Sentencia C-451 de junio 12 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-451 de 2002 

Ref.: Expediente D-3797

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Actor: Humberto de Jesús Longas Londoño

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil dos

CHEQUES NO PAGADOS POR CULPA DEL LIBRADOR

CONSTITUCIONALIDAD DE LA SANCIÓN DEL 20%

La Sala Plena de la Corte Constitucional en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

EXTRACTOS:«II. Norma demandada

El aparte de la disposición demandada es el resaltado:

“DECRETO NÚMERO 410 DE 1971

(marzo 27)

“por el cual se expide el Código de Comercio

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 15 del artículo 20 de la Ley 16 de 1968, y cumplido el requisito allí establecido,

DECRETA:

(…) ART. 731. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por su culpa abonará al tenedor, como sanción, el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho tenedor persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasione.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer del presente proceso por tratarse de la demanda de una ley expedida por el Congreso de la República.

2. Problema jurídico.

Para efectos de estudiar la constitucionalidad del artículo 731 del Código de Comercio, la Corte recoge los tres planteamientos del accionante, —el primero sobre la función jurisdiccional de un particular, el segundo la creación de una especie de responsabilidad objetiva, y, el tercero, sobre la necesidad de un juicio previo a la imposición y ejecución de la sanción—, en un único problema que se formula así: ¿El artículo 731 del Código de Comercio, al establecer que el librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por su culpa abonará al tenedor como sanción el 20% del importe del cheque sin perjuicio de que éste persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasione, desconoce que sólo las autoridades con funciones jurisdiccionales pueden administrar justicia (C.P., art. 116), que no puede haber responsabilidad objetiva en este campo (C.P., art. 6º) y que toda sanción debe ser impuesta y ejecutada después de haberse respetado el debido proceso (C.P., art. 29)?

3. Consideraciones.

Para analizar si lo dispuesto en el artículo 731 del Código de Comercio desconoce la Constitución, en primer lugar, se analizará el contenido mismo de la norma, para luego entrar a determinar si ella transgrede o no lo dispuesto en la Carta.

3.1. El contenido de la norma y sus alcances.

La Corte Constitucional resalta que la norma en cuestión está consagrada en el artículo 731 del Código de Comercio. Este, como todo código, tiene por “función, más allá de la formal incorporación de normas en un solo ordenamiento, (…) procurar la integración razonable de la legislación, atendiendo a las necesidades y circunstancias de la sociedad y a la perspectiva del propio legislador en torno a la manera más eficiente, armónica y realista de regular los diversos y cambiantes fenómenos de la vida colectiva” (26) .

(26) C-435 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz.

Una de las materias reguladas en dicho código es la atinente a los títulos valores, bienes mercantiles regulados por el código en su libro tercero. Como es bien sabido éstos constituyen en sí mismos un derecho distinto a los propios de la relación contractual que les dio origen. Una de sus principales funciones es la de brindar seguridad jurídica al acreedor.

La seguridad jurídica cobra una importancia particular al tratarse del cheque, no sólo por la cantidad de cheques que se emiten y circulan diariamente, en comparación con otros títulos valores, sino porque, al ser instrumento de pago, que sirve de reemplazo al dinero en efectivo, es de uso generalizado en ámbitos que rebasan el del gremio de comerciantes.

El artículo 731 del código establece que la sanción del 20% del importe del cheque procede cuando éste ha sido presentado en tiempo y no pagado por culpa del librador. La norma exige, pues, la concurrencia de dos requisitos (i) el cumplimiento del deber del beneficiario de presentar el cheque oportunamente (27) , y, (ii) el incumplimiento del deber de cuidado del librador, es decir, que el cheque no se haya podido pagar por su culpa, como ocurre, por ejemplo, cuando en la cuenta corriente no existe una provisión de fondos suficiente para que el banco librado cubra el valor del cheque girado.

(27) Artículo 718 del Código de Comercio: Los cheques deberán presentarse para su pago:

“(1) Dentro de los quince días a partir de su fecha, si fueren pagaderos en el mismo lugar de su expedición.

(2) Dentro de un mes si fueren pagaderos en el mismo país de su expedición, pero en lugar distinto al de ésta.

(3) Dentro de tres meses, si fueren expedidos en un país latinoamericano y pagaderos en algún otros país de América Latina.

(4) Dentro de cuatro meses, si fueren expedidos en algún país latinoamericano para ser pagados fuera de América Latina”.

Así, cuando se presentan estos dos requisitos, la norma prevé una consecuencia que opera por ministerio de la ley, no por la sola decisión unilateral del beneficiario. Dicha consecuencia es la sanción consistente en abonarle al tenedor el 20% del importe del cheque.

El peticionario aduce que los daños ocasionados por el no pago del cheque se deberían resarcir mediante la indemnización que el beneficiario persiga por las vías comunes “pero no por la sanción; la cual se aplica como un castigo al librador que por su culpa impide el pago oportuno del cheque al tenedor… [Así], la sanción no busca cubrir los perjuicios que causa el daño. La sanción se impone por la ocurrencia de una contravención o infracción al debido cuidado que debe tener el librador al manejar los cheques y la cuenta corriente” (28) .

(28) Cfr. folio 5.

Sin embargo, los cargos del actor se refieren a la responsabilidad objetiva del librador del cheque y a la ausencia de un juicio previo al cobro del 20% del importe del cheque. Por ello, la Corte no se detendrá en el análisis de la naturaleza jurídica de la “sanción” establecida en la norma demandada. La Corte constata que existen diversas posiciones doctrinarias sobre dicha naturaleza jurídica (29) . Algunos consideran que es una estimación anticipada de perjuicios siguiendo el antecedente del proyecto de ley uniforme de títulos valores para América Latina (30) . Otros sostienen que es una cláusula penal, o una multa en beneficio privado, como sucede en otros países (31) . Sin embargo, la Corte considera que no es necesario definir este debate para resolver los cargos elevados por el actor.

(29) A manera de ejemplo se citan algunos doctrinantes:

Ramiro Rengifo: “La acción de regreso contra el librador o su avalista se entiende que incluye el valor del cheque, más la indemnización del 20% del valor del mismo (art. 731) más los intereses moratorios desde el día de la presentación, siendo esta oportuna, más los gastos de cobranza y prima y gastos de transferencia de una plaza a otra (art. 782). La acción cambiaria también puede dirigirse contra cualquier endosante del título y en este caso el tenedor puede cobrar lo que menciona el artículo 782 pues la sanción señalada en el artículo 731 se pude dirigir únicamente contra el librador” (La letra de cambio, el cheque, Colección Pequeño Foro, Bogotá 1984, pág. 219); Henry Alberto Becerra León: “En punto de la sanción prevista en el artículo 731 del Código de Comercio, vale la pena hacer las siguientes precisiones: Se trata de una sanción impuesta únicamente al librador, a favor del legítimo tenedor (…) El pago de la sanción del 20% del importe del cheque, no exonera al librador de pagar al legítimo tenedor los perjuicios que el no pago del cheque haya causado” (De los títulos valores, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, D.C., 2000, pág. 245).

(30) El proyecto de ley uniforme de títulos valores para América Latina (octubre de 1966), —que fue uno de los referentes para la elaboración del Código de Comercio— el cual estaba basado, a su vez, en diversas legislaciones —dispuso en su artículo 122, que: “El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado resarcirá al tenedor de los daños y perjuicios que con ello le ocasione. La indemnización en ningún caso será inferior al 20% del importe del cheque”.

(31) El porcentaje adicional al importe del cheque cobrado a título de sanción, se observa, en legislaciones como la suiza, que, además de la reparación por el daño causado, establecen un 5% del monto no cubierto por el cheque que resulte impagado por falta de fondos (art. 1103 de la Ley federal complementaria del Código Civil suizo).

Independientemente pues, de la naturaleza jurídica de esta “sanción” (32) , es claro para la Corte que el abono del 20% del importe del cheque no se impone objetivamente al librador de un cheque no pagado. Al contrario, el elemento de la culpa es un requisito claro previsto en la disposición; el legislador estableció que dicho cobro procedería para el cheque “no pagado por su culpa”.

(32) La controversia sobre la naturaleza jurídica del 20% adicional se puede observar inclusive dentro de la Superintendencia Bancaria. Como interviniente dentro del proceso dicha superintendencia sostiene que el antecedente del artículo 731 del Código de Comercio es el artículo 122 del proyecto Intal, el cual por su parte tiene una naturaleza clara y absolutamente indemnizatoria. Posteriormente señala que “la sanción prevista en el artículo en análisis es una medida de naturaleza estrictamente comercial” y luego, que “en este orden de ideas, por tratarse de una obligación dineraria, constituye una estimación anticipada del daño por disposición legal (…)” (fl. 104). No obstante, en conceptos por ella emitidos, señala que su naturaleza es la de una multa “los artículos 722 y 731 establecen sanciones especiales por el no pago injustificado de un cheque (…). El girador está obligado a abonar al tenedor el 20% del valor del cheque cuando éste no es pagado por su culpa a título de pena por incumplimiento (…) debe precisarse que adicionalmente a la multa del 20% del importe del cheque, dicho tenedor puede igualmente solicitar la indemnización de los perjuicios por las vías comunes”. Concepto 96013820-0 del 3 de mayo de 1996.

El 20% del importe del cheque se abona cuando existe certeza y ausencia de controversia sobre el cumplimiento de los requisitos de la norma. Esto significa, entonces, que además de la presentación oportuna del cheque para su pago —exigencia hecha al beneficiario— debe haber aceptación de la propia culpa por el librador del cheque.

En efecto, como lo subrayan los intervinientes, la sanción se aplica cuando (i) el librador —obrando de buena fe y responsablemente— acepta la propia culpa, o en su defecto, (ii) cuando la culpa del librador se establezca dentro del proceso correspondiente entablado por el tenedor.

Sostiene el peticionario, que la norma permite que sea un particular el que imponga “por su cuenta y directamente la sanción del cheque devuelto y no pagado”. Esta es una interpretación jurídica que no consulta la norma demandada. El legislador, al usar una voz imperativa, busca hacer clara e inequívoca su voluntad de imponer un efecto jurídico a quien no cumple su deber de diligencia al girar un cheque. En ningún caso está facultando el tenedor para reemplazar a la justicia estatal. La norma demandada no regula el asunto referente a la manera como se exigirá el pago de la “sanción” puesto que guarda silencio sobre el procedimiento correspondiente, el cual es regulado en otras disposiciones (33) .

(33) La acción cambiaria de regreso está consagrada en el artículo 781 del Código de Comercio. Por su parte, el procedimiento ejecutivo establecido para el cobro de un título valor, lo consagra en el artículo 793 del mismo código. El proceso ejecutivo lo desarrolla el título XXVII del Código del Procedimiento Civil. La vía común para perseguir la indemnización del daño, sería la del proceso ordinario consagrado en el título XXI del Código de Procedimiento Civil.

3.2. El artículo 731 del Código de Comercio no viola la Constitución.

A partir de la breve explicación anterior, la Corte Constitucional considera que el artículo 731 del Código de Comercio no viola la Constitución Política.

En efecto, esta disposición no inviste de dificultades jurisdiccionales al particular beneficiario de un cheque no pagado por culpa del librador, no impide que el elemento culposo de la conducta del librador se controvierta en un juicio, ni tampoco otorga una potestad coercitiva al beneficiario del cheque que le permita imponer autónoma y automáticamente la sanción en cuestión.

Destaca la Corte que el requisito de la culpa es precisamente lo que impide concluir que el artículo en cuestión —como lo pretende el accionante— esté consagrando una responsabilidad objetiva que pueda ser estimada, exigida y ejecutada unilateralmente por el tenedor contra la voluntad del librador. La culpabilidad, salvo reconocimiento personal, es un elemento discutible, y por ende controvertible, respecto del cual se pronuncia la autoridad jurisdiccional competente en un proceso, cuando el librador no la ha aceptado.

De otra parte, la existencia del artículo 722 del Código de Comercio (34) , resalta la importancia no sólo de la culpa del librador sino de la posibilidad de definir judicialmente la responsabilidad por el no pago de un cheque. En efecto, en dicho artículo el legislador se ocupa del cheque no pagado por el banco sin haber mediado justa causa. Esto significa que el librador puede exigirle al librado que le pague el 20% del importe del cheque o del saldo disponible, cuando sin justa causa éste se niegue a pagarlo o no haga el ofrecimiento de pago parcial. Lo anterior “a título de sanción” y sin perjuicio de que el librador persiga por las vías comunes la indemnización de perjuicios.

(34) Código de Comercio artículo 722: “Cuando sin justa causa se niegue el librado a pagar un cheque o no haga el ofrecimiento de pago parcial, prevenido en los artículos anteriores, pagará al librador, a título de sanción, una suma equivalente al 20% del importe del cheque o del saldo disponible, sin perjuicio de que dicho librador persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasionen”.

Siendo así, el cargo relativo a la objetividad de la responsabilidad y a la facultad para que el tenedor se haga justicia por su propia mano no prospera. No sólo porque ante una situación de no pago del cheque, el hecho no siempre se le atribuye al librador —podría atribuírsele al banco librado— sino que además el legislador exige que ello haya ocurrido por “su culpa”. Como ya se anotó, esto implica el reconocimiento voluntario de culpa o, en caso de controversia, que ésta se determine en un proceso judicial, dentro del cual, como en todo proceso, al librador se le garantizará su derecho de defensa, y se habrá de respetar el debido proceso.

El beneficiario puede reclamar del librador el pago de lo estipulado en el artículo 731 demandado cuando se dan las condiciones allí previstas. A su turno, el librador puede exigirle al librado el pago de lo señalado en el artículo 722, cuando se cumplan los requisitos establecidos en dicho artículo. De esta forma, se busca promover la seguridad y la agilidad en el tráfico jurídico, tan importantes en materia comercial. No obstante, las controversias en cada caso son dirimidas por los jueces competentes, no por el tenedor del cheque, como lo sugiere el actor.

El artículo 731 del Código de Comercio no permite entonces la administración de justicia por un particular beneficiario de un cheque, lo cual contravendría lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución. La norma tampoco viola el principio de responsabilidad jurídica, o el derecho al debido proceso consagrados en los artículos 6º y 29 de la Constitución Política. Por ende, tampoco desconoce las demás disposiciones citadas por el actor para sustentar los cargos analizados.

Tampoco encuentra la Corte que la norma acusada contravenga otras disposiciones constitucionales. En especial, estima que el porcentaje fijado por el legislador, v.gr. el 20% del importe del cheque no pagado, no es desproporcionado por las siguientes razones:

Primero, el legislador dispone de un margen de apreciación suficiente para determinar el porcentaje del importe del cheque que debe pagar el librador en la hipótesis analizada. En efecto, en virtud de la denominada potestad de configuración normativa, al legislador le está permitido en tanto representante del pueblo, traducir en normas sus decisiones relativas a los problemas y necesidades de la sociedad, como lo es en este caso, la medida que estimó apropiada para garantizar la confianza pública en los títulos valores y la agilidad de estos instrumentos.

Segundo, la eventual desproporción de la obligación de abonar un 20% del importe del cheque, ha de apreciarse a la luz tanto de la gravedad del hecho del no pago, apreciada en abstracto por el legislador, como de la finalidad buscada por la norma en cuestión. En efecto, dentro de las múltiples formas de analizar si una medida es desproporcionada o no lo es, se destacan dos. La primera consiste en sopesar los beneficios derivados de la finalidad buscada por la medida, de un lado, y el impacto o los efectos negativos de esta, del otro lado. Si bien no se exige un equilibrio perfecto, cuando la balanza se inclina de manera clara y protuberante del lado del impacto negativo de la medida, entonces ésta no cumple el requisito de ser proporcionada. La segunda consiste en comparar, en abstracto y considerando el contexto general, la medida legislativa adoptada con el problema que ésta pretende evitar o solucionar para luego, verificar que exista correspondencia entre la gravedad del problema, y la severidad de la medida. Así, cuando la medida es demasiado severa dada la magnitud del problema, entonces ésta no cumple el requisito de ser proporcionada.

Analizada la norma a partir de estos dos enfoques, ésta es constitucional. Así, a la luz de la finalidad de la medida y de los beneficios que de ella se derivan, el porcentaje del 20% no resulta desproporcionado. Si se tiene que la actividad económica es libre dentro del bien común, según lo dispone el artículo 333 de la Constitución, y que el fin del legislador es asegurar que el cheque cumpla su propósito de medio pago, así como proteger la agilidad de este título valor y la confianza del público en el mismo dada su trascendencia para el tráfico económico, no se puede concluir que establecer una obligación de abonar un 20% adicional al importe del cheque que no se paga por culpa del librador, resulte excesiva en relación con los fines que persigue el legislador con tal norma, máxime si se tiene que el valor del abono no es más de la quinta parte del importe del cheque girado. Es decir, la obligación de abonar un 20% adicional no es excesiva si se tiene que el beneficio buscado es de enorme importancia puesto que consiste en promover el fin de garantizar la seguridad y la agilidad del tráfico económico y la confiabilidad de este título valor. Tampoco resulta dicho porcentaje desproporcionado a la luz del segundo método de análisis. A nadie escapa la suma gravedad del problema de que un cheque, habida cuenta de su función económica y de su naturaleza jurídica, no sea pagado a quien confió en que éste representaba un equivalente de dinero obtenible, sin ningún trámite engorroso adicional, mediante la simple presentación oportuna del mismo ante el librado. El cobro judicial del cheque es demasiado lento en nuestro contexto, lo cual contraría los intereses del tenedor, y, además desatar un conflicto jurídico entre quienes tienen una relación comercial o personal tampoco le interesa siempre al girador del cheque no pagado. No se aprecia, entonces, que el porcentaje del 20% sea desproporcionado dada la gravedad de los problemas señalados.

Finalmente, advierte la Corte que el legislador puede optar por diversos sistemas de distribución del riesgo de que un cheque no sea pagado, siempre que éste respete los límites constitucionales. La controversia sobre si para Colombia sería más conveniente un sistema que redujera el riesgo del tenedor e incrementara el riesgo del librador, no tiene incidencia en el análisis constitucional que compete a la Corte Constitucional.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 731 del Código de Comercio, Decreto 410 de 1971.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, publíquese y archívese el expediente.

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