Sentencia C-447 de julio 15 de 2015

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

(Bogotá D.C., 15 de julio de 2015)

Demanda de inconstitucionalidad contra el quinto inciso del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013.

Referencia: Expediente D-10487.

Actores: Nicolás Caballero Hernández y Alejandro José Peñarredonda Franco.

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo

EXTRACTOS: « I. Antecedentes

1. Texto normativo demandado.

Los ciudadanos Nicolás Caballero Hernández y Alejandro José Peñarredonda Franco, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, demandan la declaratoria de inconstitucionalidad del quinto inciso del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, cuyo texto -con lo demandado en subrayas- es el siguiente:

LEY 1676 DE 2013 

(Julio 11)

“Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías inmobiliarias”.

(…).

TÍTULO V

Reglas de prelación

(…).

CAPÍTULO II

Garantías en los procesos de insolvencia

ART. 52.—Las garantías reales en los procesos de liquidación judicial. Los bienes en garantía de propiedad del deudor en liquidación judicial podrán excluirse de la masa de la liquidación en provecho de los acreedores garantizados o beneficiarios de la garantía siempre y cuando la garantía esté inscrita en el registro de garantías mobiliarias o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley.

Si el valor del bien dado en garantía no supera o es inferior al valor de la obligación garantizada este bien podrá ser directamente adjudicado por el juez del concurso al acreedor garantizado.

Si el valor del bien supera el valor de la obligación garantizada, el producto de la enajenación se adjudicará en primera medida al acreedor garantizado y el remanente se aplicará a los demás acreedores en el orden de prelación legal correspondiente. El acreedor garantizado podrá optar por quedarse con el bien en garantía y pagar el saldo al liquidador para que lo aplique al pago de los demás acreedores.

De operar el pago por adjudicación, al acreedor garantizado se le adjudicará el bien hasta concurrencia del valor de la obligación garantizada y el remanente será adjudicado a los demás acreedores en el orden de prelación legal.

En todo caso, lo establecido en el presente artículo no aplicará en detrimento de derechos pensionales.

PAR.—La exclusión de los bienes en garantía en los procesos de liquidación judicial se hará sin perjuicio de los acuerdos que puedan celebrarse entre el acreedor garantizado y el liquidador, cuando los bienes en garantía hagan parte de la unidad de explotación económica del deudor y esta pueda venderse en los términos del parágrafo del artículo 81 de la Ley 1116 de 2006. Enajenado el bien en garantía el liquidador asignará al acreedor garantizado el valor del bien dado en garantía o podrá optar por pagar previo a la enajenación un importe equivalente al valor del bien dado en garantía y proceder a la enajenación en el curso del proceso.

(…).

II. Fundamentos

1. Competencia.

Este tribunal es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad del quinto inciso del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Cuestión previa: la aptitud sustancial de la demanda.

2.1. Dado que tres intervinientes consideran que la demanda no es apta, por distintas razones, que van desde la inadecuada comprensión de las obligaciones alimentarias(2) hasta la no contradicción entre la norma demandada y el régimen de prelación de créditos(3), pasando por una injustificada interpretación del texto de la misma(4), debe estudiarse, como cuestión previa, la aptitud de la demanda.

2.2. En cuanto a las obligaciones alimentarias, el interviniente parece asumir que éstas no tienen cabida en el proceso de liquidación que se tramita en el contexto del régimen de insolvencia, pues las personas jurídicas no tienen ese tipo de obligaciones. Con base en esta consideración, señala que el primer cargo de la demanda carece de certeza, pertinencia y suficiencia.

En el ordenamiento jurídico colombiano hay varios regímenes de insolvencia: (i) el general(5), que se aplica a “las personas naturales comerciantes y a las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto” y a “las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales”, y (ii) el especial(6), que se aplica a “la persona natural no comerciante”. A pesar de que el capítulo II del título V de la Ley 1676 de 2013, en el que está el artículo 52, que contiene la expresión demandada, alude de manera general a las garantías en los procesos de insolvencia, lo que en principio podría incluir la insolvencia de la persona no comerciante, una interpretación sistemática de las normas de este capítulo, en especial de los artículos 50, 51 y del parágrafo del artículo 52, en concordancia con lo previsto en el artículo 2º sobre el ámbito de aplicación de la ley, permite concluir que este último artículo sólo se aplica al régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 de 2006.

El régimen de insolvencia general, como ya se advirtió, es aplicable a personas naturales comerciantes. Estas personas, al igual que las personas naturales no comerciantes, pueden tener obligaciones alimentarias. Por lo tanto, si bien es cierto que la obligación alimentaria puede subsistir después de la liquidación judicial, no lo es menos que esta obligación puede llegar a exigirse dentro de la liquidación judicial a la persona natural comerciante y, en caso de que así ocurra, existiría un posible conflicto de prelación frente a los demás créditos, en especial a los créditos que tienen garantía mobiliaria. Por lo tanto, en este aspecto el primer cargo de la demanda sí tiene aptitud sustancial.

2.3. Los dos reparos restantes, al tener una base común, relacionada con la interpretación del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, se analizarán de manera conjunta. Los intervinientes consideran o bien que esta ley no puede modificar el régimen general de prelación de créditos o bien que no lo modifica. Afirman que el referido artículo no establece una regla expresa sobre la clase y el grado de la prelación de créditos caucionados con garantías inmobiliarias, de lo que se seguiría que estos créditos siguen siendo de segunda clase, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 2497 del Código Civil.

De esta interpretación se apartan el demandante(7), un interviniente(8) y el Ministerio Público(9) al considerar que el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013 sí modifica, de manera tácita, el régimen general de prelación de créditos. Para mostrarlo destacan los cuatro primeros incisos del referido artículo, que preceden a la expresión demandada, según los cuales (i) los bienes que soportan la garantía mobiliaria podrán excluirse de la masa de la liquidación en provecho del acreedor garantizado; (ii) si el valor del bien es igual o menor al de la garantía que soporta, puede ser adjudicado directamente al acreedor garantizado; (iii) si el valor del bien es mayor al de la garantía, se adjudica al acreedor garantizado y el remanente a los demás acreedores, conforme a la prelación de créditos, a menos que el acreedor garantizado opte por pagar el saldo al liquidador, para que lo aplique a los demás acreedores; y (iv) si opera el pago por adjudicación, el bien se adjudicará al acreedor garantizado y el remanente se adjudicará a los demás acreedores en el orden de prelación legal.

2.3.1. Las dos primeras reglas, previstas en el inciso uno y en el inciso dos del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, al emplear la expresión “podrá”, que es condicional, permiten hacer prima facie una interpretación armónica con el régimen general de prelación de créditos, en el sentido de que sólo se procederá así cuando los demás bienes del deudor sean suficientes para cubrir los créditos de primera clase(10), si los hubiere, conforme a lo previsto en el artículo 2498 del Código Civil.

La situación parecería ser diferente cuando se examina las reglas restantes, previstas en los incisos tres y cuarto del referido artículo, pues en ellas no se emplea una expresión condicional: “adjudicará”. Esta expresión se usa tanto para el acreedor garantizado como para los demás acreedores de manera disímil. En efecto, cuando se trata del acreedor garantizado, la regla es que, si el valor del bien excede el de la garantía, a éste se le adjudicará el producto de la enajenación del bien en primera medida y el remanente se aplicará a los demás acreedores, conforme a la prelación legal correspondiente. Y si opera el pago por adjudicación, al acreedor garantizado se le adjudicará el bien hasta concurrencia de su garantía, y el remanente se adjudicará a los demás acreedores, conforme a la prelación legal. En esta interpretación se funda la demanda y las aludidas intervenciones, para sostener que el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013 derogó de manera tácita el régimen general de prelación de créditos.

2.3.2. Así las cosas, el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013 podría interpretarse, prima facie, de dos maneras.

2.3.2.1. La primera, elaborada a partir del factor condicional de los dos primeros incisos, para señalar que la posible exclusión del bien que soporta la garantía de la masa de la liquidación o su adjudicación al acreedor garantizado cuando su valor es menor, igual o mayor a la garantía, sin perjuicio de lo que ocurra con el remanente, sólo procederá cuando los demás bienes del deudor sean suficientes para cubrir los créditos de primera clase, conforme a lo previsto en el artículo 2498 del Código Civil. Según a esta interpretación, no se configura ninguna de las omisiones que plantea la demanda, pues los créditos alimentarios y los créditos laborales conservarían su prelación respecto de los créditos con garantía mobiliaria.

2.3.2.2. La segunda, que hace la demanda, se centra en lo que sería el aparente factor incondicional de los incisos siguientes, entre ellos el demandado, para señalar que al adjudicar primero al acreedor garantizado el producto de la enajenación del bien de mayor valor que la garantía o el propio bien, y dejar el remanente a los demás acreedores, se modifica la prelación de créditos, porque en realidad el acreedor garantizado, a pesar de ser su crédito de segunda clase, tendría prelación respecto de los créditos de la primera clase. En este contexto podría ocurrir que dicho remanente no fuera suficiente para cubrir las obligaciones alimentarias y las obligaciones laborales, cuyos acreedores sufrirían un detrimento en sus derechos.

2.3.3. La dualidad de interpretaciones sub examine es determinante para establecer la aptitud de la demanda en este caso, pues si se sigue la primera en realidad no habría ninguna incompatibilidad entre la norma demandada y el régimen general de prelación de créditos y, por tanto, no habría acaecido la derogatoria tácita de éste. Al no darse la derogatoria, por sustracción de materia, no sería posible plantear, como lo hace la demanda, cargos por omisión legislativa relativa. La aptitud de la demanda depende, pues, de la viabilidad de la segunda interpretación. Para discernir esta cuestión, es indispensable interpretar sistemáticamente la expresión demandada, tanto en el contexto del artículo del que hace parte como en el contexto más amplio de la Ley 1676 de 2013 y, en general, del régimen de prelación de créditos previsto en la legislación civil.

2.3.3.1. Los créditos de los acreedores con garantía real mobiliaria, que conforme al artículo 2º de la Ley 1676 de 2013(11) corresponden a los que será aplicable esta ley, en tanto créditos del acreedor prendario sobre la prenda, hacen parte de los créditos de segunda clase, previstos en el artículo 2497 del Código Civil y estarían después de los créditos del posadero sobre los efectos del deudor introducidos por éste a la posada y los del acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados que tenga en su poder o en el de sus agentes dependientes.

2.3.3.2. Los créditos de los niños y los créditos de los trabajadores, que corresponden a las omisiones que señala la demanda, hacen parte de los créditos de primera clase, previstos en el artículo 2495 del Código Civil. Entre estos créditos, los créditos de los niños prevalecen, conforme a la Sentencia C-092 de 2002(12). De los créditos de primera clase también hacen parte, en este orden, (i) las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores; (ii) las expensas funerales necesarias del deudor difunto; (iii) los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor; (iv) los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo; (v) los artículos necesarios de subsistencia, suministrados al deudor y a su familia durante los últimos tres meses; y (vi) los créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados.

2.3.3.3. En materia de créditos de primera y de segunda clase existen varias reglas de prevalencia previstas por los artículos 2496 y 2498 del Código Civil. El artículo 2496, relativo a la prevalencia interna entre los créditos de primera clase, prevé: (i) que los créditos de primera clase afectan todos los bienes del deudor y (ii) que de no haber lo necesario para cubrirlos íntegramente, “preferirán unos a otros en el orden de su numeración, cualquiera que sea su fecha, y los comprendidos en cada número concurrirán a prorrata”. El artículo 2498, relativo a la prevalencia entre los créditos de primera clase y los de segunda clase, dispone: (i) que si ambos créditos afectan la misma especie o bien, los de segunda clase excluirán a los de primera y (ii) si “fueren insuficientes los demás bienes para cubrir los créditos de primera clase, tendrán éstos la preferencia en cuanto al déficit, y concurrirán en dicha especie, en el orden y forma que se expresan en el inciso primero del artículo 2495”.

2.3.3.4. En el caso sub examine el análisis debe comenzar por las reglas previstas en el artículo 2498, porque se trata de establecer lo que correspondería a los créditos de los niños y de los trabajadores respecto de los créditos de los acreedores con garantía mobiliaria. Así, pues, se tendría que el crédito del acreedor con garantía mobiliaria puede excluir a los créditos de primera clase respecto del bien o especie que soporta la garantía, a menos que los demás bienes del deudor no sean suficientes para cubrirlos, caso en el cuál éstos tendrán preferencia en cuanto a su déficit. La exclusión en favor de los créditos de segunda clase respecto de los de primera, entre los que están los créditos de los niños y los de los trabajadores, está, pues, condicionada y, por tanto, no puede darse de manera automática. En este contexto, es posible afirmar que no se desconoce la prevalencia de los créditos de los niños y de los trabajadores, pues sea con unos bienes o con otros, se procederá a su pago antes que los créditos de los acreedores con garantía mobiliaria.

2.3.3.5. Dado que el anterior referente legal no ha sido derogado ni modificado expresamente, debe examinarse el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, para establecer si éste lo modificó o no de manera tácita. A partir del objeto de la ley(13), de su ámbito de aplicación(14) y de sus derogatorias expresas, es posible advertir que la ley no pretende cambiar la calificación de los créditos de los acreedores con garantía mobiliaria. En efecto, con el propósito “incrementar el acceso al crédito”, se amplía los bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía y se simplifica la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de dicha garantía. De manera consecuente con dicha ampliación, la ley se aplica a las garantías que correspondan a “obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles”; y, además, se aplica a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de dichas garantías mobiliarias. Por ello, entre las derogatorias de la ley(15), no se encuentran los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, que regulan la prelación de créditos.

2.3.3.6. Al examinar de qué manera la Ley 1676 de 2013 simplifica la prelación de la garantía en comento, prevista en el título V, se aprecian tres tipos de reglas: las de prelación(16), las que corresponden al proceso de insolvencia(17) y las de otras prelaciones(18). Las primeras regulan la prelación entre garantías constituidas sobre un mismo bien, valga decir, entre créditos que son de la misma clase: la segunda. Las segundas regulan las garantías reales en el proceso de reorganización, en los procesos de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización y en los procesos de liquidación judicial, entre las cuales está el artículo sub examine. Las últimas regulan otras prelaciones que respecto de compradores de los bienes muebles, de la garantía mobiliaria de adquisición, fijan reglas adicionales de prelación de garantías mobiliarias y de prelación de obligaciones fiscales y tributarias.

2.3.3.7. Conforme a los antedichos referentes, una interpretación sistemática del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013 conduce a afirmar que el bien que soporta la garantía podrá excluirse de la masa de liquidación, en provecho del acreedor garantizado, conforme a dos condiciones explícitas: (i) que la garantía esté inscrita en el correspondiente registro -inciso primero-; y (ii) que se haga sin perjuicio de “los acuerdos que puedan celebrarse entre el acreedor garantizado y el liquidador, cuando los bienes en garantía hagan parte de la unidad de explotación económica del deudor y esta pueda venderse”; y a una condición implícita: (iii) que si los demás bienes del deudor no son suficientes para cubrir los créditos de primera clase, éstos tendrán preferencia en cuanto a su déficit incluso respecto del bien excluido.

2.3.3.8. La expresión “en primera medida”, contenida en el inciso tercero del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, que prevé la hipótesis de la adjudicación del producto de la enajenación y la hipótesis de que el acreedor garantizado se quede con el bien (esta hipótesis se desarrolla en el inciso cuarto), no es incompatible con las antedichas condiciones, pues no implica en sí misma, ni se desprende de ella, que en el evento de que el valor del bien supere el valor de la obligación garantizada se puede desconocer la prelación de créditos, mientras que en el evento de que el valor del bien no supere el valor de la obligación garantizada se deba respetar dicha prelación. La mera circunstancia de que el valor del bien sea superior o inferior al valor de la obligación que garantiza, no cambia ni puede cambiar la clase del crédito, ni mucho menos alterar las reglas de prelación de créditos.

2.3.3.9. En vista de las anteriores circunstancias, la norma demandada no puede interpretarse en el sentido de que lo establecido en el artículo puede aplicarse en detrimento de los créditos de primera clase, que es el fundamento de la demanda. Lo que en realidad hace esta expresión es precisar que los créditos correspondientes a derechos pensionales, que guardan una evidente relación con la categoría de créditos de primera clase correspondiente a los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo, también prevalecen respecto del crédito del acreedor con garantía mobiliaria. Por lo tanto, los cargos de omisión legislativa relativa, al no fundarse en una proposición jurídica real y existente, sino en una interpretación subjetiva de la misma, además de no satisfacer, en su concepto de la violación, el mínimo argumentativo de certeza, no satisfacen la exigencia especial, predicable de los cargos de omisión legislativa relativa, de demostrar que existe una norma sobre la cual se puede predicar necesariamente el cargo. En tales condiciones, se configura el fenómeno de la ineptitud sustancial de la demanda y, en consecuencia, este tribunal debe inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del inciso quinto del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013.

III. Conclusión

1. La demanda. Los ciudadanos Nicolás Caballero Hernández y Alejandro José Peñarredonda Franco, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad solicita que se declare inexequibles la expresión “En todo caso, lo establecido en el presente artículo no aplicará en detrimento de los derechos pensionales”, contenido en el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, por la vulnerar (i) el principio de prevalencia de los derechos de los niños (C.P., 44), dado que ésta da prevalencia a los créditos de los acreedores garantizados respecto de los créditos de los niños en el proceso de liquidación judicial; y (ii) los principios mínimos del estatuto del trabajo (C.P., 53), dado que ésta también da prevalencia a los créditos de los acreedores garantizados respecto de los créditos de los trabajadores en el proceso de liquidación judicial.

2. Cuestión previa. La demanda, en su concepto de la violación, si bien señala con acierto que la norma demandada se puede aplicar a personas sujetas a obligaciones alimentarias, como es el caso de las personas naturales comerciantes, se funda en una interpretación aislada de la expresión demandada que, al realizar una interpretación sistemática de su contenido, resulta no corresponder a una proposición jurídica real y existente; la falta de certeza del concepto de la violación conduce a que los cargos por omisión legislativa relativa no satisfagan la exigencia de demostrar que existe una norma sobre la cual se pueden predicar necesariamente. Por lo tanto, la demanda carece de aptitud sustancial y, en consecuencia, este tribunal debe inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión demandada.

IV. Decisión

La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

RESUELVE:

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la expresión “En todo caso, lo establecido en el presente artículo no aplicará en detrimento de derechos pensionales”, contenida en el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Uno de los motivos por los cuales procede la unidad normativa para efectos de control ordinario de constitucionalidad es cuando la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. Cfr. Sentencias C-298 de 1998 y C-871 de 2003.

(2) Supra I, 3.4.

(3) Supra I, 3.2.

(4) Supra I, 3.3.

(5) Cfr. Artículo 2 de la Ley 1116 de 2006, “Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones”.

(6) Cfr. Título IV, Capítulo I, Artículos 531 y siguientes del Código General del Proceso.

(7) Supra I, 2.2.

(8) Supra I, 3.1.

(9) Supra I, 4.

(10) Cfr. Artículo 2495 del Código Civil.

(11) ART. 2º. Ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables y a todo tipo de acciones derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles.

(12) Supra II, 4.4.3.

(13) ART. 1º—Objeto de la ley. Las normas contenidas en la presente ley tienen como propósito incrementar el acceso al crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía mobiliaria simplificando la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de las mismas.

(14) ART. 2º—Ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de garantías mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables y a todo tipo de acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones de otra naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles.

(15) ART. 91.—La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su promulgación y deroga expresamente las disposiciones que le sean contrarias y especialmente los artículos 2414, inciso 2o del artículo 2422, se modifica el artículo 2425 en el sentido de modificar la cuantía de ciento veinticinco pesos a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 2427 del Código Civil, los artículos 1203, 1208,1209, 1210, lo referente al Registro Mercantil del artículo 1213 del Código de Comercio; el artículo 247 de la Ley 685 de 2000 <sic, es 2001>; los artículos 1º, 2º, 3º de la Ley 24 de 1921. Se adiciona el artículo 24 del Código General del Proceso con un numeral 6 así: “La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia de garantías mobiliarias”. Los artículos 269 al 274 y 468 entrarán en vigencia para los efectos de esta ley y en la fecha de su promulgación.

PAR.—Las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, conservarán su validez hasta cuando los créditos amparados por las mismas sean extinguidos por cualquier medio legal.

(16) Cfr. Capítulo I, artículos 48 y 49.

(17) Cfr. Capítulo II, artículos 50 a 52.

(18) Cfr. Capítulo III, artículos 53 a 55.