Sentencia C-457 de mayo 11 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

CONTRATO DE APRENDIZAJE

APRENDICES UNIVERSITARIOS Y PROHIBICIÓN DE CELEBRARLO CON TRABAJADORES

Sentencia C-457 de 2004 

Ref.: Expediente D-4896

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Actor: Jorge William Gómez Escobar.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 30, parcial, 31, parágrafo único, y 35, parágrafo único, de la Ley 789 de 2002.

Bogotá, D.C., mayo once de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcriben las normas cuestionadas y se resalta lo demandado.

LEY 789 DE 2002 

(Diciembre 27)

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO IV

Actualización de la relación laboral y la relación de aprendizaje

ART. 30.—“ART. 30.—Naturaleza y características de la relación de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del derecho laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario.

Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje:

a) La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones en las que se refiere el presente artículo;

b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje;

c) La formación se recibe a título estrictamente personal;

d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje.

Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva el equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente.

El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente.

El apoyo de sostenimiento durante la fase práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento (10%), caso en el cual será equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente.

En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.

Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo mensual, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente.

Durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado en riesgos profesionales por la ARP que cubre la empresa. En materia de salud, durante las fases lectiva y práctica, el aprendiz estará cubierto por el sistema de seguridad social en salud, conforme al régimen de trabajadores independientes, y pagado plenamente por la empresa patrocinadora en los términos, condiciones y beneficios que defina el Gobierno Nacional.

El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y trabajadores aprendices del SENA.

El contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pensum de su carrera profesional, o que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación académica.

PAR.—Para los departamentos de Amazonas, Guainía, Vichada, Vaupés, Chocó y Guaviare, el gobierno incluirá una partida adicional en el presupuesto general de la Nación que transferirá con destino al reconocimiento del pago de los contratos de aprendizaje.

PAR. TRANS.—Los contratos de aprendizaje que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del contrato.

ART. 31.—Modalidades especiales de formación técnica, tecnológica, profesional y teórico práctica empresarial. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, se consideran modalidades de contrato de aprendizaje las siguientes:

a) Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que las empresas establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas por el Estado, de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, que establezcan dentro de su programa curricular este tipo de prácticas para afianzar los conocimientos teóricos. En estos casos no habrá lugar a brindar formación académica, circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial. El número de prácticas con estudiantes universitarios debe tratarse de personal adicional comprobable con respecto al número de empleados registrados en el último mes del año anterior en las cajas de compensación.

b) La realizada en las empresas por jóvenes que se encuentren cursando los dos últimos grados de educación lectiva secundaria en instituciones aprobadas por el Estado.

c) El aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 2838 de 1960.

d) El aprendiz de capacitación de nivel semicalificado. Se entiende como nivel de capacitación semicalificado, la capacitación teórica y práctica que se oriente a formar para desempeños en los cuales predominan procedimientos claramente definidos a partir de instrucciones específicas (por ej. auxiliares de mecánica, auxiliares de cocina, auxiliares de electricista, plomería, etc.). Para acceder a este nivel de capacitación, las exigencias de educación formal y experiencia son mínimas. Este nivel de capacitación es específicamente relevante para jóvenes de los estratos más pobres de la población que carecen de, o tienen bajos niveles de educación formal y experiencia.

PAR.—En ningún caso los apoyos de sostenimiento mensual de que trata la presente ley podrán ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.

(...).

ART. 35.—Selección de aprendices. La empresa obligada a la vinculación de aprendices, será la encargada de seleccionar los oficios u ocupaciones objeto de este contrato de aprendizaje así como las modalidades y los postulantes para los mismos, de acuerdo con los perfiles y requerimientos concretos de mano de obra calificada y semicalificada así como de la disponibilidad de personal que tenga para atender oficios u ocupaciones similares. En el caso de capacitación de oficios semicalificados, se deberá priorizar a los postulantes a aprendices de los estratos 1 y 2 del Sisbén.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá acudir a los listados de preselección de aprendices elaborados por el SENA, priorizando la formación semicalificada, técnica o tecnológica.

PAR.—Las empresas no podrán contratar bajo la modalidad de aprendices a personas que hayan estado o se encuentren vinculadas laboralmente a la misma.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241-4 de la Carta, ya que la disposición acusada hace parte de una ley de la República.

2. Cosa juzgada constitucional sobre algunos apartes del artículo 30 y el artículo 31 de la Ley 789 de 2002.

El demandante acusa el artículo 30, parcial, de la Ley 789 de 2002 por desmejorar las condiciones de los que, según su criterio, son trabajadores vinculados a través de contrato de aprendizaje, desconociendo triunfos en materia laboral, y por contrariar el principio de primacía de realidad sobre las formas, toda vez que si bien la persona vinculada a través de contrato de aprendizaje se denomina aprendiz, aquella aporta su fuerza de trabajo a la producción empresarial tal como lo hace un trabajador.

En esa medida, considera el demandante, no se le debe reconocer un apoyo de sostenimiento, sino un salario, al igual que a los demás trabajadores vinculados a través de contrato de trabajo.

La Sala encuentra que frente a los apartes cuestionados del artículo 30 ya existe cosa juzgada formal. En efecto, la Sentencia C-038 de 2004, magistrado ponente Eduardo Montealegre Lynett, dispuso declarar exequible el mencionado artículo por los cargos estudiados en la demanda. Los cargos estudiados en tal sentencia fueron los mismos que el actual demandante expone.

Ahora bien, con respecto al artículo 31 demandado que señala que los apoyos de sostenimiento no podrán ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva, la Sala encuentra que existe cosa juzgada material, puesto que un texto casi idéntico está contenido en el artículo 30 de la ley, y en la Sentencia C-038 de 2004 se estudió el cargo contra tal texto relativo al desconocimiento del derecho constitucional de asociación, manifestado en la posibilidad de celebrar convenciones colectivas. Para identificar la identidad de los textos, estos se transcriben:

El artículo 30 analizado en la Sentencia C-038 de 2004 señala:

“(...).

En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.

(...)”.

El artículo 31 ahora demandado indica:

“(...).

PAR.—En ningún caso los apoyos de sostenimiento mensual de que trata la presente ley podrán ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva”.

A continuación se reseñarán las consideraciones expuestas en la mencionada sentencia para declarar la exequibilidad de los apartes cuestionados, por los cargos presentados.

Con respecto al cargo de retroceso en la protección en materia laboral, la Corte reconoció que las normas impugnadas eran menos favorables. No obstante, indicó que en nuestro ordenamiento jurídico se protegen los derechos adquiridos mas no las meras expectativas. Estas no representan barrera absoluta contra los cambios legislativos. Al respecto indicó la corporación:

“(...) el hecho de que las regulaciones acusadas sean menos favorables al trabajador que aquellas que fueron subrogadas no implica automáticamente su inconstitucionalidad, pues la Carta autoriza que el legislador realice esos cambios normativos, siempre y cuando respete derechos adquiridos. Ahora bien, ninguna de las disposiciones acusadas desconoce derechos adquiridos, pues ninguna de ellas se aplica a situaciones jurídicas consolidadas (...)”.

Además del límite de los derechos adquiridos, la Corte señaló que en materia laboral existen otras barreras de carácter constitucional consistentes, por un lado, en los principios constitucionales del trabajo —señalados en el art. 53 de la Carta—, los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos y, para el asunto en estudio, especialmente, los convenios de la OIT, el Protocolo de San Salvador y el Pacto internacional de derechos sociales económicos y culturales. Por otro lado, tales límites se encuentran en el mandato de desarrollo progresivo de la protección del trabajo para lograr la realización plena de ese derecho, contenido en los artículos 2º y 25 de la Constitución. Con respecto a este mandato, señaló la Corte:

“(...) el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad (...)”.

Ahora bien, la Corte precisó que la prohibición de retroceso era una prohibición prima facie. En esa medida, debía presumirse inconstitucional, pero esa presunción podía ser desvirtuada después de haber sido sometida a un control constitucional severo. En este control “(...) las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social (...)”.

Una vez analizado y desvirtuado el cargo relativo a la inconstitucionalidad derivada exclusivamente del retroceso en la protección, la Corte entró a realizar el análisis de proporcionalidad de las medidas acusadas. Para comenzar, recordó la corporación que en materia de intervención económica existe, en términos generales, una amplia libertad de configuración del legislador, lo cual implica un estudio judicial flexible de la medida. Sin embargo, como las medidas analizadas, a más de contener una intervención económica, implicaban un retroceso, se hacía un análisis riguroso de las disposiciones legislativas.

Como primer paso del análisis de proporcionalidad, determinó que el propósito de las normas acusadas era favorecer la empleabilidad a través de medidas que faciliten contratación de personas y crecimiento económico legítimo. Este fin fue encontrado válido a la luz de la Constitución, especialmente teniendo en cuenta el mandato constitucional de promoción del pleno empleo, particularmente considerando la coyuntura económica por la que atraviesa el país.

Posteriormente, frente a la diversidad de opiniones acerca de la manera de lograr el objetivo del pleno empleo a través de la alternativa tomada, lo que se relacionaba con la adecuación y necesidad de la medida, la Corte optó por respetar la decisión adoptada a través del debate democrático.

Con respecto a la necesidad de los cambios introducidos en el contrato de aprendizaje, la Corte se remitió a las consideraciones presentadas en la ponencia de la ley, que señalaba que “(...) el elemento diferenciador de este tipo de contrato, que es el que verdaderamente justifica la asunción de la capacitación por parte de la empresa, debe consistir en estímulos e incentivos para su celebración, en lugar de erigirse en una camisa de fuerza (...)”. Posteriormente, realizando el análisis de proporcionalidad, la Corte encontró que la adecuación y la necesidad de la medida, en abstracto, parecía suficiente.

Al momento de determinar la eficacia de la reforma al contrato de aprendizaje, y demás medidas tomadas en el ámbito laboral, la Corte señaló que si bien hasta el momento solo se observaban cambios modestos en el aumento del empleo, lo cual podría hacer pensar que se estaba dando una afectación desproporcionada de los derechos laborales sin el correlativo beneficio del fin buscado por la ley, una estrategia económica podía tomar tiempo en mostrar plenamente sus frutos. Señaló, además, que teniendo en cuenta la necesidad de evaluar la eficacia real de las medidas, el legislador fijó en la Ley 789 de 2002 el término de dos años como plazo razonable para que estas empezaran a surtir efectos. Señaló la corporación que:

“aunque eso no implica que la vigencia de las reformas de la Ley 789 de 2002 sea temporal, sí significa que en ese momento esas reformas están sujetas a una evaluación y debate, por mandato de la ley, y que esa evaluación deberá conducir incluso a la derogación de aquellas medidas que no hayan sido eficaces en la promoción del empleo”.

Al estudiar la proporcionalidad, en sentido estricto, del artículo 30 la Corte juzgó que no prosperaba el cargo de contrariedad de la norma con el principio de primacía de la realidad sobre las formas, puesto que:

“el contrato de aprendizaje tiene múltiples especificidades frente a un contrato de trabajo ordinario, puesto que su finalidad no es exclusivamente que el aprendiz preste un servicio personal al empleador, como sucede en la relación de trabajo ordinaria, ya que tiene otros elementos que le son característicos: así, estos contratos de aprendizaje buscan ante todo capacitar al aprendiz en un oficio determinado y facilitar su inserción en el mundo del trabajo. Estas finalidades del contrato de aprendizaje tienen claro sustento constitucional, pues no solo es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran sino que además el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar (C.P., art. 54). Por consiguiente, debido a esas finalidades, el contrato de aprendizaje no solo tiene sustento constitucional sino que además puede ser distinguido de un contrato de trabajo ordinario, que carece de esos propósitos”.

Posteriormente, en lo atinente a la prohibición de suscripción de convenciones colectivas, consideró la corporación:

“la Corte tampoco considera que vulnere el derecho de negociación colectiva el mandato según el cual, frente a los contratos de aprendizaje, “en ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva”. Y la razón es la siguiente. Como esta Corte lo ha señalado, el derecho a la negociación colectiva no es absoluto, por lo cual puede ser limitado(1), siempre y cuando esas restricciones sean proporcionadas. Ahora bien, el contrato de aprendizaje hace parte de una política general de fomento a la capacitación de la fuerza de trabajo, especialmente aquella integrada por jóvenes, así como de vinculación de esas personas al mundo del trabajo. Esas políticas prácticamente conforman un sistema de capacitación de fuerza de trabajo, con una muy importante participación de entidades como el SENA (...).

Lo anterior explica que el contrato de aprendizaje se encuentre intensamente reglamentado e intervenido por el Estado, lo cual implica, entre otras cosas, la imposición de la obligación a ciertas empresas de vincular un determinado número de aprendices. Así, el artículo 32 de la Ley 789 de 2002 establece esa obligación para las empresas privadas que realicen cualquier tipo de actividad económica diferente de la construcción, y que ocupen un número de trabajadores no inferior a quince, mientras que el artículo 33 de ese mismo cuerpo normativo establece el porcentaje de aprendices, que es de uno por cada 20 empleados.

Esto significa que el contrato de aprendizaje tiene objetivos y especificidades que lo distinguen de la relación de trabajo ordinaria, por lo que es razonable que ciertos aspectos del mismo queden excluidos de la negociación colectiva, afín de asegurar la viabilidad del conjunto del sistema de capacitación de la mano de obra en el país. Y en ese contexto, la Corte considera que la exclusión de dicha negociación del apoyo de sostenimiento mensual de los aprendices es una restricción proporcionada al derecho de negociación colectiva de los trabajadores, puesto que los aprendices no son en sentido estricto trabajadores y resulta razonable que si la ley obliga a las empresas a vincular un determinado número de aprendices, al menos establezca salvaguardas para asegurar que esa vinculación no resulte desproporcionadamente onerosa, como es la de limitar la negociación colectiva en ese preciso aspecto”.

En cuanto al efecto de las normas laborales demandadas sobre los contratos en curso, la corporación no encontró objeción constitucional, puesto que consideró que “la modificación del contrato de aprendizaje no suscita, en este aspecto, ninguna inquietud constitucional, pues en este caso la propia Ley 789 de 2003 exceptuó esa reforma de la regla de aplicación inmediata. Así, el parágrafo transitorio del artículo 30 de ese cuerpo normativo precisa inequívocamente que los “contratos de aprendizaje que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del contrato”.

3. Problemas jurídicos por analizar.

Primero, corresponde a la Corte estudiar si el señalamiento de un apoyo de sostenimiento superior para los aprendices universitarios, señalado en el artículo 30 demandado, contraría el mandato de trato paritario derivado del artículo 13 constitucional. Además, la Sala deberá estudiar si el hecho de que se establezca una restricción para la celebración de contratos de aprendizaje con las personas que hayan estado o estén vinculadas laboralmente a la empresa contratante, consagrado en el cuestionado parágrafo del artículo 35, viola la libertad de aprendizaje, protegida por la Constitución en su artículo 27, y el deber del Estado de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, consagrado en el artículo 54.

4. Constitucionalidad del trato diferencial cuando a pesar de las semejanzas existentes prevalecen las diferencias.

4.1. El demandante señala que el artículo 30 acusado vulnera el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 constitucional, en virtud de que, sin justificación razonable, la norma establece una diferencia en la remuneración obtenida por el aprendiz universitario en la etapa práctica, a pesar de que este realiza la misma actividad que cualquier otro tipo de aprendiz y su forma de vinculación, contrato de aprendizaje, es idéntica.

Algunos intervinientes señalan que este trato diferencial se justifica en la medida en que el aprendiz universitario está más calificado que otro tipo de aprendices y ha realizado un esfuerzo económico e intelectual mayor al ingresar a una universidad, por lo que se debe declarar su exequibilidad.

Por su parte, el procurador general solicita que se declare la exequibilidad condicionada del aparte demandado. Según la vista fiscal, la condición de universitario no justifica per se un trato diferencial. Señala el procurador que en la última fase de la etapa práctica, donde tanto el aprendiz universitario como el que no lo es está produciendo el rendimiento normal de un trabajador, no existe razón suficiente para que no se reconozca por igual el salario mínimo. Por tanto, la exequibilidad debe condicionarse a que en la etapa práctica del contrato, independientemente de su grado de formación, todos los aprendices perciban el salario mínimo. Pasa ahora la corporación a estudiar la constitucionalidad del cargo demandado.

4.2. Dentro de los mandatos correlativos derivados del derecho a la igualdad se ubica la obligación del legislador de tratar de manera idéntica a quienes se encuentren en situaciones idénticas y de manera diferente a quienes se encuentren en situaciones plenamente diferentes. Ahora bien, existen situaciones en las cuales los sujetos cuyas circunstancias se comparan en procura de la determinación de una eventual vulneración al derecho a la igualdad presentan semejanzas y diferencias. Corresponde al juez constitucional determinar, en el caso concreto, si son más relevantes las diferencias existentes entre los sujetos que están recibiendo un trato diferencial, lo cual justificaría el trato diferente, o son más relevantes las semejanzas existentes, lo cual haría discriminatorio dicho trato.

4.3. Entre los aprendices universitarios y los aprendices sin tal capacitación académica existe una diferencia desde el momento de la celebración del contrato de aprendizaje. En efecto, mientras los primeros han cursado varios semestres de una carrera profesional, o todos los semestres lectivos de la misma, con la alta carga económica que esto implica en la mayoría de las universidades del país y el debido esfuerzo intelectual para la aprobación de las materias semestre por semestre, los segundos no han tenido que asumir tales cargas. Ahora bien, como señala el procurador en su concepto esta diferencia no es lo suficientemente relevante para justificar per se el trato más favorable a los aprendices universitarios. Por tanto, debe la Corte entrar a analizar si el desarrollo de las actividades en el contrato de aprendizaje por uno y otro tipo de aprendices tiene alguna diferencia, según el desarrollo normativo existente acerca del contrato de aprendizaje. Esto en la medida en que, en principio, a trabajo igual se le debe pagar salario igual.

4.4. El artículo 30 de la Ley 789 de 2000 señala en su parágrafo 10 que “(...) El contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pensum de su carrera profesional, o que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación académica (...)” (negrilla ajena al texto).

De este aparte normativo se desprende que el contrato de aprendizaje por medio del cual se vincula al aprendiz está directamente ligado con su formación profesional en curso. En efecto, la última frase del parágrafo citado así lo ordena cuando afirma que en todo caso la actividad del aprendiz deberá estar relacionada con su formación académica.

Para entender plenamente los alcances de este artículo es necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 31, literal a)(2), de la ley en mención, que señala que una de las modalidades de contrato de aprendizaje es la práctica con estudiantes universitarios, caso en el cual no se brindará formación académica, sino que el contrato se limitará al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial.

Así las cosas, se tiene que el contrato de aprendizaje con estudiantes universitarios se caracteriza por: a) no tener fase lectiva y b) tener una fase práctica que debe ser materialización y afianzamiento de la formación académica o teórica, previamente adquirida; supuesto que se ve reforzado si se tiene en cuenta que la realización de este tipo de contrato de aprendizaje es parte del desarrollo del programa curricular.

Esto hace que, a pesar de las semejanzas existentes con los contratos de aprendizaje celebrados con otros sujetos, la labor de aplicación de conocimientos cualificados justifique un reconocimiento superior.

Ahora bien, el artículo 31 literal a) también se refiere a las prácticas de los técnicos o tecnólogos y señala al igual que con los estudiantes universitarios, que en estos casos no habrá lugar a brindar formación académica sino práctica. Esto podría llevar a pensar que no se justifica la diferencia de remuneración con respecto a los practicantes técnicos o tecnólogos, puesto que estos, al igual que los universitarios, aplican sus conocimientos previamente adquiridos. Sin embargo, la Sala observa que a pesar de la semejanza existe una diferencia relevante consistente en que el conocimiento de los universitarios, con el cual, por mandato legal, debe estar íntimamente relacionada la práctica, es más cualificado que el de los técnicos o tecnólogos.

Las características que justifican el trato diferencial para los estudiantes universitarios son reiteradas en el desarrollo reglamentario de la Ley 789. En efecto, el Decreto 933 de 2003 señala en su artículo 6º:

“ART. 6º—Modalidades del contrato de aprendizaje. Para el cumplimiento y vinculación de los aprendices, la empresa patrocinadora, atendiendo las características de mano de obra que necesite, podrá optar por las siguientes, modalidades:

a) La formación teórica y práctica de aprendices en oficios semicalificados en los que predominen procedimientos claramente definidos a partir de instrucciones específicas cuando las exigencias de educación formal y experiencia sean mínimas y se orienten a los jóvenes de los estratos más pobres de la población que carecen o tienen bajos niveles de educación formal y experiencia.

b) La formación que verse sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales o tecnológicos, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y trabajadores aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

c) La formación del aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con el artículo 5º del Decreto 2838 de 1960.

d) La formación en instituciones educativas debidamente reconocidas por el Estado y frente a las cuales tienen prelación los alumnos matriculados en los cursos dictados por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. La formación directa del aprendiz por la empresa autorizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. La formación en las empresas por jóvenes que se encuentren cursando los dos (2) últimos grados de educación lectiva secundaria en instituciones aprobadas por el Estado.

e) Las prácticas de estudiantes universitarios que cumplan con actividades de 24 horas semanales en la empresa y, al mismo tiempo, estén cumpliendo con el desarrollo del pensum de su carrera profesional o que cursen el semestre de práctica, siempre que la actividad del aprendiz guarde relación con su formación académica.

f) Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que las empresas establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas por el Estado de acuerdo con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás disposiciones que las adicionen, modifiquen o sustituyan que establezcan dentro de su programa curricular este tipo de prácticas para afianzar los conocimientos teóricos sin que, en estos casos, haya lugar a formación académica, circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial, siempre que se trate de personas adicionales respecto del número de trabajadores registrados en el último mes del año anterior en las cajas de compensación familiar (...)” (negrilla ajena al texto).

Igualmente, el Decreto 2585 de 2003, que complementa el Decreto 933 de 2003, indica que:

“ART. 2º—Duración del contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje tendrá una duración máxima de dos (2) años y deberá comprender tanto la etapa lectiva o académica como la práctica o productiva, salvo los siguientes casos, en los cuales se circunscribirá al otorgamiento de formación práctica empresarial:

a) Práctica de estudiantes universitarios: en este caso la duración máxima de la relación de aprendizaje será del mismo tiempo que señale el respectivo programa curricular para las prácticas, sin que la duración llegue a superar el término máximo de dos (2) años.

b) Prácticas de estudiantes técnicos y tecnólogos: la duración máxima de la relación de aprendizaje será de un (1) año, siempre y cuando las prácticas estén contempladas en el pensum académico debidamente aprobado por la autoridad competente.

PAR.—Los alumnos de educación secundaria podrán ser sujetos del contrato de aprendizaje, siempre y cuando el pensum académico contemple la formación profesional integral metódica y completa en oficios u ocupaciones que requieran certificación ocupacional o actitud profesional. En la etapa práctica la dedicación del aprendiz debe guardar relación con la formación académica” (negrilla ajena al texto).

Del Decreto 933 vale la pena resaltar la existencia de varios tipos de contrato de aprendizaje que se establecen en virtud de las necesidades de mano de obra de cada empresa, lo que implica que la labor desarrollada en virtud de cada uno de estos es diferente. Además, que dentro de los tipos de contrato de aprendizaje señalados para la satisfacción de diversas necesidades de mano de obra se establecen dos formas de práctica universitaria que, si se analizan de manera sistemática con el artículo 2º literal a) del Decreto 2585, se encuentran limitadas a la práctica empresarial. Es decir, corresponden a la puesta en marcha de los conocimientos cualificados en virtud de los cuales fueron vinculados, según las necesidades de mano de obra. Tal vinculación con los conocimientos cualificados se hace evidente con el apartado del parágrafo que señala que “en la etapa práctica la dedicación del aprendiz debe guardar relación con la formación académica”, aparte que se identifica con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 789, arriba analizado.

4.5. Por otro lado, vale la pena destacar que desde el momento de la discusión del proyecto de ley se tenía como finalidad la ampliación del ámbito de aplicación del contrato de aprendizaje para cubrir a ciertos grupos marginados del universo de beneficiarios de este tipo de contrato. Dentro del universo excluido se encontraban los universitarios. Desde el momento de su inclusión en el contrato de aprendizaje se tuvo en cuenta la diferencia de capacitación entre estos y otros aprendices y la necesidad de que los universitarios tuvieran oportunidad de desplegar sus conocimientos cualificados. Se dijo en la exposición de motivos ante el Senado de la República:

“Modificación del ámbito de aplicación del contrato de aprendizaje

Hoy se impone la celebración de contratos de aprendizaje de oficios que requieren formación profesional en los términos de la concepción tradicional de este tipo de contratación, dejando por fuera un universo muy importante que requiere de oportunidades y especial atención y restringiendo las posibilidades de generación de empleo juvenil y la inserción de formación técnica y profesional de las empresas.

Es importante hacer referencia a los grupos hoy marginados como parte del universo de beneficiarios del contrato de aprendizaje:

(...).

Los jóvenes que tienen formación educativa universitaria sin haber obtenido aún el título profesional, o son recién egresados y cuyas dificultades de enganche laboral terminan desvirtuando el modelo de desarrollo basado en la educación, al desestimular los esfuerzos realizados en capacitarse para engrosar las filas de desempleados.

(...).

Teniendo en cuenta que urge una expectativa laboral real al inmenso número de jóvenes que cuentan con posibilidades restringidas de formación, o que teniendo niveles de educación superior no encuentran oportunidades de enganche laboral, lo que en últimas termina desestimulando los esfuerzos por acceder a la educación como pilar de crecimiento social”(3).

Es claro el énfasis hecho en la exposición de motivos a la circunstancia de una mayor capacitación cuya aplicación o aprovechamiento se ven frustrados en virtud del escaso mercado laboral. En efecto, quien se ha formado como profesional universitario no encuentra oportunidades laborales para desempeñarse como tal. Por tanto, el contrato de aprendizaje con apoyo de sostenimiento diferenciado se constituye en una forma de realización de tal objetivo.

4.6. Ahora bien, la Corte considera necesario señalar que el hecho de que las remuneraciones de los aprendices sean, en términos generales, inferiores al salario mínimo, se justifica en la medida en que, como ya lo señaló la corporación en su Sentencia C-038 de 2004, los aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento no constituye salario. Así las cosas, si el sostenimiento no constituye salario, no debe regirse por las normas propias del contrato de trabajo y, en especial, del artículo 53 constitucional, que señala que la remuneración debe ser mínima, entendiendo por tal la coincidente con un salario mínimo mensual. El hecho de que la tasación porcentual del apoyo de sostenimiento se establezca con base en un salario mínimo no implica que a los aprendices se les deba tratar de manera idéntica que a quienes están vinculados mediante un contrato de trabajo.

Por último, vale la pena señalar que a pesar de que los porcentajes pagados a los aprendices son menores a los cancelados con anterioridad a la Ley 789 de 2002, en la Sentencia C-038 de 2004 ya se analizó cómo la prohibición de retroceso en la protección de los derechos sociales económicos y culturales, como el derecho al trabajo, es solo una prohibición prima facie. En esa medida, la amplia potestad configurativa del legislador en materia económica, sumada a la finalidad legítima buscada con la expedición de la Ley 789, a saber, la promoción de la empleabilidad, hace que la medida legislativa se ajuste a la Constitución. Además, implicaría una falta de coherencia interna de la ley el buscar una flexibilización del contrato de aprendizaje para que las empresas vinculen a más personas a través de esta modalidad y a su vez mantener los parámetros materiales de la antigua normatividad en el pago del sostenimiento, es decir, el pago de un salario mínimo para todo tipo de aprendices.

4.7. En virtud del análisis realizado, la Corte declarará la exequibilidad de los apartes demandados del artículo 30, por los cargos analizados.

5. Constitucionalidad de la restricción de vinculación a través de contrato de aprendizaje de personas que ya hayan estado o estén vinculadas laboralmente a una empresa.

5.1. En criterio del demandante, el prohibir al empleador vincular a través de contrato de aprendizaje a personas que ya hayan estado o se encuentren vinculadas laboralmente a la empresa contraría los artículos 27 y 54 constitucionales, según los cuales es deber del Estado ofrecer formación profesional y técnica a quienes lo requieran y respetar la libertad de aprendizaje. Las acusaciones del demandante son acogidas por la vista fiscal que agrega que en ningún momento a la obligación constitucional de promover la formación de las personas que la requieran se establece una excepción o límite en la Constitución.

Por otro lado, la mayoría de intervinientes estima que esta prohibición tiene una finalidad constitucional la cual es evitar que el empleador vincule a personas ya capacitadas a través de contrato de aprendizaje para no reconocerle una remuneración real según el trabajo realizado y las capacidades con las que cuenta el empleado.

5.2. La Corte encuentra que esta limitación es constitucional no solo porque a través de la misma se pueden evitar contrataciones en las que se contraríe el principio de primacía de la realidad sobre las formas, sino porque se hace efectiva la finalidad del contrato de aprendizaje la cual no consiste solamente en brindar formación académica, sino en dar oportunidades laborales a los sectores jóvenes que aún no se han podido ubicar en el mercado de trabajo.

5.3. El artículo demandado es un claro desarrollo de varios de los principios laborales fundamentales señalados en el artículo 53 de la Constitución, a saber, la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales y la protección de la estabilidad laboral. En efecto, con el fin de proteger los derechos de los trabajadores, el empleador no puede, so pretexto de una capacitación, desmejorar las condiciones de vinculación laboral que venía teniendo el trabajador. La protección a la estabilidad laboral también se manifiesta en un deber de no desmejoramiento de la forma de vinculación laboral y la remuneración recibida en virtud de esta, lo cual se presentaría en caso de que no existiera la prohibición demandada.

La vinculación a través de contrato de trabajo implica varias garantías mínimas que no se presentan con el desarrollo del contrato de aprendizaje. Por ejemplo, el apoyo de sostenimiento recibido por el aprendiz en ningún caso constituye salario y el monto del mismo, según las disposiciones legales, nunca supera un salario mínimo, mientras que la contraprestación recibida por el empleado vinculado a través de contrato de trabajo siempre constituye salario con las ventajas que de esto se derivan para la obtención de prestaciones sociales, y el monto mínimo percibido por el trabajador corresponde a un salario mínimo mensual. Por tanto, es legítimo limitar la disminución de garantías que implicaría el paso de un régimen a otro.

Por otro lado, como ya se señaló, es plenamente válido que en un ordenamiento constitucional donde se prevé la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales el legislador establezca una prohibición que límite el actuar caprichoso del empleador frente a sus trabajadores. Un claro ejemplo de este tipo de prohibiciones está constituido por la disposición demandada, la cual, si bien es una norma prohibitiva, es una norma protectora de los trabajadores.

Al realizar un análisis, la Sala encuentra que la posibilidad de que se encubra un contrato de trabajo a través de un contrato de aprendizaje es alta si se tiene en cuenta la ubicación del parágrafo demandado dentro de la ley y el artículo que lo contienen, como se procederá a explicar.

El artículo 35 de la Ley 789 de 2002 se refiere a la forma de seleccionar los aprendices a cuya vinculación está obligada la empresa(4). En el contrato de aprendizaje existe una cierta carga para el empleador al tener que vincular personas a las cuales deberá capacitar(5) y de las que no podrá recibir el mismo grado de satisfacción de las necesidades de la empresa que el percibido de un trabajador ya capacitado. De no existir la prohibición cuestionada, se abriría la posibilidad de que, para cumplir la obligación de vincular a un determinado número de aprendices, el empleador desmejorara en su situación laboral a unos de sus trabajadores, lo cual liberaría a aquel de la carga de capacitación y le dejaría intactos los beneficios percibidos durante el proceso productivo, puesto que quien fuera trabajador ya tenía un rendimiento superior al de un aprendiz. Es decir, la corporación evidencia que de no existir esta norma se abriría el camino para hacer fraude a la ley.

5.4. El otro fin legítimo desarrollado por la norma demandada es el de la promoción del empleo. Este está señalado en el artículo 54 constitucional que afirma: “(...) el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar (...)”. Si se contrata a un trabajador o a un ex trabajador de la empresa se estará cerrando la puerta a otras personas que no han tenido siquiera la oportunidad de ingresar al mundo laboral y que requieren de una oportunidad para adquirir al menos una destreza o para practicar la que ya han adquirido en procesos de aprendizaje previos.

5.5. Por último, observa la Corte que a pesar de que, como señala el procurador, el artículo 54 constitucional —en el aparte que señala la obligación de brindar formación— no prevé ninguna excepción para tal carga, los derechos derivados de las obligaciones del Estado y particulares son susceptibles de limitaciones(6) que estén acordes a los principios y valores del Estado social de derecho.

En esa medida, si bien persiste la obligación de brindar formación a los trabajadores de la empresa, y el correlativo derecho a obtener tal formación, este derecho no puede ser exigible en detrimento de las condiciones laborales de estos.

En este contexto, el empleador y el Estado no quedan liberados de la obligación de formación a las personas que lo necesiten, pero tendrán el deber de hacerlo a través de modalidades laborales que respeten los principios constitucionales laborales ya mencionados.

En efecto, la Sala estima pertinente hacer énfasis en que la capacitación es un deber permanente de Estado y particulares. Este deber en ningún momento se desdibuja al existir un contrato de trabajo. Es indispensable darles capacitación en superior grado a la ya poseída por los trabajadores.

La Sala precisa que, por otro lado, una vez obtenida la capacitación se deben brindar iguales o mejores condiciones laborales al trabajador capacitado. Esto en virtud de que se debe remunerar el trabajo teniendo en cuenta las capacidades del trabajador y lo que estas pueden repercutir en la labor realizada. Si el empleado está más capacitado, necesario es reconocerle con condiciones laborales proporcionales su mayor preparación para la ejecución de la labor empresarial.

En ese sentido, por último, se hace importante recalcar que el artículo analizado no puede ser un instrumento para desvincular al trabajador y, posteriormente, vincularlo como aprendiz implicando esto un detrimento de condiciones laborales. Esto se desprende del tenor mismo de la disposición acusada, cuando dice que no se podrán contratar bajo la modalidad de aprendices quienes “hayan estado ... vinculados laboralmente [a la empresa]”.

5.6. Así las cosas, la Corte declarará exequible, por los cargos analizados, el parágrafo del artículo 35.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-038 de 2004, en la cual se declaró EXEQUIBLE, por los cargos analizados en dicha sentencia, el artículo 30 de la Ley 789 de 2002.

2. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en la presente sentencia, los apartes demandados del artículo 30 de la Ley 789 de 2002.

3. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-038 de 2004, en la cual se declaró exequible, en relación con los cargos estudiados, el artículo 31, parágrafo, de la Ley 789 de 2002, por la existencia de una cosa juzgada material.

4. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos estudiados, el artículo 35, parágrafo, de la Ley 789 de 2002.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Ver Sentencia C-081 de 1996. Fundamento jurídico 8.

(2) “ART. 31.—Modalidades especiales de formación técnica, tecnológica, profesional y teórico práctica empresarial. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, se consideran modalidades de contrato de aprendizaje las siguientes:

a) Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos que las empresas establezcan directamente o con instituciones de educación aprobadas por el Estado, de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 o normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, que establezcan dentro de su programa curricular este tipo de prácticas para afianzar los conocimientos teóricos. En estos casos no habrá lugar a brindar formación académica, circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial. El número de prácticas con estudiantes universitarios debe tratarse de personal adicional comprobable con respecto al número de empleados registrados en el último mes del año anterior en las cajas de compensación; (...)”.

(3) Ponencia para primer debate ante Senado y Cámara, presentada por los senadores Óscar Iván Zuluaga y Jesús Puello y los representantes a la Cámara Carlos Ignacio Cuervo, Albino García, Carlos Celis Gutiérrez, Miguel Durán y Miguel Arenas. Gaceta del Congreso año XI, Nº 444, 25 de octubre de 2002, págs. 35-36.

(4) ART. 35.—Selección de aprendices. La empresa obligada a la vinculación de aprendices, será la encargada de seleccionar los oficios u ocupaciones objeto de este contrato de aprendizaje así como las modalidades y los postulantes para los mismos, de acuerdo con los perfiles y requerimientos concretos de mano de obra calificada y semicalificada así como de la disponibilidad de personal que tenga para atender oficios u ocupaciones similares. En el caso de capacitación de oficios semicalificados, se deberá priorizar a los postulantes a aprendices de los estratos 1 y 2 del Sisbén.

Sin perjuicio de lo anterior, la empresa podrá acudir a los listados de preselección de aprendices elaborados por el SENA, priorizando la formación semicalificada, técnica o tecnológica.

PAR.—Las empresas no podrán contratar bajo la modalidad de aprendices a personas que hayan estado o se encuentren vinculadas laboralmente a la misma.

(5) ART. 33.—Cuotas de aprendices en las empresas. La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, del domicilio principal de la empresa, en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte. Las empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20) trabajadores, tendrán un aprendiz (...).

(6) En la exposición de cómo la jurisprudencia constitucional ha considerado que los derechos constitucionales son susceptibles de ser limitados, en virtud de que ningún derecho es absoluto, la Sentencia C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda, la cual encontró que la indemnización de daños dentro del proceso penal no era un derecho absoluto, afirmó que la “Sentencia C-150 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz, al examinar la constitucionalidad de varias disposiciones del Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991 que regulaban el debido proceso en el proceso penal, la Corte reiteró que no existen derechos absolutos; C-355 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell, al examinar la constitucionalidad de las limitaciones para el ejercicio profesional de la odontología, la Corte reiteró que no existían derechos absolutos; C-189 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz, donde la Corte al examinar la libertad de fundar medios masivos de comunicación, reiteró que en un Estado social de derecho no existen derechos absolutos, pues “el absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la juridicidad”; C-454 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara, en donde la Corte señaló que el derecho a participar en política no era un derecho absoluto, pues la Constitución no autoriza a nadie alegar en su favor la existencia de un derecho para sacrificar el bien de todos; C-448 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara, donde la Corte examina la constitucionalidad de una disposición que según el demandante afectaba el derecho político a elegir y a ser elegido, y de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos de los aspirantes a concejal del Distrito Capital y reitera la inexistencia de derechos absolutos; C-531 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, donde la Corte examina los derechos de personas discapacitadas y señala: “Es de reiterar, según lo señalado por esta Corte con anterioridad, que la legislación que favorezca a los discapacitados “no consagra derechos absolutos o a perpetuidad que puedan ser oponibles en toda circunstancia a los intereses generales del Estado y de la sociedad, o a los legítimos derechos de otros” (Sent. T-427/92, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-1172 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, donde la Corte examinó la constitucionalidad de una disposición que permitía la utilización por parte del Presidente de la República del servicio de televisión “en cualquier momento y sin ninguna limitación”, y luego de reiterar que la Constitución no reconocía derechos absolutos, declaró que la expresión “y sin ninguna limitación” era contraria a la Carta Política, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL

Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte Constitucional, los suscritos magistrados salvamos parcialmente nuestro voto en relación con lo resuelto en la sentencia C-457 de 11 de mayo de 2004, por las razones que se expresan a continuación:

1. En la demanda con la cual se inició este proceso el actor impetró que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 30 (parcial), 31 (par.) y 35 (par.) de la Ley 789 de 2002.

2. En la sentencia de la cual discrepamos se decidió estar a lo resuelto en la sentencia C-038 de 2004 en relación con la exequibilidad del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, por los cargos analizados en ella y, con respecto al parágrafo del artículo 31 de la Ley 789 de 2002, por la existencia de una cosa juzgada material.

Ahora, en esta sentencia C-457 de 11 de mayo de 2004 se declara la exequibilidad del artículo 30 de la Ley 789 de 2002 por los cargos que fueron objeto de análisis y, además, también se declara la exequibilidad del parágrafo del artículo 35 de la citada ley.

3. Nuestra discrepancia en esta oportunidad radica, esencialmente, en la declaración de exequibilidad del artículo 30 de la Ley 789 de 2002, por cuanto encontramos que mediante esa norma legal desaparece el contrato de aprendizaje como una modalidad específica del contrato de trabajo, pues simplemente se señaló que el aprendiz recibirá formación teórico-práctica en una entidad autorizada, con el patrocinio de una empresa y que por ello recibirá “un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario”; adicionalmente, se expresa que tal apoyo de sostenimiento “en la fase lectiva”será el “equivalente al 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente” y que en la “fase práctica será equivalente al 75% de un (1) salario mínimo mensual vigente”, a menos que la tasa de desempleo nacional sea inferior al 10%, “caso en el cual será equivalente al 100% de un salario mínimo legal vigente”. Y como si lo anterior ya no fuera bastante, se dispone que “en ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva”.

Es absolutamente claro para los suscritos magistrados que la exclusión del contrato de aprendizaje como una modalidad del contrato de trabajo para privar de la naturaleza jurídica de “salario” la remuneración al aprendiz que siéndolo no deja de ser por ello un trabajador, es manifiestamente contraria a la Constitución, pues desconoce de manera frontal el artículo 25 de la Constitución Política, así como las normas internacionales protectoras del trabajo en la modalidad de aprendizaje, aceptadas por la Organización Internacional del Trabajo, e incorporadas al ordenamiento jurídico interno por virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política.

De la misma manera, resulta contrario a la Carta que a esos trabajadores se les pueda remunerar con la mitad de un salario mínimo mensual vigente en unos casos y con el 75% de ese salario mínimo en otros casos, pues así se desconoce el derecho a que el trabajo tenga una remuneración equitativa, que es también un mandato de la Constitución.

En la misma dirección, resulta contrario a la Carta Política hacer depender la remuneración de quienes celebren contrato de aprendizaje de la variación de la tasa de desempleo, para señalar que en la fase práctica la remuneración podrá alcanzar al ciento por ciento del salario mínimo legal vigente, pero solo si la tasa de desempleo nacional es menor del 10%, factor este que en nada depende de quien labora en una empresa determinada, sino, por completo, de la dirección de la economía que, constitucionalmente, corresponde al Estado.

Pero la inconstitucionalidad de la norma sube de punto en cuanto ella dispone que se excluye de la negociación colectiva y, en consecuencia no puede ser regulado por ella a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales “el apoyo de sostenimiento mensual” (que es salario) a los trabajadores que ejecutan su labor en desarrollo de un contrato de aprendizaje. Semejante disposición, además de violatoria de los artículos 1º, 25 y 53 de la Constitución, lo es también del artículo 55 de la Carta que de manera expresa garantiza el derecho de negociación colectiva para la regulación de las relaciones laborales.

En tales circunstancias, y por las mismas razones es también inexequible el parágrafo del artículo 31 de la Ley 789 de 2002, no solo porque reitera la denominación de “apoyos de sostenimiento mensual” para la remuneración que reciban los trabajadores vinculados mediante contrato de aprendizaje, sino también por cuanto desvirtuada de esa manera la relación jurídico laboral, se le hace producir efectos en el derecho colectivo cuando se ordena que “en ningún caso” los contratos de aprendizaje puedan “ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva”, lo que significa que abierto el camino para privar de la categoría de contrato de trabajo a una modalidad del mismo, se sigue luego por el mismo sendero para impedir que sobre ese tipo de contrato se pueda ejercer el derecho de negociación colectiva que para la regulación de las relaciones laborales se garantiza por el artículo 55 de la Carta Política, decisión que no tiene justificación constitucional para formularse como excepción, pues la única que acompaña a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 31 de la Ley 789 de 2002, es la supuesta inexistencia de relación laboral pese a que, ya se dijo, en ese aspecto es clara la inexequibilidad del artículo 30 de la misma ley, por las razones expresadas.

Queda así sentado nuestro disentimiento de la decisión adoptada por la Corte en la sentencia C-457 de 11 de mayo de 2004.

Alfredo Beltrán Sierra—Jaime Córdoba Triviño—Clara Inés Vargas Hernández.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta corporación, procedo a salvar mi voto respecto por las siguientes razones:

1. Por cuanto salvé el voto en la sentencia C-038 de 2004 y en adición a lo anterior, los cargos presentados ahora no son idénticos a los que fueron objeto de decisión en la sentencia C-038 de 2004, por lo que no podía estarse a lo resuelto en esa sentencia. Por ejemplo, el argumento de que se puede percibir una remuneración inferior al salario mínimo no fue abordado en la sentencia C-038 de 2004.

2. De conformidad con los artículos 53 y 54 de la Constitución Política, los trabajadores tienen derecho a la capacitación y al adiestramiento necesario y porque es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer la formación, habilitación profesional y técnicas, a quienes lo requieran. En consecuencia, no es sólo un derecho de los trabajadores sino también un deber constitucional del Estado y de los patronos capacitarlos.

El contrato para realizar este deber, es una modalidad del contrato de trabajo y con la argucia de la calificación legal se les desnaturaliza para negarles a los trabajadores sus derechos, que son entre otros el derecho al salario y a un salario mínimo legal.

En relación con el numeral cuarto de la parte resolutiva que declaró exequible el parágrafo del artículo 35 de la Ley 789 de 2000, como consecuencia de las razones dadas por la Corte, cambia la estructura de la norma, pues de norma prohibitiva se convierte en permisiva.

3. El juicio de igualdad, que hizo el demandante y el que finalmente hace a la Corte es erróneo, por cuanto es necesario hacerlo no solo en relación con la norma actual sino también en relación con la situación jurídica anterior, de haberse hecho así hubiera parecido claro que estas normas no son igualitarias; sino que acentúan las desigualdades, lo que hace a la norma regresiva en relación con el contexto anterior y esto la hace inconstitucional.

Es necesario precisar algunos conceptos que hacen más inteligible la problemática de la igualdad y sus reglas de distribución.

Debemos examinar brevemente la estructura de las reglas de distribución, antes de determinar lo que las convierte en igualitarias o desigualitarias. Tales reglas especifican, explícita o implícitamente, lo siguiente: 1) un beneficio (por ejemplo, un voto) o una carga (por ejemplo, un año de servicio militar) que se debe distribuir; 2) un grupo de referencia; es decir, una clase de personas a quienes se pretende aplicar la regla, definidas a menudo por una característica común (por ejemplo, todos los ciudadanos); 3) un grupo seleccionado; es decir, una subcategoría del grupo de referencia a quien se distribuye el beneficio o la carga (por ejemplo, todos los ciudadanos de determinada edad)(1).

Las reglas que asignan beneficios o cargas, especialmente aquellas decretadas por ley, operan en un contexto históricamente determinado. Por consiguiente, son consideradas más adecuadamente como reglas de redistribución. Hay una distribución que puede ser el resultado de la aplicación de cierta regla formal de distribución, o puede ser la consecuencia de una costumbre. Cuando se introduce una regla nueva (por ejemplo, cuando se promulga una ley) que redistribuye los beneficios o las cargas, cambia la proporción del grupo seleccionado respecto al grupo de referencia. Como, queremos determinar si tal regla de redistribución es igualitaria y en qué grado, para ello debemos comparar la distribución dada históricamente, con la distribución que resulta de la aplicación de la regla.

Respecto a una distribución dada (y respecto a un grupo de referencia dado), una regla de redistribución de beneficios o cargas determinadas es más igualitaria cuanto mayor sea la proporción del grupo seleccionado respecto al grupo de referencia después de la aplicación de la regla, en comparación con la distribución original.

En otras palabras, la asignación es tanto más igualitaria cuanto más igualitaria sea la aplicación de la regla. Viceversa, una regla de redistribución es tanto más desigualitaria, cuanto más reduzca el tamaño del grupo seleccionado.

¿Admitir 400, de los 600 que hicieron la solicitud para entrar a la universidad, es una política igualitaria o desigualitaria?; depende: si el año anterior fueron admitidos 300 de los 600 que hicieron la solicitud, admitir 400 incrementa la proporción del grupo seleccionado; en consecuencia, esta nueva política constituye una regla de distribución más igualitaria. Pero esta misma política es desigualitaria si anteriormente se admitió a 500 de los 600 que hicieron la solicitud. La Constitución francesa de 1791 era igualitaria no porque sustituyera nobleza, por propiedad, como criterio para conferir el derecho de voto, sino porque amplió el sufragio a un número mucho mayor de ciudadanos (o sea, a más de la mitad de todos los varones adultos que pagaban cierto número de impuestos). Respecto a esta situación histórica, la posterior introducción del sufragio universal constituyó de nuevo una redistribución igualitaria del derecho de voto(2).

(1) Oppenheim, Félix E. Conceptos políticos una reconstrucción, Edit. Tecnos, 1987, pág. 78.

(2) Ibídem, págs. 83 y 84.

Jaime Araújo Rentería.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Con el acostumbrado respeto, me aparto parcialmente de la posición mayoritaria acogida en la presente sentencia, por las siguientes razones:

1. El accionante presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 30 parcial, 31 parágrafo único, y 35 parágrafo único, de la Ley 789 de 2002. A su juicio, el citado parágrafo único del artículo 35 es inconstitucional(1) porque desconoce el derecho que le asiste a los trabajadores de tener la oportunidad de acceder a la formación profesional integral que imparten las instituciones autorizadas por el Estado para vincularse mediante la modalidad del contrato de aprendizaje.

2. En opinión de la Corte, el precepto normativo acusado es constitucional, no solo porque a través del mismo se pueden evitar contrataciones en las que se contraríe el principio de primacía de la realidad sobre las formas, sino también porque se hace efectiva la finalidad del contrato de aprendizaje, “la cual no consiste solamente en brindar formación académica, sino en dar oportunidades laborales a los sectores jóvenes que aún no se han podido ubicar en el mercado de trabajo”.

3. Contrario a lo resuelto por esta corporación, considero que la norma acusada debió declararse exequible, bajo el entendido que aun cuando se persigue como fin constitucional válido evitar un fraude a la ley, puede el empleador acudir a los beneficios del contrato de aprendizaje con el propósito de capacitar a sus trabajadores, siempre y cuando las obligaciones salariales y prestacionales que surgen del contrato de trabajo se mantengan sin solución de continuidad.

Brevemente expondré las razones que fundamentan mi posición:

4. A partir de la sentencia C-038 de 2004, esta corporación ha considerado que el contrato de aprendizaje no constituye una modalidad de contrato laboral. Por esta razón, se estima que los aprendices no son trabajadores y en esa medida el sostenimiento que perciben no constituye salario. Adicionalmente, la subordinación se predica exclusivamente de las actividades propias del aprendizaje y no de una actividad material o inmaterial concreta y determinada.

Con fundamento en la citada diferenciación, esta corporación concluyó que las cargas prestacionales que se asumen en cada modalidad de contratación son distintas. Por ello, la Corte declaró exequible el artículo 35 de la Ley 789 de 2002, al estimar que la prohibición allí prevista, según la cual, no se pueden vincular mediante contrato de aprendizaje a personas que hayan estado o estén vinculados laboralmente a una empresa, es una limitación ajustada a la Constitución no solo porque a través de la misma se pueden evitar contrataciones en las que se contraríe el principio de primacía de la realidad sobre las formas, sino también porque se hace efectiva la finalidad del contrato de aprendizaje la cual no consiste solamente en brindar formación académica, sino en dar oportunidades a los sectores jóvenes que aún no se han podido ubicar en el mundo laboral.

5. Sin embargo, a pesar de compartir el razonamiento jurídico previamente expuesto y reiterado en el fallo del cual me aparto, considero que la norma acusada carece de un determinado ingrediente normativo o condición jurídica que resulta imprescindible a la materia allí tratada, y que, precisamente, en razón de su omisión relativa, hace viable condicionar la exequibilidad de la norma(2).

6. En efecto, el artículo 53 de la Constitución Política garantiza el derecho que le asiste a los trabajadores de obtener la debida capacitación y adiestramiento, en aras de adquirir los conocimientos suficientes que les permitan desarrollar sus labores en términos de idoneidad, calidad y profesionalidad. Para acreditar el cumplimiento de dicha obligación, el artículo 54 Superior le impone al Estado y, principalmente, a los empleadores el deber de ofrecer programas de formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.

Como herramienta legal para cumplir dicha obligación constitucional, los artículos 30 a 39 de la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios 933 y 2585 de 2003; establecen, regulan y en ciertos casos imponen la celebración de un contrato de aprendizaje, cuya finalidad consiste en permitir que un trabajador reciba formación teórica en una entidad autorizada por el Estado, con el propósito de aplicar dichos conocimientos en el giro ordinario de las actividades propias de la empresa patrocinadora, por un plazo no mayor a dos años y con el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento mensual que garantice el proceso de aprendizaje.

7. La norma acusada, en los precisos términos en que fue declarada exequible, conduce a la imposibilidad de los empleadores de auxiliarse de los beneficios del contrato de aprendizaje, cuando se aspira a involucrar a los trabajadores activos de la empresa en procesos de formación profesional o técnica, cuyo fin sea mejorar la ejecución de las labores.

No se pretende desconocer las finalidades constitucionales de la norma acusada, pero tampoco puede la Corte ignorar el contenido normativo de los artículos 53 y 54 de la Carta Fundamental. Por ello, le corresponde al juez constitucional acudir al principio de neutralidad como guía de interpretación constitucional, conforme al cual deben armonizarse los valores, principios y derechos en conflicto, a partir del reconocimiento intrínseco de su relatividad, sin imponer la praxis de alguno a costa del sacrificio del otro.

En este orden de ideas, si el ordenamiento jurídico ha creado el contrato de aprendizaje, como herramienta idónea para patrocinar el acceso de los trabajadores a la formación profesional productiva y útil para el mejor desempeño en el giro ordinario de las actividades de la empresa; es indiscutible que, la interpretación válida y armónica de la norma acusada, sin sacrificar los fines constitucionales relacionados en la sentencia de la cual me aparto y el alcance de los artículos 53 y 54 del Texto Superior, conducía a reconocer la posibilidad de los empleadores acudir a los beneficios del contrato de aprendizaje con el propósito de capacitar a sus trabajadores, sujetando dicha modalidad de vinculación del derecho laboral(3) a la preservación de las condiciones propias del contrato laboral vigente.

8. Esto significa que un trabajador activo que por razones del servicio requiera formación profesional o técnica, puede beneficiarse de las condiciones propias del contrato de aprendizaje, tales como, acudir a cursos teóricos, adelantar prácticas empresariales y obtener un apoyo mensual de sostenimiento, por un término máximo de dos años, sin alterar las condiciones de su contrato de trabajo vigente.

Una lectura de la norma en dicho sentido, en lugar de excluir a los trabajadores activos de un derecho que constitucionalmente les pertenece en virtud de lo previsto en los artículos 53 y 54 del Texto Superior, por la simple duda que en relación con la aplicación de dichos beneficios realicen los empleadores, contribuye no solo a la formación profesional, estímulo y crecimiento personal del trabajador, sino también le permite al empresario contar con una mano de obra más calificada e idónea, al interior de una economía con tendencia hacía la globalización y a la preservación en el mercado exclusivamente por razones de competitividad.

Rodrigo Escobar Gil. 

(1) Se transcribe el texto objeto de acusación: “Las empresas no podrán contratar bajo la modalidad de aprendices a personas que hayan estado o se encuentren vinculados laboralmente a las mismas”.

(2) Sobre “omisiones constitucionales relativas” se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: C-543 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-427 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1549 de 2000 (Martha Sáchica Méndez), C-185 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), etc.

(3) Artículos 30 de la Ley 789 de 2002 y 1º del Decreto 933 de 2003.

______________________________