Sentencia C-435 de septiembre 12 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

SOCIEDADES CIVILES

RÉGIMEN UNIFICADO CON LAS SOCIEDADES COMERCIALES

EXTRACTOS: «Han sido demandados ante la Corte los artículos 1º (parcial) y 238 (parcial) de la Ley 222 de 1995, que dicen (se subraya lo demandado):

“LEY NÚMERO 222 DE 1995

(Diciembre 20)

Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República,

DECRETA:

TÍTULO I

Régimen de sociedades

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

(...).

ART. 1º—Sociedad comercial y ámbito de aplicación de esta ley. El artículo 100 del Código de Comercio quedará así:

ART. 100.—Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esta calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles.

Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil”.

(...).

ART. 238.—Incorporación. Para los efectos previstos en el artículo primero de esta ley las sociedades civiles dispondrán de un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la misma para ajustarse a las normas de las sociedades comerciales.

La obligación de registro a que alude el artículo 30 de la presente ley, respecto de las situaciones de control o grupo empresarial existentes a la fecha de vigencia de la presente ley, deberá cumplirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha citada”.

(...).

2. La unidad temática de las leyes y la reforma de códigos.

La normatividad acusada, que se inscribe dentro del objeto señalado por la ley en su encabezamiento, consistente en modificar el libro II del Código de Comercio, referente a las sociedades comerciales, determina que tanto ellas como las civiles, con independencia de su objeto, estarán sujetas a la legislación mercantil (último inciso del art. 100 del C. Co., reformado por el 1º de la L. 222/95) y dispone que, para tales efectos, las sociedades civiles existentes gozarán de un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la ley para ajustarse a las normas de las sociedades comerciales (inc. 1º, art. 238 ibídem).

Como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corte, es parte esencial de la función legislativa confiada al Congreso la de reformar la legislación preexistente (art. 150, num. 1º, de la Constitución) y, por supuesto, la de modificar las disposiciones que integran los códigos en todos los ramos de la legislación (ibídem. num. 2º).

Nada obsta, entonces, para que el Congreso, en pleno uso de sus atribuciones, dicte nuevas leyes por medio de las cuales introduzca los necesarios cambios en el ordenamiento jurídico que viene rigiendo, sin que al desempeño de esa función puedan señalarse límites distintos de los que consagra la propia Constitución Política.

La Corte, en reciente sentencia, fijó así las características primordiales de lo que se entiende por “código”:

“En consonancia con lo expresado, esta corporación considera que para que un cuerpo normativo pueda ser calificado como un código debe cumplir por lo menos con los dos requisitos siguientes:

a) Que el cuerpo normativo trate una materia determinada en una forma completa, integral y sistemática. Es decir, no cabe pensar que se está en presencia de un código cuando el texto en análisis deja muchos temas sin resolver, o cuando coexisten con él un gran número de normas que se ocupan de la misma materia, sin que en este último caso dicho cuerpo legal disponga que esas normas se consideran parte integrante del mismo;

b) Que exista una manifestación de voluntad por parte del poder legislativo para que un cuerpo legal sea elevado a la categoría de código. La Corte ha expresado ya en varias ocasiones (ver supra) que no todas las sistematizaciones normativas constituyen un código. También se han elaborado fórmulas que contribuyen a diferenciar los códigos de los estatutos y de las recopilaciones. Sin embargo, subsisten aún situaciones en las cuales los criterios diferenciadores no son suficientes para resolver las dudas. Esta corporación estima que en estos casos se ha de recurrir a la cláusula general de competencia que en materia legislativa contempla la Constitución a favor del Congreso. Esta competencia comprende la de que el legislativo puede determinar qué campos legales de reserva, elevándolos a la categoría de códigos, de manera que únicamente él pueda decidir sobre la aprobación, derogación o modificación de leyes determinadas. Dado que los códigos constituyen “una técnica legislativa”, como es de aceptación general, es lógico que sea el órgano encargado de dictar las leyes el que precise cuál de éstas configura un código, concluyéndose entonces que en los casos en los que el Congreso no resuelve darle esta calidad a un cuerpo normativo se ha de respetar su voluntad de no hacerlo” (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-362/96, ago. 14, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Si tal es el concepto que distingue a los códigos de las demás leyes, se comprende con facilidad que su función, más allá de la formal incorporación de normas en un solo ordenamiento, radica en procurar la integración razonable de la legislación, atendiendo a las necesidades y circunstancias de la sociedad y a la perspectiva del propio legislador en torno a la manera más eficiente, armónica y realista de regular los diversos y cambiantes fenómenos de la vida colectiva.

En ese orden de ideas, por el aspecto material, no pugna con la Carta una norma de la ley que modifique los criterios que ella había plasmado antes acerca de los asuntos objeto de legislación, o decida fraccionar un código preexistente, reagrupando la normatividad, o refundir en un solo cuerpo lo que se encontraba repartido o diseminado en códigos distintos.

El código, en otras palabras, comprende y desarrolla tantos temas como el legislador quiera y es, en últimas, el legislador quien resuelve acerca de su contenido y alcances.

En el tema que ocupa la atención de la Corte, las fronteras entre el Código Civil y el de Comercio no pueden hoy definirse con precisión, dadas las modernas tendencias del derecho y la veloz evolución de los fenómenos objeto de él, de donde resulta que es la ley la llamada, finalmente, a resolver cuál es el campo normativo ocupado por cada uno.

Por ello, el ámbito de las sociedades civiles y mercantiles, el tipo de régimen aplicable a unas y otras, y las reglas sobre su objeto, constitución, reformas, tipos societarios, órganos, requisitos de existencia y validez, administración, fiscalización, transformación, fusión, disolución y liquidación, entre otros temas, están siempre sujetos a lo que disponga el legislador.

Obviamente, según las prescripciones del artículo 150, numeral 10, de la Constitución, tales normas únicamente podrán ser puestas en vigencia por el Congreso, es decir, debe tratarse de leyes en sentido formal y orgánico, en cuanto establezcan o modifiquen la preceptiva del Código de Comercio, del cual las enunciadas reglas han venido formando parte.

Ahora bien, toda ley está sometida a las disposiciones constitucionales relativas a su expedición y contenido, por lo cual, no obstante gozar el Congreso de facultad o competencia para legislar en determinada materia, resulta inconstitucional la normatividad que expida si, al hacerlo, desconoce o inaplica los preceptos generales que la Constitución consagra.

Una de las reglas trazadas por la Constitución en lo relativo a las leyes es la de la unidad temática, prevista en los artículos 158 y 169, cuya observancia es exigida como condición de exequibilidad de aquéllas.

La Corte se ha referido al tema en los siguientes términos:

Los artículos aludidos son los números 158 y 169 de la Constitución, en los cuales se dispone respectivamente que “todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella” y que “el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido” (subraya la Corte).

La delimitación constitucional está deferida, entonces, doblemente al Congreso, pues éste se halla obligado a definir con precisión, como lo exige la Carta, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se ocupe al expedir esa ley, y simultáneamente ha de observar una estricta relación interna, desde el punto de vista sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, para que todas ellas estén referidas a igual materia, la cual, desde luego, deberá corresponder al título de aquélla” (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-390/96, ago. 22).

En la misma providencia, esta corporación plasmó el criterio sustancial de la unidad temática de las leyes, precisando todavía más el alcance de los mencionados preceptos constitucionales:

“Empero, no pueden ser entendidos dentro del criterio de una rigidez formal por cuya virtud se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre normas que, en apariencia, se refieren a materias diversas pero cuyos contenidos se hallan ligados, en el ámbito de la función legislativa, por las finalidades perseguidas, por las repercusiones de unas decisiones en otras, o, en fin, por razones de orden fáctico que, evaluadas y ponderadas por el propio legislador, lo obligan a incluir en un mismo cuerpo normativo disposiciones alusivas a cuestiones que en teoría pueden parecer disímiles.

Esto resulta particularmente cierto ante las responsabilidades que asume el Congreso como parte vital del Estado social de derecho, el cual, por fuerza, para alcanzar las metas a él inherentes, debe consultar elementos en principio distintos y ajenos, pero concatenados entre sí por multitud de circunstancias de la vida real, convertidas en factor condicionante de su tarea”.

De tal concepción resulta que, para establecer si hay unidad temática en un determinado cuerpo legal no es suficiente la identificación meramente formal acerca de los asuntos tratados en él, sino que es menester verificar si entre ellos existe una concatenación sustancial en cuya virtud el legislador los integre sistemáticamente, excluyendo aquéllos que no guardan relación alguna con la cuestión predominante dentro del conjunto normativo.

En el presente caso, el título con el cual el legislador encabezó la Ley 222 de 1995 es del siguiente tenor:

“Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones”.

Para confrontar la unidad de materia exigida constitucionalmente, la Corte debe, con arreglo a su jurisprudencia, prescindir de la parte final del título transcrito, según la cual “se dictan otras disposiciones”, ya que ese agregado no es otra cosa que un recurso para evadir el acatamiento a los preceptos constitucionales sobre unidad de materia mediante la incorporación, indefinida y vaga, de todos los temas posibles.

Así mismo, para los fines de este fallo, carece de interés el tema de los procesos concursales, no abordado por las normas en tela de juicio.

Así, pues, ha de circunscribirse el análisis a la referencia hecha por el legislador a las modificaciones del libro II del Código de Comercio.

Bien es sabido que el Decreto 410 de 1971, ahora modificado por la Ley 222 de 1995, destinó ese acápite a regular las sociedades mercantiles, si bien, por la naturaleza misma del asunto y dada la tendencia que desde entonces ya se mostraba hacia la unificación del derecho privado, en la normatividad correspondiente se hicieron varias referencias a las sociedades civiles.

En realidad, al proponerse el legislador de 1995 la modificación del libro II del Código de Comercio, no buscó de manera exclusiva dictar nuevas normas sobre las sociedades mercantiles, ni establecer únicamente reglas de derecho comercial, sino que quiso penetrar en el contenido del conjunto normativo seleccionado con el objeto de plasmar allí la nueva política del Estado en materia de sociedades, por lo cual era inevitable que tocara tanto el régimen de las mercantiles como el de las civiles.

Para la Corte es claro que, al disponer el régimen de las sociedades comerciales para todas las compañías, mercantiles o civiles, independientemente de su objeto, el Congreso no rompió la unidad de materia dentro de la ley —como podría parecer a primera vista— sino que, por el contrario, al integrar las reglas aplicables a órganos, estructura, funcionamiento, reformas, disolución y liquidación de sociedades, en uno solo, cumplió a cabalidad el mandato constitucional que le ordenaba que todas las disposiciones de la ley dictada debían referirse a una misma materia (art. 158 C.P.).

Debe observarse que la relación con el título de la ley (art. 169 C.P.) resulta indudable pues, en efecto, como aquél lo anunciaba, mediante el artículo acusado se introdujeron modificaciones trascendentales al contenido del articulado del Código de Comercio en su libro II, al extender o ampliar su cobertura hacia el campo de las sociedades civiles.

Por este aspecto, entonces, no se violó la Constitución Política.

3. Cargo infundado sobre violación de la libertad de asociación. El derecho a la igualdad

Aduce la actora, como razón para pedir la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones que acusa, la posible transgresión del artículo 38 de la Constitución Política, en cuanto, por virtud de aquéllas, las sociedades “ya no nacen libres, pues no pueden escoger entre ser civiles y comerciales”.

También afirma que las compañías “no nacen iguales”, a partir de la nueva normatividad, pues a las civiles “se les imponen una serie de cargas que no son propias de su naturaleza”, lo que las deja en desventaja frente a las sociedades comerciales.

La Corte analizará por separado estos dos cargos.

A) La libre asociación. 

Ha sido constante la jurisprudencia de esta Corte sobre el alcance y los fundamentos del derecho de libre asociación.

Entre otras características, la corporación ha subrayado el doble aspecto que implica el respeto a toda persona en su libertad de resolver, sin presiones, acerca de si se asocia o no:

“El artículo 38 de la Constitución garantiza de manera general el derecho de toda persona a asociarse. Él comprende tanto el aspecto positivo como el negativo de la asociación: a nadie se puede impedir ni prohibir que se asocie, mientras sea para fines lícitos, y ninguna persona puede ser forzada u obligada a asociarse, ya que el constituyente ha garantizado la plena libertad de optar entre lo uno y lo otro” (Cfr. C. Const. Sent. C-110/94, mar. 10).

La Corte reafirma, en consecuencia, que nadie puede ser constreñido, ni por la ley ni por las autoridades, para asociarse ni para dejar de hacerlo, y tampoco es posible que el Estado le señale una determinada forma asociativa a la cual deba forzosamente acogerse.

No obstante, se considera que ninguna de estas modalidades de transgresión del mandato constitucional se configura en el caso de las normas legales enjuiciadas.

En efecto:

1. Las formas de asociación y los tipos societarios, regulados en la ley, no corresponden a una específica materia constitucional. La ley ofrece a los particulares un elenco de posibilidades de colaboración y asociación, las cuales no están predeterminadas en la Constitución. Por ser éste un asunto legal, sujeto además a las necesidades y contingencias del tráfico, es del resorte de la ley regular la materia, para lo cual puede adicionar o derogar las normas de esa estirpe.

2. La dicotomía que anteriormente existía en punto al régimen de sociedades, no obedecía a una suerte de exigencia ontológica, sino a la forma histórica de su regulación legal.

Bien podía el legislador tomar en cuenta las nuevas necesidades y revisar críticamente, a la luz de las mismas, la existencia del sistema dual. En efecto, esto fue lo que hizo.

En esencia, se unificó la regulación del contrato de sociedad, que soporta tanto a las sociedades comerciales como a las civiles. De ninguna manera se suprimieron estas últimas. Como lo expresa el artículo 1º de la citada ley, “las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles”.

3. El alcance de la reforma introducida por la ley, en su momento, será dilucidado por la doctrina y la jurisprudencia. En el plano constitucional, simplemente, la pretensión de unificar regulaciones distintas en materias deferidas al legislador, como es la que se examina, se aviene a la Carta, ya que corresponde a la libertad de configuración normativa de dicho órgano. Sin embargo, se advierte prima facie que la reforma se limita a la unificación del régimen societario, sin llegar a suprimir la posibilidad de que existan sociedades civiles. En cierto sentido, la generalización de las normas comerciales, brinda a las civiles un marco de regulación más rico y fecundo en prácticamente todos los capítulos del fenómeno societario. Se asiste a una expansión de la ley comercial, derivada de la capacidad de objetivación de sus normas que, en este aspecto, dejan de ser especiales. Nadie distinto del legislador habría podido ordenar la unificación, luego de advertir la necesidad de revisar una dicotomía que seguramente había perdido su justificación histórica.

4. En el ámbito de la empresa, sea ésta civil o comercial, los deberes que se adscriben a su titular corresponden igualmente a una materia que en principio es puramente legal y no constitucional. Aunque, en el caso presente, la sola unificación del régimen societario no apareja la conversión de la sociedad civil en comerciante, la ley puede razonablemente determinar la extensión de deberes inicialmente establecidos para ciertos sujetos, lo que naturalmente debe hacer de manera expresa.

5. La libertad de asociarse, como tal, no se quebranta cuando la ley regula la constitución de una forma específica de hacerlo y establece su régimen. Por la misma razón, la ley puede introducir las reformas y cambios a la legislación societaria siempre que no afecte el núcleo esencial de este derecho. La norma examinada en modo alguno impide formar sociedades civiles, ni tampoco obstaculiza el derecho de toda persona de vincularse a ellas libremente.

Por este aspecto, pues, tampoco se encuentra motivo alguno de inconstitucionalidad.

B) El principio de igualdad frente al carácter mutable de la ley. 

En modo alguno puede sostenerse que el legislador, al hacer extensivo el régimen de las sociedades mercantiles, cobijando dentro de él a las civiles, haya roto el principio constitucional de la igualdad, pues de ello no se infiere discriminación entre las personas, justamente en cuanto todas aquéllas que constituyan sociedades, de una u otra naturaleza, sabrán a qué reglas atenerse en lo relativo al orden jurídico que las rige.

El hecho de que el legislador haya establecido disposiciones distintas en el pasado, según el tipo de actividades emprendidas por tales entes, merced a la voluntad de sus socios, no lo ata indefinidamente a ellas, ya que la Constitución Política, lejos de consagrar directamente el régimen jurídico de las sociedades, lo deja en su integridad al cuidado del legislador, cuyas decisiones al respecto no son pétreas.

La igualdad se preserva, entonces, a ese respecto, con la certidumbre, transmitida a todos los destinatarios de la ley, de que están sometidos a determinadas reglas, mientras dure en vigor la normatividad legal que las consagra, la cual puede cambiar tanto en lo relativo a derechos como en lo referente a cargas y obligaciones. Como las condiciones en medio de las cuales actúa el derecho positivo son variables, éste se irá adaptando a las necesidades colectivas y, en ejercicio de sus atribuciones, podrá el legislador ir moldeando sus dictados sin que, por el solo hecho de cambiar, vulnere la Constitución. Ésta, por el contrario, lo autoriza expresamente para hacerlo (art. 150, nums. 1º y 2º), luego la inmutabilidad no es precisamente la característica que distingue a la ley.

Así, pues, que el legislador aumente las cargas o los deberes de un cierto tipo de sociedades que antes no los tenían, no desconoce el principio de igualdad mientras los imponga sin preferencias ni cláusulas peyorativas.

Por el contrario, al equiparar los regímenes de todas las compañías, la ley propugna precisamente la igualdad.

Y es que el hecho de que unas sociedades tengan por objeto la ejecución de actos civiles y otras la actividad comercial no es criterio que justifique eximir a las primeras de obligaciones consagradas para las segundas (como la de llevar libros de contabilidad), ya que, si son sociedades y no asociaciones (como parece entenderlo la accionante cuando se refiere a los hospitales), tienen un elemento común —el ánimo de lucro—, en el cual puede fijarse el legislador, dentro de sus nuevos criterios, para señalar regulaciones más exigentes que faciliten la inspección, la vigilancia y la intervención estatales en la actividad particular.

4. El derecho a la personalidad jurídica

Las disposiciones en comento son sindicadas por la demandante de quebrantar el derecho consagrado en el artículo 14 de la Constitución, según el cual “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

La Corte ha desarrollado ampliamente este concepto, destacando, entre otros aspectos, el siguiente:

“El único sujeto al cual se refiere el artículo 14 de la Constitución Política es a la persona natural. Ante ella se inclina la Constitución —como de otra parte también lo han hecho la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 6º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 16) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13)—, para reconocer su personalidad jurídica. El acto de reconocimiento atestigua que la personalidad es un atributo congénito a la persona que precede al mismo ordenamiento que se limita a declararlo.

La personalidad jurídica indica en el caso de la persona natural su idoneidad para ser titular de todas las posiciones jurídicas relacionadas con sus intereses y actividad. El reconocimiento que extiende la Constitución a la capacidad jurídica general de todas las personas naturales, es una concreción necesaria del principio de igualdad, que es compatible sin embargo con las formas de incapacidad jurídica que puede consagrar la ley en aras del interés de la persona misma o de un superior interés público.

El derecho a la personalidad jurídica reconocido a toda persona postula, como se ha dicho, una radical reivindicación del principio de la igualdad jurídica, y se endereza a hacer de todo miembro de la sociedad —independientemente de su raza, sexo, edad y condición— un sujeto dotado de capacidad jurídica e inmune a la degradación legal de su indisputada personalidad...” (Sent. C-486/93, oct. 28).

No halla la Corte razón válida alguna para que se pretenda violado el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica por la circunstancia de que se haya dispuesto el sometimiento de las sociedades civiles al régimen que la legislación tenía previsto para las mercantiles.

Se reitera que el artículo 14 Constitución Política se refiere de manera específica a las personas naturales, quienes necesitan del reconocimiento del Estado como sujetos del derecho, para poder actuar, con su personalidad propia, autónoma e independiente, en el mundo de las relaciones jurídicas, para contraer obligaciones y para reclamar, gracias a su identidad, protección del Estado, así como para responder por sus acciones y omisiones ante las autoridades. De modo que, así concebido tal derecho, en nada se afecta por las normas objeto de censura, ya que no consiste, como lo cree la demandante, en permanecer indefinidamente bajo un determinado régimen jurídico, ni en mantenerlo intacto para las personas jurídicas que el individuo funde o constituya o de las que haga parte.

De otro lado, la Corte estima necesario advertir que el estado civil, como atributo de la personalidad, depende, en su contenido y en sus alcances, de lo que disponga la ley, a lo cual se agrega que la actual legislación colombiana lo reserva a las personas naturales, contra lo expuesto por la actora.

No prospera el cargo.

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad

Considera la Corte que tampoco ha sido vulnerado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuyos alcances se encuentran claramente definidos en la jurisprudencia, pues no se impide al individuo adoptar decisiones personales, en el ámbito de su autonomía, ni realizarse como ser humano por el hecho de que a las sociedades civiles se les señale un régimen legal tomado del que inicialmente concibió el legislador para las mercantiles.

Además, la propia Constitución consagra, entre los límites al libre desarrollo de la personalidad, el imperio del orden jurídico, de lo cual resulta que si en él se estatuyen reglas de conducta —como le corresponde— no por ello aparecen cercenadas las posibilidades del individuo en torno a la búsqueda de sus propios fines o ideales.

Aceptar la tesis de la demanda implicaría, nada menos, quitarle a la ley la competencia para establecer regímenes jurídicos, no sólo en el campo de las sociedades sino en el de toda actividad o relación, en aras de una mal entendida libertad individual.

6. El tránsito de legislaciones

Si se ha encontrado que el legislador goza de atribuciones para modificar los regímenes de las sociedades, sin violar por ello la Constitución Política, no puede sostenerse la inexequibilidad del precepto que, para asegurar la vigencia efectiva de los nuevos mandatos legales, otorga un plazo a las compañías civiles ya constituidas para sujetarse, en su estructura, órganos y funcionamiento, a las disposiciones que la ley ha resuelto adoptar.

Más bien, si tal previsión no se contemplara, podría vulnerarse el derecho a la igualdad entre las personas (art. 13 C.P.), ya que, al conservarse como paralelos dos regímenes jurídicos para situaciones equiparables, se discriminaría sin justificación alguna.

Debe recordarse, por otra parte, que, como se desprende de las consideraciones precedentes acerca del carácter mutable y evolutivo de la legislación, no hay derecho adquirido a un determinado régimen legal.

Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declárase EXEQUIBLE el inciso 2º del artículo 100 del Código de Comercio, tal como quedó redactado por el artículo 1º de la Ley número 222 de 1995, que dice:

“Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil”.

2. Declárase EXEQUIBLE el inciso 1º del artículo 238 de la Ley 222 de 1995, que dice:

“Incorporación. Para los efectos previstos en el artículo 1º de esta ley las sociedades civiles dispondrán de un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la misma para ajustarse a las normas de las sociedades comerciales”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(Sentencia C-435 de septiembre 12 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo - Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

ACLARACIÓN DE VOTO

Aclaro mi voto en el sentido de que, si bien he acogido la constitucionalidad de las normas acusadas, con base en los argumentos expuestos y debatidos en sala —en desarrollo de los cuales accedí a modificar mi ponencia original, de inexequibilidad—, estimo que el Estado, mediante una política legislativa errática, que no define con claridad las opciones ofrecidas por el sistema jurídico, envía a los destinatarios del mismo señales equívocas que no encajan precisamente en los presupuestos de la buena fe.

Considero que la seguridad jurídica, como valor indispensable para la convivencia, resulta disminuida cuando el legislador profiere, de manera desordenada, normas que, no obstante avenirse a la Constitución Política, dan lugar al desconcierto de los gobernados o propician equívocos en su conducta.

El orden jurídico, que ha de ser “justo” según el preámbulo de la Constitución, no debe establecerse sobre el supuesto de que, en razón de su obligatoriedad, es exigible sin consideración a razonables y fundadas expectativas de los ciudadanos, pues éstos tienen derecho a exigir del Estado reglas de juego claras y leales.

El caso propuesto constituye ejemplo acerca de cómo no debe actuar el legislador, si quiere dotar al sistema jurídico de una mínima estabilidad y garantizar a los gobernados el adecuado conocimiento sobre el verdadero alcance de las modificaciones que introduzca.

Goza él de plena autonomía para consagrar los tipos societarios y para establecer las características que distinguen a cada uno de ellos y las disposiciones que les son aplicables, como se dice en la sentencia.

Como allí mismo se recalca, le es posible establecer que todas las sociedades que se constituyan bajo el denominador común del ánimo de lucro, con prescindencia de su objeto, tendrán un régimen legal único en los distintos aspectos que arriba se enuncian.

Pero, si ello es así, el legislador está obligado a decirlo sin ambages, sin reticencias, sin mostrar apariencias que escondan su real intención. La franqueza es una virtud que, también sería deseable en quienes, al crear el derecho positivo, trazan el rumbo de la vida colectiva.

Para que la ley no solamente aspire a ser acatada por el imperativo que le es inherente sino por la legitimidad que emana de su transparencia, debe estar integrada por mandatos ciertos, definidos y contundentes, no por reglas sinuosas que frustran la confianza de quienes a ellas están sujetos.

En el tema que nos ocupa, es indispensable que el conjunto del ordenamiento establezca con claridad la uniformidad del régimen dispuesto, de tal modo que los destinatarios de las normas conozcan desde el comienzo que, si se asocian con ánimo de lucro, cualquiera sea la forma en que lo hagan y el objeto a que se dediquen, estarán sometidos a unas mismas disposiciones. Entonces, todos sabrán que hay, dentro del ámbito territorial del Estado, un solo régimen de sociedades, y obrarán de conformidad.

Pero cuando, como ocurre en Colombia, atendida la integridad del sistema legislativo, se ofrece a los gobernados la libre opción de asociarse con ánimo de lucro pero bajo modalidades distintas, según las actividades que vayan a adelantar en compañía, guarda relación estrecha con su libertad de asociación la posibilidad de acogerse a una u otra modalidad, a sabiendas de que su selección tendrá efectos diversos, de acuerdo con el objeto de la sociedad que constituyan.

El legislador no puede ocasionar confusión sobre los alcances y consecuencias que habrá de tener la determinación que adopten las personas acerca del tipo societario al que se acogen.

Disponer por una parte, como lo hace el artículo 1º de la Ley 222 de 1995, que las sociedades civiles y comerciales se diferencian en razón de su objeto, pues las primeras se forman para la ejecución de actos o empresas no mercantiles, al paso que las segundas se constituyen para la ejecución de actos o empresas de dicha índole y, por otra, que “cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil”, lleva desorientación a los destinatarios de la norma y les impide que el correspondiente acto de voluntad esté fundado en el cabal conocimiento acerca de los efectos que tendrá la opción escogida.

En efecto, según su libertad teórica de escoger un régimen distinto cuando la compañía que constituyen tiene por objeto actos o empresas civiles, bien pueden inclinarse las personas a seleccionar esa opción, sin contar con que, de manera sorpresiva, se encuentran ante la igualación de los regímenes, introducida además en una ley no destinada a regular el régimen del tipo societario civil.

Desaparece entonces la posibilidad de integrarse a una componía cuyo objeto será civil en el entendido de que su régimen será diverso del consagrado para las sociedades con objeto comercial y, por tanto, se diluye el margen de libre apreciación y selección de las opciones que ofrece la ley, ya que siempre dará lo mismo una u otra clase de asociación, sin que el conjunto del sistema legislativo otorgue certidumbre en torno a la uniformidad o disparidad de regímenes.

José Gregorio Hernández Galindo. 

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