Sentencia C-46 de febrero 25 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Proceso D-1763

Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 207 del Decreto Ley 1333 de 1986.

Actor:

Carlos Fernando Zarama Vásquez

Magistrado Sustanciador:

Hernando Herrera Vergara

Santafé de Bogotá, D.C., febrero 25 de 1998.

(...).

Según lo ha determinado la Corte Constitucional (Sent. Nº C-397/95), “quien codifica goza no solamente de las necesarias atribuciones para acumular unas normas a otras, sino de las facultades indispensables para establecer con carácter imperativo un orden determinado, que de manera armónica y sistemática, incluya en un sólo cuerpo normativo las disposiciones relativas a una cierta materia. Puede, por ello, suprimir preceptos sobrantes, reiterativos, incoherentes o ajenos al sistema; refundir y reorganizar títulos, capítulos y artículos; modificar los que estime pertinentes para adecuarlos a los fines propios del código; o derogar aquéllos mandatos que en ejercicio de su función legislativa, el codificador considera que no deben hacer parte del ordenamiento respectivo” (negrilla y subrayas fuera del texto).

Por ende, no hay razón alguna de índole constitucional que impida que un código se conforme por la suma de diversas leyes y decretos, ya que si bien un código es un conjunto sistemático, lógico y completo de las disposiciones que regulan determinada actividad, la unidad temática no implica que necesariamente el código deba estar conformado por una sola ley, pues diversas leyes o decretos pueden expedirse para integrar dicha unidad, así como varios de los preceptos consignados en ellos pueden ser derogados o suprimidos en virtud de la codificación que se hará, como ordinariamente así ocurre.

En otros términos, ha dicho la Corte(3) que “incorporar sin sustituir, esto es, sin producir la derogatoria de las normas legales que se pretende subsumir en un régimen jurídico de imperativo cumplimiento, que puede estar contenido en uno o varios textos, equivale a realizar labores de compilación carentes de fuerza vinculante. En otros términos, significaría no ejercer una competencia de naturaleza eminentemente legislativa, como quiera que lo que caracteriza la función de regulación normativa desde el punto de vista material es la creación de proposiciones jurídicas con fuerza de ley”.

(1) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia Nº C-558 de 1992.

Acerca de si la exclusión del literal E) del artículo 42 de la Ley 14 de 1983 en el artículo 207 del Decreto 1333 de 1986 altera en forma grave y ostensible la base gravable del impuesto de industria y comercio a cargo de los bancos, causando un detrimento en los recaudos municipales, basta transcribir los razonamientos expresados en sentencia de mayo 21 de 1993, expte. Nº 4578 de la sección cuarta de la Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que se comparten en su totalidad, según los cuales:

“Más endeble aún es el argumento que empleó el fallador de primera instancia para confirmar la actuación administrativa cuando considera que la no inclusión del concepto “ingresos varios” en el artículo 207 del Decreto Ley 1333 de 1986, obedeció a “la omisión en que incurrió la publicación oficial al eliminar, con evidente error de imprenta el literal E) del artículo 207”. La anterior afirmación carece de asidero legal, resultante de la exclusiva interpretación de a-quo pues el literal E) de la Ley 14 de 1983 que corresponde a “ingresos varios” fue sustituido en el decreto ley por el rubro “ingresos en operaciones con tarjeta de crédito”.(4)

(4) Cfr. Consejo de Estado, sección cuarta. Expte. Nº 4578, M.P. Dr. Guillermo Chahín Lizcano. Mayo 21 de 1993.

En otro pronunciamiento similar, esa misma corporación expresó que:

“Uno de los principales argumentos de la oposición a la demanda consistió en que la exclusión del renglón “E-ingresos varios” al incorporar en el artículo 207 del Decreto 1333 de 1996 la norma fuente, o sea, el artículo 42 de la Ley 14 de 1983 (que lo contenía), se debió a un error tipográfico pues ni desde los puntos de vista técnico, histórico y de hermenéutica, se justifica la omisión. En atención a ello la Sala consideró necesario despejar este aspecto y a tal efecto mediante auto de fecha 11 de julio requirió a la presidencia de la República “la copia auténtica del original completo del artículo 207 del Decreto 1333 de 1986 (abril 25) que fuera remitido a la Imprenta Nacional para su publicación”.

En respuesta a tal solicitud el Ministro de Gobierno remitió la copia que obra a folios 253 a 258 en la cual se observa que a la página 73 del texto, del decreto, el artículo 207 hace la relación de los rubros de los ingresos operacionales de los bancos identificándolos con los literales A), B), C), D) y F), sin que allí aparezca el tantas veces citado literal E)- ingresos varios, tal como fue publicado en el diario oficial 37.466 de mayo 14 de 1986.

En esta forma se demuestra que no se trató de un error de imprenta o tipográfico y ante la falta de cualquier otra explicación, debe presumirse que fue voluntad del ejecutivo suprimir tal rubro.

Siendo ese el texto definitivo del decreto no resultan válidas para la Sala las lucubraciones para darlo por existente y de ello sacará las conclusiones correspondientes, no sin criticar antes la práctica del ejecutivo de no conservar la motivación o historia de su actos, cuando actúa como legislador extraordinario.

Y si de conformidad con lo expuesto anteriormente, el citado artículo 207 no incluía el rubro “E) ingresos varios”, mal podía mencionarlo en la circular acusada, cuyos destinatarios eran el Banco de la República y las entidades usuarias del plan único de cuentas para el sistema financiero de todo el país, por lo que sus instrucciones debían ceñirse a las disposiciones de rango legal y no a las de nivel local y menos aún, a algunas de ellas, cuya importancia no se desconoce.

(...).

Para la Sala es claro que dentro de la política que caracteriza la reforma plasmada en la Ley 14 de 1983 y sostenida en el Decreto 1333 de 1986, en cuanto que la base de este impuesto para el sector financiero está conformada por los “ingresos operacionales anuales” (art. 42) no hay justificación para que fueran excluidos los intereses que precisamente constituyen los ingresos operacionales por excelencia o típicos de la actividad financiera.

_________________________________