Sentencia C-456 de octubre 13 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

MATRIMONIO

CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES

EXTRACTOS: «El tenor literal de las disposiciones demandadas es el siguiente:

LEY 25 DE 1992

(Dic 17)

Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política.

ART. 5º—El artículo 152 del C.C. quedará así:

“El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado.

Los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez de la familia o promiscuo de la familia.

En materia del vínculo de los matrimonios religiosos regirán los cánones y normas del correspondiente ordenamiento religioso”.

ART. 7º. El parágrafo primero del art. 427 del Código de Procedimiento Civil se adicionará con el siguiente numeral:

“6. La cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos”.

El literal b) del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989 quedará así:

“b) Del divorcio, cesación de efectos civiles y separación de cuerpos, de mutuo acuerdo”.

El numeral primero del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989 quedará así:

“De la nulidad y divorcio de matrimonio civil y de la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso”.

ART. 8º—El numeral 4º del parágrafo primero del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

“4º El divorcio, la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso y la separación de cuerpos, por consentimiento de ambos cónyuges”.

ART. 11.—El artículo 160 del Código Civil, modificado por la Ley 1ª de 1976, quedará así:

“Ejecutoriada la sentencia que decreta (sic) el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí”.

ART. 12.—Las causales, competencias, procedimientos y demás regulaciones establecidas para el divorcio, la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, la separación de cuerpos y la separación de bienes, se aplicarán a todo tipo (sic) de matrimonio celebrado, antes o después de la presente ley.

Declarada la inconstitucionalidad, los textos de los artículos parcialmente demandados de la Ley 25 de 1972, serán los siguientes:

ART. 5º—El artículo 152 del C.C. quedará así:

“El matrimonio se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado.

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio decretado por el juez de familia o promiscuo de familia”.

ART. 7º—El parágrafo primero del art. 427 del Código de Procedimiento Civil se adicionará con el siguiente numeral (...).

El literal b) del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989 quedará así:

“b) Del divorcio, y separación de cuerpos, de mutuo acuerdo”.

El numeral primero del artículo 5º del Decreto 2272 de 1989 quedará así:

“De la nulidad y divorcio de matrimonio”.

ART. 8º—El numeral 4º del parágrafo primero del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:

“4. El divorcio y la separación de cuerpos, por consentimiento de ambos cónyuges”.

ART. 11.—El artículo 160 del Código Civil, modificado por la Ley 1ª de 1976, quedará así:

“Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí”.

ART. 12.—Las causales, competencias, procedimientos y demás regulaciones establecidas para el divorcio, la separación de cuerpos y la separación de bienes, se aplicarán a todo tipo de matrimonio celebrado, antes o después de la presente ley.

III. La demanda

El ciudadano Carlos Fradique Méndez fundamenta su acción con los siguientes argumentos:

1. Que la ley hace una distinción entre “matrimonio, rito-civil y matrimonios religiosos” que no le es dable hacer, ya que la Constitución no contempla esa distinción porque, arguye el impugnante, tan solo existe una clase de matrimonio ante el Estado.

2. Que se reglamenta el divorcio tan solo para el matrimonio civil, debiéndose entender esta reglamentación a otros tipos de matrimonio.

3. Que es contrario a la Constitución señalar que únicamente con el divorcio cesan los “efectos civiles del matrimonio religioso”.

4. Que hay probabilidades de que exista una pareja casada ante la religión y soltera ante la ley, contradicción jurídico-lógica que, según el actor, puede presentarse, o aceptar que en el fuero religioso se mantenga como indisoluble el matrimonio y en el civil como disoluble, en virtud de una sentencia de divorcio.

5. Que no puede el Estado colombiano reconocer la existencia y validez de ritos distintos al propio matrimonio civil, único válido, según el demandante, ante la Constitución Nacional.

En un segundo acápite de la demanda, pretende el actor establecer la violación al artículo 13 de la Carta Política, que contempla la igualdad, ya que según él:

1. Se sigue considerando que existen matrimonios susceptibles de divorcio, y otros no susceptibles del mismo, creando así una desigualdad entre los ciudadanos que utilizan uno u otro sistema de vínculo matrimonial.

2. Se crea una incongruencia al permitir que puedan coexistir un matrimonio civil y un matrimonio religioso, al conservar efectos uno, y haberlos perdido el otro, ya que esto permitiría una situación de bigamia.

3. Afirma el demandante, que al reconocer la ley colombiana la autonomía de las religiones en la regulación del vínculo sujeto a sus cánones, se incorporan al ordenamiento jurídico colombiano, legislaciones ajenas, violando así los artículos 113 y 230 de la Constitución que consagran la sujeción de los jueces a la ley colombiana.

4. Considera el demandante que hay una remisión a las leyes religiosas, hecho que es contrario a la Constitución, por cuanto vulnera la soberanía nacional al admitir otra potestad en su jurisdicción.

En una tercera parte de la acusación analiza la estructura semiológica de la frase “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”. El demandante manifiesta que hay una imprecisión de la ley, al señalar: “todo matrimonio”, por cuanto es innecesario hablar de un grupo en donde no hay diversidad de individuos y por ello sólo hay un único matrimonio ante la ley civil.

La demanda continúa ampliando el criterio de los efectos civiles, y la impropiedad que a su parecer hay en la expresión “cesación”, entendiéndola como un fenómeno distinto al divorcio, con la consecuencia de haber entonces “divorciados” y “cesados” (sic).

En las conclusiones de la demanda el actor afirma que la Ley 25, reglamentaria del art. 42 de la Constitución Nacional, extralimita su función y crea la figura de dos matrimonios, no concebida en la Constitución Nacional; así mismo sostiene que el divorcio civil no se puede negar para el matrimonio religioso.

VI. Consideraciones de la Corte

1. La materia.

Se plantea ante la Corte un caso que involucra dos tendencias naturales del ser humano: la unión matrimonial y la religiosidad. La Constitución Política en su artículo 42 reconoce a la familia como “núcleo fundamental de la sociedad”, y al matrimonio como uno de sus elementos constitutivos. Con ello está garantizando un derecho inherente a la persona humana, por cuanto la esencia del hombre —entendido el término en su sentido genérico— está ordenada a la unión entre varón y mujer, y porque ambos tienden a complementarse en un vínculo unitivo, que tiene como objeto esencial la propagación de la especie, a través de la procreación de los hijos y, con ello, la configuración de ese núcleo fundamental que es la familia. Igualmente, la espiritualidad trascendente del hombre es inherente a su estructura personal. En virtud de ese rasgo distintivo de la humanidad, es natural que una pareja aspire a que su matrimonio se consolide a través de un vínculo espiritual, bajo el rito religioso de su creencia. Ello está garantizado por la Constitución en el artículo 19 al reconocer a todas las personas el derecho a profesar libremente su religión, y es evidente que una de las maneras de exteriorizar aquellas sus creencias religiosas es la celebración del matrimonio de conformidad con el rito religioso de sus preferencias.

2. La regulación del matrimonio desde 1886 hasta 1991.

Una vez promulgada la Carta Política de 1886, el Consejo Nacional de Delegatarios expidió las Leyes 57 y 153 de 1887, las cuales regularon el régimen matrimonial. Dicha regulación se hizo en consonancia con la doctrina católica que considera el matrimonio como uno de los sacramentos, cuyo vínculo es indisoluble. Como corolario de lo anterior, el rito católico tenía plenos efectos civiles.

En efecto, de acuerdo con la Ley 57 de 1887, el matrimonio celebrado por el rito católico genera validez civil. Por ello el artículo 12 de esta ley señala: “Son válidos para todos los efectos civiles y políticos, los matrimonios que se celebren conforme al rito católico”. La nulidad de los matrimonios católicos entró a regirse, entonces, por las normas del derecho canónico, y de las demandas de esta especie corresponde conocer, por ende, a la autoridad eclesiástica. Así, dictada sentencia firme de nulidad por el Tribunal Eclesiástico, ésta surtiría todos los efectos civiles y políticos, previa inscripción en el correspondiente libro de registro de instrumentos públicos (art. 17, ibidem). Lo dispuesto en el artículo 17 de la misma ley sobre causas de nulidad se aplica igualmente a los juicios de divorcio (art. 18). Así mismo, la disposición contenida en el artículo 12 es de efecto retroactivo y, por tanto, los matrimonios celebrados en cualquier tiempo, surtirán todos los efectos civiles y políticos desde la promulgación de la Ley 57 de 1887, según el artículo 19 de la misma.

Según la Ley 153 de 1887, la potestad canónica es independiente de la civil, y no forma parte de ésta; pero será fielmente respetada por las autoridades de la República (art. 3º). En su artículo 21 dispone: “El matrimonio podrá por ley posterior, declararse celebrado desde época pretérita, y considerarse válido en sus efectos civiles, a partir de un hecho sancionado por la costumbre del país, en cuanto este beneficio retroactivo no vulnere derechos adquiridos bajo el imperio de la anterior legislación”. Según el artículo 50 de la ley en comento, los matrimonios celebrados en la República en cualquier tiempo conforme al rito católico, se reputan legítimos y surten, desde que se administró el sacramento, los efectos civiles y políticos que la ley señala al matrimonio, en cuanto este beneficio no afecte derechos adquiridos por actos o contratos realizados por ambos cónyuges, o por uno de ellos con terceros, con arreglo a las leyes civiles que rigieron en el respectivo Estado o territorio antes del 15 de abril de 1887.

De esta forma, los juicios de nulidad y de divorcio de matrimonios católicos celebrados en cualquier tiempo, serían conocidos, exclusivamente, por los Tribunales eclesiásticos, y la sentencia firme que recaiga sobre ellos producirá los efectos civiles, conforme a lo dispuesto en la Ley 57, artículos 17 y 18 y en la Ley 153, artículo 51. Respecto de matrimonios católicos celebrados en cualquier tiempo y que deben surtir efectos civiles, se tendrán como pruebas principales las de origen eclesiástico, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 57, según lo prescribe el artículo 79 de la Ley 153.

El 31 de diciembre de 1887 se suscribió en Roma un convenio entre el Presidente de Colombia y la Santa Sede, cuyos artículos 17, 18 y 19 regularon de la siguiente forma la materia matrimonial:

“Artículo 17.—El matrimonio que deberán celebrar todos los que profesan la religión católica producirá efectos civiles respecto a las personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes sólo cuando se celebre de conformidad con las disposiciones del Concilio de Trento. El acto de la celebración será presenciado por el funcionario que la ley determine con el solo objeto de verificar la inscripción del matrimonio en el registro civil, a no ser que se trate de matrimonio in artículo mortis, caso en el cual podrá prescindirse de esta formalidad si no fuere fácil llenarla y reemplazarla por pruebas supletorias”.

El artículo 18 señala que respecto de matrimonios celebrados en cualquier tiempo de conformidad con las disposiciones del Concilio de Trento y que deban surtir efectos civiles, se admiten de preferencia como pruebas supletorias las de origen eclesiástico. Y el artículo 19 estipula que serán de exclusiva competencia de la autoridad eclesiástica las causas matrimoniales que afecten el vínculo del matrimonio y la cohabitación de los cónyuges, así como las que se refieran a la validez de los esponsales. Los efectos civiles del matrimonio se regirán por el poder civil.

La Ley 30 de 1888 en su artículo 30 consagró la nulidad ipso iure del matrimonio civil, por el hecho de que uno de los cónyuges contraiga matrimonio religioso católico con otra persona. Esta norma rigió hasta la Ley 54 de 1924, que aceptó excluir de tal imposición —la negativa para los católicos de contraer matrimonio civil— a quienes formal y reiteradamente manifestaran su abandono a la Iglesia Católica, con la consecuencia de la pena de excomunión mayor.

El régimen matrimonial así conformado con matrimonio civil indisoluble, sólo para los católicos en un principio y luego también para los apóstatas, y matrimonio católico para los católicos que no hayan hecho declaración formal y reiterada de su abandono religioso, sometido a la legislación, administración y jurisdicción canónica en todo lo relativo a la validez del vínculo y a la vida común de los cónyuges, subsistió tal cual hasta la puesta en vigencia del concordato de 1973, o sea, hasta el 3 de junio de 1975.

A partir del 2 de julio de 1975, en razón del canje de notas de ratificación del concordato del 12 de julio de 1973, aprobado por la Ley 20 de 1974, se admitió el matrimonio civil de los que profesan la religión católica, y se le reconocieron efectos civiles sin necesidad de tener que hacer renuncia pública de su credo.

Con base en la Ley 1ª de 1976, en vigor desde el 18 de febrero de dicho año, se admitió la disolución del matrimonio civil por decreto judicial de divorcio. En este sentido los matrimonios canónicos estaban sometidos a una doble legislación y jurisdicción: la canónica, para su celebración y disolución, y la civil, para sus efectos personales y patrimoniales, al paso que los matrimonios civiles estaban íntegra y exclusivamente sometidos a la ley y jurisdicción civiles.

2.1. La indisolubilidad del vínculo del matrimonio católico.

El meollo de la discusión entre los partidarios de una forma u otra de matrimonio —el religioso y el civil— es, sin lugar a dudas, el relativo a la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Al respecto, la Iglesia Católica —al igual que otras religiones— considera que el matrimonio, de suyo, es indisoluble, y que así cesen ante la ley positiva sus efectos civiles por divorcio, el vínculo permanece incólume. La razón por la cual considera la Iglesia Católica, por ejemplo, que el vínculo no puede ser afectado por el divorcio, puede sintetizarse así:

La indisolubilidad del matrimonio católico es una nota del vínculo conyugal que, desde el principio de la iglesia, ha estado en la conciencia de los fieles. Esta indisolubilidad se encuentra de manera expresa consagrada en varios pasajes evangélicos, entre ellos Mateo 19, 3-12. Los autores de derecho canónico(3) han dado un doble fundamento a la indisolubilidad: la sacramentalidad y la doctrina. Así, dicen, siendo la unión de Cristo con la Iglesia el ejemplar normativo del matrimonio, y tratándose de una unión indisoluble, esta misma nota es predicable del vínculo matrimonial. Por doctrina canónica, el matrimonio es indisoluble por razón de sus fines —procreación y recepción de los hijos, además de la mutua ayuda entre los cónyuges—, y, de modo especial, por la solidaridad que debe existir entre éstos. Igualmente, anotan los doctrinantes, hay un grado de indisolubilidad que es propio y común al matrimonio católico: la sacramentalidad del mismo, lo cual le da por esencia una gran firmeza, de modo que el matrimonio rato y consumado resulta absolutamente indisoluble.

2.2. El matrimonio en la Carta Política vigente.

La Constitución Política de 1991 reconoce el matrimonio religioso como garantía de la pluralidad ideológica que inspira el nuevo ordenamiento constitucional colombiano, pero en condiciones de plena igualdad legal; de modo que ante la ley, todos los matrimonios cesan en sus efectos civiles por divorcio. Son particularmente importantes para el asunto de que se ocupa la Corte los incisos sexto, séptimo, octavo y noveno del artículo 42 de la Carta.

El inciso sexto señala: “Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y disolución del vínculo, se rigen por la ley civil”.

Conforme a la nueva Constitución, la ley civil es la que rige en los aspectos formales de todo matrimonio, así como en lo relativo a las relaciones jurídicas de (y entre) los cónyuges y a la disolución del vínculo. Con respecto a este último punto, hay que armonizarlo con lo prescrito en el inciso octavo, que señala una directriz constitucional categórica: “Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”. De lo anterior se deduce que ante la ley civil todos los matrimonios cesan en sus efectos civiles por divorcio. Al emplear la expresión “todo”, se trata de una afirmación universal, lo cual confirma la generalización del inciso sexto, cuando habla de “las formas del matrimonio”; se refiere así a todo matrimonio, pero en cuanto hace a sus efectos civiles, ya que al legislador no le compete regular la esfera espiritual, propia de la autoridad religiosa, de la misma manera como ésta no puede regular el orden civil. A la luz del texto constitucional, la disolución del matrimonio —en general— se rige por la ley civil: pero nada impide que el legislador reconozca la naturaleza sacramental del vínculo religioso, pues no contradice en ninguna de sus partes la filosofía de la Carta, ya que ésta consagra la libertad de cultos, la libertad de conciencia y la existencia de los diversos ritos religiosos.

Por su parte, el inciso séptimo estipula: “Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley”. Este texto indica que hay pluralidad y no homogeneidad. La Constitución reconoce efectos civiles a los diversos tipos de matrimonios religiosos, pero con arreglo a la ley civil que establece un principio de igualdad a las diversas celebraciones religiosas de matrimonio (cfr. art. 13 C.P.), según la libertad de conciencia (cfr. art. 18 ibídem) y de cultos (cfr. art. 19 ibídem).

El reconocimiento que la Carta Política hace de los matrimonios religiosos en el inciso séptimo, es complementado por el inciso noveno del mismo artículo constitucional, cuando dispone que “también tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley”. Pero el inciso siguiente es perentorio al prescribir que “la ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”. Por tanto, el artículo citado señala tres aspectos novedosos con respecto al régimen anterior: 1. La ley civil regula los efectos civiles de todo matrimonio, los cuales cesan con el divorcio; 2. Ante la ley civil el matrimonio en general es disoluble, aunque en el dogma interno de la respectiva religión se considere que el vínculo es indisoluble; 3. El Estado civil de las personas no será determinado por las autoridades religiosas, sino exclusivamente por la ley.

Así, aunque el vínculo religioso de los divorciados permanezca en el fuero de la conciencia, la realidad es que ante la ley civil los efectos civiles del vínculo religioso cesan por divorcio. De este modo, el matrimonio canónico no implica que ante la potestad civil los efectos civiles del vínculo sean la indisolubilidad, pues el matrimonio ante el Estado es disoluble de conformidad con los incisos 6º y 8º del artículo 42 superior.

3. Efectos civiles de los matrimonios religiosos.

Como un reconocimiento a la libertad de cultos, repetimos, el artículo 42 del estatuto superior, señala que “los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley”; ello en el entendido de que los efectos civiles se rigen por la ley civil. Así establece la Carta una forma de discernimiento entre las dos esferas: por una parte, la esfera religiosa en sí, es decir lo concerniente a la creencia íntima de los que profesan una religión, es de competencia de la respectiva autoridad religiosa; por otra parte, la esfera civil, o temporal, requiere una regulación proporcionada, es decir, civil, lo cual significa que su competencia corresponde a la autoridad secular.

En este orden de ideas cabe recordar que el artículo 42, en los incisos a que se ha hecho referencia, es tajante en prescribir:

“Artículo 42. (...)

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.

También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes”.

Distingue pues la Constitución las dos esferas antes señaladas. Cabe anotar que al reconocer ella los efectos civiles de los matrimonios religiosos y de las sentencias de nulidad de esos matrimonios dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley, está protegiendo, por una parte, la esfera espiritual de la persona, y de paso garantizando sus derechos a la libertad de conciencia (art. 18) y a la libertad de cultos (art. 19) y, por otra parte, la convivencia social cuya garantía corresponde por esencia a la potestad civil. La Constitución no podía desconocer que el culto religioso, como se ha dicho, es la manifestación externa de la religiosidad, es decir que tiene una directa relación con la libertad de conciencia y que, por tanto, mientras ese culto no atente contra el derecho ajeno, el orden público o el interés general, debe gozar de protección efectiva en el campo temporal.

La ley civil tiene pues potestad sobre los efectos civiles, así como la autoridad religiosa establece los criterios de rectitud interior conforme a sus preceptos.

A la ley civil no le corresponde, en modo alguno, regular la esfera espiritual, saliéndose de su potestad, porque desconocería no sólo la libertad de cultos (art. 19), sino que impediría el pluralismo, uno de los fundamentos filosóficos de la Carta. De ahí que no pueda obligarse a una religión a modificar su concepción del matrimonio, en el sentido de admitir que este sea disoluble cuando, según su norma no lo es, porque el art. 18 es claro en señalar que “nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlos ni obligado a actuar contra su conciencia”, y además que “toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva” (art. 19). Cuestión distinta es que los efectos civiles cesen por el divorcio (art. 42); es el plano de la efectividad civil, competencia de la potestad civil exclusivamente.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 13 de la Constitución, hay que resaltar dos aspectos: primero, la Constitución misma es la que alude al matrimonio religioso (art. 42), pero iguala los efectos civiles de este con los de todo matrimonio, es decir, estipula la igualdad en derecho. Es pertinente recordar que la igualdad no consiste en la identidad absoluta, sino en la proporcionalidad. En este caso no consiste en desconocer el matrimonio religioso como tal, e imponer un único matrimonio, sino que se iguala lo diferente, esto es, se reconoce que siendo los matrimonios distintos, tendrán tratamiento jurídico igual. En segundo lugar, la Ley sub examine no desconoce que todos los matrimonios cesan en sus efectos civiles por el divorcio, de acuerdo con la ley civil; es por eso que la Corte no considera que exista inconstitucionalidad alguna, porque la ley no está consagrando ninguna situación que vulnere el derecho a la igualdad ante la ley. Sería un contrasentido —se repite— que en aras de una mal entendida igualdad, la ley civil obligara a determinado credo religioso —que rige en el plano de la conciencia individual— a que modifique su dogma espiritual, con el fin de ajustarse a la legislación positiva, porque supondría violar todos los logros de la Constitución en materia de libertad de cultos. Distinto sería el caso en que la dogmática de una religión motivara a sus fieles a contravenir el orden jurídico, evento que no se presenta en el caso estudiado.

Según pues nuestro ordenamiento constitucional, la forma del matrimonio se rige por la ley civil y, por consiguiente, la efectividad civil es señalada por la ley respectiva, es decir, la civil. Pero lo anterior no equivale a afirmar que para el Estado el único matrimonio sea el civil; prueba de ello es que en el inciso séptimo del artículo 42 superior se hace referencia a la existencia del matrimonio religioso, con efectos civiles iguales a los de cualquier otro matrimonio, lo que es corroborado por el inciso octavo del mismo artículo, cuando reconoce efectos civiles a las sentencias proferidas por autoridades religiosas.

El pluralismo no puede consistir en desconocer tradiciones o preceptos religiosos y en imponer un único matrimonio, el civil. Por el contrario, consiste en igualar las diversas tradiciones ante la ley, que, al ser general, no puede establecer desigualdad alguna. Aceptar sólo un matrimonio sería una discriminación contra las otras concepciones que prevén maneras distintas de asumir este vínculo, conforme a su libertad de conciencia. Hay quienes sostienen una forma de pluralismo errado, que consiste en pretender que la diferencia es equivalente a la discriminación y que, por tanto, debe haber una identidad absoluta. Esto no es pluralismo porque al negar la diferencia, establece la premisa de lo idéntico; es más: al pretender eliminar la diversidad de matrimonios, en nuestro caso sólo quedaría uno, el civil, con lo cual la pluralidad desaparecería. Se vuelve a insistir en que la igualdad se basa en lo plural: se igualan cosas distintas; en este caso se da el mismo efecto civil al matrimonio religioso y a cualquier otro tipo de matrimonio. Esto sí significa tolerancia, porque se ha fundamentado en la comunidad de lo diverso, es decir, en la unidad de lo plural. Se tiene así la pluralidad de concepciones doctrinarias acerca del matrimonio, pero unidad en sus efectos civiles.

En resumen, las expresiones “religioso” y “efectos civiles” consagradas en la Ley 25 de 1992, no son inconstitucionales, ya que son un desarrollo lógico del artículo 42 de la Carta que emplea esos términos. Así mismo, la expresión “civil”, impugnada por el demandante, no contradice en nada el espíritu de la Constitución, por ser una derivación válida del contexto del artículo 42, que reconoce el pluralismo, según se anotó, en consonancia con los artículos 1º, 13, 18, 19 y 20 del estatuto superior.

3.1. Vínculo y efectos civiles del mismo.

Para la Corte resulta pertinente la observación que hace el Procurador respecto del inciso tercero del artículo 5º, de la ley sub examine, por cuanto la ley civil no puede operar en un asunto exclusivo de la potestad religiosa referente a la naturaleza sacramental del vínculo. Cuestión distinta es que los efectos civiles del vínculo religioso cesen por divorcio con arreglo a la ley civil (inciso tercero del artículo 5º de la Constitución Política), y que, ante dicha ley, el efecto civil del vínculo esté sujeto al divorcio.

Es cierto que, de conformidad con el inciso sexto del artículo 42 superior, la disolución del vínculo se rige por la ley civil, pero ello no quiere decir que la ley civil disuelva el vínculo sacramental, cuestión que no le está permitida al legislador, porque violaría los artículos 18 y 19 superiores, por cuanto supondría la intromisión de la esfera civil en la religiosa. La norma constitucional aludida se refiere es al efecto civil del vínculo religioso, que es igual en cualquier matrimonio, lo cual es armónico con el tenor del artículo 42, analizado en su integridad.

Deducir que la Constitución en su artículo 42, inciso octavo, obliga a la ley a disolver el vínculo religioso, es partir de una suposición que contradice el espíritu de la Carta, pues ésta reconoce la naturaleza religiosa de los matrimonios celebrados conforme a un rito determinado; en sus efectos civiles sí los regula, pero no se sale de su jurisdicción propia, sino que, por el contrario, restablece lo relativo a la efectividad civil del vínculo religioso, sin desconocer jamás la naturaleza del mismo, que es competencia —por operar en el plano de la conciencia— del correspondiente ordenamiento religioso.

En otras palabras, lo que la Constitución establece no es un vínculo disoluble a los matrimonios religiosos, sino que los efectos civiles del vínculo religioso cesan por divorcio.

Así como es improcedente que la autoridad religiosa impere en el orden civil, también resulta impropio que la ley civil tenga efectos sobre cuestiones que atañen únicamente a la conciencia de los individuos, pues la filosofía jurídica de todas las tendencias, desde los clásicos, hasta las corrientes modernas y contemporáneas, pasando por los nominalistas, es unánime en concluir que la ley positiva regula únicamente la convivencia, dejando que la ley moral sea la adecuada para regular la intimidad de la propia convicción.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, Sala Plena, oído el concepto del Procurador General de la Nación, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES los artículos 5º, 7º, 8º, 11 y 12 de la Ley 25 de 1992, en todas sus partes.

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-456 de octubre 13 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

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