Sentencia C-454 de junio 12 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-454 de 2002 

Exp. D-3753.

Magistrado Ponente

Alfredo Beltrán Sierra.

Demandante: Emperatriz Castillo Burbano.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 554, incisos 4º y 5º parciales, y 555, numeral 1º parcial, del Código de Procedimiento Civil.

Bogotá, D.C., doce de junio de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 39.013 de 7 de octubre de 1989 respecto del Decreto 2282 de 1989, en el cual se subraya la parte cuya declaratoria de inexequibilidad se solicita.

Decretos 1400 y 2019 de 1970

(Agosto 6 y octubre 20)

Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil:

“ART. 555.—Modificado por el artículo 1º, numeral 303. Trámite. 1. Si la demanda reúne los requisitos legales, el juez librará mandamiento ejecutivo en la forma prevista en los artículos 497 y 498, el cual se notificará conforme al artículo 505, y no tendrá apelación”.

(...).

VII. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la demanda que se estudia.

2. La materia de la demanda.

Según la demandante la expresión “y no tendrá apelación” contenida en el numeral 1º del artículo 555 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 303, del Decreto 2282 de 1989, niega la posibilidad al demandado deudor para presentar su defensa, violando precisas normas sobre la igualdad y el debido proceso.

Corresponde entonces a esta corporación establecer si la decisión del legislador al negar la procedencia del recurso de apelación contra el auto de mandamiento ejecutivo en los procesos ejecutivos con título hipotecario o prendario, contraría alguno de los preceptos constitucionales de conformidad con lo establecido por el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, y en especial los artículos 13 y el 29 de la Constitución Política, de conformidad con el cargo formulado por la ciudadana demandante.

3. Doble instancia y debido proceso.

En relación con el principio de la doble instancia, ha de precisarse que el Constituyente de 1991 le dio alcance constitucional, al establecer en el artículo 31 del Estatuto Fundamental que:

“Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

Resulta entonces, que el artículo 31 superior consagra el principio de la doble instancia de las sentencias judiciales, pero defiere al legislador la facultad de establecer excepciones a ese principio, sin rebasar por supuesto, el límite que le imponen los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución.

Si el propio constituyente abrió la posibilidad de la existencia de sentencias judiciales respecto de las cuales no procediera el recurso de apelación, esa facultad adquiere mayor amplitud frente a las demás providencias que se dictan en el curso de una actuación judicial, concretamente para el caso que nos ocupa, de los autos interlocutorios.

En ese orden de ideas, el legislador en desarrollo de la cláusula general de competencia, que le otorga el artículo 150 constitucional, se encuentra facultado para señalar las formas propias de cada juicio, es decir, determinar las acciones, términos, recursos, a los cuales se ha de someter cada proceso judicial. En ese sentido le corresponde al Congreso de la República regular lo concerniente a los procesos judiciales, entre ellos lo relativo a la impugnación de las providencias judiciales.

La jurisprudencia constitucional en múltiples oportunidades, ha señalado que los recursos son de creación legal y, en consecuencia, una materia en donde el legislador cuenta con una amplia libertad, como quiera que, salvo, como lo ha dicho la Corte “ciertas referencias explícitas de la Carta, como la posibilidad de impugnar los fallos de tutela y las sentencias penales condenatorias (C.P., arts. 29 y 86)” (1) , al Congreso le corresponde instituir qué recursos proceden contra las providencias judiciales y administrativas, su oportunidad y efectos.

(1) Sentencia C-017 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Así las cosas, el hecho de que el legislador disponga que contra determinadas sentencias o autos interlocutorios, no procede el recurso de apelación, no significa por ese solo hecho que se conculque el derecho de defensa y el debido proceso de las partes procesales, por cuanto, si bien los recursos han sido instituidos como instrumentos de defensa, mediante los cuales la parte que se considere afectada con una decisión judicial o administrativa, la somete a un nuevo estudio para que se modifique, revoque o aclare, no son el único instrumento procesal con que cuentan las partes para poder ejercer sus derechos constitucionales en el marco de una actuación procesal determinada, pues existen otros medios de defensa a los cuales se puede acudir, que también hacen parte de las garantías propias del debido proceso; garantía que por expreso mandato constitucional ha de observarse en todas las actuaciones judiciales y administrativas (C.P., art. 29).

De lo anterior, y teniendo en cuenta que el principio de la doble instancia no tiene desde el punto de vista constitucional un carácter absoluto, el legislador dispuso que contra el auto de mandamiento de pago en los procesos ejecutivos con título hipotecario o prendario, no procede el recurso de apelación, obedeciendo a políticas legislativas, las cuales se encuentran encaminadas a darle preeminencia a los principios rectores de la administración de justicia y, concretamente del proceso civil colombiano, como son el de la celeridad procesal, unido al de la economía, en aras de darle agilidad al trámite de los asuntos que se ventilan en esa clase de procesos.

Por ello, si el legislador decide consagrar un recurso para cierta actuación judicial y lo excluye respecto de otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la conveniencia y necesidad de plasmar dicha distinción, siempre y cuando no desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Aún más, puede el legislador dentro de las políticas legislativas, suprimir recursos que haya venido consagrando, sin que por ese solo hecho vulnere disposiciones de rango superior.

4. La improcedencia del recurso de apelación contra el auto que libra el mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con título hipotecario o prendario, no viola la Constitución Política.

4.1. El proceso ejecutivo en general tiene por finalidad obtener la plena satisfacción de una prestación u obligación a favor del demandante y a cargo del demandado; se trata, como lo han definido los doctrinantes de una pretensión cierta pero insatisfecha, que se caracteriza porque no se agota sino con el pago total de la obligación.

Aunque la finalidad del proceso ejecutivo es siempre la misma, es decir obtener la plena satisfacción de una prestación u obligación, dicho proceso se clasifica en: ejecutivos singulares, hipotecarios o prendarios y mixtos. El proceso ejecutivo singular, como ha tenido la Corte la oportunidad de señalarlo (2) , se estableció por el legislador para tramitar el cobro de obligaciones que se encuentran respaldadas con garantía personal, en las cuales el deudor queda afecto a responder por ellas con la totalidad de su patrimonio, sin que el acreedor quirografario, pueda gozar de un derecho preferencial respecto de los demás acreedores, es decir, todos se encuentran en la misma situación de igualdad, en relación con la posibilidad de hacer valer sus créditos ante el deudor quirografario. El ejecutivo mixto se presenta cuando el acreedor persigue bienes distintos de los gravados con hipoteca o prenda, y se adelanta, contrario a lo que afirma la ciudadana demandante, por el procedimiento señalado para el ejecutivo singular.

(2) Sentencia C-918 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

En estas dos clases de proceso ejecutivo, esto es, en el ejecutivo singular como en el ejecutivo mixto, una vez presentada la demanda, acompañada del documento que preste mérito ejecutivo, el juez libra el mandamiento ejecutivo ordenando que el demandado cumpla la obligación en la forma pedida, o en la que considere legal (CPC, art. 497). Contra ese mandamiento ejecutivo proceden a instancias del deudor el recurso de reposición y apelación en el efecto devolutivo.

4.2. Ahora bien, los procesos ejecutivos hipotecarios o prendarios, si bien se tramitan por las disposiciones generales establecidas por el legislador para el trámite de las otras clases de ejecutivos (singular y mixto), en algunos aspectos, su trámite se encuentra sujeto a disposiciones especiales para esa clase de ejecutivos, en particular en lo que hace relación con los recursos que proceden contra el auto que ordena el mandamiento de pago, como quiera que se consagra por el artículo 555, numeral 1º, que contra él no procede el recurso de apelación, aspecto este que motivó el presente juicio de constitucionalidad.

Para resolver la acusación presentada frente a la negativa del recurso de apelación en contra del mandamiento de pago en los procesos ejecutivos con título hipotecario o prendario, es indispensable resaltar la naturaleza especial de esta clase de proceso de ejecución, con el fin de determinar las razones que tuvo el legislador para consagrar esa distinción, respecto de los procesos ejecutivos singulares y mixtos.

Lo primero que se debe señalar, es que el proceso ejecutivo con título hipotecario o prendario, es la formalidad procesal que estableció el legislador, para hacer efectivo el cobro judicial del derecho real de prenda o hipoteca constituida sobre inmuebles, naves, aeronaves, y en general todo tipo de bienes. Se caracteriza por cuanto existe previamente una garantía a favor del acreedor sin tener en consideración quien hubiere gravado el bien (3) .

(3) Sentencia C-383 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

Como lo ha señalado esta corporación, la hipoteca no es otra cosa que “una seguridad real e indivisible que consiste en la afectación de un bien al pago de una obligación sin que haya desposesión actual del constituyente y que le permite al acreedor hipotecario, vencido el plazo, embargar y hacer rematar ese bien, sea quien fuere la persona que estuviere en posesión de él, para hacerse pagar de preferencia a todos los demás acreedores con títulos quirografarios” (4) .

(4) Ibídem.

Son dos entonces los atributos que los derechos reales de prenda e hipoteca llevan implícitos: la preferencia y la persecución; en virtud del primero, el acreedor goza del derecho de que con el precio del bien hipotecado se le pague de preferencia a los demás acreedores, así, el fin que se persigue en esta clase de procesos, no es otro que asegurar esa ventaja al acreedor. Y, por cuenta del segundo, el acreedor tiene la posibilidad de perseguir la cosa hipotecada en manos de quien se encuentre, garantizando al acreedor el ejercicio de su derecho de preferencia aun en el evento de que el inmueble haya sido enajenado por el deudor.

Así las cosas, el carácter de especial del proceso ejecutivo hipotecario o prendario, radica en que para su existencia se exige previamente una garantía real, que bien puede ser una hipoteca o una prenda, que se constituye a favor del acreedor, y que lo faculta para perseguir el bien frente al actual propietario. Ello significa, que en los ejecutivos con título hipotecario o prendario, las garantías reales sólo operan cuando expresamente ellas se constituyen para sustraer la ejecución de la regla general, según la cual, el deudor responde al acreedor con la totalidad de su patrimonio.

En ese orden de ideas, el hecho de que el legislador establezca reglas distintas para el trámite en los procesos ejecutivos hipotecarios o prendarios, en los cuales se persigue el pago de una suma de dinero, exclusivamente con el producto de los bienes que se encuentran gravados con hipoteca o prenda, no viola el derecho a la igualdad, en relación con los procesos ejecutivos singulares o mixtos, pues, como se vio, se trata de un proceso especial, único dentro de las modalidades de ejecución forzada establecidas por el legislador en el mismo ordenamiento jurídico. Adicionalmente, en aras de la filosofía de agilización y celeridad que orientó la reforma introducida al Código de Procedimiento Civil, por el Decreto 2282 de 1989, con la improcedencia del recurso de apelación contra el mandamiento de pago en los procesos ejecutivos hipotecarios o prendarios, se buscó dotar, como lo resalta la vista fiscal, a esa clase de procesos de un mecanismo eficaz para su pronta resolución, dada la existencia de unas garantías que no dejan duda y ofrecen plena credibilidad sobre la existencia de una obligación, como quiera que la hipoteca requiere, por ministerio de la ley, la constitución mediante escritura pública y su posterior registro.

Pero es más, desde antes de la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989, el proceso ejecutivo hipotecario o prendario, difería de la estructura ofrecida para la ejecución corriente, por cuanto el mandamiento ejecutivo era reemplazado por el auto admisorio de la demanda. En efecto, el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, disponía “[P]resentada la demanda con arreglo a la ley acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez ordenará al demandado que cumpla la obligación...”, y el artículo 505 disponía que ese mandamiento ejecutivo era susceptible de apelación en el efecto devolutivo.

Por su parte, el artículo 555, numeral 1º, disponía “[S]i la demanda reúne los requisitos legales, el juez la admitirá y dará traslado al demandado por cinco días para que pueda proponer excepciones...”. Por tratarse de un auto admisorio, necesariamente había que remontarse para efecto de los recursos, al artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, que consagra el sistema taxativo del recurso de apelación, en el cual se establecía la procedencia del recurso de apelación para el auto que rechace la demanda. Nótese, que el recurso de apelación en el ejecutivo singular se consagraba a favor del ejecutado y, en el hipotecario, el auto que rechazara la demanda era apelable por el ejecutante. Con la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989, se unificó el sistema, al cambiar el auto admisorio por el de mandamiento ejecutivo, que es la primera providencia que se dicta en los procesos de ejecución.

Siendo ello así, a juicio de la Corte, el hecho de que el legislador no haya establecido el recurso de apelación en contra del mandamiento de pago, en los procesos ejecutivos hipotecarios o prendarios, no vulnera la Constitución Política, dada la naturaleza especial de esta clase de ejecución, cuyo origen es un negocio jurídico de hipoteca o prenda, título que como se vio, le otorga al acreedor, los atributos de persecución y preferencia contra el dueño del bien gravado, a diferencia del ejecutivo singular, en cuyo caso el acreedor quirografario cuenta con una acción personal originada en el derecho de crédito contra su deudor, razón por la cual, no se puede predicar, una violación del derecho a la igualdad, como lo afirma la ciudadana demandante, pues como lo ha sostenido en muchas oportunidades esta corporación, el derecho a la igualdad exige el mismo trato para entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis, y una diferente regulación respecto de las que presentan características diferentes.

No obstante, podría pensarse que hubiera sido conveniente que así como en el ejecutivo singular existe la posibilidad de apelar el mandamiento de pago en el efecto devolutivo, también se hubiera establecido por el legislador ese medio de impugnación para el auto de mandamiento en el ejecutivo hipotecario y prendario. Con todo, la Corte no es juez de conveniencia sino de constitucionalidad y, la decisión sobre la conveniencia de expedir una norma en un sentido determinado es un asunto de política legislativa, en la cual para este caso, el legislador tuvo en cuenta las características específicas del proceso ejecutivo con acción real.

Finalmente, la acusación de la demandante en el sentido de que la imposibilidad del deudor demandado de ejercer el recurso de apelación contra el mandamiento ejecutivo, en los procesos de ejecución forzada con título hipotecario o prendario, le vulnera el derecho de defensa, no es de recibo en este caso, como quiera que el ejecutado cuenta con otros mecanismos a través de los cuales puede ejercer su defensa, entre los cuales se encuentra, la posibilidad de proponer excepciones previas y de mérito, en el término de cinco días, según lo establece el numeral segundo del artículo 555 del Código de Procedimiento Civil, que son el medio principal con que cuenta el ejecutado para ejercer su derecho de defensa.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “y no tendrá apelación” contenida en el numeral 1º del artículo 555 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 303 del Decreto 2282 de 1989.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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