Sentencia C-460 de mayo 14 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-460 de 2008 

Ref.: Exp. D-6908

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Demandante: Leonardo Berrío Chamorro.

Bogotá, D.C., mayo catorce de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se trascribe el texto de las normas acusadas.

“LEY 906 DE 2004

(Agosto 31)

Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO II

La extradición

ART. 495.—Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento. La solicitud para que se ofrezca o se conceda la extradición de persona a quien se haya formulado resolución de acusación o su equivalente o condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes documentos:

1. Copia o trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente.

2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados.

3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada.

4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.

Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado requirente y deberán ser traducidos al castellano, si fuere el caso.

ART. 502.—Fundamentos de la resolución que concede o niega la extradición. La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

Primera. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de la acusación parcial contra una ley.

Segunda. Lo que se debate.

Según el demandante, debe esta corporación establecer si para garantizar el debido proceso, en el trámite de extradición incumbe a la Corte Suprema de Justicia efectuar un análisis material de las pruebas que le permitan establecer la posible responsabilidad del requerido, o como lo denomina el actor, “la causa probable del delito imputado”.

Adicionalmente, si existe vulneración del principio de igualdad, por cuanto para el actor el establecimiento de reglas para la extradición en tratados internacionales, diversos de los incorporados en el ordenamiento nacional, genera una discriminación, de manera que deberían someterse todas las extradiciones al cumplimiento de los requisitos fijados mediante acuerdo con unos pocos países, como Gran Bretaña, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela.

Tercera. Por tratarse de sistema procesal penal distinto, no opera la cosa juzgada material.

3.1. Teniendo en cuenta la afirmación hecha por la Procuraduría General de la Nación, al manifestar que existe cosa juzgada material respecto del contenido normativo de los artículos acusados en esta oportunidad, pues fueron analizados por la Corte Constitucional en la respectiva normatividad del Decreto 2700 de 1991, ha de reiterar esta Sala (1) :

“… todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica —pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles— sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Un tribunal puede apartarse de un precedente cuando considere necesario hacerlo, pero en tal evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene que aportar las razones que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores y la estructuración de una nueva respuesta al problema planteado. Además, para justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, que ha orientado el sistema jurídico de determinada manera”.

3.2. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha manifestado que hay lugar a declarar cosa juzgada material “cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos”, fenómeno que, como se explica en la misma providencia, “tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política (2) ”.

De tal forma, para esta corporación la cosa juzgada material se justifica en cuanto “los argumentos jurídicos que sirvieron de fundamento para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste serían totalmente aplicables a aquélla y la decisión que habría de adoptarse sería la misma que se tomó en la sentencia anterior (3) ”.

3.3. Finalmente, sobre la naturaleza de esta figura, se ha advertido que “para que se produzca el fenómeno de la cosa juzgada material no es indispensable que los textos de las normas sean idénticos; sin embargo, su contenido sí debe serlo. Ahora bien, la identidad de contenidos supone que los efectos jurídicos de las normas sean exactamente los mismos. En tal medida, cualquier modificación que restrinja, aumente o de algún modo altere los efectos de la norma, justifica un nuevo pronunciamiento de constitucionalidad (4) ”.

3.4. Con fundamento en estos elementos, pasa la Sala a examinar si existe o no cosa juzgada material respecto de las disposiciones acusadas.

3.5. Mediante Sentencia C-1106 de agosto 24 de 2000, con ponencia del magistrado Alfredo Beltrán Sierra, esta corporación declaró exequibles los artículos 551 y 558 del Decreto 2700 de 1991; en esa oportunidad, la Corte se pronunció sobre cuestionamientos al contenido del concepto que emite la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, dentro del trámite de la extradición y sobre la imposibilidad de pronunciarse sobre el fundamento probatorio de la decisión judicial en virtud de la cual se solicita la cooperación internacional.

El legislador reprodujo en la Ley 906 de 2004 (como también lo había hecho en la L. 600/2000, arts. 513 y 520), además en textos casi idénticos, los requisitos y fundamentos para el trámite de la extradición:

DECRETO 2700 DE 1991LEY 906 DE 2004
CAPÍTULO IIICAPÍTULO II
La extradiciónLa extradición
ART. 551.—Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento. La solicitud para que se ofrezca o se conceda la extradición de persona a quien se haya formulado resolución de acusación o su equivalente o condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes documentos:ART. 495.—Documentos anexos para la solicitud u ofrecimiento. La solicitud para que se ofrezca o se conceda la extradición de persona a quien se haya formulado resolución de acusación o su equivalente o condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes documentos:
1. Copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente.1. Copia o trascripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente.
2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados.2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados.
3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada.3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada.
4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.
Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado requirente y deberán ser traducidos al castellano, si fuere el caso.Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado requirente y deberán ser traducidos al castellano, si fuere el caso.
ART. 558.—Fundamentos. La Corte fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.ART. 502.—Fundamentos de la resolución que concede o niega la extradición. La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.

3.6. En la mencionada Sentencia C-1106 de 2000, la Corte después de integrar la unidad normativa con el texto completo de cada uno de los artículos citados, determinó al respecto:

“… por su propio contenido, el acto mismo de la extradición no decide, ni en el concepto previo, ni en su concesión posterior sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría, ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho, ni sobre la culpabilidad del imputado, ni sobre las causales de agravación o disminuentes punitivas, ni sobre la dosimetría de la pena, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento, como quiera que no se ejerce función jurisdicente.

Entrar en una controversia de orden jurídico como si se tratara de un acto jurisdiccional, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requierente, como quiera que es en ese país y no en el requerido en donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso correspondiente, de conformidad con las disposiciones sobre Derecho Internacional Humanitario y con las normas penales internas del Estado extranjero.

(...).

Para esta corporación, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el demandante, porque la Corte Suprema de Justicia en este caso no actúa como juez, en cuanto no realiza un acto jurisdiccional, como quiera que no le corresponde a ella en ejercicio de esta función establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que se le imputan a la persona cuya extradición se solicita, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron ocurrir, ni tampoco la adecuación típica de esa conducta a la norma jurídico-penal que la define como delito, pues si la labor de la Corte fuera esa, sería ella y no el juez extranjero quien estaría realizando la labor de juzgamiento.

Por esto —y no por otra razón—, es que la intervención de la Corte Suprema de Justicia en estos casos, se circunscribe a emitir un concepto en relación con el cumplimiento del Estado requirente de unos requisitos mínimos que ha de contener la solicitud, los cuales se señalan en el Código de Procedimiento Penal”.

3.7. Sin embargo, si bien es cierto que la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 551 y 558 del Decreto 2700 de 1991, que regulaban el concepto que debe emitir la Corte Suprema en relación con la extradición en casi los mismos términos de los artículos 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, también lo es que en esta oportunidad hacen parte de otro Código de Procedimiento Penal, que desarrolla un sistema procesal penal acusatorio, cardinalmente distinto al contenido en el mencionado decreto.

Además, luego de detallado debate realizado sobre la ponencia original, que por la identidad del cargo y de los enunciados normativos, proyectaba la existencia de cosa juzgada material (C-1106/00 y C-1266/05), esta Corte encontró que al mediar entre la expedición de las normas anteriores y las que ahora se demandan, dos reformas constitucionales de atinente trascendencia, adoptadas mediante los actos legislativos 1 de 1997 y 3 de 2002, las cuales variaron el contexto constitucional dentro del cual fue expedido el Decreto 2700 de 1991, hay lugar a un nuevo pronunciamiento sobre su constitucionalidad (5) , que mutatis mutandis ha de observar el precedente asumido anteriormente.

4. Los artículos demandados no vulneran el derecho fundamental al debido proceso, ni el derecho a la igualdad.

4.1. La extradición es un mecanismo de colaboración entre los estados para combatir el crimen y garantizar que no haya impunidad. Su aplicación se rige, en primera término, por lo que dispongan a este respecto los tratados públicos, como lo señala el artículo 35 de la Constitución Política, y sólo en su defecto viene a ser aplicada la ley interna.

Así, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, de manera supletoria, por la ley. El artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 1997, modificó el alcance que se había consagrado en el texto original de la Constitución de 1991 y facultó a las autoridades competentes para conceder la extradición de nacionales colombianos por nacimiento, por delitos cometidos en el exterior que sean considerados como tales en la legislación penal colombiana, con la improcedencia por delitos políticos y “cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.

4.2. En el trámite de extradición intervienen dos ramas del poder público, la ejecutiva y la judicial, la primera por participación de los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior y de Justicia, y del Presidente de la República, mientras que la judicial actúa por el Fiscal General de la Nación, quien decretará la captura del requerido (L. 906/04, arts. 506 y 509) y por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que emitirá el concepto sobre la viabilidad de la extradición, que obliga al Gobierno si es negativo y, de ser favorable a la solicitud del país requirente, deja al ejecutivo en libertad de obrar según la conveniencia nacional.

4.3. De conformidad con el precedente establecido en la Sentencia C-1106 de agosto 24 de 2000 antes mencionada, por su propio contenido el acto mismo de la extradición no decide, ni en el concepto previo que le corresponde a la Corte Suprema, ni en su concesión posterior por el Gobierno Nacional, sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría o las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, ni sobre la responsabilidad del imputado, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento. De serlo, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, que es donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso respectivo.

4.4. Con todo, ha de recordarse que el análisis que compete realizar a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, al conceptuar acerca de la concesión o negación de la extradición, comprende, además de los aspectos enunciados en los artículos 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos o derivados de la Constitución, principalmente en cuanto no se trate de la extradición por la comisión de delitos políticos; ni por hechos anteriores a la expedición del Acto Legislativo 1 de 1997, en el caso de la extradición de colombianos por nacimiento, según lo previsto en el artículo 35 de la Carta Política; ni se vayan a imponer en la nación requirente tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni penas proscritas en Colombia como la de muerte o la prisión perpetua.

Recuérdese, a propósito, lo que la Corte Suprema ha determinado (6) :

“La noción de extradición no corresponde a la de un proceso judicial en el que se someta a juicio la conducta del requerido, sino a un mecanismo de cooperación internacional cuyo objeto es impedir la evasión a la justicia por parte de quien habiendo ejecutado conductas delictivas en territorio extranjero se oculta en el nacional en cuya jurisdicción obviamente carecen de competencia las autoridades que lo reclaman y así responda personalmente por los cargos que le son imputados y por los cuales se le convocó a juicio criminal, o cumpla la condena que le haya sido impuesta, es claro que por ello no hay lugar en desarrollo de su trámite a cuestionamientos referidos a la validez o mérito probatorios sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado, ni sobre la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo o la calificación jurídica realizada y tampoco en relación con la competencia del órgano judicial del país solicitante, ola validez del trámite en el cual se le acusa, pues tales aspectos conciernen al exclusivo y excluyente ámbito de las autoridades judiciales del Estado requirente, de modo que su planteamiento y controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso por medio de los mecanismos que la legislación de allí tenga previstos.

No por diversas razones la fase judicial de la extradición que se verifica ante la Corte Suprema culmina no con un fallo con los efectos que le son propios frente a la res iudicata, sino con un concepto que siendo precisamente por eso inimpugnable sólo puede tener por objeto la constatación de que la documentación presentada es formalmente válida; que el solicitado se encuentra plenamente identificado; que el hecho que motiva el pedido también esté previsto en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; que la providencia proferida en el extranjero —si no se trata de sentencia— sea equivalente a nuestra resolución de acusación y que cuando fuere el caso se observe de conformidad con el marco normativo señalado por el Gobierno Nacional lo previsto en los tratados públicos”.

También al respecto, la Sala de Casación Penal ha manifestado (7) :

“… en Colombia el trámite de extradición, no corresponde a la noción estricta de proceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama en extradición, por tanto, no tienen cabida cuestionamientos relativos a la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado; la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, la calificación jurídica correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del proceso en el cual se le acusa; la pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente responsable; o la vigencia de la acción penal; pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los instrumentos que prevea la legislación del Estado que formula la solicitud”.

4.5. Por todo lo anterior, resulta claro que en el trámite de la extradición la Corte Suprema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus circunstancias, ni juzga al solicitado; tampoco cuestiona las decisiones emitidas por la autoridad extranjera y sólo le compete verificar el cumplimiento de los requisitos para otorgar la extradición, según lo dispuesto en el tratado internacional respectivo o, en su defecto, en la ley interna, acatando la preceptiva superior (cfr. arts. 12, 34 y 35 Const.) y la normatividad complementaria.

Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la autoridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su escenario natural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del correspondiente proceso penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales colombianas, que deben cooperar, junto con el ejecutivo, para que la ubicación en país distinto a donde se cometió el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la justicia, que internacionalmente debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la criminalidad.

4.6. De otra parte, para el demandante los artículos acusados vulneran el derecho a la igualdad, por cuanto en su concepto el Tratado de Extradición entre Colombia y Gran Bretaña del 27 de octubre de 1888 y el Acuerdo Multilateral de Extradición del Primer Congreso Bolivariano del 18 de julio de 1911, exigen las pruebas que fundamentan el auto de la autoridad extranjera, estableciéndose un trato discriminatorio, por cuanto el ordenamiento nacional no incorpora la misma exigencia, en perjuicio de las personas solicitadas en extradición por naciones distintas a Gran Bretaña, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela.

A lo anterior hay que responder que cuando existen tratados sobre extradición se debe acudir a ellos, sin que se pueda alegar una posible violación al derecho a la igualdad por alguna diferencia que emane de lo soberanamente acordado en cada caso, resultando natural que las situaciones cobijadas y los procedimientos aplicables en lo atinente a un Estado, sean diferentes e independientes.

Dentro de este contexto, no existe mérito para efectuar un pronunciamiento de inexequibilidad respecto del cargo por la presunta vulneración de la igualdad, como quiera que se refiere a cuestionamientos de orden legal concernientes a la aplicación del Tratado de Extradición celebrado entre Colombia y Gran Bretaña en 1888 y del Acuerdo Multilateral de Extradición del Primer Congreso Bolivariano de 1911, que se deben atender de conformidad con las circunstancias concretas de cada caso, sin ninguna razón para que lo convenido bilateral o multilateralmente con un país o grupo de países, tenga que consagrarse y extenderse per se, menos para dar lugar a generalizar sus previsiones específicas.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, los artículos 495 y 502 de la Ley 906 de 2004.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.

(1) C-447 de septiembre 18 de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballero.

(2) Cfr. C-489 de mayo 4 de 2000, M. P Carlos Gaviria Díaz.

(3) Cfr. auto Nº 27A de junio 30 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(4) Cfr. C-565 de mayo 17 de 2000, M.P Vladimiro Naranjo Mesa.

(5) Cfr. C-1266 de diciembre 5 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(6) Cfr. sentencia en el asunto de radicación 22072, noviembre 3 de 2004, M.P. Alfredo Gómez Quintero.

(7) Asunto de radicación 25.333, julio 4 de 2006, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

____________________________