Sentencia C-432 de agosto 19 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1980

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal d) del artículo 2º de la Ley 425 de 1998

Actor: Luis Giovanny Barbosa Becerra

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia

Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de las normas acusadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política.

2. Necesidad de que la Corte interprete las normas cuya constitucionalidad examina. El sentido jurídico del literal acusado. Autonomía del Banco de la República como autoridad monetaria. La decisión plasmada en la norma cuya inconstitucionalidad se demanda no corresponde a la función de emitir moneda.

La función de control constitucional, confiada a esta corporación por el artículo 241 de la Carta, implica no sólo que ella fije el alcance y las consecuencias de los postulados, valores y mandatos constitucionales, sino que, respecto de cada una de las normas que examina, bien por la vía de la acción pública, ya que por la automática de revisión, o por lo que se plantea con motivo de objeciones presidenciales por inconstitucionalidad, o por los mecanismos de examen previo, exige que la Corte determine sin género de dudas el significado y sentido de lo dispuesto en ellas, que es precisamente lo que confronta con la normatividad superior. Es decir, tiene que interpretarlas, con miras al adecuado cumplimiento de su tarea; la razón indica que a la evaluación jurídica propia del juicio de constitucionalidad preceda, como algo indispensable, la definición del tribunal constitucional acerca de la manera como éste entiende la regla de derecho sometida a su escrutinio.

En el presente caso, es cabalmente el adecuado entendimiento de la norma legal, interpretada dentro de su contexto y a partir del telos buscado por el legislador al expedirla, lo que lleva a la Corte a sostener, por las razones que adelante se expresan, su plena sujeción a la Carta Política, ya que, en criterio de esta corporación, en su genuino alcance el precepto deja plenamente a salvo la autonomía del bando de emisión.

No podría el Congreso, ni siquiera en virtud de una ley de honores, señalar a la autoridad monetaria la fecha en la cual deba efectuarse una emisión monetaria ni tampoco el día exacto en que deba principiar la circulación de billetes, y menos todavía definir cuál habrá de ser su cantidad, ni la denominación del numerario objeto de aquélla.

Lo que sí está dentro de las atribuciones legislativas, sin que signifique invasión de las estrictamente monetarias —propias, intransferibles e inalienables del Banco de la República— es señalar los diversos modos tangibles de expresión de un homenaje público. Uno de ellos puede consistir en la extraordinaria inclusión gráfica, con carácter honorífico, de una efigie, un mapa, un nombre, una pintura o una fotografía, entre otros objetos, en la moneda que el Banco de la República emita en ejercicio de sus competencias.

Así, la disposición ahora acusada tiene un alcance exacto e incontrovertible, que nadie podría entender como la decisión de emitir, en el sentido económico del término.

De los antecedentes del precepto, de su origen y de su mismo texto se deduce sin dificultad que constituye apenas una de las varias manifestaciones legislativas de un homenaje institucional que se agota en lo simbólico y que en modo alguno trasciende al campo del ejercicio de la autoridad monetaria. Lo que pretendió el Congreso fue, nada más, exaltar la memoria del ilustre ciudadano Jorge Eliécer Gaitán y plasmar su figura como modelo de conducta para las generaciones futuras. Y un buen medio para ello está constituido por la impresión de la imagen física del homenajeado en algunos de los billetes que la entidad competente ponga en circulación.

La Corte reitera lo que ha expresado en varias ocasiones sobre las funciones del Banco de la República, su autonomía e independencia:

“El Banco de la República es la entidad del Estado a la que se confía de manera exclusiva la función de emitir la moneda legal. Comprende esta competencia la producción y destrucción de las especies que constituyen la moneda legal, el retiro de billetes y de moneda metálica y la provisión de billetes y monedas metálicas, tareas que cumple con sujeción a las normas legales que expide el Congreso (C.P., art. 15-13) con el propósito de determinar la moneda legal, su convertibilidad y alcance liberatorio. El Banco de la República, en ejercicio de la anotada función, suministra el numerario que demanda el desarrollo normal de la economía. La misión esencial del Banco Central de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, se opone a las emisiones inflacionarias.

(...).

El constituyente estructuró al Banco de la República como entidad estatal de carácter independiente y autónomo, organizada como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeta a un régimen especial (C.P., art. 371). El Banco de la República como aparato al servicio de un imperativo funcional como es el de velar “por la moneda sana” ha querido ser sustraído de la influencia determinante de otros órganos, en especial de los de origen político, con lo cual se pretende relievar su cometido preponderantemente técnico y de largo plazo. El diseño de un aparato independiente es una prueba irrefutable del indicado designio del constituyente, ya que él no se justifica sino en términos teleológicos, que se desvirtuarían si se inscribiera en el campo del gobierno, como quiera que allí quedaría sujeto a la suprema autoridad administrativa del Presidente de la República”. (Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-529 del 11 de noviembre de 1993, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

“Para la corporación, en el campo monetario, el Banco de la República constituye un aparato puesto al servicio de un imperativo funcional que consiste en velar “por la moneda sana”, lo que motiva que su función, eminentemente técnica, haya sido sustraída “de la influencia determinante de otros órganos, en especial de los de origen político”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-469 del 19 de octubre de 1995, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

De conformidad con lo dicho, no puede el Congreso ordenar emisiones de moneda, pues si lo hiciera actuaría en el campo que corresponde exclusivamente al Banco Central y, por tanto, vulneraría no sólo los artículos 371 y 372 de la Constitución, que establecen en cabeza del banco el ejercicio de la autoridad monetaria, sino también el 113 ibídem, a cuyo tenor las ramas y órganos del poder público, sin perjuicio de su armónica colaboración para el logro de los fines estatales, tienen funciones separadas, y el 136, numeral 1, de la Carta, que prohíbe al Congreso y a cada una de sus cámaras inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.

Empero, considera la Corte que, con base en lo arriba anotado, no encajando la función cumplida por el legislador en este caso dentro del ámbito económico ni específicamente en el monetario, y correspondiendo en cambio al legítimo deseo de recordar a un personaje histórico en el cincuentenario de su asesinato, el marco constitucional de la norma atacada no es el contemplado en los aludidos artículos sino el de la atribución prevista, como propia del Congreso, por el artículo 150, numeral 15, de la Constitución, que consiste en “decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria”.

La norma ordena al Banco de la República diseñar, emitir y poner en circulación billetes que lleven la imagen del Dr. Jorge Eliécer Gaitán.

En realidad, pese a la utilización de la palabra, el literal demandado no está ordenando una emisión de moneda en el sentido económico del término. Como puede observarse, no establece un monto que deba entrar, por su ministerio, al torrente monetario ni tampoco estipula el número ni la denominación de los billetes en que se plasme la figura del caudillo con el propósito de efectuar dicho homenaje, pues justamente ha dejado que será la autoridad monetaria la que determine lo pertinente. Y en cuanto a la fecha incorporada en la norma, no es otra que la del 9 de abril, día en que se cumplen los cincuenta años del magnicidio, y necesario punto de referencia para la conmemoración. De ningún modo puede tomarse como fecha tope para una emisión de circulante. De ningún modo puede tomarse como fecha tope para una emisión de circulante. Lo que su literalidad implica, con el contexto de la ley, es el señalamiento del día a partir del cual, por cumplirse el aniversario del magnicidio de manera exacta, puede el Banco de la República hacer oportuna cualquiera de las emisiones que ordene para testimoniar la admiración de la colectividad al líder inmolado.

Si ello es así, el Congreso se ha limitado a cumplir su tarea —la de dictar una norma de honores respecto de un destacado colombiano— y el Banco de la República conserva la integridad de sus atribuciones, como autoridad monetaria, en cuanto a la definición de los aspectos de esa índole. Que la efigie que aparezca en los billetes sea la de Jorge Eliécer Gaitán o la de otro personaje histórico es algo que no tiene incidencia en los aspectos propiamente financieros, ni afecta la expansión o contracción de la moneda.

Se declarará su exequibilidad.

(...).

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