Sentencia C-46 de enero 24 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICÍA

DEBEN SER TEMPORALES

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 33.139, del 4 de septiembre de 1970, y se subrayan los apartes demandados:

“DECRETO 1355 DE 1970

(Agosto 4)

Por el cual se dictan normas sobre policía

(...).

TÍTULO SEGUNDO

De las contravenciones

(...).

CAPÍTULO IV

De las contravenciones que dan lugar a exigir promesa de residir en otra zona o barrio

ART. 204.—Compete a los comandantes de estación y de subestación exigir promesa de residir en otra zona o barrio (1) .

(1) El artículo 126 del Decreto 522 de 1971 trasladó la competencia de estos asuntos a los alcaldes e inspectores de policía.

1. Al que en cantina, bares u otros sitios de diversión o de negocio situados en el barrio donde tenga su residencia fomente o protagonice escándalos, riñas o peleas hasta el punto de ser tenido en esos sitios como persona indeseable.

2. Al que mantenga amenazadas a personas del barrio o zona donde resida.

3. Al que por su conducta depravada perturbe la tranquilidad de los vecinos de la zona o barrio”.

(...).

5.3. Las normas acusadas establecen una medida correctiva que no tiene límite en el tiempo, por lo que deben ser declaradas inconstitucionales.

Como lo recuerda el señor procurador en su concepto, uno de los motivos por los cuales esta corporación mediante sentencia C-110 de 2000 declaró la inconstitucionalidad del numeral 1º del artículo 204 del Decreto 355 de 1970 fue precisamente esta ausencia de límite temporal. En efecto allí se dijo:

“...observa la Sala, que la medida correctiva en cuestión no tiene límite en el tiempo. Por consiguiente, las autoridades de policía (D. 522/71) pueden imponer la sanción consistente en exigir promesa de residir en otra zona o barrio, en forma permanente, restringiendo en extremo y afectando el núcleo esencial de los derechos fundamentales de circulación y de residencia, y con desconocimiento del precepto del artículo 28 de la Constitución según el cual no pueden existir medidas de seguridad imprescriptibles, lo que equivale a que no puede el legislador autorizar a que se le limite a una persona en forma permanente alguno de sus derecho fundamentales.

Si bien el artículo 222 del Código Nacional de Policía faculta a la autoridad de policía para hacer cesar la medida correctiva que ha impuesto en cualquier tiempo, cuando “a su juicio tal determinación no perjudique el orden público”, entiende la Sala qué fijación del tiempo de la sanción debe estar regulada específicamente en la norma legal y, por lo tanto, dicha determinación no puede quedar librada al arbitrio de la referida autoridad”.

Idéntico razonamiento había llevado ya a la Corte a declarar inconstitucional el artículo 205 del Decreto 1355 de 1970 en la sentencia C-087 de 2000, el cual se confirmó en la sentencia C-1444 de 2000 con relación al numeral 3º del artículo 206 del mismo decreto.

En esa ocasión puntualizó la Corte:

“Pero, al analizar la medida correctiva, tal como está concebida se observa que no tiene un límite en el tiempo durante el cual se dé la prohibición del ingreso al sitio público o abierto al público. Sobre este aspecto, el decreto dice en el artículo 222 del Decreto 1355 de 1970, que es la autoridad de policía, la que haya impuesto la medida correctiva, quien podrá hacerla cesar en cualquier tiempo “si a su juicio tal determinación no perjudica el orden público. Como se ve, la medida correctiva resulta indefinida, pues, deja al arbitrio de la autoridad, la fijación del período en que se aplica. Hay que señalar que una disposición que establezca esta clase de situaciones viola la Constitución, pues en el artículo 28 de la Carta están proscritas las medidas de seguridad imprescriptibles, es decir, que no es posible que una persona permanezca indefinidamente sometida a una limitación de sus derechos” (12) .

(12) Sentencia C-087 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

En el presente caso, los supuestos de derecho son exactamente los mismos, por tratarse de los numerales restantes de la misma disposición analizada en la sentencia C-110 de 2000, y los cuales conllevan la posibilidad de imponer la misma medida correctiva sin límite en el tiempo.

Por lo tanto y sin que sea necesario entrar en otros considerandos, por este solo aspecto, la norma atacada debe ser declarada inconstitucional y así se decidirá.

Sin embargo, y en la medida en que la parte actora insiste igualmente de manera enfática en la presunta violación de normas sobre derechos humanos de obligatorio cumplimiento en el ordenamiento interno, debe señalarse que el carácter imprescriptible de la medida correctiva acusada contradice no solamente el artículo 28 de la Constitución que la prohíbe sino a su vez algunas de tales disposiciones.

5.4. La norma acusada viola el núcleo esencial del derecho de circulación y residencia protegido por la Constitución y por las normas de derecho internacional sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

En particular resultan transgredidas las normas de derecho interno y de derecho internacional que garantizan el derecho de libre circulación y residencia, en cuanto se excede el marco allí fijado para su posible restricción por motivos de interés general.

Así el artículo 24 de la Constitución dispone:

“Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia” (13) .

(13) La itálica no es del texto.

La libre circulación y residencia no se conciben en efecto en la Constitución como derechos absolutos, pues el legislador se encuentra facultado para establecerles limitaciones, pero ello, como se verá mas adelante, sólo es posible hacerlo dentro de determinados parámetros.

Por su parte la Declaración universal de los derechos humanos de 1948 (art. 13), el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 (el art. 12), la Convención americana sobre derechos humanos pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante la Ley 16 de 1972 (art. 22), aluden a los derechos de circulación y residencia y a la posibilidad de su restricción, cuando sea necesaria para hacer prevalecer valioso intereses públicos y los derechos y libertades de las personas.

Sin embargo toda posible limitación de tales derechos deberá estar no solamente de conformidad con el contenido de dichas normas internacionales de obligatoria aplicación en el orden interno, sino también plenamente justificada a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales, como se señaló ya por la Corte en relación con la posible limitación del derecho de circulación en los siguientes términos:

“Según el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución, los derechos y deberes consagrados en ésta se interpretarán, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Ello significa, que para efectos de interpretar los referidos derechos las normas de los tratados en referencia tienen carácter prevalente en el orden interno, formando por lo tanto parte del bloque de constitucionalidad, como lo ha reconocido la Corte en diferentes pronunciameintos” (14) .

(14) Sentencias C-295 de 1993, C-179 de 1994, C-225 de 1995, C-578 de 1995, C-358 de 1997, T-556 de 1998 entre otras.

“En las circunstancias descritas es evidente que con invocación de las normas de los mencionados tratados, el derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero sólo en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades de las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el ejercicio de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con los criterios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad; no son admisibles, por lo tanto, las limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que tengan la debida justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes constitucionales” (15) .

(15) Sentencia T-483 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Por lo que si bien es posible establecer una restricción a tales derechos, es preciso examinar, como lo hizo la Corte en la sentencia C-110 de 2000, la disposición acusada bajo el parámetro del juicio de proporcionalidad, según el cual cuando diversos principios constitucionales entran en colisión “corresponde al juez constitucional no sólo estudiar la constitucionalidad de la finalidad perseguida por la medida examinada sino, además, examinar si la reducción del derecho es proporcionada, a la luz de la importancia del principio afectado. Para ello, debe el juez primero determinar si el trato diferente y la restricción o los derechos constitucionales son “adecuados” para lograr el fin perseguido, segundo si son “necesarios”, en el sentido de que no exista otro medio menos oneroso en términos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, tercero, si son “proporcionados stricito sensu”, esto es, que no se sacrifiquen valores y principios que tengan mayor peso que el principio que se pretende satisfacer” (16) .

(16) Sentencia C-309 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

En el presente caso, la finalidad buscaba por el legislador al expedir la norma acusada es la de asegurar el mantenimiento del orden público, previniendo la comisión de delitos o contravenciones penales de policía, asegurando los derechos de las demás personas y la convivencia y relaciones pacíficas entre vecinos, particularmente frente a individuos que por su conducta o amenazas atenten contra los derechos individuales o colectivos en una determinada comunidad. En tal virtud, puede afirmarse que, por principio, ella responde al logro y a la preservación de fines constitucionales que se estiman valiosos.

Sin embargo, el carácter imprescriptible de la medida correctiva atrás analizado, la convierte en desproporcionada frente a los objetivos perseguidos, amén de afectar valores y principios constitucionales que protegen precisamente el núcleo esencial de los derechos de libre circulación y residencia y en consecuencia le hacen desbordar el marco establecido en el derecho interno e internacional para su posible restricción.

Por todo ello, los numerales 2º y 3º del Decreto 1355 de 1970 deben ser declarados inconstitucionales y así se decidirá.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLES los numerales 2º y 3º del artículo 204 del Decreto 1355 de 1970, “por el cual se dictan normas sobre policía”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-046 de enero 24 de 2001. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis).

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