, que tiende “a dar una mayor garantía al derecho de asociación y al principio de libertad sindical , y a la modernización de las instituciones del derecho colectivo del trabajo” (14) .

Además, en cuanto a que no pueda existir más de una subdirectiva o comité por municipio, debe señalarse que el derecho de participación democrática en las organizaciones sindicales no puede soportarse en la simple existencia de un gran número de directivas o comités seccionales en un mismo municipio, lo que podría entorpecer su normal funcionamiento, sino en garantizar la real y efectiva participación de todos los trabajadores en las decisiones que los afectan y en la defensa de sus intereses comunes, lo que se logra con la posibilidad de crear una subdirectiva o comité por municipio y en un lugar distinto al del domicilio principal del sindicato.

Por lo anterior, se declararán exequibles las expresiones “en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal” y “en aquellos municipios distintos al de domicilio principal o el domicilio de las subdirectivas ... No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio”, contenidas en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia 115 de 1991, proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que declaró exequibles las expresiones: “y en el que tenga un número no inferior a veinticinco (25) miembros” y “en el que se tenga un número de afiliados no inferior a doce (12) miembros”, contenidas en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990.

2. Declarar EXEQUIBLES las expresiones “en aquellos municipios distintos al de su domicilio principal”, “en aquellos municipios distintos al de domicilio principal o el domicilio de las subdirectivas...” y “No podrá haber más de una subdirectiva o comité por municipio”, contenidas en el artículo 55 de la Ley 50 de 1990.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) La Corte tendrá en cuenta solo las consideraciones realizadas por los intervinientes que tiendan a orientar e ilustrar a la Corte sobre los argumentos expuestos en la demanda mas no las que impliquen nuevos cargos y el señalamiento de nuevas normas que no han sido acusadas y sobre los cuales los intervinientes y el Procurador General de la Nación no tuvieron la oportunidad de pronunciarse y no encuentra la necesidad de configurar unidad normativa por no presentarse una estrecha relación con la disposición demandada. Consúltese las sentencias C-1109 de 2000, C-1256 de 2001, C-717 de 2003 y C-572 de 2004.

(2) M.P. Rodrigo Escobar Gil. Reiterada en la Sentencia C-030 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(3) La cosa juzgada material es aducida por la Procuraduría General de la Nación, respecto de las expresiones “distintos a su domicilio principal y el domicilio de las subdirectivas” y “no podrá haber más de una subdirectiva y comité por municipio”.

(4) De la Sentencia 115 de 1991, M.P. Jaime Sanin Greiffenstein, expediente 2304, se tiene que se demandaron exactamente diecisiete (17) artículos de la Ley 50 de 1990.

(5) En Sentencia C-710 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se sostuvo: “Esta Corte ha sostenido que la cosa juzgada material se presenta “cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica y tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto” (5) . Precisando el alcance de la expresión contenido normativo idéntico, ha dicho la corporación que esto implica que los efectos jurídicos de las normas sean exactamente los mismos” (5) .

(6) El Convenio 87 de la OIT, en sus artículos 3º y 8º, señala: “ART. 3º.—“1. Las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular sus programas de acción”. “2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”. ART. 8º—“1. Al ejercer los derechos que se le reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad”. “2. La legislación no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en este convenio”.

(7) El Convenio 98 de la OIT, en los artículos 1º, 2º y 3º, indica: “ART. 1º—1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. ART. 2º—1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración. ART. 3º—Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes”.

(8) La Declaración de los derechos y deberes del hombre, en el artículo XXII, señala: Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden”.

(9) La Convención americana sobre derechos humanos, en el artículo 16, reza: “ART. 16.—Libertad de asociación. 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía”.

(10) El Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos “Protocolo de San Salvador”, en el artículo 8º, señala: “Derechos sindicales. 1. Los Estados partes garantizarán: a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente; b. el derecho a la huelga. 2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente solo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que estos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás”.

(11) Ver Sentencia C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(12) Sentencias C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-1491 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz y C-1188 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(13) Ver sentencias C-1188 de 2005, C-401 de 2005, C-038 de 2004, C-067 de 2003, C-252 de 2001, C-797 de 2000 y C-567 de 2000.

(14) Compilación de la reforma laboral, abril de 1991, pág. 64. Exposición de motivos al proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 50 de 1990.

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