Sentencia C-455 de octubre 13 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

CAMBIOS INTERNACIONALES

REGULACIÓN POR EL GOBIERNO NACIONAL

EXTRACTOS: «A continuación, se transcriben los artículos 1º y 3º de la Ley 9ª de 1991 y se subrayan las expresiones acusadas:

“LEY 9ª DE 1991

(Enero 17)

“Por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

TÍTULO I

De las normas generales en materia de cambios internacionales

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

“Artículo 1º—La regulación en materia de cambios internacionales será ejercida con sujeción a los criterios, propósitos y funciones contenidos en la presente ley, por parte del Gobierno Nacional, directamente y por conducto de los organismos que esta ley contempla” (...)

“Artículo 3º—Funciones de regulación. Las funciones consagradas en este título serán ejercidas por el Gobierno Nacional y por conducto de la Junta Monetaria en los casos contemplados en los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10 y 12, y del Consejo Nacional de Política Económica y Social las previstas en el artículo 13”.

(Lo subrayado es lo demandado; además, en el Diario Oficial Nº 39.634 aparece una aclaración en el sentido de advertir que la remisión que se hace en el último renglón del artículo 3º, debe entenderse efectuada el artículo 15 de la misma ley y no al artículo 13).

Como se ha visto, en este caso se reclama la declaratoria de inconstitucionalidad de las expresiones que hacen posible la participación del Conpes en el ejercicio de la función que en materia de cambio internacional le corresponde ejercer al Gobierno Nacional, en el caso del régimen general de inversiones del exterior en el país y de las inversiones colombianas en el exterior (art. 15 de la Ley 9ª de 1991 y art. 59 Ley 31 de 1992).

En primer término cabe observar que, de conformidad con las funciones constitucionales de la Junta Directiva del Banco de la República y atendiendo a las Leyes 31 de 1992 y 9ª de 1991, se pueden señalar las modalidades, la destinación, la forma de apropiación y las condiciones generales de aquellas inversiones; igualmente, mediante su ejercicio, se pueden establecer los regímenes excepcionales, de acuerdo con el destino de la inversión según sea el sector de la misma, trátese del financiero, del de hidrocarburos o del de la minería (cfr. art. 15 Ley 9ª de 1991).

Encuentra la Corte que el ejercicio de la función establecida en el literal b) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, además de estar condicionado por los objetivos y criterios generales que establezca la “ley marco”, en concordancia con las funciones constitucionales de la Junta Directiva del Banco de la República, no puede ser trasladado a organismos o entidades en las que se desvirtúe la responsabilidad política y administrativa del Gobierno, como es el caso del Conpes.

En este sentido encuentra la Corte que es voluntad del constituyente la de asegurar que, en el ejercicio de las principales funciones del Estado y de la administración pública, no se desvirtúe la responsabilidad política y administrativa de los funcionarios; por tanto, en esta materia, la disposición que establece la función constitucional de señalar el citado régimen de cambio, no puede ser interpretada en el sentido que pemita que ella sea ejercida por conducto de ningún cuerpo, organismo, entidad u órgano público, oficial, particular, privado o mixto.

Es del caso señalar que las expresiones acusadas comportan una modalidad irregular de desprendimiento, traslado o delegación de funciones exclusivas del Gobierno, creando una versión extraña de revestimiento de competencias y de facultades, de las cuales no puede desprenderse el ejecutivo, ya que la Carta Política es precisa y rigurosa en estas materias.

Además, en concepto de la Corte Constitucional, frente a la función de señalar el régimen de cambio internacional a la que se refiere el artículo 150 num. 19 lit. b) de la Carta Política, resultan inconstitucionales las expresiones acusadas en las que se autoriza el ejercicio de la función “... por conducto de los organismos que esta ley contempla” y “... y por conducto del Consejo Nacional de Política Económica y Social, las previstas en el artículo 13”.

Desde otro punto de vista, y bajo otras perspectivas jurídicas, nada se opone a que dentro del marco de la Constitución Nacional, el Gobierno y el Presidente de la República puedan adelantar el cumplimiento de sus funciones con la colaboración, asesoría o con la coordinación de organismos de la administración central o descentralizada, o con la asesoría, participación o coordinación de cuerpos asesores y consultivos especiales, como lo es, en estas materias, el denominado Conpes, o como otros tantos que se encuentran en el ordenamiento jurídico nacional, o con el auxilio de otros entes u organismos que, creados por la Carta Política o integrados en desarrollo de la misma Constitución de 1991, participativa, democrática, pluralista y consensual; empero, la función de que trata el citado numeral 19 del artículo 150 de la Constitución, como otras tantas de origen constitucional, no pueden ser ejercidas por conducto de ninguno de estos organismos, cuerpos o instancias consultivas, de coordinación o de asesoría.

La Corte encuentra, además, que es contrario a la Constitución que un organismo asesor y de coordinación, como lo es el Conpes, pueda ser autorizado o llamado a participar en el ejercicio de esta función gubernamental de origen constitucional y de regulación legal, pues desvirtúa la responsabilidad que le corresponde al Gobierno Nacional en su definición jurídica; en este sentido se encuentra que la noción constitucional de Gobierno está prevista en los incisos segundo y tercero del artículo 115 de la Constitución Nacional, y que en ella se señala que el Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamento administrativo, y que, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno, el Presidente de la República y el ministro o director de departamento correspondiente.

En el asunto que se examina, se encuentra que el Conpes, como organismo asesor del Gobierno, no puede ser vinculado al ejercicio de la citada función en la modalidad que se expresa, al ser empleado por el legislador el término “por conducto” ya que como se advirtió, ni el Presidente de la República ni los ministros correspondientes pueden quedar excluidos de la responsabilidad debida en este tipo de función, es decir, la señalada por los artículos 1º, 3º y 15 de la Ley 9ª de 1991 y por una parte del artículo 59 de la Ley 31 de 1992.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, actuando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLES las expresiones acusadas de los artículos 1º y 3º de la Ley 9ª de 1991.

Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-455 de octubre 13 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).

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