Sentencia C-431 de mayo 6 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-431 de 2004 

Ref.: Expediente D-4857

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Actora: Marcela Patricia Jiménez Arango.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25, 26, 33, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 58-1, 58-10, 59-1, 59-2, 59-6, 59-22, 59-35, 59-38, 59-46, 60-1, 60-4, 60-6, 60-8, 60-19, 60-22, 60-60 de la Ley 836 de 2003 “por la cual se expide el reglamento del régimen disciplinario para las Fuerzas Militares”.

Bogotá, D.C., mayo seis de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

El siguiente es el texto de las normas demandadas con la advertencia de que se resalta lo parcialmente acusado.

“LEY 836 DE 2003

(Julio 16)

“Por la cual se expide el reglamento del régimen disciplinario para las Fuerzas Militares”.

“El Congreso de Colombia

“DECRETA:

(...).

“ART. 25.—Valentía. El valor debe ser virtud sobresaliente en el militar, pero no debe llevar a inadecuadas demostraciones de arrogancia personal sino a poner en relieve la propia personalidad cuando se haga necesario, y a reconocer con entereza de carácter los errores y faltas cometidas.

ART. 26.—Veracidad. La verdad debe ser regla inviolable en el militar y será practicada en todos sus actos. La franqueza respetuosa será la norma del lenguaje hablado o escrito. La palabra del militar será siempre expresión auténtica de la verdad.

ART. 33.—Responsabilidad de la orden. La responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la ejecuta.

Cuando el subalterno que la recibe advierta que de su ejecución puede derivarse manifiestamente la comisión de una conducta punible, infracción disciplinaria o fiscal, el subalterno no está obligado a obedecerla y deberá exponer al superior las razones de su negativa.

ART. 58.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas:

1. Elaborar, cultivar, suministrar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar cualquier tipo de droga heroica (sic), estupefacientes, o sustancias precursoras; así como permitir estas actividades o mantener amistad con personas vinculadas a estos procederes.

(...).

10. Observar conducta depravada.

ART. 59.—Faltas graves. Son faltas graves:

1. Ejecutar actos contra la moral o las buenas costumbres dentro de cualquier establecimiento militar.

2. Abusar de bebidas embriagantes o consumir estupefacientes en instalaciones militares u oficiales. Esta falta tendrá como agravante el hacerlo en presencia o compañía de subalternos o del público.

(...).

22. No tomar las medidas conducentes para definir su situación por sanidad, de acuerdo con las previsiones del reglamento de incapacidades e invalideces.

(...).

35. Hacer publicaciones sobre asuntos militares por medio de la prensa, la radio, la televisión o cualquier otro medio, sin el permiso correspondiente.

(...).

38. Mantener relaciones sexuales en acuartelamiento, bases, buques, aeronaves y demás establecimientos militares, cuando por la forma y circunstancias en que se lleven a cabo o por su trascendencia atenten contra la dignidad militar.

(...).

46. Ocultar al superior, intencionalmente, irregularidades o faltas cometidas contra el servicio, o tratar de desorientarlo sobre la realidad de lo sucedido.

ART. 60.—Faltas leves. Son faltas leves:

1. Incumplir sin causa justificada compromisos de carácter pecuniario.

(...).

4. Intervenir en juegos de suerte y azar prohibidos por las normas y reglamentos o concurrir uniformado a lugares donde se verifiquen estos.

(...).

6. Llevar a los casinos, cámaras o centros sociales militares a personas que no correspondan a la categoría y prestigio de la institución.

(...).

8. Incumplir las obligaciones legales u observar conducta impropia para con su núcleo familiar.

(...).

19. Demandar explicaciones al superior sobre el fundamento de una orden, reconvención u observación.

(...).

22. Denunciar temerariamente al superior.

(...).

60. Ocultar al superior irregularidades administrativas”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la demanda objeto de revisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política, ya que la acusación recae sobre una ley de la República.

La ley acusada —L. 836/2003— contiene el régimen disciplinario para las Fuerzas Militares. Siendo muchos los artículos de la misma que son demandados y diversos los cargos que se esgrimen en contra de ellos, la Corte estudiará separadamente la constitucionalidad de cada norma. No obstante, previamente hará una serie de consideraciones generales relativas a la particularidad del régimen disciplinario aplicable a las Fuerzas Militares, que orientarán el examen particularizado de las disposiciones acusadas.

El régimen disciplinario especial de las Fuerzas Militares

2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la Constitución, las Fuerzas Militares permanentes están constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, a quienes corresponde como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. El último inciso de esta disposición superior señala que “La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio” (destaca la Corte).

Antes de cualquier consideración, la Corte indica que la interpretación de las normas demandadas parte de la base de que no solamente al momento de diseñar legalmente las faltas disciplinarias, sino también cuando se lleva a cabo la investigación disciplinaria tendiente a definir la responsabilidad de este tipo, debe tenerse en cuenta que el límite de la potestad sancionadora se encuentra en la afectación o amenaza de afectación del servicio. Si esta situación no se produce, no cabe la responsabilidad disciplinaria. Por lo tanto, para la determinación concreta de la responsabilidad disciplinaria no basta la simple infracción del reglamento, sino que es necesario valorar en qué medida se afecta el servicio o la función pública encomendada.

Ahora bien, aparte de la anterior consideración general debe recordarse que en diversos fallos esta corporación ha señalado en qué consiste esencialmente este régimen disciplinario especial y cuáles son los límites que tiene el legislador a la hora de diseñarlo. De manera general ha estimado que lo que constituye la diferencia específica de ese régimen frente al general aplicable a los demás servidores públicos es el señalamiento de una serie de faltas disciplinarias y de sus correspondientes sanciones, que son diferentes de las que pueden ser impuestas a la generalidad de los mencionados servidores públicos, y cuya previsión se justifica por la especial actividad que corresponde cumplir a las Fuerzas Militares. No obstante, esta especialidad del régimen disciplinario de los militares no impide que también estén sujetos a las normas del régimen disciplinario general de los servidores del Estado. Por ello, el artículo 12 de la ley bajo examen define el principio de especialidad de la siguiente manera:

“ART. 12.—Especialidad. En desarrollo de los postulados constitucionales, al personal militar le serán aplicables las faltas y sanciones de que trata este régimen disciplinario propio, así como las faltas aplicables a los demás servidores públicos que sean procedentes”.

La jurisprudencia también ha hecho énfasis en que lo esencial del régimen especial es su aspecto sustancial —es decir el catálogo de faltas y sanciones especiales aplicables solo a las Fuerzas Militares— y no el aspecto procesal —es decir las normas rituales para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria—, aspecto este último que puede regularse por las normas generales del procedimiento disciplinario.

Así por ejemplo, en la Sentencia C-310 de 1997(5), cuando examinaba el artículo 175 de la Ley 200 de 1995 (antiguo CDU)(6), la Corte explicó lo siguiente:

¿Pero qué significa tener un régimen especial de carácter disciplinario? Simplemente que existe un conjunto de normas singulares o particulares en las que se consagran las faltas, las sanciones, los funcionarios competentes para imponerlas y el procedimiento o trámite que debe seguir el proceso respectivo, incluyendo términos, recursos, etc., aplicables a un determinado grupo de personas, en este caso a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que se distinguen de las que rigen para los demás servidores del Estado, debido a la específica función o actividad que les corresponde cumplir. Dicho régimen por ser especial prevalece sobre el general u ordinario, en este caso, sobre el Código Disciplinario Único.

(...).

Es que lo que en verdad diferencia los estatutos disciplinarios de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional frente a los demás regímenes de esta clase, es la descripción de las faltas en que pueden incurrir sus miembros y las sanciones que se les pueden imponer, precisamente por la índole de las funciones que están llamados a ejecutar, las que no se identifican con las de ningún otro organismo estatal.

No sucede lo mismo con el procedimiento que se debe seguir para la aplicación de tales sanciones, pues este sí puede ser igual o similar al que rige para los demás servidores públicos, de ahí que el legislador haya decidido establecer uno solo, el consagrado en el Código Disciplinario Único”.

La Corte ha insistido en que el régimen disciplinario especial de las Fuerzas Militares no puede incluir cualquier tipo de falta, sino únicamente aquellas relacionadas con la función militar, es decir aquellas cuya comisión afecta directamente el servicio público encomendado a tales fuerzas. Sobre este punto se expresó la Corte así:

“... los regímenes especiales disciplinarios solo pueden comprender las regulaciones íntimamente vinculadas con su objeto específico. Para la Corte es claro que, en el caso bajo examen, conductas que trasciendan la función propiamente militar o policiva, por carecer de relación directa con el servicio, no podrán quedar cobijadas dentro de las indicadas regulaciones, lo cual se predica, entre otros casos, de las conductas que violan los derechos humanos. Tales comportamientos quedan, entonces, sometidos a la normatividad ordinaria, penal o disciplinaria”(7).

3. Ahora bien, el régimen disciplinario especial previsto constitucionalmente para las Fuerzas Militares forma parte del concepto de derecho disciplinario general, que concierne a la facultad constitucional que tiene la administración pública de imponer a sus propios funcionarios sanciones previamente definidas mediante ley, quienes, en tal calidad, le están sometidos a una especial sujeción. Con esta potestad disciplinaria se busca el logro de los fines del Estado mismo y particularmente asegurar el cumplimiento de los principios que gobiernan el ejercicio de la función, pública, cuales son el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad(8).

La jurisprudencia entonces ha hecho ver cómo de manera general la potestad legislativa en el diseño de los regímenes disciplinarios está limitada por el fin que persigue, cual es el de asegurar el cumplimiento de la función pública por parte de las autoridades, dentro de los principios a que se refiere el artículo 209 superior. Por ello, en general los regímenes disciplinarios no pueden elevar a la categoría de falta cualquier clase de comportamiento, sino exclusivamente aquellos que afectan la función pública que compete a los servidores del Estado. Otra interpretación conduciría a desconocer la cláusula general de libertad por la que opta nuestra Constitución. En tal sentido ha dicho la Corte que el legislador solo puede tipificar como conductas relevantes en el ámbito disciplinario aquellos comportamientos que afecten los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas. Y que el fundamento de la imputación y, en consecuencia, del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, está determinado por la infracción de los deberes funcionales del servidor público(9).

Dentro de este mismo criterio teleológico que define los límites de la potestad disciplinaria, tanto el legislador como la jurisprudencia han concluido que la finalidad de las sanciones disciplinarias es preventiva o correctiva de comportamientos contrarios a la efectividad de los principios que gobiernan la función pública. De esta manera, tanto el artículo 16 del nuevo Código Disciplinario Único, como el 14 de la ley bajo examen definen la finalidad de la sanción así:

“Ley 734 de 2002. ART. 16.—Función de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar en el ejercicio de la función pública”.

Ley 836 de 2003. ART. 14.—Función de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, la ley y los tratados internacionales aplicables”.

Por último, debe recordarse que reiteradamente la Corte ha sostenido que en el ámbito de la potestad disciplinaria tienen aplicación, mutatis mutandi, los principios que dominan la actividad sancionadora del Estado, cuales son los de legalidad, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, responsabilidad, proporcionalidad(10).

Con fundamento en estas consideraciones relativas de manera general a la potestad disciplinaria y de manera particular a la naturaleza y límites del régimen especial disciplinario previsto constitucionalmente para las Fuerzas Militares, entra la Corte a examinar las normas acusadas en la presente oportunidad.

Acusación contra el artículo 25 (parcial)

4. Según se dijo, la demandante considera que cuando la norma acusada dice que el valor es virtud militar que debe llevar a “reconocer con entereza de carácter los errores y faltas cometidas”, desconoce el derecho de no auto incriminación a que aluden el artículo 33 de la Constitución Política y el 8º del Pacto de San José de Costa Rica. Agrega que esta expresión también es contraria “al orden social justo”, pues la misma conducta no se exige en el ordenamiento disciplinario a los demás servidores públicos.

En general las intervenciones consideran que la expresión acusada no tiene el alcance que le otorga la accionante, pues se limita a desarrollar las virtudes castrenses del valor y la veracidad, sin imponer la obligación de declarar en contra de sí mismo. Sin embargo, la vista fiscal le concede razón a la acusación y estima que, efectivamente, la expresión acusada desconoce el artículo 33 superior.

Al parecer de la Corte, la expresión bajo examen puede ser entendida como la imposición del deber de reconocer faltas disciplinarias sancionables. En efecto, su redacción induce a ello, pues indica que el valor como virtud castrense debe llevar a reconocer con entereza de carácter tales faltas y yerros. Así, aunque por su ubicación dentro del capítulo del reglamento disciplinario de las Fuerzas Militares relativo a las “Normas militares de conducta”, capítulo que más bien contiene un catálogo de valores y de principios y no la descripción de deberes, pudiera pensarse que la frase acusada no tiene un contenido deontológico sino axiológico, es decir que no impone un deber sino simplemente se refiere a un valor militar, lo cierto es que su redacción da a entender que es deber militar admitir las propias faltas.

Ahora bien, si la norma impone un deber a los militares, el incumplimiento de tal deber ocasiona una falta, con lo cual se tiene que en últimas lo que hace el legislador es obligar bajo apremio de sanción disciplinaria a declarar en contra de sí mismo, con lo cual desconoce la garantía constitucional de no auto incriminación. En efecto, de conformidad con lo prescrito por el artículo 56 de la ley acusada constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la realización de cualquiera de las conductas o comportamientos descritos en el reglamento disciplinario de las Fuerzas Militares que conlleve incumplimiento de deberes(11). De donde se deduce que si es un deber de los militares el reconocer sus faltas y yerros, el incumplimiento de tal deber es en sí mismo una falta disciplinaria.

Debe la Corte recordar que la garantía constitucional de no auto incriminación opera dentro del contexto de la actuación punitiva del Estado, de la cual el derecho disciplinario es una de sus manifestaciones. Al respecto, la jurisprudencia ha indicado que la interpretación histórica de tal garantía indica que ella tiene cabida solamente en asuntos penales, correccionales o de policía, es decir dentro del contexto de tal potestad estatal de punición, de la cual, como se dijo el derecho disciplinario es una expresión. En este sentido se ha pronunciado la corporación así:

“La discusión sobre el alcance de la garantía que consagra el artículo 33 de la Constitución Política, fue dirimida por esta corporación a través de la Sentencia C-246 de 1997(12), en la que se concluyó que su contenido “... solo debe ser aplicado en los asuntos criminales, correccionales y de policía”, lo que de plano resuelve la controversia planteada por el demandante con fundamento en dicha norma superior.

Esa decisión de la Corte, encontró fundamento en aspectos tales como la tradición constitucional de nuestro país, cuyo análisis le permitió verificar que desde la Constitución de 1821 y hasta la de 1886, dicho principio siempre estuvo ligado al ejercicio del poder punitivo por parte del Estado y por lo tanto su aplicación circunscrita a los asuntos criminales, correccionales o de policía. Así mismo, tal como lo ha señalado la doctrina, esa garantía se encuentra consagrada en la legislación criminal de todos los pueblos civilizados, pues en ella subyacen “... los más elementales principios de moral y humanidad”(13), que impiden que el Estado utilice su poder punitivo para obligar a una persona a declarar contra sí misma o contra sus familiares más cercanos, en asuntos propios del ámbito penal, en los cuales la carga de la prueba le corresponde a aquel”(14).

Y en otra ocasión afirmó:

El derecho disciplinario, por su naturaleza sancionadora, es una especie del derecho punitivo. Ello implica que las garantías sustanciales y procesales del derecho más general, el penal, sean aplicables al régimen disciplinario”(15) (negrillas fuera del original).

Por todo lo anterior, la Corte retirará del ordenamiento jurídico la expresión “y a reconocer con entereza de carácter los errores y faltas cometidas”, contenida en el artículo 25 de la Ley 836 de 2003.

Acusación contra el artículo 26

5. La demandante acusa el aparte contenido en el artículo 26 según el cual “la palabra del militar será siempre expresión auténtica de la verdad”. Considera que: (i) esa frase “infringe el orden lógico y el principio de razonabilidad que se deduce de los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 11, 12, 13 y 14 de la Carta Fundamental”; (ii) además sostiene que, como en el caso del artículo 25, desconoce el derecho de no auto incriminación a que aluden el artículo 33 de la Constitución Política y el 8º del Pacto de San José de Costa Rica, porque obliga a los militares a decir siempre la verdad; (iii) finalmente, aduce que la expresión que acusa desconoce el derecho a la igualdad, porque establece una presunción de veracidad respecto de la palabra de los militares, en virtud de la cual esta siempre se tendrá por cierta, presunción que no opera en relación con los demás servidores públicos.

Las intervenciones de los ministerios de Defensa y del Interior y de Justicia rechazan las anteriores acusaciones, pero la vista fiscal considera que la expresión acusada, no obstante su carácter exhortativo, “configura un deber militar cuya observancia se traduciría necesariamente en una falta disciplinaria”, lo cual afecta el principio de legalidad, “dado el carácter polisémico que usualmente rodea al término “verdad”. Por ello solicita que se declare inexequible.

— En cuanto a la primera de estas acusaciones la Corte considera que existe una ineptitud sustancial en la formulación del cargo, toda vez que en la demanda no se explica por qué de los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 11, 12, 13 y 214 de la Constitución(16) se deducen los principios de razonabilidad y proporcionalidad a que el libelo alude, cuáles son los alcances de tales principios frente a la expresión acusada, ni cómo se ven vulnerados por ella. Tampoco se precisa cuál es el contenido normativo de estas disposiciones superiores que resulta desconocido, por todo lo cual el cargo resulta ser vago, confuso e impreciso y, en tal virtud, inespecífico. La corporación ha dicho que los cargos de la demanda deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes(17). Ha agregado que el cargo es específico cuando define con claridad la manera en que la norma legal se opone a la norma constitucional, lo cual quiere decir que el cargo no puede estar sustentado en argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”(18), como a su parecer sucede en la presente oportunidad. Por todo lo anterior la Corte se inhibe de pronunciarse frente a esta primera acusación.

— En cuanto al segundo de los cargos aducidos, la Corte observa que el artículo 26 está inscrito en el acápite del reglamento disciplinario de las Fuerzas Militares relativo a las “Normas militares de conducta”. Se refiere a la “veracidad”, definida como “valor” en el artículo 24, y su texto completo, se recuerda, es el siguiente:

“ART. 26.—Veracidad. La verdad debe ser regla inviolable en el militar y será practicada en todos sus actos. La franqueza respetuosa será la norma del lenguaje hablado o escrito. La palabra del militar será siempre expresión auténtica de la verdad”.

Al parecer de la Corte, se trata de una norma de contenido axiológico que no impone ningún deber concreto señalando una sanción por su incumplimiento. No es descriptiva de una falta disciplinaria, por lo cual no debe ser examinada bajo la óptica de si cumple o no con el principio de tipicidad y legalidad, como lo propone el señor procurador. Simplemente, en términos abstractos e inconcretos formula un ideal de conducta, una meta de comportamiento militar, y en esas circunstancias tan solo orienta la interpretación y aplicación del reglamento. Por las mismas razones no impone el deber de declarar en contra de sí mismo en asuntos penales, correccionales o de policía, respecto de lo cual sigue teniendo plena vigencia la regla constitucional exceptiva, contenida en el artículo 33 superior, que dispensa a los militares y a toda persona en general de auto incriminarse o incriminar a sus parientes más próximos en esas circunstancias.

Sin embargo, teniendo en cuenta que dentro del expediente no solamente la demandante sino también el señor procurador han entendido la norma en el sentido según el cual ella impone a los militares el deber de declarar en contra de sí mismos, lo cual redundaría en la violación de los cánones 33 de la Constitución, relativo a la garantía de no auto incriminación, y 15 ibídem, concerniente al derecho a la intimidad, la Corte se ve obligada a expulsar del ordenamiento esta posible interpretación que haría inexequible la disposición. En tal virtud, declarará la exequibilidad de la expresión “La palabra del militar será siempre expresión auténtica de la verdad”, en el entendido según el cual ella no implica el deber de auto incriminación, ni impone la violación al derecho a la intimidad.

— Por último, en relación con el cargo relativo a la presunción de veracidad que supuestamente estaría contenida en la norma, y que acarrearía el desconocimiento del derecho a la igualdad por no consagrarse la misma presunción respecto de la palabra de los demás servidores públicos, la Corte, dentro de la interpretación que ha hecho de la disposición parcialmente acusada según la cual ella se reviste de un carácter axiológico, encuentra que la frase “La palabra del militar será siempre expresión auténtica de la verdad”, expresa un ideal de conducta, un anhelo del legislador, un objetivo al que se debe tender, mas no una presunción general relativa a la veracidad de la palabra de los militares. Por lo tanto descarta la lectura que de disposición hace la demanda.

Acusación contra el artículo 33

6. Como se dijo en el acápite de antecedentes, la demandante considera que el artículo 33 de la ley acusada(19) desconoce los artículos 91 y 219 de la Constitución Política, al indicar que el subalterno debe exponer al superior las razones de su negativa a cumplir la orden respecto que la cual advierta que puede derivarse manifiestamente la comisión de una conducta punible o una infracción disciplinaria, o fiscal.

Según la acusación esta vulneración de los preceptos constitucionales se produciría por dos razones: (i) porque la disposición agregaría un nuevo elemento no previsto en la Constitución para que opere la eximente de responsabilidad de los militares por el cumplimiento de órdenes inconstitucionales, y (ii) porque la necesidad de exponer estas razones desconocería la naturaleza no deliberante de las Fuerzas Militares.

Los ministerios intervinientes rechazan las anteriores acusaciones, como también lo hace el señor procurador. No obstante, la vista fiscal solicita que la frase cuestionada se declare conforme a la Carta, siempre y cuando la expresión de las razones de la negativa sea exigible en razón de las circunstancias que rodeen la situación, pues considera que, habida cuenta las “vicisitudes de la vida militar”, es posible que en ocasiones no se dé la oportunidad real para que el inferior exponga las razones de la ilicitud de la orden superior.

7. En relación con estos cargos la Corte considera lo siguiente:

En oportunidades anteriores la jurisprudencia constitucional se ha referido al alcance de la excepción contenida en el segundo inciso del artículo 91 superior que consagra el principio de obediencia debida en materia militar y que, se recuerda, dice lo siguiente:

“ART. 91.—En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden”.

Respecto de la excepción prevista en este segundo inciso, la Corte reiteradamente ha sostenido que es indispensable que dentro de las Fuerzas Militares sea observada una disciplina estricta y se respete el orden jerárquico, por lo cual en principio deben acatarse todas las órdenes impartidas por los superiores, quienes asumirán la responsabilidad correspondiente; empero, este principio de observancia irrestricta de los mandatos no equivale a obediencia ciega o irracional. Es decir, la jurisprudencia ha rechazado como inconstitucional la obediencia absolutamente irreflexiva.

En una primera oportunidad, tomando fundamento en la libertad de conciencia que ampara el canon 18 de la Carta y los compromisos internacionales asumidos por Colombia en el respeto de los derechos fundamentales, la Corte afirmó que en ciertas circunstancias el militar subalterno podía sustraerse al cumplimiento de la orden superior; dijo en ese sentido la corporación:

“... el perentorio mandato consagrado en el artículo 16 de la Constitución vigente permite al subalterno reclamar el derecho inalienable de no ser obligado a actuar en contra de su conciencia, lo cual conduce necesariamente a distinguir, en el campo de la obediencia militar, entre aquella que se debe observar por el inferior para que no se quiebre la disciplina y la que, desbordando las barreras del orden razonable, implica un seguimiento ciego de las instrucciones impartidas por el superior.

(...).

Así, en virtud del criterio que se deja expuesto, bien podría negarse un subalterno a obedecer la orden impartida por su superior si ella consiste en infligir torturas a un prisionero o en ocasionar la muerte fuera de combate, pues semejantes conductas, por su sola enunciación y sin requerirse especiales niveles de conocimientos jurídicos, lesionan de manera abierta los derechos humanos y chocan de bulto con la Constitución.

No podría interpretarse de otra manera el concepto de orden justo, perseguido por la Carta Política, según su preámbulo, ni entenderse de modo diverso el artículo 93 constitucional, a cuyo tenor “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.

Según el Convenio de Ginebra I, del 12 de agosto de 1949, aprobado por la Ley 5ª de 1960 (D.O. 30318), que las altas partes contratantes se comprometieron a respetar y a hacer respetar “en todas las circunstancias”, existen infracciones graves, contra las cuales los Estados han de tomar oportunas medidas. Entre ellas se enuncian, a título de ejemplo, “el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente” (art. 50).

Obligado en esos términos el Estado colombiano, mediante un convenio internacional que, por otra parte, es hoy fuente interpretativa sobre el alcance de los derechos y deberes de rango constitucional (C.P., art. 93), mal podría prohijarse actualmente una concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense.

Los anteriores conceptos no deben entenderse como la posibilidad constitucional de que toda orden militar pueda ser discutida por quienes la reciben, ya que eso representaría una ruptura del concepto de autoridad, cuyo fundamento reside en la normatividad en que se apoya este fallo para sostener la obligatoriedad del servicio y la indispensable disciplina que exigen los altos fines señalados por la Constitución a las Fuerzas Armadas”(20) (negrillas fuera del original).

La posición anterior fue reiterada en la Sentencia C-225 de 1995, en la cual la Corte revisó la constitucionalidad del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra de 1949. En esa ocasión, se limitó el principio de obediencia debida en el ámbito de la disciplina militar, a la observancia de las prohibiciones recogidas por el derecho internacional humanitario:

“El artículo 4º del tratado bajo revisión no solo ordena una protección general a los no combatientes sino que, en desarrollo al artículo 3º común a los convenios de Ginebra de 1949, consagra una serie de prohibiciones absolutas, que pueden ser consideradas el núcleo esencial de las garantías brindadas por el derecho internacional humanitario.

Así, el numeral 1º prohíbe ordenar que no haya supervivientes. Por su parte, el numeral 2º literal a) señala que están prohibidos “los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal”. Los literales b), c), d) y f) de ese mismo numeral proscriben los castigos colectivos, la toma de rehenes, los actos de terrorismo, el pillaje, y la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas. Igualmente, el literal e) excluye “los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor”. Finalmente, el literal h) prohíbe la amenaza de realizar cualquiera de estos actos mencionados.

La Corte considera que estas prohibiciones encuentran perfecto sustento constitucional, pues no solo armonizan con los principios y valores de la Carta, sino que incluso prácticamente reproducen disposiciones constitucionales específicas. Así, los mandatos de los literales a) y c) coinciden con la protección a la dignidad y a la vida, y la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes establecidos por la Carta (C.P., arts. 11 y 12). Y, el literal f) sobre la esclavitud es prácticamente idéntico al artículo 17 de la Constitución.

Estas prohibiciones del derecho internacional humanitario, por su vínculo evidente y directo con la protección a la vida, la dignidad y la integridad de las personas, tienen además una consecuencia constitucional de gran trascendencia, puesto que ellas implican una relativización, en función de estos trascendentales valores constitucionales, del principio militar de obediencia debida consagrado, por el inciso segundo del artículo 91 de la Carta. En efecto, esta corporación ya había señalado que, como es necesario conciliar la disciplina castrense con el respeto de los derechos constitucionales, es inevitable distinguir entre la obediencia militar “que se debe observar por el inferior para que no se quiebre la disciplina y la que, desbordando las barreras del orden razonable, implica un seguimiento ciego de las instrucciones impartidas por el superior”(21) (negrillas fuera del original).

Posteriormente, al estudiar la constitucionalidad del artículo 15 del Decreto 85 de 1989, muy similar en su redacción a la norma ahora sub examine, la Corte reiteró la posición anterior, relativizando el principio de obediencia debida. La norma que se examinaba en esa oportunidad rezaba así:

“ART. 15.—La responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la ejecuta.

Cuando el subalterno que la recibe advierta que de su ejecución puede derivarse manifiestamente la comisión de un delito, acto contra el honor militar o falta constitutiva de causal de mala conducta, debe exponerlo así al superior. Si este insiste, el subalterno está obligado a cumplirla previa confirmación por escrito”.

Para declarar la constitucionalidad condicionada de la anterior disposición, en el entendido de que las órdenes militares violatorias de los derechos fundamentales intangibles e inescindibles de la dignidad humana no debían ser ejecutadas y que, en caso de serlo, tales órdenes no podrían ser alegadas como eximentes de responsabilidad, se vertieron los siguientes conceptos:

“Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que el inciso primero del artículo 15 del Decreto-Ley 85 de 1989, quebranta el bloque de constitucionalidad si se interpreta en sentido absoluto. En consecuencia, la Corte declarará que es exequible, siempre que se entienda que las órdenes militares violatorias de los derechos fundamentales intangibles e inescindibles de la dignidad humana (L. 137/94, art. 4º), no deben ser ejecutadas y que, en caso de serlo, tales órdenes no podrán ser alegadas como eximentes de responsabilidad.

En este evento, no se remite a duda que el militar subalterno que se abstiene de observar una orden militar que comporte la violación de los derechos fundamentales intangibles, no podrá ser objeto de sanción penal o disciplinaria”(22).

8. Ahora bien, visto todo lo anterior, que explica el por qué la norma exime al inferior del cumplimiento de las órdenes manifiestamente ilegales o inconstitucionales, debe examinarse el deber de exponer al superior las razones de la negativa a obedecer. Dicho deber de advertencia, que debiera cumplirse después de que la orden ha sido emitida pero antes de su desacatamiento, al parecer de la Corte impone una carga desproporcionada al subalterno; tal desproporcionalidad se deriva principalmente de las circunstancias fácticas en que usualmente se cumple la función militar; en efecto, las situaciones de hecho en que normalmente se imparten las órdenes militares, tales como operativos, campañas, misiones o acciones defensivas, presumiblemente hacen difícil la exposición de las aludidas razones de la negativa a acatar la orden manifiestamente ilegal o inconstitucional; además, en un plano psicológico, de la posición de inferioridad jerárquica del subalterno, educado dentro del principio de obediencia irrestricta a su superior, se deriva otra dificultad en cuanto al cumplimiento del mencionado deber de advertencia.

Así las cosas, el deber de advertencia a que hace referencia la norma demandada, que debe cumplirse para justificar la negativa a obedecer órdenes inconstitucionales o ilegales, significa la imposición de una carga excesiva a fin de poder incumplir esa categoría de órdenes. Dado que de tal cumplimiento se derivan consecuencias antijurídicas, la Corte estima desproporcionada tal exigencia, por lo cual retirará del ordenamiento jurídico la expresión “y deberá exponer al superior las razones de su negativa”, contenida en el artículo 33 acusado.

La Corte aclara que la disposición que examina, en la parte que no ha sido acusada, exime al militar de la obligación de cumplir órdenes manifiestamente ilegales o inconstitucionales; pero que si aun así decide cumplirlas, posteriormente no puede excusar su responsabilidad.

Acusación contra el numeral 1º del artículo 58 (parcial), la totalidad del numeral 10 del mismo artículo, los numerales 1º, 2º y 38 del artículo 59 y los numerales 4º, 6º y 8º del artículo 60

9. La demandante formula un cargo general contra esta serie de disposiciones, por considerar que infringen el preámbulo de la Carta, así como el artículo 1º superior que consagra el “respeto a la dignidad humana”; de otro lado afirma que vulneran “el principio de razonabilidad que se deduce de los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 11, 12, 13, y 214 de la Carta Fundamental”.

En un cargo más concreto esgrimido en relación con las expresiones acusadas del artículo 58, conforme a las cuales es falta gravísima portar, adquirir o guardar cualquier tipo de droga heroica, (sic) estupefacientes, o sustancias precursoras, así como permitir estas actividades o mantener amistad con personas vinculadas a las mismas, recordando la jurisprudencia sentada en la Sentencia C-221 de 1994(23), la demandante indica que el Estado no puede regular aquellas conductas de la persona, militar o no, que solo tienen relevancia para consigo mismo. Por razones similares considera que es inconstitucional la falta tipificada en el numeral 10 del mismo artículo, consistente en “observar una conducta depravada”, y aquellas otras relativas a “ejecutar actos contra la moral o las buenas costumbres dentro de cualquier establecimiento militar”, así como a “abusar de las bebidas embriagantes o consumir estupefacientes en instalaciones militares u oficiales”, “mantener relaciones sexuales en circunstancias que atenten contra la dignidad militar”, intervenir en “juegos de suerte o azar”, llevar a los casinos, cámaras o centros sociales militares “a personas que no correspondan a la categoría y prestigio de la institución”, u observar una conducta impropia con las personas de su núcleo familiar, conductas estas a las que se refieren los numerales 1º, 2º y 38 del artículo 59 y los numerales 4º, 6º y 8º del artículo 60 de la ley bajo examen. A su parecer, todos estos comportamientos pertenecen al ámbito personalísimo del militar, no se relacionan con la función que le corresponde cumplir y sancionarlos desconoce la dignidad humana.

Por otro lado, este grupo de normas también se acusan por describir de manera vaga e imprecisa la conducta sancionable como falta gravísima, lo cual ocasiona la vulneración de los principios de legalidad y del debido proceso. La actora manifiesta que no es claro qué cosa puede ser una “conducta depravada”, qué es “abusar” de bebidas embriagantes, cuáles son los “actos contrarios a la moral o las buenas costumbres”, o quiénes son las “personas que no correspondan a la categoría y prestigio de la institución”.

10. A pesar de que este grupo de normas han sido acusadas en bloque y cobijadas bajo una misma categoría de cargos de inconstitucionalidad, la Corte las estudiará de manera separada, o agrupadas por la similitud de la conducta a que hacen referencia. No obstante, antes de proceder a este estudio particular, aclara que el cargo general formulado en contra de este conjunto de disposiciones según el cual ellas infringen el preámbulo de la Carta, así como el artículo 1º superior que consagra el “respeto a la dignidad humana” y vulneran “el principio de razonabilidad que se deduce de los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 11, 12, 13 y 214 de la Carta Fundamental” carece de la aptitud sustancial que permita examinarlo.

En efecto, al igual que en el caso del artículo 26 arriba examinado, en la demanda no se explica por qué de los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 11, 12, 13 y 214 de la Constitución(24) se deduce el principio de razonabilidad, cuáles son los alcances de tal principio frente al grupo de normas acusadas que ahora se examina, cómo ese principio se ve vulnerado por ellas, ni de qué manera concreta lesionan la dignidad humana. Tampoco se precisa cuál es el contenido normativo de estas disposiciones superiores que resulta desconocido, por todo lo cual el cargo resulta ser vago, confuso e impreciso y, en tal virtud, inespecífico. Por todo lo anterior la Corte nuevamente se inhibe de pronunciarse frente a esta primera acusación, por ineptitud sustancial en la formulación del cargo.

11. Pasa la Corte, ahora sí, a estudiar de manera separada la constitucionalidad de las normas acusadas en este grupo, frente a las demás acusaciones que contra ella se formulan:

Por la relación que existe entre las conductas sancionadas, en primer lugar se examinará la acusación formulada en contra del numeral 2º del artículo 59 que establece la falta consistente en “abusar de las bebidas embriagantes o consumir estupefacientes en instalaciones militares u oficiales”, falta esta última que se ve agravada por cometerla “en presencia o compañía de subalternos o del público”. Inmediatamente después se estudiará el cargo esgrimido en contra del numeral 1º (parcial) del artículo 58 de la Ley 836 de 2003, que consagra las faltas gravísimas que consisten en “portar, adquirir o guardar” cualquier tipo de droga, heroína, estupefacientes o sustancia precursora, “permitir, estas actividades o mantener amistad con personas vinculadas a ellas”.

En la Sentencia C-221 de 1994(25) la Corte reconoció las facultades del legislador para regular circunstancias precisas de modo, tiempo o lugar en las cuales el consumo de sustancias estupefacientes pudiera ser considerado inadecuado o socialmente nocivo, sin que esta regulación legal implicara una vulneración a la libertad, la dignidad o a la igualdad. Estas prerrogativas fueron entendidas en esa oportunidad como una manifestación del poder de policía del Estado. Iguales facultades reconoció la sentencia en cabeza de aquellas personas a quienes compete dirigir instituciones públicas o privadas, y en tal virtud adoptan reglamentos disciplinarios o de convivencia. En efecto, sobre este asunto dijo el fallo en comento lo siguiente:

“En ese mismo orden de ideas puede el legislador válidamente, sin vulnerar el núcleo esencial de los derechos a la igualdad y a la libertad, desconocidos por las disposiciones que serán retiradas del ordenamiento, regular las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de actividades, y otras análogas, dentro de las cuales el consumo de droga resulte inadecuado o socialmente nocivo, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco. Es esa, materia propia de las normas de policía. Otro tanto cabe predicar de quienes tienen a su cargo la dirección de actividades de instituciones, públicas o privadas, quienes derivan de esa calidad la competencia de dictar reglamentos internos que posibiliten la convivencia ordenada, dentro de los ámbitos que les incumbe regir. Alude la Corte a los reglamentos laborales, disciplinarios, educativos, deportivos, etc.” (negrillas fuera del original).

De manera que en el fallo en comento la Corte reconoció expresamente que existían especiales circunstancias de lugar, de edad, o de ejercicio temporal de actividades, dentro de las cuales el consumo de drogas estupefacientes era particularmente “inadecuado” y “socialmente nocivo” y que en tal virtud podía ser regulado. Pues bien, ahora considera que una de estas circunstancias de “lugar” y de “ejercicio temporal de actividades” se presenta justamente respecto del personal militar, por lo cual el legislador bien puede establecer regulaciones al respecto, lo mismo que en lo relativo al consumo de alcohol u otra categoría de bebidas embriagantes. Es innecesario destacar que por la misión que cumplen las Fuerzas Militares y por sus funciones de defensa de la soberanía nacional y del orden constitucional (C.P., art. 217) resulta particularmente inadecuado el consumo inmoderado de drogas estupefacientes o de bebidas alcohólicas por sus miembros, no solamente cuando permanecen dentro de las instalaciones militares, sino más allá de este ámbito espacial cuando dicho consumo, aun llevado a cabo externamente, los pone en situación de pérdida, disminución o perturbación transitoria de las facultades cognitivas y sensoriales en el momento de prestar el servicio o de ejercer sus funciones. La aludida pérdida, disminución o perturbación transitoria de las facultades cognitivas y sensoriales que deviene de este consumo indica que resulta irrazonable pretender cumplir la alta misión encomendada al Ejército, la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y simultáneamente autorizar al personal militar la prestación del servicio activo o el cumplimiento de funciones bajo el efecto del consumo de tales sustancias. Recuérdese que para lograr esta misión constitucional los militares están no solo autorizados, sino también obligados a utilizar armas y equipos con gran potencialidad destructora y letal, a conducir naves y aeronaves, y en general a ejercer actividades altamente peligrosas que requieren de la plena capacidad cognoscitiva y sensorial de quienes las llevan a cabo. Más aún en circunstancias de conflicto interno armado, como aquellas por cuales infortunadamente transita la Nación, en las cuales existe la posibilidad de que las instalaciones castrenses sean atacadas intempestivamente y sea necesario repeler hostigamientos de diversa índole, dirigidos no solo en contra de la fuerza pública, sino en ocasiones contra la misma población civil que debe ser protegida por los militares.

Con base en estas consideraciones, la Corte parte de que responde a un objetivo constitucionalmente válido el regular legalmente el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes por parte del personal militar; no obstante, dicha regulación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta que no debe exceder la finalidad que persigue y admitiendo la existencia de cierto ámbito personal e íntimo del militar, así como la realidad de que, a pesar de estar en el servicio activo, no está permanentemente en el ejercicio de funciones; circunstancias estas que se tendrán en cuenta al examinar cada una de las conductas relacionadas con el consumo, porte, adquisición o almacenamiento de sustancias alcohólicas o estupefacientes por parte del personal militar, que han sido elevadas a la categoría de faltas disciplinarias dentro del reglamento que ahora se examina.

12. En primer lugar están los comportamientos a que se refiere el numeral 2º del artículo 59, consistentes en “abusar de las bebidas embriagantes o consumir estupefacientes en instalaciones militares u oficiales”, que son considerados como faltas graves por el reglamento militar. La Corte entiende que el legislador estimó que era falta grave de los militares el abusar de las bebidas embriagantes o el consumir estupefacientes “en instalaciones militares u oficiales”.

De esta manera lo sancionado como falta grave por este numeral 2º del artículo 59 es:

(i) Abusar de bebidas embriagantes en instalaciones militares u oficiales.

(ii) Consumir estupefacientes en instalaciones militares u oficiales.

La Corte detecta y tiene en cuenta que el legislador en otras disposiciones de la Ley 836 de 2003, que no fueron acusadas, tipificó otras faltas disciplinarias autónomas relacionadas también con el consumo de sustancias alcohólicas o estupefacientes; tales son la falta gravísima a que se refiere el numeral 6º del artículo 58, que consiste en “comandar, desempeñar cargos de responsabilidad, o formar parte de tripulación aérea, marítima, fluvial o terrestre o participar en comisión de orden público, en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicotrópicas que produzcan dependencia física o síquica” y la falta grave prevista en el numeral 23 del artículo 59, relativa a “concurrir o encontrarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estimulantes o estupefacientes en los actos del servicio o estando de facción”.

Así pues, en cuanto a las bebidas alcohólicas, como se dijo, el numeral 2º del artículo 59 que ahora se examina sanciona como falta grave no el consumo, sino el “abuso” de las bebidas embriagantes, dentro de las instalaciones militares. También es falta grave, de conformidad con lo establecido por el numeral 23 del mismo artículo (no acusado), el concurrir o estar en estado de embriaguez durante los actos de servicio o estando de “facción”, es decir, en un acto del servicio militar, como una guardia o una patrulla(26). Ahora bien, el consumo de alcohol, si produce embriaguez, es sancionado como falta gravísima cuando, en ese estado el militar se encuentra en circunstancias de comandar, desempeñar cargos de responsabilidad, o formar parte de tripulación aérea, marítima, fluvial o terrestre o participar en comisión de orden público.

En cuanto a los estupefacientes, el simple consumo dentro de las instalaciones militares es considerado falta grave por el numeral 2º del artículo 59 acusado; también lo es el estar bajo el efecto de estupefacientes en los actos de servicio o de “facción” (art. 59, num. 23). Y es falta gravísima estar bajo dichos efectos al “comandar, desempeñar cargos de responsabilidad, o formar parte de tripulación aérea, marítima, fluvial o terrestre o participar en comisión de orden público”.

Visto todo, el contexto normativo relativo a las faltas disciplinarias concernientes al consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, pasa la Corte a examinar la ahora acusada, contenida en el numeral 2º del artículo 59 y consistente en “abusar de las bebidas embriagantes o consumir estupefacientes en instalaciones militares u oficiales”.

13. Como se extrae de la redacción de la disposición, el simple consumo de alcohol no es sancionado cuando se lleva a cabo dentro de las instalaciones militares (donde como es sabido frecuentemente existen “casinos” o centros sociales en los que se expenden este tipo de bebidas), pero el “abuso” en el consumo en esa circunstancia de lugar sí se sanciona como falta grave.

Repárese en que la proscripción es total respecto del abuso de bebidas embriagantes y del consumo de estupefacientes dentro de instalaciones militares, aun en el evento en el cual quien lleva a cabo la conducta no está en ese momento en el cumplimiento de funciones; lo anterior, habida cuenta del peligro que para el adecuado cumplimiento de los deberes funcionales del militar (que pueden serle requeridos en cualquier momento de emergencia), o para la seguridad de las instalaciones supone el estado de embriaguez o el encontrarse bajo efectos de sustancias estupefacientes dentro de las instalaciones.

No encuentra la Corte desproporcionado ni irrazonable que el legislador tipifique como falta disciplinaria el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones castrenses. Tal abuso, conocido en el lenguaje común como “estado de embriaguez”, por razones que ni siquiera se considera necesario volver a explicar resulta particularmente incompatible con la correcta atención de los deberes funcionales del militar.

En cuanto a los estupefacientes, el solo consumo dentro de las instalaciones militares es considerado falta grave por el numeral 2º del artículo 59 acusado, sin referencias a que dicho consumo sea o no abusivo. La Corte aprecia que el legislador, en uso de su potestad de configuración legislativa, consideró que el simple consumo de drogas estupefacientes dentro de las instalaciones castrenses por parte del personal era suficiente para impedir el cumplimiento de las funciones militares en condiciones razonables de aptitud psicofísica, o para poner en peligro dicho cumplimiento adecuado, por lo cual estimó conveniente proscribirlo por completo. Al respecto la Corte considera que no resulta irrazonable la prohibición aludida, habida cuenta de los efectos comúnmente conocidos que tiene sobre el organismo humano el consumo de drogas estupefacciones (sic) que, como se dijo, hacen desaconsejable su injerencia por el personal militar en cumplimiento de funciones(27).

No obstante, destaca la Corte que por fuera de las instalaciones también resulta reprochable la injerencia abusiva de alcohol o el consumo de sustancias estupefacientes, si el militar se encuentra atendiendo sus deberes funcionales; en efecto, en estas circunstancias la conducta igualmente compromete o pone en peligro el adecuado cumplimiento de la función encomendada; por lo tanto, dichas conductas son también sancionables disciplinariamente.

Por lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones especiales del reglamento del régimen disciplinario de las Fuerzas Militares, será declarada inexequible la expresión “en instalaciones militares u oficiales”, y mantenida dentro del ordenamiento la frase “abusar de las bebidas embriagantes o consumir estupefacientes”, en el entendido según el cual la falta disciplinaria se configura dentro o fuera de las instalaciones, en este último caso cuando el abuso de las bebidas alcohólicas o el consumo de sustancias estupefacientes es llevado a cabo por el militar que se encuentra en el cumplimiento de funciones.

Finalmente, debe la Corte aclarar que el porte, la adquisición o el almacenamiento de sustancias estupefacientes para el consumo personal de las mismas dentro de las instalaciones o en actos del servicio debe entenderse igualmente proscrito. En efecto, si la finalidad de dichas conductas es el consumo de estupefacientes, deben ser entendidos como actos preparatorios de la conducta constitutiva de la falta, y por lo tanto igualmente prohibidos.

14. En relación con el tema de estupefacientes, la demandante acusa también ciertas expresiones del numeral 1º del artículo 58 conforme a las cuales es falta gravísima “portar, adquirir o guardar” cualquier tipo de droga heroica, (sic) estupefacientes, o sustancias precursoras; también se acusa la expresión “permitir estas actividades o mantener amistad con personas vinculadas a estos procederes”.

En cuanto a los tres primeros verbos descriptores de esta falta disciplinaria, es decir al porte, adquisición o almacenamiento de esta clase de sustancias, la Corte considera que lo que el legislador quiso fue proscribir estas conductas cuando se llevan a cabo con finalidad de tráfico (si se llevan a cabo con finalidad de consumo, según se dijo arriba deben quedar comprendidas dentro de la falta a que alude el num. 2º del art. 59); así pues, las conductas sancionables descritas en el numeral 1º del artículo 58 no tienen que ver con la tipificada en el numeral 2º del artículo 59, es decir con el consumo de esta clase de sustancias.

Precisado lo anterior, estima la Corte que el tráfico de estupefacientes, drogas heroicas (sic) o sustancias precursoras es una actividad que, independientemente del carácter delictual que pueda tener, por su falta de relación con la actividad castrense se erige como una conducta que afecta seriamente el cumplimiento de los deberes funcionales del militar, por lo cual no resulta desproporcionado el consagrarla como causal de falta disciplinaria. Efectivamente, dicha actividad distrae al militar del cumplimiento de sus funciones públicas, empaña la dignidad de la institución castrense minando el respeto que deben merecer los militares, y repercute por estas dos razones en el adecuado cumplimiento de la alta misión encomendada. La norma será declarada exequible, en el entendido de que las conductas no se refieren a la falta grave descrita en el numeral 2º del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, en los términos de esta sentencia.

15. En lo relativo a la expresión “permitir estas actividades”, para estudiar su constitucionalidad se hace necesario llevar a cabo una integración normativa con el resto de la disposición. En efecto, solo la lectura integral del numeral permite entender que lo que constituye falta disciplinaria es el permitir las actividades de elaborar, cultivar, suministrar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar cualquier tipo de droga heroica, (sic) estupefacientes, o sustancias precursoras.

La Corte considera que, por las mismas razones por las cuales el tráfico de sustancias psicotrópicas o estupefacientes llevado a cabo por los militares puede ser sancionado disciplinariamente, el “permitir” dichas actividades también puede ser objeto de responsabilidad disciplinaria. Dicha permisión (independientemente de la responsabilidad penal que pueda acarrear según el caso) no tiene ninguna relación con las funciones de los militares, antes bien resulta evidentemente contraria a la misión que les incumbe y perturba su adecuado cumplimiento; adicionalmente, puede llegar a comprometer las nociones de dignidad y honor militar, sobre las cuales se funda el respeto debido a la institución castrense. La norma será declarada exequible, en el entendido de que la conducta no se refiere a la falta grave descrita en el numeral 2º del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, en los términos de esta sentencia, es decir no se relaciona con la permisión del consumo personal de estupefacientes, sino con la permisión del tráfico de los mismos.

16. En lo tocante con la falta que se configura por “mantener amistad con personas vinculadas a estos procederes”, es decir por ser amigo de personas que elaboran, cultivan, suministran, trafican, venden, transportan, distribuyen, portan, adquieren o guardan cualquier tipo de drogas heroicas, (sic) estupefacientes, o sustancias precursoras, la Corte rechaza que la sola amistad con personas que cometen conductas ilícitas pueda dar lugar a la responsabilidad disciplinaria; encuentra que la disposición resulta irrazonable, pues no se limita a sancionar disciplinariamente la complicidad para el delito, el encubrimiento o la coparticipación, sino que, en una forma omnicomprensiva, sanciona a los militares por su sola relación con quienes llevan a cabo los aludidos próceres (sic).

Por todo lo anterior, la expresión “o mantener amistad con personas vinculadas a estos procederes”, contenida en el numeral 1º del artículo 58 de la Ley 836 de 2003, será retirada del ordenamiento.

17. En cuanto a la acusación que recae sobre la totalidad del numeral 10 del artículo 58 de la Ley 836 de 2003, según el cual es falta gravísima el “Observar conducta depravada”, considera la Corte que la expresión “conducta depravada” plantea dos problemas de constitucionalidad que deben ser examinados detenidamente. Uno primero es el del referente moral que emplea el legislador; el otro es el de la suficiencia (o insuficiencia) de la determinación de la conducta sancionable.

“Depravado”, en el sentido natural y obvio de la palabra, lo mismo que en la definición que de ella suministra el Diccionario de la Real Academia Española, significa “demasiado viciado en las costumbres”(28). Entonces, debe entenderse que una persona depravada es aquella cuyas costumbres están viciadas en grado sumo, es decir dominadas en muy alto grado por “vicios” o hábitos de comportamiento moralmente reprochables. Se refiere así el legislador a comportamientos muy reiterativos calificables de “malos hábitos”, pues tal cosa son los vicios. La referencia a pautas morales es obvia, por lo cual debe la Corte recordar cuál ha sido su jurisprudencia en lo relativo a la utilización de criterios morales por parte del legislador, a fin de definir situaciones jurídicas.

La incorporación legal de criterios morales ha sido objeto de estudio por parte de esta corporación en varias oportunidades, tanto en sede de constitucionalidad como de tutela. En principio, la Corte ha convalidado la noción de “moral social” como referente al cual puede acudir el legislador en determinadas situaciones para restringir ciertos derechos y libertades, o como criterio que el juez constitucional puede tener en cuenta a la hora de examinar las normas que mencionan “la moral”, las “buenas costumbres” u otra categoría de expresiones que hagan alusión a principios éticos(29). La “moral social” ha sido entendida por esta corporación como “la que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia”, añadiendo que “entendida así, la moral no es individual: lo individual es la valoración que cada uno hace de sus actos en relación con la moral social”(30).

De esta manera, de cara al examen de la falta disciplinaria consistente en “observar una conducta depravada”, la Corte no encuentra inconstitucional que el legislador acuda a criterios morales objetivos o de “moral social” para elevar a la categoría jurídica de conducta sancionable aquellos comportamientos que considere atentatorios del régimen disciplinario castrense, toda vez que la misma Constitución alude a la moralidad administrativa(31). Por eso estima que los comportamientos “depravados”, es decir usuales y reiterados en la práctica de vicios repudiados por la moral social, pueden ser rechazados por el legislador dentro de la disciplina castrense.

Empero, como la definición de faltas disciplinarias corresponde a una forma de ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado, en la cual deben observarse, mutatis mutandi, los principios de legalidad, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, responsabilidad y proporcionalidad, la utilización de estos referentes morales objetivos debe hacerse con suficiente precisión a fin de que la determinación de la conducta sancionable no irrespete los referidos principios, en especial los de legalidad y tipicidad. Y aunque en el derecho administrativo sancionador, y dentro de él el disciplinario, los principios de tipicidad y legalidad no tengan la misma rigurosidad exigible en materia penal(32), aun así el comportamiento sancionable debe ser determinable inequívocamente, como también la sanción correspondiente, como única manera de asegurar el derecho al debido proceso a que alude el artículo 29 superior. En este sentido ha dicho la corporación:

“Tanto en materia penal como disciplinaria, la garantía constitucional del principio de legalidad impone al legislador la obligación de definir previa, taxativa e inequívocamente las conductas consideradas como reprochables y las sanciones en las que incurrirá quien cometa alguna de las conductas prohibidas, pues solo de esa manera el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y democrática, protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal. Cuando ello no ocurre así, la norma en cuestión viola la Carta, bien sea porque no determine claramente la conducta reprochada, o porque no define claramente cuál es la sanción que debe imponerse o los criterios que claramente permiten su determinación. El mandato contenido en el artículo 29 de la Carta Política exige al legislador definir de manera clara, concreta e inequívoca las conductas reprobadas disciplinariamente, el señalamiento anticipado de las respectivas sanciones, el establecimiento de las reglas sustantivas y procesales para la investigación y la definición de las autoridades competentes que dirijan y resuelvan sobre la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios investigados”(33).

Así pues tratándose de la definición jurídica de comportamientos sancionables, como es el caso de las faltas disciplinarias, la inclusión de referentes morales objetivos debe revestirse de absoluta precisión. A diferencia de lo que sucede en otros casos en que el legislador utiliza referencias o criterios morales para determinar situaciones jurídicas, conceder derechos o limitarlos, eventos en los cuales estas referencias legislativas admiten cierto grado de indeterminación, cuando se trata de la actividad punitiva o sancionatoria del Estado la utilización de estas referencias debe hacerse de manera concreta y precisa, indicando cuáles son los comportamientos concretos que el legislador estima jurídicamente sancionables por ser considerados socialmente inmorales, so pena de desconocimiento de las garantías del debido proceso, especialmente de la de legalidad de las faltas y sanciones.

En el caso presente, la descripción de la conducta sancionable como falta disciplinaria carece siquiera de una mínima precisión, pues el tener costumbres viciadas o hábitos moralmente reprochables abarca una serie amplia de comportamientos, que pueden asumirse en diversos grados de reprobabilidad moral. Es decir, no solo es indeterminado el número y clase de “vicios” o comportamientos moralmente reprobables, sino que además estos comportamientos viciados admiten diversos niveles de degradación moral, de manera tal que queda al juicio de quien impone la sanción establecer cuáles son esos vicios y hasta dónde la frecuencia de ellos hace que la conducta de la persona pueda calificarse de “depravada”.

Así, por desconocer el principio de legalidad a que se refiere el artículo 29 superior, al carecer de una precisión mínima en la descripción de la conducta sancionable, la Corte retirará del ordenamiento el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 836 de 2003, según el cual es falta gravísima el “Observar conducta depravada”.

18. En cuanto a la acusación que se formula en contra del numeral primero del artículo 59, según el cual es falta grave “ejecutar actos contra la moral o las buenas costumbres dentro de cualquier establecimiento militar”, expresión sobre la cual recae el cargo general de resultar contraria al orden justo y a la dignidad humana, por regular actividades personalísimas e íntimas de los militares, además de ser indeterminada y por lo tanto vulneratoria del principio de legalidad, la Corte considera que sucede lo mismo que acontece con la disposición contenida en el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 836 de 2003, que se acaba de examinar. Es decir, la corporación estima que si bien el legislador puede elevar a la categoría de falta disciplinaria aquellos actos que repudian a la moral social entendida como “la que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia”, y proscribir estos comportamientos en el ámbito de las instalaciones militares, al hacerlo debe establecer clara y precisamente cuáles son aquellos actos “inmorales” que eleva a la categoría de falta disciplinaria. De otra manera, desacata el principio de legalidad que le impone precisar las conductas sancionables como falta disciplinaria dejando a la libre apreciación subjetiva de quien impone la sanción el decidir si un comportamiento es contrario o no a dicho concepto de “moral social” y si, en consecuencia, procede o no la sanción.

Por lo anterior, la Corte se ve obligada a declarar también la inconstitucionalidad del numeral primero del artículo 59, por desconocimiento del artículo 29 superior.

19. Algo similar sucede con el numeral 38 del artículo 59 según el cual es falta grave “Mantener relaciones sexuales en acuartelamiento, bases, buques, aeronaves y demás establecimientos militares, cuando por la forma y circunstancias en que se lleven a cabo o por su trascendencia atenten contra la dignidad militar”, disposición que, como se dijo, es acusada junto con otras bajo el argumento según el cual el Estado no puede regular aquellas conductas de la persona, militar o no, que solo tienen relevancia para consigo mismo, además de que la conducta sancionada no se relaciona con la función que le corresponde cumplir al militar y está descrita de manera vaga e imprecisa.

Al respecto, la Corte considera que nuevamente se presenta una indeterminación legislativa acerca de lo que puedan ser la “forma y circunstancias” en las cuales las relaciones sexuales atentan contra la “dignidad militar”, indeterminación que hace que no se pueda saber con precisión cuál o cuáles son los comportamientos concretos que resultan ser sancionados. También resulta en extremo impreciso el concepto de relaciones sexuales que “por su trascendencia” atenten contra la dignidad militar. De otro lado, la norma tampoco resulta clara en cuanto a si las relaciones sexuales sancionables son únicamente las públicas (que por esta cualidad tendrían aptitud de afectar la reputación del militar), o si también resultan sancionables aquellas estrictamente privadas, pero que “por su trascendencia” llegan a ser conocidas.

Todos estos interrogantes hacen que en últimas quede al juicio de quien impone la sanción, el establecer si determinados comportamientos son susceptibles o no de afectar la dignidad militar. En tal virtud, la norma tolera que se sancionen comportamientos que solo quien impone la sanción subjetivamente estima contrarios a la dignidad militar, lo cual implica el desconocimiento del principio de legalidad de las faltas. Por todo lo anterior será retirada del ordenamiento.

20. Ahora bien, la Corte aclara que la declaratoria de inexequibilidad de las tres faltas disciplinarias que acaba de examinar ((i) observar una conducta depravada, (ii) “ejecutar actos contra la moral o las buenas costumbres dentro de cualquier establecimiento militar”, y (iii) “Mantener relaciones sexuales en acuartelamiento, bases, buques, aeronaves y demás establecimientos militares, cuando por la forma y circunstancias en que se lleven a cabo o por su trascendencia atenten contra la dignidad militar”) no debe entenderse como un cambio de su jurisprudencia, que siempre ha reconocido que el comportamiento de los militares debe estar presidido por el decoro y el respeto debido a las instituciones castrenses y los derechos de terceros. En este sentido la Corte reitera ahora concretamente las consideraciones vertidas en la Sentencia C-507 de 1999, relativa a la proscripción de las prácticas sexuales dentro del seno de las Fuerzas Militares, “sean ellas de carácter homosexual o heterosexual, que se realicen de manera pública, o en desarrollo de las actividades del servicio, o dentro de las instalaciones castrenses propiamente dichas, y que por ello comprometan los objetivos básicos de la actividad y disciplina militares”. Jurisprudencia según la cual tales prácticas “deben ser objeto de las correspondientes sanciones”. Sobre este tópico, la Corte al examinar la constitucionalidad del literal d) del artículo 184 del Decreto 85 de 1989, dijo lo siguiente:

“En efecto, los actos sexuales de cualquier tipo, llevados a cabo en el ámbito de la comunidad o actividad castrenses, desbordan la esfera de amparo constitucional a la intimidad y al libre desarrollo individual, afectando derechos de terceros y resultando incompatibles con los principios que gobiernan la vida militar, los cuales deben desenvolverse en el marco de un comportamiento caracterizado por el valor, la rectitud y el decoro institucionales, condiciones esenciales para la existencia de toda fuerza pública”(34).

Ahora bien, no sobra recordar que en cuanto a la prostitución, sea que se lleve a cabo en forma pública o privada, esta práctica está expresamente prohibida dentro de las instalaciones militares, pues el numeral 11 del artículo 58 la eleva a la categoría de falta gravísima en los siguientes términos:

“ART. 58.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas:

(...).

11. Practicar la prostitución dentro de las instalaciones militares, así como propiciar tales comportamientos”.

21. Pasa la Corte a estudiar la falta leve consagrada en el numeral 4º del artículo 60, relativa a “intervenir en juegos de suerte y azar prohibidos por las normas y reglamentos o concurrir uniformado a lugares donde se verifiquen estos”, disposición acusada junto con el grupo de normas que se vienen examinando bajo los cargos generales de desconocer el derecho de defensa y los principios de legalidad y tipicidad, al no consagrar una prohibición o falta en forma clara y expresa, aparte de regular una conducta que carece de vinculación o relación directa con el ejercicio de la actividad militar y que corresponde al ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Al respecto la Corte considera que en lo relativo a la descripción imprecisa de la falta no le asiste razón a la actora. En efecto, a pesar de que en el numeral 4º del artículo 60, ahora bajo examen, no precisa completamente cuáles son los juegos de suerte y azar prohibidos a los que se conmina al militar a no intervenir o concurrir, es claro que existen dentro del ordenamiento otras normas jurídicas que sí contienen esta indicación. Así las cosas, lo que el legislador ha diseñado es un tipo en blanco, admitido por la doctrina y la jurisprudencia en materia disciplinaria, es decir una norma que aunque contiene una descripción incompleta de la conducta sancionada, remite a otras disposiciones jurídicas de cuya lectura sistemática se obtiene esta descripción precisa. Sobre esta clase de normas sancionatorias la Corte ha dicho:

“Dentro de los principios que rigen el derecho disciplinario, está sin duda el de la tipicidad, que exige que la conducta del servidor público que la ley erige como falta sea previamente definida por el legislador, así como la sanción correspondiente. En efecto, la Corte en reiterada jurisprudencia ha establecido que los principios del derecho penal general se aplican mutatis mutandi al derecho administrativo disciplinario, toda vez que los mismos son garantía de los derechos fundamentales de la persona investigada(35).

No obstante, dicho principio de tipicidad no tiene en el derecho disciplinario la misma connotación que presenta en el derecho penal, en donde resulta ser más riguroso. La razón de ser de esta diferencia, se encuentra en la naturaleza misma de las normas penales y las disciplinarias. En las primeras, la conducta reprimida usualmente es autónoma. En el derecho disciplinario, por el contrario, por regla general los tipos no son autónomos, sino que remiten a otras disposiciones en donde está consignada una orden o una prohibición. Esta diferencia ha sido comentada por la doctrina especializada en los siguientes términos:

“Las normas penales no prohíben ni ordenan nada, sino que se limitan a advertir que determinadas conductas llevan aparejada una pena. Los tipos sancionadores administrativos, por el contrario, no son autónomos sino que se remiten a otra norma en la que se formula una orden o prohibición cuyo incumplimiento supone cabalmente la infracción. Estas normas sustantivas constituyen, por ende, un pretipo, que condiciona y predetermina el tipo de la infracción. Y por ello si se quisiera ser riguroso, la descripción literal de un tipo infractor, habría de consistir en la reproducción de la orden o prohibición del pretipo con la advertencia añadida de la sanción que lleva aparejado su incumplimiento, es decir una reproducción de textos en doble tipografía”(36).

Por lo tanto la tipicidad en las infracciones disciplinarias se establece por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la orden o la prohibición y de aquella otra que de manera genérica prescribe que el incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción disciplinaria(37). Esta forma de definir la tipicidad a través de normas complementarias, es un método legislativo que ha sido denominado el de las normas en blanco. Estas consisten en descripciones incompletas de las conductas sancionadas, o en disposiciones que no prevén la sanción correspondiente, pero que en todo caso pueden ser complementadas por otras normas a las cuales remiten las primeras. Sobre los tipos en blanco, la Corte ha dicho esas descripciones penales son constitucionalmente válidas, siempre y cuando el correspondiente reenvío normativo permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y de la sanción correspondiente”(38)(39) (negrillas fuera del original).

En el caso presente la Corte encuentra que el artículo 5º de la Ley 630 de 2001 define en qué consisten los juegos de suerte y azar y el artículo 4º de la misma ley indica cuáles son los que están prohibidos o no están autorizados(40). De esta manera, es claro que dado que solo pueden explotarse los juegos de suerte y azar en las condiciones establecidas en la ley mencionada, según su régimen propio y de conformidad con su reglamento, es perfectamente posible determinar cuáles son los “juegos de suerte y azar prohibidos por las normas y reglamentos” a que hace referencia la norma bajo examen, y respecto de los cuales se eleva a la categoría de falta disciplinaria leve el hecho de “intervenir” o de “concurrir a lugares donde se verifiquen”. No existe, por lo tanto, la indeterminación en la descripción de la conducta que alega la demanda.

De otro lado, la Corte estima que la conducta descrita, contrario a lo que aduce la acusación, sí tienen una relación con los deberes funcionales de los militares, por lo cual puede ser elevada a la categoría de falta disciplinaria. Ciertamente, el intervenir públicamente en juegos de suerte y azar prohibidos por las disposiciones legales o reglamentarias es una conducta ilícita que al ser desplegada por los militares afecta la reputación no solo de quien la lleva a cabo, sino también de la institución castrense, toda vez que este estamento está llamado a observar una conducta social particularmente respetuosa del cumplimiento de la ley y de las normas jurídicas, a fin de merecer el respeto social que fundamenta la autoridad que ejerce y legitima el uso exclusivo de las armas que se le ha confiado. Por ello no es indiferente el que el militar desconozca públicamente las restricciones legales relativas a la práctica de juegos de suerte y azar, ni que avale estas prácticas ilegales con su presencia en los lugares donde estos se verifican.

Lo anterior llevaría a despachar los cargos como improcedentes y a declarar sin condicionamientos la constitucionalidad de la disposición. No obstante lo anterior, dado que el límite de la potestad sancionadora se encuentra en la afectación o amenaza de afectación del servicio, la Corte encuentra que la falta disciplinaria consagrada en el numeral 4º del artículo 60 solo se ajusta a la Carta si se entiende que el comportamiento descrito en ella es desplegado por un militar que se encuentra en servicio, es decir en el cumplimiento de funciones militares. Por lo tanto, aquellas conductas desplegadas por fuera de estas circunstancias, o en el ámbito de la vida privada del militar, no pueden ser sancionadas.

Finalmente, la Corte hace ver que los reglamentos a que se refiere la disposición no pueden determinar deberes, sino limitarse a establecer prohibiciones razonables y proporcionadas. Esta razonabilidad y proporcionalidad de las normas que establecen prohibiciones a los militares relativas a la intervención en juegos de suerte y azar impone el referido límite: la afectación de la función pública.

22. En cuanto a la acusación que recae sobre el numeral 6º del artículo 60, según el cual constituye falta leve el “llevar a los casinos, cámaras o centros sociales militares a personas que no correspondan a la categoría y prestigio de la institución” que se acusa por desconocer los principios de tipicidad, de legalidad y el derecho de defensa a que alude el artículo 29 superior, aparte de que, a juicio de la actora, se trata de una conducta que corresponde a la libre elección del militar puesto que carece de vinculación o relación exacta y directa con el ejercicio de sus funciones, la Corte considera lo siguiente:

Efectivamente, como lo denuncia la demandante, la norma resulta confusa pues no señala con precisión quiénes son las personas que no corresponden a “la categoría y prestigio”, de la institución castrense, y que en tal virtud no pueden concurrir a los centros de actividades sociales de los militares. La falta de este señalamiento preciso deja al arbitrio de quien impone la sanción disciplinaria el establecer quiénes son esas personas. Con lo anterior no solo se desconoce el principio de legalidad de las faltas recogido en el artículo 29 superior, que orienta al derecho disciplinario y que debe ser observado por el legislador, sino que, además, se tolera que al amparo de esa indeterminación se introduzcan tratos discriminatorios fundados en criterios de distinción constitucionalmente rechazados, como pueden serlo, por ejemplo, el pertenecer a determinada clase o “categoría” social.

Así pues, por desconocer los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, el numeral 6º del artículo 60 de la Ley 836 de 2003 será declarado inexequible.

23. Procede ahora la Corte a examinar la falta leve descrita en el numeral 8º del artículo 60, consistente en “incumplir las obligaciones legales u observar conducta impropia para con su núcleo familiar”, comportamientos que la demandante considera que no tienen ninguna vinculación ni relación con el ejercicio de la actividad militar, por lo cual al sancionarlos el legislador se estaría entrometiendo en asuntos personalísimos y desconociendo los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad del disciplinado.

Entiende la Corte que por la forma en que está redactada la disposición las “obligaciones legales” a que se refiere son aquellas que de manera general han sido impuestas por el legislador, es decir las que surgen ex lege para todas las personas que están en el supuesto de hecho regulado por la ley. Así pues, parece obvio que se trata de obligaciones generales, es decir que no son exclusivas de los militares.

Al parecer de la corporación, “incumplir las obligaciones legales” no es asunto que pertenezca al fuero estrictamente interno de las personas y por lo tanto cuando el legislador regula el cumplimiento de las referidas obligaciones no está desconociendo el derecho a la intimidad ni al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, según se acaba de decir, las obligaciones legales son aquellas que surgen de la ley, es decir, aquellas que el legislador ha considerado necesario imponer a las personas por alguna razón de interés general, por lo cual no se trata de asuntos que solo incumban al fuero interno de los obligados a cumplirlas.

Sin embargo, no todas las obligaciones legales generalmente establecidas tienen una relación funcional con el servicio que prestan las Fuerzas Militares. Las obligaciones tributarias, por ejemplo, o las que se consagran en las reglamentaciones de tránsito o de policía, cobijan a todos los ciudadanos, por lo que no se vinculan directamente, con la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional que compete a los militares. En tal virtud, y dado el amplísimo número de obligaciones generales que surgen de la ley, podría pensarse que la relación que debe darse entre la conducta sancionable y los deberes funcionales del servidor no es directa, por lo cual el legislador habría rebasado el objeto propio del régimen disciplinario especial de los militares. Recuérdese que según lo ha hecho ver la jurisprudencia, el régimen disciplinario especial de las Fuerzas Militares no puede incluir cualquier tipo de falta, sino únicamente aquellas estrechamente relacionadas con la función militar, es decir, aquellas cuya comisión afecta directamente el servicio público encomendado a tales fuerzas(41).

24. Empero, en oportunidades anteriores la Corte ha estudiado normas legales que consagraban faltas disciplinarias consistentes en el incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos y ha considerado que, en ciertas circunstancias de reiteración en el incumplimiento, tal conducta sí guarda una relación con los deberes funcionales del servidor, por lo que puede ser sancionada, siempre y cuando el referido incumplimiento haya sido establecido judicialmente. En efecto, en la Sentencia C-728 de 2000(42) la Corte estudió el numeral 13 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995 (antiguo CDU), que consagraba como falta disciplinaria de los servidores públicos “El reiterado e injustificado incumplimiento de sus obligaciones civiles, laborales, comerciales y de familia, salvo que medie solicitud judicial”, disposición esta que fue declarada exequible, bajo el entendido “de que la investigación disciplinaria acerca del reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones del servidor público solo podrá iniciarse con base en sentencias proferidas por las respectivas jurisdicciones, en las que se declare que un servidor público ha incumplido sus obligaciones”. Para llegar a esta conclusión, la Corte vertió los siguientes conceptos que desvirtuaron puntualmente el cargo relativo a la falta de relación de la falta disciplinaria con los deberes funcionales del servidor:

“El fin de la norma bajo examen es el de garantizar que los servidores públicos respondan al modelo del ciudadano cumplidor de sus obligaciones legales y que no lesionen la imagen pública del Estado. Detrás de este objetivo pueden encontrarse varias razones: por un lado, que los funcionarios son la representación más visible del Estado y se espera que sus actuaciones concuerden con las visiones que se proponen acerca de la colectividad política y del papel de cada uno de los asociados dentro de ella; por otro lado, que los servidores públicos son los encargados de realizar las actividades estatales en beneficio de los ciudadanos y que, en consecuencia, deben brindar con su vida personal garantía de que en el desarrollo de sus labores responderán a los intereses generales de la comunidad; de otra parte, que, en la medida de lo posible, los servidores públicos estén liberados de los inconvenientes y los trastornos que generan las continuas reyertas y desavenencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones privadas, de manera que puedan dedicarse de lleno a sus labores y que no involucren a las entidades estatales en esos conflictos; y, finalmente, que los funcionarios no se amparen en su calidad de servidores del Estado para cometer desafueros, bajo el entendido de que su condición infunde temor en los afectados por sus decisiones.

(...).

Pero, además, cabe aclarar que lo que se sancionaría disciplinariamente no sería el incumplimiento de una determinada obligación civil, comercial, laboral o de familia, sino la sistemática vulneración del orden jurídico por parte de un servidor público. Es decir, no se trataría de castigar incumplimientos determinados, sino la actitud de un funcionario de trasgresión metódica del ordenamiento. En un momento dado, la acumulación de incumplimientos de las obligaciones legales por parte de un servidor público adquiere una entidad, una sustancia propia, distinta de la de cada uno de los hechos que configuran esa invariable actitud de desacato a las normas jurídicas. Es precisamente esa conducta autónoma y propia la que podría llegar a ser sancionada...

El Estado establece un orden jurídico y los servidores públicos son los principales encargados de que impere en la vida social. Los funcionarios deben, entonces, velar por la aplicación y el cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Si ello es así, sufre gran mengua la imagen y legitimidad del Estado, cuando algún servidor público se convierte en un violador impenitente del orden jurídico. Esa conducta atenta contra el buen nombre de la actividad estatal y contra el interés de todo Estado democrático participativo de generar con los ciudadanos una relación de cercanía y confianza.

(...).

Frecuentemente, la dificultad en la aplicación del test de proporcionalidad se presenta en los pasos en los que se indaga acerca de la necesidad de la norma y de su estricta proporcionalidad (...) A primera vista podría plantearse que la norma no es necesaria porque el servidor público que no es respetuoso de sus obligaciones legales bien puede ser demandado ante las jurisdicciones en las que se debaten los respectivos incumplimientos. Si ello es así, el funcionario público que no honra sus compromisos bien puede ser condenado dentro de los procesos que se instauren ante las jurisdicciones civil, laboral, comercial o de familia. Sin embargo, esta objeción no responde al interés de la norma acusada, cual es el de velar porque los servidores del Estado respondan a un modelo de ciudadano que observa cumplidamente las normas jurídicas. Las condenas en las otras jurisdicciones no aportarían nada a este objetivo. Por el contrario, podrían generar inquietud en los ciudadanos acerca de la moralidad de los servidores públicos y de lo que se puede esperar de las entidades estatales en las que laboran individuos que incumplen sistemáticamente sus obligaciones legales.

De la misma manera, en relación con el interrogante acerca de la estricta proporcionalidad de la norma podría decirse que ella interfiere de manera excesiva sobre distintos derechos de los ciudadanos que se desempeñen como servidores públicos. En efecto, el precepto estaría imponiendo pautas de comportamiento a estos servidores, que no están en relación directa con su función laboral. La Corte considera que esta objeción sería de recibo si la norma impusiera reglas morales sobre los funcionarios, que afectaran su propio e íntimo plan de vida. Pero no es ese el caso (...) Lo que ella hace merecedor de sanción es el incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones. No se trata entonces de sancionar al servidor que alguna vez incumple sus compromisos legales, sin tener ninguna justificación para su conducta. Obsérvese que si bien el fin de la norma es lograr que los servidores públicos se orienten hacia el modelo del buen ciudadano, no exige que sean siempre y en toda ocasión —sin miramiento alguno— cumplidos con sus obligaciones, sino que no sean descaradamente irrespetuosos con sus obligaciones legales. Así, pues, el servidor público que podría llegar a ser sancionado por la incursión en esta prohibición sería aquel que es contumaz en su conducta, indiferente ante los perjuicios que le causa a los demás particulares a los que les incumple los compromisos y ante el daño que genera para la imagen de las instituciones estatales. Por lo tanto, cabe concluir que la norma demandada no constituye una interferencia exorbitante en la esfera privada de los servidores públicos, y que las restricciones que se derivan de ella están en armonía con el beneficio que se espera lograr.

(sic) esta corporación sí considera que debe hacerse una claridad acerca de la misma. En el precepto se prohíbe el reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones legales y la violación de esa prohibición puede dar lugar a una sanción. Pues bien, le asiste razón al demandante cuando se pregunta acerca de quién debe ser el que califique si el servidor público ha incurrido en incumplimiento. La Corte considera que mal puede ser la autoridad disciplinaria la que se encargue de determinar esta situación. Ello sí constituiría una vulneración de los principios del juez natural y del debido proceso. Solamente los jueces pueden determinar si una persona ha irrespetado sus compromisos legales, y para llegar a esa conclusión deben adelantar un proceso legal, en el cual se brinde al demandado el derecho de ejercer su defensa y presentar los recursos que considere pertinentes.

Por lo tanto, debe concluirse que se declarará la constitucionalidad de la norma, bajo el entendido de que la investigación disciplinaria acerca del reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones del servidor público solo podrá iniciarse con base en sentencias proferidas por las respectivas jurisdicciones, en las que se declare que el funcionario no ha dado cumplimiento oportuno a sus obligaciones legales(43)(44) (negrillas fuera del original).

En el caso que ahora se examina, el numeral 8º del artículo 60 acusado describe una falta de los militares que consiste en “incumplir las obligaciones legales”. Dado que el Código Disciplinario Único vigente contiene la falta disciplinaria consistente en “Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación”(45), la Corte entiende que por razones de igualdad, las obligaciones legales a que hace referencia el numeral 8º del artículo 60 bajo examen deben ser entendidas también como las civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas de la misma manera a los miembros de las Fuerzas Militares.

Ahora bien, por las razones que fueron expuestas en la sentencia que se acaba de transcribir, razones que ahora se reiteran, la Corte estima que este comportamiento sí tiene una relación de conexidad con los deberes funcionales de los militares. Como se ha dicho, el honor militar es un concepto relativo al buen nombre que debe lograr la institución castrense y al respeto que debe merecer por parte de los ciudadanos dada la elevada misión constitucional que le ha sido encomendada. Pero este respeto debe ser ganado mediante el comportamiento intachable de sus integrantes.

Ahora bien, como en el caso anterior, la Corte estima que no todo incumplimiento de obligaciones legales es susceptible de empañar el prestigio y buen nombre de la institución castrense, sino solo aquel que es reiterado y persistente, y que revela la desidia del funcionario frente a sus compromisos con la sociedad. Además, las mismas consideraciones hechas en la sentencia citada, relativas a la necesidad de que el reiterado incumplimiento haya sido establecido por sentencia judicial, llevan a la Corte a establecer que el numeral 8º del artículo 60, en el aparte en el que describe como falta disciplinaria el “incumplir las obligaciones legales”, resulta ajustado a la Constitución, pero solamente si se entiende que se trata de obligaciones civiles, laborales, comerciales y de familia impuestas en decisiones judiciales o en diligencias de conciliación.

En cuanto a la conducta consistente en “observar conducta impropia para con su núcleo familiar”, descrita también como falta disciplinaria en el numeral 8º del artículo 60 de la Ley 836 de 2003, la Corte aprecia una indeterminación en la descripción del comportamiento, indeterminación que desconoce el principio de legalidad recogido en el canon 29 constitucional. Efectivamente, no existe certidumbre jurídica respecto de lo que pueda entenderse por “conducta impropia”, por lo cual el legislador deja al arbitrio de quien impone la sanción el definir el asunto.

En virtud de lo anterior, por desconocimiento del principio de legalidad de las faltas a que se refiere el artículo 29 ibídem, la expresión “u observar conducta impropia para con su núcleo familiar”, contenida en el numeral 8º del artículo 60 de la Ley 836 de 2003, será retirado del ordenamiento jurídico.

Acusación contra el numeral 22 del artículo 59 de la Ley 836 de 2003

25. Este numeral es acusado de manera independiente, es decir no está cobijado por la misma categoría de cargos esgrimidos en contra del grupo de disposiciones que se acaba de estudiar. Su tenor literal, se recuerda, es el siguiente:

“ART. 59.—Faltas graves. Son faltas graves:

22. No tomar las medidas conducentes para definir su situación por sanidad, de acuerdo con las previsiones del reglamento de incapacidades e invalideces”.

Contra esta disposición la demanda aduce el cargo relativo a la vulneración del artículo 1º superior, que consagra como fundamento del Estado el respeto de la dignidad humana, así como el desconocimiento “del principio de razonabilidad que se deduce de los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 11, 12, 13 y 214 de la Carta Fundamental”; por tratarse de un cargo vago e impreciso, al no indicarse de qué manera concreta resulta vulnerada la dignidad humana, por qué razón de los artículos citados se deduce el principio de razonabilidad, en qué consiste este último y de qué forma concreta resulta vulnerado, la Corte se abstiene de pronunciarse al respecto, por ineptitud sustancial de la demanda.

En otra categoría de acusaciones, la actora indica que la norma que demanda viola el derecho a la intimidad (C.P., art. 15), el derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16) y derecho al debido proceso (C.P., art. 29). Para fundamentar estas acusaciones dice que “la norma demandada consagra una sanción para una antepuesta en peligro o una acción a propio riesgo donde el único afectado es la persona misma”, agregando que tal acción no puede ser objeto de sanción disciplinaria. Adicionalmente, afirma que la norma no define con precisión lo que debe entenderse por “definir su situación por sanidad”, razón por la cual la tipicidad es equívoca y ambivalente.

No comparte la Corte los reproches de inconstitucionalidad que formula la demanda en contra del numeral 22 del artículo 59, pues a su parecer parten de un falso supuesto, cual es el de considerar que la falta de definición del estado de salud del militar solo puede generar riesgos para él mismo, por lo cual solo a él le incumbe. Resulta apenas obvio que ello no es así, por dos razones: una primera que tienen que ver con la naturaleza misma de la función militar, que como arriba se dijo exige de adecuada aptitud psicofísica, a fin de no poner en riesgo a sí mismo y a terceros, pues dicha función implica el uso de armas, eventualmente la conducción de naves y aeronaves, el manejo de equipos, etc., actividades peligrosas todas ellas para cuyo ejercicio se requiere estar en óptimas condiciones de salud física y mental. La otra razón tiene que ver con las condiciones de convivencia social que rodean la función militar, que exige también un estado psicológico sano y la ausencia de enfermedades contagiosas. Asuntos todos estos que rebasan el fuero estrictamente personal del militar y tienen en su caso un claro interés colectivo, por lo cual deben definirse por las instancias médicas o de sanidad de las Fuerzas Militares que resulten competentes, sin que ello pueda estimarse como un atropello a la libertad o a la intimidad de los uniformados.

De otro lado, tampoco estima la Corte que resulte imprecisa la descripción de la conducta sancionable, toda vez que la norma remite a las disposiciones reglamentarias relativas a la obligaciones militares en la materia(46).

Acusación contra el numeral 35 del artículo 59 de la Ley 836 de 2003

26. Conforme a este numeral es falta grave “Hacer publicaciones sobre asuntos militares por medio de la prensa, la radio, la televisión o cualquier otro medio, sin el permiso correspondiente”, falta que la demanda estima contraria al artículo 20 superior relativo a la libertad de expresión y de información, pues al exigir la obtención de un permiso previo para hacer publicaciones sobre asuntos militares, el legislador impone una censura inadmisible en un Estado social de derecho. Adicionalmente, sostiene la acusación que la expresión “asuntos militares” es demasiado amplia, y no necesariamente se refiere a aspectos donde está en juego la integridad y seguridad nacionales.

Al respecto la Corte considera lo siguiente: el artículo 20 de la Constitución Política garantiza a todas las personas la libertad de pensamiento, opinión y expresión, así como el derecho de informar y recibir información veraz e imparcial. El segundo inciso de esta disposición, en relación concreta con el derecho de informar, indica que “no habrá censura”.

De su parte, la Convención americana sobre derechos humanos(47) en su artículo 13 regula la libertad de pensamiento y expresión, libertad dentro de la cual considera incluido el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por cualquier medio. El numeral 2º de dicha norma internacional se refiere también a proscripción de la censura previa, en los siguientes términos:

“2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas” (resalta la Corte).

Por otro lado, el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos(48) en su artículo 19 se refiere a las libertades de opinión, expresión e información de la siguiente manera:

“ART. 19.—

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2º de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

Al tenor del artículo 93 de la Carta Política, los tratados y convenios internacionales que hubiere aprobado el Congreso y ratificado el ejecutivo mediante los cuales se reconozcan derechos humanos y se prohíba su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. En tal virtud, la norma legal ahora bajo examen debe ser confrontada con lo prescrito por el artículo 13 de la Convención americana sobre derechos humanos y con el artículo 19 del Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos.

27. En anteriores pronunciamientos la Corte ha destacado la importancia de la libertad de expresión dentro de un régimen democrático como el que adopta la Constitución que nos rige, por cuanto dicha libertad construye la base de una verdadera democracia participativa(49). No obstante, también ha estimado que, a pesar de la importancia preferente y amplia de esta libertad para la referida construcción de un Estado democrático y participativo, el derecho a informar y a ser informado no es absoluto ni carece de límites. En este sentido, por ejemplo, en la Sentencia C-073 de 1996(50) la Corte sostuvo que la Constitución no impedía que el Estado contemplara requisitos para recibir, manejar, difundir, distribuir o transmitir informaciones, ni que estableciera restricciones o limitaciones para proteger los derechos de terceros o con el objeto de preservar el interés colectivo(51). En el mismo orden de ideas, es decir reconociendo el carácter no absoluto del derecho a informar y a ser informado, en la Sentencia C-010 de 2000(52) se hizo ver cómo el mismo derecho podía ser restringido para los propósitos señalados en el Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, es decir para proteger los derechos de los demás o la seguridad nacional. Se dijo entonces:

“El carácter preferente de las libertades de expresión, información y de prensa no significa, sin embargo, que estos derechos sean absolutos y carezcan de límites. Así, no solo no existen en general derechos absolutos sino que, en particular, la libertad de expresión puede colisionar con otros derechos y valores constitucionales, por lo cual, los tratados de derechos humanos y la Constitución establecen que ciertas restricciones a esta libertad son legítimas. Así, conforme a la Convención interamericana y el Pacto de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, este derecho puede ser limitado para asegurar (i) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o para (ii) la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Por ello, esta corporación ha también admitido, ciertas restricciones a la libertad de expresión a fin de proteger y asegurar, en ciertos casos concretos, otros bienes constitucionales, como el orden público o los derechos a la intimidad o al buen nombre”.

Ahora bien, en el pronunciamiento en cita, respecto del concepto de censura previa se dijo que se trataba de una medida de control preventivo consistente en que las autoridades, por diversas razones, impidieran u obstaculizaran la emisión de un mensaje o la publicación de un determinado contenido, restricción que en principio estaba proscrita por la convención interamericana. La censura es, dijo el fallo, “una medida de control preventivo puesto que la emisión o publicación queda sujeta a una autorización precedente de la autoridad”.

En cuanto a las restricciones a la libertad informativa que podrían resultar ajustadas a dicha convención, se estimó lo siguiente:

“... una restricción es conforme a la convención interamericana si consiste en una forma de responsabilidad posterior, pues la censura previa se encuentra prohibida. Además, debe tratarse de una causal que se encuentre previamente prevista en la ley, de manera clara y taxativa, y que sea necesaria para proteger los fines previstos por la propia convención, a saber, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.

(...).

... las limitaciones, basadas en la imposición de responsabilidades ulteriores por la violación de prohibiciones previas, no constituyen censura previa y se encuentran claramente autorizadas por la convención interamericana, siempre y cuando representen medidas necesarias para defender ciertos bienes constitucionales. Es más, este tratado precisamente exige que toda restricción a la libertad de expresión haya sido previa y claramente definida en la ley, como un requisito de seguridad jurídica, que refuerza la protección a esta libertad, en la medida en que evita castigos ex post facto en este campo. Una cosa es entonces una prohibición previa, pero que genera responsabilidades ulteriores, que es legítima, y otra diversa es la censura previa de una publicación o de una emisión radial, que se encuentra proscrita por la Constitución y la convención interamericana.

(...).

La libertad de expresión puede ser restringida para proteger el orden público. Pero, para que la limitación sea legítima, es menester que, en los términos de la Corte Interamericana, la restricción no solo se ajuste estrechamente al logro de ese objetivo sino que, además, sea aquella que límite en menor escala la libertad de expresión”.

En similar sentido al de la anterior providencia, en la Sentencia T-505 de 2000(53) se dijo que se aplicaba la censura “siempre que los agentes estatales, so pretexto del ejercicio de sus funciones, verifican el contenido de lo que un medio de comunicación quiere informar, publicar, transmitir o expresar, con la finalidad de supeditar la divulgación de ese contenido a su permiso, autorización o previo examen —así no lo prohíban—, o al recorte, adaptación, adición o reforma del material que se piensa difundir”.

28. De otro lado la Corte también observa que nuestra Constitución admite que ciertas actividades de las autoridades puedan mantenerse bajo reserva.

Así, por ejemplo, el artículo 136 superior prohíbe al Congreso y a cada una de sus cámaras “exigir al gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones de carácter reservado”. Por su parte, el artículo 144 ibídem indica que “las sesiones de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento”(54). En similar sentido el artículo 228 de la Carta, referente al ejercicio de la función judicial, indica que “La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley”. Por otro lado, las actuaciones y la información que reposa en documentos públicos(55) puede ser objeto de reserva y de restricciones de difusión general. Así lo establece el artículo 74 de la Constitución al indicar que “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”.

29. Vistas las normas constitucionales e internacionales relativas a la libertad de expresión y a sus límites, así como la jurisprudencia precedentemente sentada relativa a la prohibición de censura previa y a las condiciones en las cuales las restricciones a la libertad de información son aceptables según la normatividad internacional que obliga a Colombia, es necesario precisar el alcance del numeral 35 del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, según el cual es falta grave “hacer publicaciones sobre asuntos militares por medio de la prensa, la radio, la televisión o cualquier otro medio, sin el permiso correspondiente”.

Al parecer de la Corte, dicho numeral pretende regular la libertad de los militares de informar y el derecho correlativo a ser informado, pero solamente en una materia que es la relativa a los “asuntos militares”. La regla indica que constituye una falta grave el hacer publicaciones sobre tales asuntos por medio de la prensa, la radio, la televisión o cualquier otro medio, “sin el permiso correspondiente”. Aunque la disposición no dice expresamente que se requiere permiso previo para proceder a hacer las publicaciones sobre asuntos militares, la preposición “sin” que utiliza el legislador insinúa esa consecuencia. De esta manera, debe concluirse que, en virtud de lo que el numeral 35 del artículo 59 de la Ley 836 de 2003 dispone, está prohibido bajo apremio de sanción por falta grave el que los militares hagan publicaciones sobre “asuntos militares”, sin obtener previamente un permiso para proceder a ello.

Lo anterior, a juicio de la Corte, plantea dos interrogantes de cara a la constitucionalidad de la disposición: (i) uno primero se refiere al alcance de la expresión “asuntos militares”; (ii) el otro es el de sí el permiso exigido equivale a una forma de censura previa rechazada por la Constitución y las normas internacionales en cita, o si se justifica por alguna otra razón de índole constitucional especial.

— En cuanto al alcance de la expresión “asuntos militares”, la Corte encuentra que ella no puede ser entendida como todo tópico concerniente a la organización, funcionamiento o actividades de los militares, pues ciertamente la prohibición general de informar sobre tales asuntos sin permiso previo, si así se entendiera, resultaría del todo desproporcionada e innecesaria. Repárese, por ejemplo, en que existen actividades deportivas, sociales, artísticas y culturales de los militares, u otras relacionadas con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, respecto de las cuales no habría un motivo que razonablemente aconsejara impedir su difusión.

Adicionalmente, entiende la Corte que la prohibición de hacer publicaciones sobre “asuntos militares” sin permiso previo no hace relación a publicaciones destinadas a proteger posibles violaciones a los derechos humanos, como tampoco hace referencia a la divulgación de infracciones penales o administrativas por parte del personal militar. De igual manera tampoco concierne a publicaciones que pretendan preservar o proteger la moralidad pública.

Así, ciertamente no existe una razón suficiente para someter a control una amplia gama de informaciones relativas a temas castrenses, por lo cual la expresión “asuntos militares” debe ser entendida como referente a aquellas actividades sometidas a reserva constitucional o legal, o aun no sometidas a tal reserva, que realicen las Fuerzas Militares tendientes directa o indirectamente a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad, la tranquilidad o la salubridad colectivas, a mantener la integridad del territorio, la independencia y soberanía nacionales o a asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden constitucional. Así mismo, la Corte entiende que la prohibición comprende la proscripción constitucional de asumir actitudes deliberantes o de intervención en asuntos políticos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 219 de la Constitución Política.

— En cuanto al problema de si el permiso exigido para hacer publicaciones sobre “asuntos militares” (entendidos según se acaba de precisar) equivale a una forma de censura previa rechazada por la Constitución y las normas internacionales en cita, o si está justificado por alguna razón constitucional, la Corte estima lo siguiente:

Prima facie pareciera que la prohibición constitucional de censura previa es absoluta. A esta conclusión se arriba a partir de las siguientes circunstancias: (i) el artículo 20 de la Constitución dice escuetamente “no habrá censura”, sin introducir modulaciones a esta prohibición general, incondicional e intemporal; (ii) el numeral 2º del artículo 13 de la Convención americana sobre derechos humanos indica que el ejercicio de la libertad de información “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”; (iii) la jurisprudencia de esta corporación parece haber corroborado lo anterior, pues ha sostenido que “una restricción es conforme a la convención interamericana si consiste en una forma de responsabilidad posterior, pues la censura previa se encuentra prohibida”(56).

Empero, el entendimiento según el cual la prohibición de censura previa es absoluta (y que por lo tanto cobija la posibilidad de emitir información relativa a los asuntos militares que, en tal virtud no podría ser objeto de controles previos), puede constituir una interpretación que deje huérfana de protección una serie de propósitos constitucionalmente tan importantes como la misma garantía de la libertad de información.

En efecto, conforme lo hace explícito el artículo 2º de la Constitución, son fines esenciales del Estado “defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Por su parte, el artículo 217 ibídem señala que “las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. De la lectura sistemática de estas dos disposiciones resulta obvio que la obtención de este fin esencial del Estado compete directamente a las Fuerzas Militares.

No hacen falta extensas consideraciones para explicar que la función militar de defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial y del orden constitucional en ocasiones requiere no solo del uso de las armas y de la fuerza, sino, más allá de ello, del diseño de estrategias y del despliegue de actividades de inteligencia que, por su propia naturaleza, son asuntos reservados, cuya divulgación pública compromete seriamente la efectividad de las acciones de los uniformados. Por ello es válido afirmar que, en no pocas circunstancias, no sería posible garantizar la finalidad constitucional encomendada a los militares si todos los asuntos relacionados con sus actividades pudieran ser libremente publicados, generando tan solo responsabilidades ulteriores, aun si estas estuvieran legalmente predeterminadas. Es decir, es de la esencia de la función militar el que algunas de sus actividades se mantengan reservadas hasta el momento de su ejecución, pues sin esta característica de reserva tales funciones pierden su aptitud para el logro del fin constitucional al que se dirigen.

Empero, la norma bajo examen no prohíbe de manera general hacer publicaciones concernientes a asuntos militares, sino que solamente sanciona el hacerlo sin previo permiso. Al parecer de la Corte, aunque dicho permiso se asemeja a una forma de censura, en el presente caso aparece constitucionalmente justificado por estas razones:

(i) Una primera es la relativa al hecho de que no todos los asuntos militares, ni siquiera si son entendidos en la forma en que fue precisados anteriormente, merecen reserva. Ciertamente puede haber algunos cuya divulgación pública sea irrelevante para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional, el orden público o el orden constitucional. Incluso, en algunos casos puede considerarse conveniente la difusión de actividades militares dirigidas directamente a esos fines(57). No obstante, la definición relativa a cuáles asuntos militares deben ser reservados es un aspecto que rebasa las posibilidades legislativas del Congreso de la República y que, por razones técnico operativas, debe ser decidido en cada caso concreto por quienes dirigen las operaciones militares. Además, esa definición legal previa y general de cuáles asuntos puntuales serian reservados en materia militar podría estimarse invasiva de las facultades ejecutivas de “dirigir la fuerza pública” (C.P., art. 189, num. 3º). Así pues, por la naturaleza de los asuntos militares no es posible definir legalmente de manera general y previa cuáles de estos asuntos pueden ser objeto de publicación por los medios masivos de comunicación. Y si el legislador prohibiera de manera general a los uniformados hacer toda suerte de publicaciones concernientes a asuntos militares, en vez de someter esa publicación a previo permiso, introduciría una restricción a la libertad de información mucho mayor que la que opera en virtud de lo dispuesto por la norma acusada cuando exige ese aval anterior.

(ii) Las normas internacionales citadas anteriormente reconocen de manera expresa que la libertad de expresión puede limitarse por razones concernientes a la protección de la soberanía nacional o el orden público, asuntos estos encomendados por la Constitución de manera especial a la institución castrense, y por lo tanto calificables como “asuntos militares” según la precisión hecha en las líneas anteriores.

(iii) La interpretación aislada y absoluta del artículo 20 superior que consagra la proscripción constitucional de toda forma de censura previa podría llevar a sostener que, incluso en materias militares implicadas con la defensa de la soberanía nacional, la integridad del territorio, el régimen constitucional o el orden público, no sería posible la exigencia de previos permisos a los uniformados para proceder a hacer publicaciones sobre asuntos castrenses. Sin embargo, esta interpretación aislada del artículo 20 toleraría el entorpecimiento de las funciones constitucionales de la fuerza pública, directamente asociadas con las finalidades esenciales del Estado. Como no es posible admitir que en una disposición superior el constituyente entorpece el logro de los más importantes fines del Estado, la Corte considera que es necesario conciliar la libertad de expresión de los militares en lo relacionado con la publicación de los asuntos militares a los cuales tienen acceso en virtud de la función pública que cumplen, con la necesidad de garantizar el logro de los aludidos fines constitucionales superiores.

En ejercicio de su función de guardiana de la Constitución, al estudiar la constitucionalidad de las leyes la Corte debe precisar si su sentido y alcance desarrolla de la mejor manera los postulados superiores. Para ello debe tener en cuenta toda la Constitución en su integridad, eludiendo la hermenéutica descontextualizada de normas aisladamente consideradas. Debe, por lo tanto, hacer una lectura de la preceptiva superior que integre todas las disposiciones, a fin de obtener un entendimiento sistemático y coherente del estatuto fundamental. Ahora, si bien las normas relativas a los derechos fundamentales sientan principios de interpretación general del ordenamiento, y de manera particular el artículo 20 relativo a la libertad de información es preferente como fundamento para la construcción de un Estado democrático y participativo, la aplicación de esta disposición debe permitir la efectividad del artículo 2º superior, inscrito en el capítulo de principios fundamentales, y referente a los fines esenciales del Estado, entre los cuales se encuentran la defensa de la independencia nacional, la integridad territorial y la convivencia pacífica, directamente encomendados a las Fuerzas Militares. La integración de esta doble categoría de valores y principios —la libertad de expresión y el derecho preferente a la información, de un lado, y de otro la necesidad de alcanzar los aludidos fines esenciales del Estado, que exige la reserva en la divulgación de los asuntos militares— lleva a la Corte a concluir que se ajusta a la Constitución el que la norma bajo examen, esto es el numeral 35 del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, disponga que está prohibido bajo apremio de sanción disciplinaria por falta grave el que los militares hagan publicaciones sobre asuntos militares, sin obtener previamente un permiso para proceder a ello. Ahora bien, entiende la Corte, como arriba se dijo, que son asuntos militares solamente aquellas actividades sometidas a reserva constitucional o legal o que aun sin estar sometidas a ella realizan las Fuerzas Militares con el objetivo directo o indirecto de prevenir o detener perturbaciones a la seguridad, la tranquilidad o la salubridad colectivas, mantener la integridad del territorio, la independencia y soberanía nacionales o a asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden constitucional; adicionalmente entiende que la prohibición de hacer publicaciones sobre “asuntos militares” sin permiso previo no hace relación a publicaciones destinadas a proteger posibles violaciones a los derechos humanos, como tampoco hace referencia a la divulgación de infracciones penales o administrativas por parte del personal militar. De igual manera tampoco concierne a publicaciones que pretendan preservar o proteger la moralidad pública; finalmente, la prohibición tampoco cobija actividades deportivas, sociales, artísticas y culturales de los militares, u otras relacionadas con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

A juicio de la corporación, dado que la prohibición de hacer publicaciones sobre temas militares sin autorización previa está contenida en el reglamento del régimen disciplinario para las Fuerzas Militares, el permiso a que alude la disposición debe ser concedido al miembro de dichas fuerzas que pretende hacer la publicación, por inmediato superior que tenga competencia para ello y, por lo tanto, no es una autorización que deban obtener los medios de comunicación, sino los mismos militares interesados en hacer tales publicaciones. Entiende también la Corte que el solicitar el permiso requerido no obliga también a revelar las fuentes de la información.

Finalmente, la Corte recuerda que, independientemente de la responsabilidad disciplinaria que pueda derivarse para el militar por el hecho de hacer publicaciones no autorizadas sobre asuntos militares, dicho comportamiento también puede originar la responsabilidad penal a que alude el artículo 149 del Código Penal militar, que contienen el tipo denominado “Revelación de secretos”(58).

Acusación contra el numeral 1º del artículo 60

30. Se acusa también el numeral 1º del artículo 60, según el cual es falta leve “incumplir sin causa justificada compromisos de carácter pecuniario”; disposición que a juicio de la actora desconoce el derecho a la igualdad, por cuanto respecto de los demás servidores públicos la falta castigada es “Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia o impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencias de conciliación” (CDU, L. 734/2002, art. 35, num. 11), de manera tal que la norma aplicable a los militares es más severa que la general, sin justificación alguna.

La demanda compara el tipo disciplinario del régimen militar con otro semejante contenido en el numeral 11 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 35.—Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de conciliación”.

La expresión resaltada fue declarada inexequible por esta corporación en pronunciamiento contenido en la Sentencia C-949 de 2002(59). En dicho fallo el cargo esgrimido aducía que el numeral 11 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 vulneraba la Constitución Política, por sancionar disciplinariamente al servidor público por conductas que eran del resorte de su vida privada y no estaban relacionadas con el ejercicio de sus funciones. La Corte hizo ver que la disposición, a su vez, era similar a la estudiada en la Sentencia C-728 de 2000 en donde la corporación se pronunció sobre el numeral 13 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995 (antiguo CDU), que consagraba como falta disciplinaria de los servidores públicos “El reiterado e injustificado incumplimiento de sus obligaciones civiles, laborales, comerciales y de familia, salvo que medie solicitud judicial”. Disposición esta que fue declarada exequible, bajo el entendido “de que la investigación disciplinaria acerca de reiterado e injustificado incumplimiento de las obligaciones del servidor público solo podrá iniciarse con base en sentencias proferidas por las respectivas jurisdicciones, en las que se declare que un servidor público ha incumplido sus obligaciones”. Para llegar a esta conclusión, la Corte vertió las consideraciones que se comentaron en este mismo pronunciamiento (ver supra).

En la Sentencia C-949 de 2002(60) la Corte sostuvo que en el numeral 11 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 el legislador había vuelto a tipificar la conducta antes descrita en el numeral 13 del artículo 41 de la Ley 200 de 1995, “pero incorporando la condición establecida por el Tribunal Constitucional, es decir, elevó a rango legal la condición impuesta en la Sentencia C-728 de 2000”. Y reiterando la jurisprudencia antes sentada, declaró la constitucionalidad del numeral 11 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, salvo la expresión “o administrativas” que se retiró del ordenamiento al estimarse que las decisiones administrativas podían ser objeto de controversia judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, por lo cual su incumplimiento era diferente al incumplimiento reiterado e injustificado de decisiones judiciales, asunto este sobre el cual existía cosa juzgada material.

De todo el recuento jurisprudencial anterior pueden extraerse las conclusiones anteriores:

— La Corte ha encontrado que el incumplimiento reiterado o sistemático de obligaciones legales por parte de los servidores públicos mengua la imagen y legitimidad del Estado, por lo cual no resulta desproporcionado elevar tal incumplimiento a la categoría de falta disciplinaria.

— Sin embargo, la Corte ha estimado también que el reiterado incumplimiento de obligaciones legales que puede dar lugar a una investigación disciplinaria debe estar demostrado con base en sentencias proferidas por las jurisdicciones civil, laboral, comercial o de familia en las que se declare que un servidor público ha incumplido sus obligaciones.

Al parecer de la corporación, los anteriores precedentes deben ser tenidos en cuenta para efectos de examinar la constitucionalidad del numeral 1º del artículo 60 de la Ley 836 de 2003, según el cual es falta leve “incumplir sin causa justificada compromisos de carácter pecuniario”.

Como se dijo, el cargo aducido en la presente oportunidad tiene que ver con el desconocimiento del derecho a la igualdad, por la distinta manera en la cual el legislador regula como falta disciplinaria el incumplimiento de obligaciones. Al respecto, las semejanzas y diferencias que detecta la Corte entre la norma del Código Disciplinario Único (CDU) y la contenida en el numeral 1º del artículo 60, son las siguientes:

— En el CDU las obligaciones a que se refiere la norma son las “civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación”. En el numeral 1º del artículo 60, ahora bajo examen, son los “compromisos de carácter pecuniario”.

— En uno y otro caso el incumplimiento debe ser “injustificado”.

— En el CDU el incumplimiento debe ser reiterado.

No obstante, debe tenerse en cuenta que en el reglamento disciplinario de los militares, el numeral 8º del artículo 60 acusado describe otra falta también leve de los militares que consistente en “incumplir las obligaciones legales”, la cual fue examinada precedentemente.

Así las cosas le asiste razón a la demandante cuando afirma que en la Ley 836 de 2003 regula de manera más estricta la responsabilidad disciplinaria de los militares por el incumplimiento de obligaciones no relacionadas directa o inmediatamente con los deberes funcionales del servidor. En efecto, los militares, aparte de ser sancionados en general por el incumplimiento injustificado de obligaciones legales de toda clase, es decir cualquiera que emane de la ley, resultan también sancionados por no atender oportunamente sus compromisos de carácter pecuniario, es decir las obligaciones dinerarias emanadas bien de la ley, bien de acuerdos con particulares. Frente a esta situación los servidores públicos no militares resultan sancionados solamente por el reiterado e injustificado incumplimiento de obligaciones “civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación”, espectro menos amplio que el general incumplimiento de las “obligaciones legales” y las dinerarias de cualquier índole.

En tal virtud, para dar aplicación al principio constitucional de igualdad, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “incumplir sin causa justificada compromisos de carácter pecuniario, bajo el entendido según el cual dicha expresión se refiere a las obligaciones civiles, laborales o de familia. Y, reiterando nuevamente su jurisprudencia, considera que el incumplimiento que puede dar lugar a la apertura de una investigación disciplinaria solamente es aquel que consta en sentencias judiciales ejecutoriadas o en diligencias de conciliación.

Acusación contra el numeral 19 del artículo 60

31. El numeral 19 del artículo 60 de la Ley 836 de 2003 prescribe que es falta leve dentro del régimen disciplinario de los militares el “demandar explicaciones al superior sobre el fundamento de una orden, reconvención u observación”. La acusación afirma que esta disposición infringe el valor de la justicia consagrado en el preámbulo de la Carta Fundamental y en su artículo 2º, además del canon 91 constitucional, por cuanto “la obediencia debida en actividades militares no es en modo alguno ciega y mecánica”, por lo cual si la orden es contraria al ordenamiento superior o a la ley, “el inferior está autorizado y obligado para demandar del superior explicaciones al respecto”. Pero como la norma prohíbe esta posibilidad, deja al inferior —dice la demandante— sin mecanismo de defensa frente a una eventual investigación penal o disciplinaria, lo cual vulnera el principio de justicia. Respeto de esta acusación la vista fiscal estima que el pedir explicaciones frente a órdenes de cuya ejecución no pueda derivarse la comisión de una conducta punible podría generar un ambiente de polémica y debate inconveniente dentro del contexto de la actividad militar.

Al parecer de la Corte la norma que ahora se examina tiene un claro soporte en lo dispuesto por el artículo 91 de la Constitución(61), que consagra en principio de obediencia debida en materia militar, el cual se comentó anteriormente dentro de esta misma sentencia. Como se dijo, dicho principio implica que dentro de las Fuerzas Militares sea observada una disciplina estricta y se respete el orden jerárquico, por lo cual en principio deben acatarse sin discusión todas las órdenes impartidas por los superiores, quienes asumirán la responsabilidad correspondiente.

Sin embargo, como se hizo ver arriba, ha sido sentado por esta corporación(62) que el principio de obediencia debida no equivale al de obediencia ciega o irreflexiva, por lo cual en ciertas circunstancias el militar subalterno puede sustraerse al cumplimiento de la orden superior. Como se dijo, la jurisprudencia ha limitado dicho principio en el ámbito de la disciplina militar a la observancia de las prohibiciones recogidas por el derecho internacional humanitario. Por ello, las órdenes militares violatorias de los derechos humanos intangibles no deben ser ejecutadas y, en caso de serlo, no pueden ser alegadas como eximentes de responsabilidad.

Recordado lo anterior, se pregunta la Corte si el deber de abstenerse de ejecutar órdenes violatorias de derechos humanos o de la dignidad humana justifica constitucionalmente que, frente a una orden de esta naturaleza, el inferior pueda demandar explicaciones al superior. Entiende la Corte que esta demanda de explicaciones pretende aclarar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que debe ser ejecutada la orden, a fin de que el subalterno tenga claridad en cuanto a la misma. Dentro de este contexto, es decir inscrita en el momento en el cual la orden aparentemente inconstitucional ha sido proferida pero todavía no ha sido ejecutada, la Corte estima que resulta válida la posibilidad de demandar explicaciones, posibilidad que contribuye a sopesar con el superior la juridicidad de la acción antes de proceder a su ejecución. No obstante, dado que el principio de obediencia debida es la regla general sobre la que se fundan la disciplina y respeto del orden jerárquico, columnas vertebrales de la institución militar, esta posibilidad de demandar explicaciones debe ser absolutamente excepcional y restringida al evento de órdenes inconstitucionales por posible violación de derechos fundamentales o de la dignidad humana. Por fuera de este evento no caben demandas de explicación sobre órdenes, reconvención u observaciones provenientes del superior militar.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Corte declarará la exequibilidad del numeral 19 del artículo 60 de la Ley 836 de 2003 que prescribe que es falta leve dentro del régimen disciplinario de los militares el “demandar explicaciones al superior sobre el fundamento de una orden, reconvención u observación”, bajo el entendimiento según el cual la solicitud de explicaciones solo puede proceder, antes de su ejecución, en el caso de órdenes violatorias de derechos humanos.

Acusación contra el numeral 22 del artículo 60

32. El numeral 22 del artículo 60 que erige como falta disciplinaria leve el “denunciar temerariamente al superior”. La demandante considera que la disposición desconoce el principio de igualdad, pues el legislador no dispone que sea falta disciplinaria el denunciar temerariamente al inferior. El señor procurador en este punto coadyuva la demanda y pide que se declare la constitucionalidad condicionada de la norma, el sentido según el cual también se aplica al superior cuando procede de igual manera respecto del inferior. Entra la Corte a examinar el anterior cargo.

La denuncia, entiende la Corte con fundamento en lo dispuesto por la ley penal, es la comunicación que se hace a las autoridades competentes sobre la comisión de un hecho punible. Constituye un deber ciudadano al cual se refieren expresamente el artículo 27 de la Ley 600 de 2000 —CPP—(63) y el artículo 221 de la Ley 522 de 1999 —CPM—(64).

Al parecer de la Corte, la disposición que se acusa inhibe a la persona denunciante de su deber de colaborar con la justicia, cuando se trate de poner en conocimiento de las autoridades los hechos punibles cometidos por su superior. Esta inhibición proviene del temor a las posibles represalias que pueda tomar el superior al verse denunciado por el inferior, quien está en condición de especial sujeción; el denunciante sería objeto de la iniciación de acción disciplinaria si se estimase por su propio superior que la denuncia fue temeraria. En últimas la norma afecta el principio de imparcialidad, pues sería el mismo superior denunciado el llamado a ejercer la acción disciplinaria por denuncia temeraria formulada en su norma. Por lo anterior la norma será retirada del ordenamiento, por desconocer el numeral 7º del artículo 95 de la Constitución, relativo al deber de colaborar con la justicia, así como el 209 ibídem, concerniente al principio de imparcialidad en el ejercicio de la función pública.

No obstante lo anterior, la Corte recuerda que la denuncia temeraria, esto es la que se formula sin fundamento, puede dar origen a la comisión de un delito castigado por la ley penal o la ley penal militar(65). Así, una vez establecida la comisión de estos delitos mediante sentencia judicial ejecutoriada, sí es posible derivar de esa conducta una responsabilidad disciplinaria, que devendría de la aplicación del numeral 30 del artículo 58 del reglamento bajo examen, según el cual es falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o abusando del mismo.

Acusación contra los numerales 46 del artículo 59 y 60 del artículo 60 de la Ley 836 de 2003

33. Los numerales 46 del artículo 59 y 60 del artículo 60 establecen que son faltas disciplinarias “ocultar al superior, intencionalmente, irregularidades o faltas cometidas contra el servicio, o tratar de desorientarlo sobre la realidad de lo sucedido” (art. 59, num. 46) y “ocultar al superior irregularidades administrativas” (art. 60, num. 60).

La demanda sostiene que desconocen el artículo 33 de la Constitución Política por cuanto obligan a que el uniformado confiese en contra suya las irregularidades o faltas cometidas en ejercicio de sus funciones, con lo cual se produce la vulneración del principio de no auto incriminación y el “derecho al encubrimiento”. La vista fiscal aboga por la declaración de exequibilidad, pues considera que las conductas descritas son evidentemente infracciones a las obligaciones militares.

Al parecer de la Corte, cuando el legislador sanciona el “ocultar irregularidades”, o el tratar de “desorientar” al superior “sobre la realidad de lo sucedido”, no obliga directamente a confesar faltas personales, sino a ser veraz en la denuncia de otra clase de situaciones que no constituyen propiamente faltas del militar. Empero, especialmente cuando se refiere a ocultar intencionalmente “faltas cometidas contra el servicio”, la norma puede ser interpretada en el sentido según el cual dichas faltas no son solamente las ajenas, sino también las personales del militar. En esta interpretación la disposición resultaría inconstitucional por desconocimiento de la garantía constitucional de no auto incriminación.

La Corte debe recordar nuevamente (ver supra) que la garantía constitucional de no auto incriminación opera dentro de circunstancias específicas, cuales son las declaraciones que deben producirse en asuntos penales, correccionales y de policía. En efecto, en diversos pronunciamientos(66) la jurisprudencia ha explicado que la interpretación histórica del artículo 33 superior lleva a concluir que esta garantía solo tiene aplicación dentro del contexto de la actuación punitiva del Estado, de la cual forma parte la potestad disciplinaria. Frente a esta realidad constitucional, estima que como el numeral 46 del artículo 59 de la Ley 836 de 2003 puede ser interpretado en el sentido según el cual es una falta disciplinaria grave el ocultar intencionalmente al superior las faltas personales cometidas contra el servicio, se hace necesario condicionar su exequibilidad en el sentido según el cual la disposición no implica el deber de auto incriminación.

Cosa similar sucede con el resto de expresiones utilizadas por el legislador en el numeral 60 del artículo 60, conforme el cual es falta disciplinaria “ocultar al superior irregularidades administrativas”. Dado que la norma puede ser interpretada en el sentido según el cual tales irregularidades son las propias faltas disciplinarias, se declarará exequible con el mismo condicionamiento anterior.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES los siguientes artículos o expresiones contenidas en los artículos de la Ley 836 de 2003.

— El numeral 4º del artículo 60, siempre y cuando se entienda que el militar que despliega la conducta se encuentra en servicio.

— El numeral 22 del artículo 59.

2. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y deberá exponer al superior las razones de su negativa”, contenida en el artículo 33 de la Ley 836 de 2003.

3. Declarar EXEQUIBLE la expresión “abusar de las bebidas embriagantes o consumir estupefacientes” contenida en el numeral 2º del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, siempre y cuando se entienda que la falta disciplinaria se configura cuando la conducta es llevada a cabo por el militar que se encuentra en cualquier sitio, en el cumplimiento de funciones. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “en instalaciones militares u oficiales” y EXEQUIBLE la frase “Esta falta tendrá como agravante el hacerlo en presencia de subalternos o del público”, contenidas en el mismo numeral.

4. Declarar EXEQUIBLE la expresión “portar, adquirir o guardar” contenida en el numeral 1º del artículo 58 de la Ley 836 de 2003, bajo el entendido según el cual la conducta no se refiere a las faltas graves de que trata el numeral 2º del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, en los términos de esta sentencia.

5. Declarar EXEQUIBLE la expresión “permitir estas actividades”, contenida en el numeral 1º del artículo 58 de la Ley 836 de 2003, en el entendido según el cual la conducta no se refiere a la falta grave descrita en el numeral 2º del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, en los términos de esta sentencia. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “o mantener amistad con personas vinculadas a estos procederes”, contenida en el mismo numeral.

6. a) Declarar EXEQUIBLE la expresión “asuntos militares” contenida en el numeral 35 del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, en el entendido según el cual no comprende los temas relativos a la violación de los derechos humanos y a las infracciones penales o administrativas; b) Declarar EXEQUIBLE la expresión “sin el permiso correspondiente” contenida en el mismo numeral en el entendido según el cual no puede implicar desconocimiento del artículo 219 de la Constitución Política, ni de las demás prohibiciones constitucionales y legales, y c) Declarar EXEQUIBLE el resto del numeral 35 del artículo 59 de la Ley 836 de 2003.

7. a) Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “incumplir las obligaciones legales”, contenida en el numeral 8º del artículo 60 de la Ley 836 de 2003, solamente si se entiende que se refiere a las obligaciones civiles, laborales o de familia impuestas en decisiones judiciales ejecutoriadas o admitidas en diligencias de conciliación, y b) Declarar INEXEQUIBLE la expresión “u observar conducta impropia para con su núcleo familiar”.

8. Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “incumplir sin causa justificada compromisos de carácter pecuniario” contenida en el numeral 1º del artículo 60 de la Ley 836 de 2003, bajo el entendido según el cual ella se refiere a las obligaciones civiles, laborales, o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencias de conciliación”.

9. Declarar la EXEQUIBILIDAD del numeral 19 del artículo 60 de la Ley 836 de 2003, bajo el entendimiento según el cual la solicitud de explicaciones solo puede proceder, antes de su ejecución, en el caso de órdenes aparentemente violatorias de derechos humanos.

10. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y a reconocer con entereza de carácter los errores y faltas cometidas”, contenida en el artículo 25 de la Ley 836 de 2003.

11. Declara EXEQUIBLE la expresión “La palabra del militar será siempre expresión auténtica de la verdad” contenida en el artículo 26 de la Ley 836 de 2003, bajo el entendido según el cual ella no implica el deber de auto incriminación, ni impone la violación al derecho a la intimidad.

12. Declarar INEXEQUIBLE el numeral 10 del artículo 58, los numerales 1º y 38 del artículo 59 y los numerales 6º y 22 del artículo 60 de la Ley 836 de 2003.

13. Declarar EXEQUIBLE el numeral 46 del artículo 59 de la Ley 836 de 2003, en el entendido según el cual la disposición no implica el deber de auto incriminación.

14. Declarar EXEQUIBLE el numeral 60 del artículo 60 de la Ley 836 de 2003, en el entendido según el cual la disposición no implica el deber de auto incriminación.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(5) M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(6) El artículo 175 de la Ley 200 de 1995 establecía que en los procesos disciplinarios que se adelantaban contra los miembros de la fuerza pública se aplicarían las normas sustantivas contenidas en sus respectivos estatutos disciplinarios especiales con observancia de los principios rectores y por el procedimiento señalado en el Código Disciplinario Único, es decir señalaba que el régimen disciplinario único de los militares comprendía únicamente las reglas sustantivas sobre faltas y sanciones, más no el régimen procedimental que sería el mismo general contenido en el Código Disciplinario Único. La Ley 836 de 2003, aquí demandada, que contiene el nuevo régimen disciplinario para las Fuerzas Militares, incluye las normas especiales de procedimiento aplicables para efectos de imponer las sanciones por las faltas disciplinarias que en él se describen.

(7) Sentencia C-620 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(8) Cfr. Constitución Política, artículo 209.

(9) Cfr. Sentencia C-252 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(10) Cfr. entre otras, las sentencias T-438 de 1992, C-195 de 1993, C-244 de 1996 y C-280 de 1996.

(11) ART. 56.—Noción. Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la realización de cualquiera de las conductas o comportamientos previstos como tal en el presente reglamento, que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y atribuciones, transgresión de prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el presente ordenamiento.

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-246 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.

(13) Samper, José María. “Derecho público interno de Colombia”. Editorial Temis. Bogotá, 1982.

(14) Sentencia C-622 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.

(15) Sentencia C-769 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(16) Estos artículos definen los principios fundamentales del Estado colombiano, sin mencionar particularmente el de proporcionalidad o razonabilidad (arts. 1º y 2º); establecen la primacía de los derechos inalienables de la persona y la protección de la familia como base de la sociedad (art. 5º); la responsabilidad de los particulares por el desconocimiento de la ley y la de los servidores públicos por la misma razón y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (art. 6º); la inviolabilidad del derecho a la vida y la proscripción de la pena de muerte (art. 11), así como de la desaparición forzada y las torturas, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 12); el derecho a la igualdad (art. 13) y, finalmente, las reglas constitucionales relativas a los estados de excepción (art. 214).

(17) Cfr., entre varios, los autos de Sala Plena 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En dichas oportunidades la Corte, al resolver el recurso de súplica presentados por los actores, confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por no presentar razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.

(18) Cfr. Sentencia C-1052 de 2001.

(19) Su texto, se recuerda, es el siguiente, dentro del cual se resalta el aparte parcialmente acusado:

“ART. 33.—Responsabilidad de la orden. La responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la ejecuta.

Cuando el subalterno que la recibe advierta que de su ejecución puede derivarse manifiestamente la comisión de una conducta punible, la infracción disciplinaria o fiscal, el subalterno no está obligado a obedecerla y deberá exponer al superior las razones de su negativa”.

(20) Sentencia T-409 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(21) Sentencia C-225 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(22) Sentencia C-578 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(23) M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(24) Estos artículos definen los principios fundamentales del Estado colombiano, sin mencionar particularmente el de proporcionalidad o razonabilidad (arts. 1º y 2º); establecen la primacía de los derechos inalienables de la persona y la protección de la familia como base de la sociedad (art. 5º); la responsabilidad de los particulares por el desconocimiento de la ley y la de los servidores públicos por la misma razón y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (art. 6º); la inviolabilidad del derecho a la vida y la proscripción de la pena de muerte (art. 11), así como de la desaparición forzada y las torturas, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 12); el derecho a la igualdad (art. 13) y, finalmente, las reglas constitucionales relativas a los estados de excepción (art. 214).

(25) M.P. Carlos Gaviria Díaz, S.V. de Hernando Herrera Vergara, José Gregorio Hernández Galindo, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa.

(26) Cfr. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Ed. Espasa. 2001, pág. 698.

(27) Recuérdese que por fuera de las instalaciones militares el consumo de drogas estupefacientes también es sancionado. En efecto es falta grave estar bajo el efecto de estupefacientes en los actos de servicio o de facción (art. 59, num. 23). Y es falta gravísima estar bajo dichos efectos al “comandar, desempeñar cargos de responsabilidad, o formar parte de tripulación aérea, marítima, fluvial o terrestre o participar en comisión de orden público”.

(28) Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Ed. Espasa, 2001.

(29) En la Sentencia C-814 de 2001 se hizo un recuento de varios casos en los cuales la Corte aceptó la utilización legal del concepto de “moral social”. La misma sentencia que se viene comentando recordó que no solo la jurisprudencia ha aceptado la inclusión legal de criterios morales, sino que también la legislación internacional lo ha hecho para efectos de autorizar la restricción de ciertos derechos y libertades públicas.

(30) Sentencia C-224 de 1994.

(31) Conforme al artículo 209 superior la función pública debe cumplirse de conformidad con el principio de moralidad.

(32) Esta menor rigurosidad se manifiesta, por ejemplo, en que en el derecho administrativo sancionador se admiten los tipos penales “en blanco” o no autónomos, en donde la tipicidad se obtiene de la lectura de varias normas que deben ser leídas sistemáticamente para establecer exactamente en qué consiste la conducta proscrita.

(33) Sentencia C-653 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(34) Sentencia C-507 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(35) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-438 de 1992, C-195 de 1993, C-708 de 1999, C -280 de 1996, entre otras y Corte Suprema de Justicia, Sentencia 17 del 77 de marzo de 1985, M.P. Manuel Gaona Cruz.

(36) Nieto García, Alejandro. Derecho administrativo sancionador. Editorial Tecnos. Madrid, 1994, pág. 298. Citado por Jaime Ossa Arbeláez en Derecho administrativo sancionador. Ed. Legis, Bogotá, 2000.

(37) Cfr. Ossa Arbeláez, Jaime. Derecho administrativo sancionador. Ed. Legis, Bogotá, 2000, pág. 273.

(38) Cfr. Sentencias C-127 de 1993 y C-599 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(39) Sentencia C-404 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(40) Ley 630 de 2001. ART. 5º—“Definición de juegos de suerte y azar. Para los efectos de la presente ley, son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará si acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza, por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad.

Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente por hacerlo, y que ofrecen como premio un bien o servicio, el cual obtendrá si se acierta o si se da la condición requerida para ganar.

Están excluidos del ámbito de esta ley los juegos de suerte y azar de carácter tradicional, familiar y escolar, que no sean objeto de explotación lucrativa por los jugadores o por terceros, así como las competiciones de puro pasatiempo o recreo; también están excluidos los sorteos promocionales que realicen los operadores de juegos localizados, los comerciantes o los industriales para impulsar sus ventas, las rifas para el financiamiento del cuerpo de bomberos, los juegos promocionales de las beneficencias departamentales y los sorteos de las sociedades de capitalización que solo podrán ser realizados directamente por estas entidades.

En todo caso los premios promocionales deberán entregarse en un lapso no mayor a treinta (30) días calendario.

Los juegos deportivos y los de fuerza, habilidad o destreza se rigen por las normas que les son propias y por las policivas pertinentes. Las apuestas que se crucen respecto de los mismos se someten a las disposiciones de esta ley y de sus reglamentos.

PAR.—El contrato de juego de suerte y azar entre el apostador y el operador del juego es de adhesión, de naturaleza aleatoria, debidamente reglamentado, cuyo objeto envuelve la expectativa de ganancia o pérdida, dependiendo de la ocurrencia o no de un hecho incierto.

Para las apuestas permanentes los documentos de juego deberán ser presentados al operador para su cobro, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del sorteo; si no son cancelados, dan lugar a acción judicial mediante el proceso verbal de menor y mayor cuantía, indicado en el capítulo primero del título XXIII del Código de Procedimiento Civil. El documento de juego tiene una caducidad judicial de seis (6) meses”.

Ley 630 de 2001. ART. 4º—“Juegos prohibidos y prácticas no autorizadas. Solo podrán explotarse los juegos de suerte y azar en las condiciones establecidas en la ley de régimen propio y de conformidad con su reglamento. La autoridad competente dispondrá la inmediata interrupción y la clausura y liquidación de los establecimientos y empresas que los exploten por fuera de ella, sin perjuicio de las sanciones penales, policivas y administrativas a que haya lugar y el cobro de los derechos de explotación e impuestos que se hayan causado.

Están prohibidas en todo el territorio nacional, de manera especial, las siguientes prácticas:

a) La circulación o venta de juegos de suerte y azar cuya oferta disimule el carácter aleatorio del juego o sus riesgos;

b) El ofrecimiento o venta de juegos de suerte y azar a menores de edad y a personas que padezcan enfermedades mentales que hayan sido declaradas interdictas judicialmente;

c) La circulación o venta de juegos de suerte y azar cuyos premios consistan o involucren directa o indirectamente bienes o servicios que violen los derechos fundamentales de las personas o atenten contra las buenas costumbres;

d) La circulación o venta de juegos de suerte y azar que afecten la salud de los jugadores;

e) La circulación o venta de juegos de suerte y azar cuyo premio consista o involucre bienes o servicios que las autoridades deban proveer en desarrollo de sus funciones legales;

f) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar cuando se relacionen o involucren actividades, bienes o servicios ilícitos o prohibidos, y

g) La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar que no cuenten con la autorización de la entidad o autoridad competente, desconozcan las reglas del respectivo juego o los límites autorizados.

Las autoridades de policía o la entidad de control competente deberán suspender definitivamente los juegos no autorizados y las prácticas prohibidas. Igualmente deberán dar traslado a las autoridades competentes cuando pueda presentarse detrimento patrimonial del Estado, pérdida de recursos públicos o delitos”.

(41) Cfr. Sentencia C-620 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(42) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(43) En la Sentencia C-657 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, se llegó a una conclusión similar. En el proceso se trataba de determinar si era constitucional una norma de la Ley 311 de 1996, que determinaba que si el DAS certificaba que un servidor público tenía obligaciones alimentarias pendientes, el nominador o empleador debía desvincularlo prontamente, so pena de ser sancionado. La Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo con el argumento de que ella le confería rango de sentencia judicial a una simple certificación del DAS que no podía ser controvertida por el afectado. Con ello se vulneraba el derecho de los afectados al debido proceso.

(44) Sentencia C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(45) Ley 734 de 2002, artículo 35, numeral 11. La disposición fue declarada exequible por esta corporación, salvo la expresión “o administrativas” que se declaró INEXEQUIBLE.

(46) El Decreto 1796 de 2000 regula la evaluación de la capacidad psicofísica y la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional. El decreto contiene norma relativas a las circunstancias en las cuales deben practicase exámenes de aptitud psicofísica al personal de las Fuerzas Militares.

(47) Suscrita en Costa Rica en 1969 y aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.

(48) Celebrado en New York el 16 de diciembre de 1966, aprobado por la Ley 74 de 1968, ratificado por Colombia desde el 29 de octubre de 1969 y en vigor para nuestro Estado desde el 23 de marzo de 1976.

(49) Cfr., entre otras, las sentencias C-073 de 1996, C-488 de 1993, C-1172 de 1991, C-010 de 2000, C-1147 de 2001.

(50) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(51) Las anteriores consideraciones fueron vertidas para justificar la constitucionalidad de una normatividad legal (L. 182/95, art. 25, par.) que contenía regulaciones aplicables a quienes reciben, captan, graban, procesan, transmiten, difunden o distribuyen señales incidentales de televisión vía satélite mediante la instalación y uso de antenas o estaciones terrestres, comúnmente denominadas antenas parabólicas.

(52) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(53) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(54) Ley 5ª de 1992. ART. 86.—“Sesiones reservadas. Solo serán reservadas las sesiones de las cámaras y sus comisiones cuando así ellas lo dispongan, a propuesta de sus mesas directivas, o por solicitud de un ministro o de la quinta parte de sus miembros, y en consideración a la gravedad del asunto que impusiere la reserva. A esta determinación precederá una sesión privada, en la cual exprese el solicitante los motivos en que funda su petición. Formulada la petición de sesión reservada, el presidente ordenará despejar las barras y concederá la palabra a quien la haya solicitado. Oída la exposición, el presidente preguntará si la corporación o comisión quiere constituirse en sesión reservada. Contestada la pregunta afirmativamente, se declarará abierta la sesión y se observarán los mismos procedimientos de las sesiones públicas. Si se contestare negativamente, en el acta de la sesión pública se dejará constancia del hecho.

El secretario llevará un libro especial y reservado para extender las actas de esta clase de sesiones, y otro para las proposiciones que en ella se presenten. En el acta de la sesión pública solo se hará mención de haberse constituido la corporación en sesión reservada. Las actas de las sesiones reservadas se extenderán y serán aprobadas en la misma sesión a que ellas se refieren, a menos que el asunto deba continuar tratándose en otra u otras sesiones similares, caso en el cual el presidente puede resolver que se deje la aprobación del acta para la sesión siguiente”.

(55) De conformidad con lo prescrito por el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, documento público es el otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención, llamándose instrumento público si consiste en un escrito autorizado o suscrito por él.

(56) Sentencia C-010 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(57) V. gr. durante el gobierno del Presidente Andrés Pastrana, él mismo consideró conveniente y divulgó por todos los medios de comunicación, incluida la televisión pública, que las Fuerzas Militares, en un plazo breve, iniciarían la ocupación de la llamada “zona de distensión”.

(58) Ley 522 de 1999. Código Penal Militar. ART. 149.—Revelación de secretos. El miembro de la fuerza pública que revele documento, acto o asunto concerniente al servicio, con clasificación de seguridad secreto, o ultrasecreto, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años.

Si la revelación fuere de documento, acto o asunto clasificado como reservado, el responsable incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.

(59) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(60) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(61) “Constitución Política. ART. 91.—En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden”.

(62) Cfr. Sentencias C-409 de 1992, C-225 de 1995 y C-578 de 1995.

(63) ART. 27.—Deber de denunciar. “Toda persona debe denunciar a la autoridad las conductas punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente”.

(64) “ART. 221.—Deber de denunciar. Salvo las excepciones establecidas en este código, quien tenga conocimiento de la ocurrencia de un delito que deba ser investigado por la justicia penal militar, debe denunciarlo inmediatamente a la autoridad”.

(65) La Ley 522 de 1999 —CPM— en su artículo 141 consagra el delito de calumnia en los siguientes términos:

“ART. 141.—Calumnia. El que impute falsamente a otro militar o policía un hecho punible relacionado con sus deberes militares o policiales, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de dos (2) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.

Por su parte, el Código Penal —L. 559/2000— consagra en sus artículos 221, 435 y 436 los delitos de calumnia, falsa denuncia y falsa denuncia contra persona determinada así:

“ART. 221.—Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 435.—Falsa denuncia. El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de dos (2) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 436.—Falsa denuncia contra persona determinada. El que bajo juramento denuncie a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de dos (2) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

(66) Cfr., entre otras, las sentencias C-246 de 1997, C-622 de 1998, C-776 de 2001, C-422 de 2002 y C-1287 de 2001.

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