Sentencia C-461 de julio 17 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-9446

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 del Código Civil.

Actores: Andrés Felipe Caballero Sierra, Blanca Cecilia Rincón Salvador y Kyara Marcela Álvarez Iriarte.

Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer de la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución, pues la disposición acusada hace parte de un código adoptado mediante una ley de la República.

2. Solicitudes de inhibición.

Como se recordará, tanto el presidente del Consejo de Estado al expresar su opinión como el Procurador General en su concepto de rigor, estimaron que la Corte debería inhibirse de decidir sobre el presente caso, en razón a lo que consideraron la ineptitud sustancial de la demanda. En consecuencia, se hace necesario que antes de proseguir, se dilucide plenamente ese aspecto.

Revisados los criterios que de conformidad con reiterada jurisprudencia deben cumplir las demandas de constitucionalidad(7), observa la Sala que pese a la brevedad y sencillez del planteamiento de los actores, su escrito llena sin dificultad la mayor parte de los referidos criterios. Ello por cuanto, de una parte, existe claridad sobre las razones por las que se considera que la norma acusada sería contraria a los preceptos superiores invocados, el hecho de que aquella supuestamente impida que las reflexiones decantadas por la jurisprudencia de los órganos de cierre sean tomadas en cuenta por los jueces al proferir sus decisiones individuales, como resultaría actualmente necesario en aplicación de la técnica del precedente judicial a que se ha referido la jurisprudencia de este tribunal. En la misma línea, encuentra la Sala que los cargos formulados satisfacen en lo fundamental los criterios de especificidad, pertinencia y suficiencia, pues los demandantes explican la forma como esta regla infringiría cada una de las normas superiores por ellos señaladas, se trataría de asuntos de verdadera trascendencia constitucional, y se genera al menos una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma acusada.

Considera la Sala que, tal como lo señaló el Procurador General, la única posible dificultad en torno al cumplimiento de los indicados requisitos radica en lo atinente al criterio de certeza, relacionado con el hecho de que el precepto acusado sí tenga realmente el sentido que los actores le atribuyen, lo cual podría ciertamente resultar discutible. Sin embargo, se observa que en el presente caso la controversia sobre cómo debe entenderse el contenido de esta norma, que como es sabido es muy anterior en el tiempo al actual texto superior, no es fácilmente escindible, antes bien podría confundirse, con aquella que versa sobre si ese precepto sería o no contrario a la Constitución, sobre lo cual los accionantes efectuaron una plausible sustentación.

En esta medida, si bien según lo explicado resultaría factible albergar dudas sobre el cumplimiento de este requisito (certeza), en desarrollo del principio pro actione, que aboga por un análisis flexible de estos criterios al recordar que se trata de una acción ciudadana para cuyo ejercicio no se requiere experticia jurídica profesional, existe fundamento suficiente para estudiar de fondo el problema planteado y avanzar hacia una decisión de mérito sobre ese particular. Por estas razones, a continuación la Corte procede a adelantar ese análisis.

3. Lo que se debate y los temas a considerar.

Como quedó dicho, en el presente caso se discute si el artículo 17 del Código Civil es contrario al texto constitucional en cuanto advierte que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino únicamente respecto de las causas en que fueron pronunciadas, al tiempo que se prohíbe a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria. Los demandantes consideran que estas reglas lesionan los mandatos contenidos en los artículos 4º, 13, 29, 228, 230, 241 y 243 de la norma superior, en cuanto impiden que la jurisprudencia contenida en los pronunciamientos de las altas cortes, cuando actúan como órganos de cierre, sea tenida en cuenta y proyecte sus efectos en las decisiones que posteriormente emitan los jueces de la República para resolver casos semejantes a los fallados en tales sentencias.

Para decidir sobre este cuestionamiento la Corte comenzará por esclarecer el sentido del mandato contenido en la norma acusada, para lo cual deberá volver sobre el momento histórico y el contexto dentro de los cuales ella fue expedida. Seguidamente, la Sala se detendrá a considerar las condiciones bajo las cuales puede actualmente afirmarse que la jurisprudencia de las altas cortes tiene carácter obligatorio como fuente de derecho, así como los eventos en los que algunas sentencias producen efectos más allá de quienes hubieren sido partes en el respectivo proceso. Por último, y a partir de estos elementos, la Sala buscará determinar si la norma acusada efectivamente estorba la observancia de los precedentes judiciales obligatorios, y si con ello se genera la vulneración de los preceptos superiores que los actores consideran infringidos en este caso.

4. Sobre el contenido y efecto de la norma demandada.

El artículo 17 del Código Civil, que es el precepto que en este caso ha sido acusado, cuyo contenido ha sido ya preliminarmente referido, forma parte del capítulo III sobre efectos de la ley(8), que a su turno se integra dentro del título preliminar del Código Civil(9) expedido mediante Ley 57 de 1887, y aún vigente.

Al respecto es importante recordar que para la época en que se expidió el Código Civil, poco después de adoptada la Constitución de 1886, y en razón a la limitada importancia que entonces se atribuía a este último texto, aquella codificación cumplía el rol de ser el principal referente de interpretación y unificación de todo el sistema jurídico en su conjunto.

Por esta razón, más allá de lo estrictamente atinente al derecho civil, cuyos principales temas fueron tratados in extenso en los cuatro libros desarrollados a partir del artículo 73, este código incorporó en las disposiciones iniciales del título preliminar un conjunto de reglas de carácter conceptual y abstracto relativas al sistema de fuentes del derecho, así como al funcionamiento, interpretación y armonización de sus distintas normas y manifestaciones(10), aspecto en el cual se siguió, como ocurrió con muchos otros temas, el modelo del código chileno redactado por don Andrés Bello(11).

Es entonces dentro de este contexto que surge un precepto como el ahora acusado, que por su ubicación, contenido y redacción estaría llamado a ser aplicado de manera general a todas las decisiones judiciales, y no únicamente a las dictadas dentro del ámbito del derecho civil. En todo caso, es pertinente recordar que esa pretensión de universalidad se referiría a los tipos de sentencias conocidos para la época, que para el caso serían principalmente las que ponían fin a procesos civiles y penales, pues para entonces no existían aún las acciones públicas de nulidad o inconstitucionalidad(12), como tampoco situaciones en las que un fallo pudiera proyectar sus efectos más allá de las personas que hubieren participado en el respectivo proceso(13). En ese sentido todas las decisiones respecto de las cuales se aplicaría esta norma tenían en común el hecho de referirse a situaciones individuales, que atañen únicamente a ciertas personas.

En esa perspectiva, el artículo 17 del Código Civil que en este caso ha sido acusado, plantea en forma implícita la diferencia existente entre las decisiones de los jueces y las del legislador (o las del gobierno, en lo tocante a los actos administrativos de carácter general), según la cual mientras que las últimas proyectan sus mandatos sobre un número ilimitado de casos, todos aquellos que durante su vigencia se encuadren dentro de las hipótesis contempladas por esa norma, las primeras solo producen efectos sobre la situación fáctica que hubiere sido juzgada, por lo que en realidad su carácter imperativo se agota con el cumplimiento de la orden impartida frente al caso concreto.

De otra parte resulta pertinente observar que, más allá de su sentido práctico, inherente a la distinta naturaleza de las leyes y los actos administrativos generales frente a la de las sentencias, esta regla de derecho aparece en un momento en el que el imaginario colectivo respecto del rol del legislador frente al de los jueces era sustancialmente diferente al actual(14), pues conforme a la corriente del racionalismo jurídico predominante para la época, la voluntad popular y soberana se expresaba en forma inequívoca por conducto del órgano legislativo, mientras que la labor del juez, casi puramente mecánica, se reducía a la adecuación de tipo silogístico entre la ley aplicable y el caso concreto, siéndole vedado realizar cualquier tipo de precisiones ulteriores. Dentro de este específico contexto puede entenderse mejor la intención del legislador que al adoptar el Código Civil, incorporó estas reglas como parte de los principios fundamentales sobre el efecto de las leyes.

Al mismo tiempo es necesario reparar en otra diferencia fundamental existente entre las leyes y las sentencias, que de igual manera permite entender con mayor propiedad el sentido del mandato contenido en la norma acusada, así como la distinción que en ella subyace. Se trata de la desigual extensión de su parte dispositiva, aquella que contiene la voluntad de su autor, pues mientras que en el caso de la ley ésta abarca la mayor parte de su texto, con gran frecuencia la totalidad del mismo(15), en el caso de las providencias judiciales la parte resolutiva suele ser breve y concisa, siendo normalmente mucho más extensa la parte motiva que antecede a la decisión propiamente dicha.

A partir de esta diferencia, entiende la Corte que el mandato contenido en el primer inciso de la norma cuestionada se refiere en realidad a la parte resolutiva de los fallos, no a la considerativa, que es la que según se acepta actualmente, tiene la capacidad de proyectarse como fuente inspiradora de futuras decisiones, a través de la figura del precedente judicial. En la misma línea resulta claro también el sentido que puede atribuirse al inciso segundo cuando, en implícito paralelo con los decretos reglamentarios y con otros actos administrativos de carácter general, prohíbe a los jueces proveer por vía de disposición general o reglamentaria, que no es otro que la imposibilidad de que, más allá de la similitud de las situaciones fácticas controvertidas en distintos procesos judiciales, las decisiones contenidas en un determinado fallo tengan por sí solas efecto automático sobre otros casos distintos a aquel que directamente es objeto de la respectiva decisión.

Ahora bien, como se ha explicado, más allá de puntuales pero muy relevantes modificaciones y subrogaciones, el referido Código Civil aun continúa vigente en lo fundamental, pese a los trascendentales cambios políticos, sociales y económicos que durante más de un siglo han afectado de manera determinante a la nación colombiana y al derecho por el que ella se rige. Entre esos cambios se destaca, aunque sin ser el único, la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, hecho que además de su específico significado, implica la consolidación de un notorio cambio de perspectiva en torno a la importancia de una y otra norma como punto de referencia del sistema jurídico, fenómeno cuyas hondas consecuencias pueden apreciarse en los subsiguientes apartes de este análisis.

De otra parte, debe considerarse además que si bien la norma acusada continúa vigente, en la medida en que hasta la fecha no ha sido formalmente derogada por ninguna otra, sería factible entender que su texto ha sido adicionado o tácitamente modificado por disposiciones posteriores, de carácter constitucional o legal, como sin duda serían las normas que actualmente regulan las acciones públicas de inconstitucionalidad y nulidad, que determinan que las sentencias por las cuales tales acciones se deciden tienen carácter erga omnes.

Las anteriores reflexiones permiten entonces fijar y apreciar el sentido del precepto demandado en los dos incisos que lo conforman. Sobre esas bases, a continuación pasa la Corte a analizar los demás aspectos de los cuales depende la exequibilidad de las reglas en él contenidas.

5. Sobre el precedente judicial y su aplicabilidad actual.

Según se desprende de lo sostenido de manera progresiva por la jurisprudencia constitucional desde los inicios de este tribunal, el precedente contenido en sus sentencias, así como en las emitidas por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado, también en lo relativo a su función de órganos de cierre, tiene carácter obligatorio frente a la toma de futuras decisiones, y no meramente indicativo como antaño se entendía.

Por esta razón, cuando quiera que los jueces de la República, incluso la propia Corte Constitucional, deban resolver un caso que desde el punto de vista fáctico resulte análogo o semejante a otro (s) resuelto (s) en el pasado, que en tal medida tenga (n) el carácter de precedente (s) aplicable (s), este (os) último (s) deberá (n) ser tomado (s) en cuenta, en protección de la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima de los asociados. En todo caso, se ha aclarado que tomar en cuenta no necesariamente significa fallar exactamente en el mismo sentido, pues según se ha advertido, queda siempre abierta la posibilidad de que el juez que se dispone a fallar se aparte de ese precedente y adopte una solución diferente, pese a la similitud de los casos, siempre que sustente con razones y motivos sólidos, reales y suficientes que así lo justifiquen.

La tesis sobre la obligatoriedad del precedente judicial comienza a perfilarse con mayor claridad a partir de algunas decisiones de esta Corte emitidas desde 1995 y 1996, entre ellas varios fallos de revisión de tutela, al igual que otras decisiones de constitucionalidad. Gran trascendencia tuvieron dentro de esta perspectiva las decisiones a través de las cuales este tribunal se refirió a la noción de doctrina constitucional, diferenciándola de la simple jurisprudencia(16), a propósito de las precisiones contenidas en el segundo inciso del artículo 230 superior, en torno a los criterios auxiliares de la actividad judicial.

En esta misma línea resulta igualmente relevante la Sentencia C-037 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), por la cual esta Corte realizó el análisis previo y automático de constitucionalidad al proyecto de ley estatutaria sobre la administración de justicia, que fuera luego sancionado como Ley 270 de 1996.

En lo que interesa al tema que ahora se analiza, deben destacarse en este fallo las decisiones atinentes a diversos apartes del artículo 48 del proyecto. Por una parte se declaró la inexequibilidad de algunas expresiones que reservaban para el Congreso, y por ende excluían a la Corte Constitucional, de la posibilidad de interpretar las leyes por vía de autoridad. Esta decisión reivindicó que la Corte sí tiene esa facultad, al tiempo que destacó el carácter general y obligatorio de las interpretaciones resultantes.

Por otro lado, se declararon condicionalmente exequibles los apartes de los numerales 1º y 2º de este artículo, que limitaban el carácter obligatorio de las sentencias emitidas por esta Corte, tanto en casos de control abstracto como de tutela a su parte resolutiva, advirtiendo que la parte motiva solo tendría el carácter de criterio auxiliar para la actividad judicial, pues según se explicó, con sustento en pronunciamientos anteriores(17), aquellos apartes de la motivación que resultaran decisivos o determinantes para llegar a la decisión que se adopta (guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva), tienen también ese mismo carácter obligatorio.

En años subsiguientes gana claridad y se reitera con frecuencia la diferencia entre ratio decidendi y obiter dicta(18) como partes de la sentencia judicial, planteada por este tribunal desde sus primeras pronunciamientos, insistiendo en que el carácter obligatorio de sus decisiones no se reduce a la parte resolutiva, sino que se extiende también a aquella parte de las consideraciones que directamente explica y orienta el sentido de la decisión adoptada. De allí que, conforme a las tesis sostenidas por la Corte en esta época, se considerara vía de hecho, merecedora de tutela, el desconocimiento que los jueces y/o autoridades hicieren del precedente contenido en la ratio decidendi de las decisiones de la Corte, situación que se mantiene invariable cuando, años después, la mayoría de este tribunal decide abandonar esa terminología, sustituyéndola por el concepto de causales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales(19).

Más adelante se produce la Sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil)(20), que los demandantes citan de manera particular como demostrativa de la inconstitucionalidad que afectaría a la norma demandada. En esta decisión se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 4º de la Ley 169 de 1896 que regula el tema de la denominada doctrina probable, tanto en lo relacionado con su no obligatoriedad (pues esa norma prevé que los jueces podrán aplicarla), como con la simultánea posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad judicial a quien la norma contempla como fuente de dicha doctrina, decida variar su contenido o alcance en relación con un tema determinado, en caso de considerar erradas las decisiones en que aquella se hubiere fundado.

Esta decisión judicial contiene un exhaustivo análisis de los temas planteados, que parte de una completa contextualización histórica sobre el momento y circunstancias en que se expidió la norma que en ese caso había sido acusada, seguido de una amplia reflexión sobre la actual validez constitucional de esa doctrina probable a la luz de los principios y valores distintivos del Estado social de derecho que para el caso resultan relevantes, entre ellos la igualdad ante la ley y frente a su aplicación, la confianza legítima de los asociados, la trascendencia social de la función judicial y de la autonomía de los jueces, la seguridad jurídica, la importancia de la unificación de la jurisprudencia, el sistema de fuentes del derecho y otros semejantes. Al término de ese estudio encontró la Corte que, pese a su carácter apenas potestativo, la norma que establece la vieja institución de la doctrina probable es exequible, pues esa regla no necesariamente resulta incompatible con el más reciente entendimiento sobre el valor que los precedentes judiciales de los órganos de cierre tienen como fuente de derecho, sino que admite una lectura acorde a la Constitución.

Esta determinación es ciertamente trascendente en relación con el tema que se viene comentando, en cuanto acepta la exequibilidad de una figura jurídica cuyo contenido, al menos a primera vista, resultaría frontalmente contrario a la línea que esta corporación había venido sosteniendo sobre el tema. Sin embargo, más allá de ese aspecto, este fallo (C-836/2001) es altamente significativo por cuanto al mismo tiempo constituye una clara reiteración de la postura de esta Corte en torno al respeto que los jueces deben a los precedentes, definitiva para la posterior consolidación de la misma durante la primera década del siglo XXI.

Pero en tercer lugar, su relevancia radica también en el aspecto que zanja la aparente contradicción que resulta de los dos aspectos iniciales, pues reconoce como igualmente conformes al texto superior dos importantes posibilidades, la de cambiar el contenido del precedente existente (cosa que haría la propia Corte Suprema, autora de aquel) y la de apartarse individualmente de él (para el caso de jueces o tribunales de inferior jerarquía funcional)(21), siempre que en ambos escenarios el operador judicial que asume una tal decisión sustente debidamente las razones que le llevan a ello, a fin de que el cambio jurisprudencial registrado resulte legítimo, pese a la frustración del ciudadano que antes de ello confiaba en la aplicación del precedente conocido y que con ese cambio resulta aparentemente lesionado.

De otra parte, en esta decisión la Corte hace un esfuerzo más explícito por compaginar el carácter obligatorio del precedente judicial con la autonomía e independencia de los jueces, principios que son garantizados por el artículo 228 superior, y que prima facie, podrían entenderse quebrantados por la necesidad de acatar los referidos precedentes, salvo causa debidamente justificada. En esa ocasión señaló la Corte que no existe intrínseca oposición entre este deber y aquella facultad, precisamente por cuanto los jueces están plenamente facultados para distanciarse del precedente judicial que fuere aplicable, siempre que al hacerlo sustenten y justifiquen debidamente las razones que les han llevado a prescindir de su aplicación. En esta medida, es claro que el respeto al precedente no implica su total inamovilidad, ni que se coarte la autonomía de los jueces, la que en todo caso debe poder expresarse libremente, posibilidad que no se limita ni se resiente por el hecho de observar debidamente los precedentes aplicables.

En suma, la Sentencia C-836 de 2001 sin duda constituye un muy importante hito en el proceso de construcción y progresiva clarificación de la tesis de esta Corte sobre el carácter obligatorio de los precedentes judiciales, en cuanto no solo reitera plenamente esa regla, sino que además clarifica las exigentes condiciones bajo las cuales los jueces pueden separarse de aquellos, situación que contribuye a racionalizar su funcionamiento.

Ahora bien, con posterioridad a esta sentencia, el rumbo de la jurisprudencia de esta Corte respecto de este tema se ha mantenido invariable, y ha sido objeto de constante reiteración, considerándose de manera mayoritaria que el arbitrario e injustificado desconocimiento de los precedentes aplicables al caso concreto, por ejemplo en lo relacionado con la doctrina de esta Corte en torno a la interpretación sobre el alcance de los distintos derechos fundamentales, puede ser remediado, no solo mediante la interposición de los correspondientes recursos ordinarios o extraordinarios, sino también por vía de acción de tutela(22).

En forma coincidente, el fallo C-335 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) analizó el planteamiento de un ciudadano en torno a si el injustificado desconocimiento del precedente judicial podría o no conducir a la comisión del delito de prevaricato por acción. Frente a este cuestionamiento, la Corte encontró que el comportamiento de proferir “resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley”, que en el caso de este tipo penal es la conducta que origina la sanción(23), incluye la situación que se presentaría cuando la jurisprudencia desatendida es la contenida en las sentencias emitidas por este tribunal en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes, lo mismo que cuando el desconocimiento de la jurisprudencia traiga consigo la infracción directa de preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general. Esta conclusión sin duda constituye una nueva reiteración de la consistente postura de esta Corte, respecto de la trascendencia y obligatoriedad de los precedentes judiciales.

De otro lado, esa línea ha sido también clara y pacífica en decisiones de control abstracto en las que se ha analizado el funcionamiento del precedente judicial en distintos ámbitos específicos. Así por ejemplo, en las sentencias C-539 y C-634 de 2011 (en ambas M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-816 de 2011 y C-588 de 2012 (en ambas M.P. Mauricio González Cuervo) la Corte ha sido reiterativa en considerar válida y conforme al texto superior la regla general sobre obligatoriedad de los precedentes judiciales de los órganos de cierre en diversos escenarios (entre ellos la jurisdicción ordinaria, la contencioso administrativa o las entidades de la rama ejecutiva), al tiempo que ha destacado la necesidad de que también se tomen en cuenta los precedentes que integran la jurisprudencia constitucional. De igual manera, en todos esos casos, esta Sala ha reconocido que resulta válido que los jueces o autoridades que estarían obligadas a aplicar unos y otros precedentes, puedan excepcionalmente apartarse de ellos, siempre que para hacerlo ofrezcan en sus decisiones la correspondiente justificación.

Recapitulando, en desarrollo de lo previsto en las normas superiores aplicables, particularmente los artículos 228 y 230 de la carta política, a la fecha es claro en Colombia el carácter obligatorio de la jurisprudencia de los órganos de cierre, esto es la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, deber que se entiende referido a la necesidad de tomar en cuenta los precedentes existentes y relevantes en relación con el tema de que se trate, en principio para efectos de seguirlos y aplicarlos, quedando en todo caso abierta la posibilidad de decidir en un sentido diferente, siempre que el juez o tribunal que así lo hiciere, o el propio órgano de cierre autor del precedente, justifique debidamente las razones del cambio.

6. Sobre las sentencias cuyos efectos se extienden más allá de las partes.

Según se advirtió en acápites anteriores, con posterioridad a la expedición de la norma cuya constitucionalidad ahora se juzga, el derecho colombiano ha regulado distintas e importantes situaciones en las que los efectos de una decisión judicial se proyectan de manera directa e inmediata sobre individuos que no hubieren participado del proceso antecedente. En algunos casos se trata incluso de personas cuya identificación clara y precisa no parece factible, pese a lo cual sí resulta posible determinar si algún individuo en particular se vería o no afectado por la sentencia de que se trata. Normalmente la importancia social de las respectivas decisiones, aunque también razones de economía procesal, justifican que su efecto se extienda más allá de quienes hubieren intervenido.

Las más importantes sentencias de este tipo son aquellas que dicta este tribunal para decidir asuntos de constitucionalidad, esto es, las mismas que los actores denominan sentencias tipo C, bien sea como resultado de una acción ciudadana, bien al término de un trámite de control automático. En todos estos casos, la propia naturaleza de los temas trae como consecuencia que el fallo respectivo tenga efectos erga omnes, es decir frente a todas las personas. Concretamente son universalmente oponibles los efectos de la cosa juzgada constitucional de que trata el artículo 243 del texto superior, en cuanto todas las personas deben observar la decisión de exequibilidad o inexequibilidad adoptada por esta Corte, tanto si les favorece como si les perjudica.

Por su parte, el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, norma con fuerza de ley aplicable a los procesos y actuaciones que se surten ante esta corporación ratifica este entendimiento al ordenar que “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares” (destacado fuera del texto original).

En segundo término se encuentran las sentencias que emite la jurisdicción de lo contencioso administrativo en desarrollo de la acción de nulidad, actualmente desarrollada por el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo adoptado mediante Ley 1437 de 2011. En ese caso el artículo 189 del mismo código en su numeral 1º establece expresamente que las sentencias que decidan sobre este tipo de procesos tienen efectos erga omnes, cualquiera que sea su contenido, estimatorio o no de las pretensiones(24).

Es importante acotar que en los dos casos antes mencionados, usualmente se considera incluso que en rigor no existen partes en esos procesos. Ello por cuanto, se entiende que el actor no persigue a través de ellos un interés particular, sino que se mueve en beneficio de toda la comunidad en aras de proteger el orden jurídico, presuntamente afectado por la expedición de un acto inconstitucional o ilegal, según el caso. De allí que la decisión, cualquiera que sea, tenga efectos frente a todas las personas, quienes además pueden, si así lo desean, expresar su opinión durante esos trámites. Tampoco existe en realidad una parte demandada, aunque en algunos casos se le atribuye este carácter a la autoridad que hubiere expedido el acto acusado(25).

Otro aspecto en común entre estas dos situaciones se refiere al hecho de que lo resuelto en torno a la validez de la norma acusada tiene carácter imperativo para todos los operadores jurídicos y la ciudadanía en general, sin ninguna clase de excepciones. La obligatoriedad de lo consignado en la parte resolutiva es en estos casos absoluta, situación diferente a la que se presenta con el contenido de la parte motiva, cuya ratio decidendi constituye precedente obligatorio en los términos explicados en el punto anterior de esta sentencia, que en consecuencia podría ser inaplicado siempre que exista una suficiente justificación para ello.

En un ámbito diferente, existen otras situaciones en las que procesos que en su inicio, o durante todo su trámite, tienen la apariencia de procesos individuales entre dos o más sujetos determinados, concluyen con una decisión cuyos efectos se extienden a otras personas. Es, entre otros ejemplos, el caso de las acciones de grupo, nacidas a partir de la previsión contenida en el inciso 2º del artículo 88 superior, y desarrolladas por la Ley 472 de 1998 en su título III. A través de estas acciones un conjunto de personas que hubiere sufrido daños análogos como consecuencia de unos mismos hechos y cuyo esclarecimiento dependa en tal sentido de unas mismas pruebas, solicitan la indemnización correspondiente, quedando abierta la posibilidad de que los efectos de la sentencia se extiendan posteriormente a personas que encontrándose en la misma situación no formaron parte del grupo que presentó la demanda.

De igual manera, en el campo del derecho civil existen algunas decisiones particulares que producen efectos erga omnes, como pueden ser, por ejemplo, las que ponen fin a los juicios de pertenencia(26) o de filiación(27), éstas últimas solo en lo relativo al estado civil de las personas. En esos casos lo decidido es oponible a todas las demás individuos, incluso a aquellos que nunca tomaron parte del respectivo proceso antecedente.

De otra parte y finalmente, algo semejante puede ocurrir también, aunque en forma totalmente excepcional, en el caso de las acciones de tutela que son objeto de revisión por parte de este tribunal, cuando al conceder el amparo se observa que existe un grupo más o menos numeroso de personas que pese a no ser accionantes en el respectivo proceso, estarían padeciendo la misma situación fáctica de vulneración de sus derechos fundamentales, frente al mismo sujeto o autoridad demandado.

En estos casos, a efectos de proteger de mejor manera los derechos cuya vulneración se hubiere establecido, al igual que el principio de igualdad, la Corte puede decidir que las órdenes impartidas, así como el efecto protector de la sentencia, cobijen también a esas otras personas que estuvieren en las mismas circunstancias, pero que no fueren parte del mismo proceso de tutela(28), a través de figuras como los efectos inter pares o inter comunis(29), semejantes, aunque ciertamente no idénticas. En ambas hipótesis se produce un efecto directo como consecuencia de la decisión adoptada, que alcanza a personas que incluso pudieren no haber sido aún identificadas, pero que encontrándose en la misma situación fáctica y jurídica, podrían reclamar también el beneficio resultante de la respectiva decisión de tutela.

Como en cada hipótesis se indicó, en todos estos casos existe un fundamento específico de carácter normativo que determina la naturaleza de los efectos de la sentencia, y el grupo de personas a quienes ella resultará extensible u oponible. La Sala vuelve sobre estas circunstancias en el siguiente punto, al realizar el estudio sobre la constitucionalidad de la norma acusada.

7. Del efecto actual de la norma acusada y de su exequibilidad.

Según quedó planteado en el punto 4 anterior, atendiendo a las circunstancias del contexto histórico y social dentro del cual fue expedida la norma acusada, la Corte entiende que ella tenía la pretensión de regular los efectos de todo tipo de sentencias judiciales. Empero, es claro que en aquella época solo existían fallos relacionados con la solución de situaciones individuales en materia civil o penal, lo que explicaría por qué se establecieron las reglas contenidas en esta norma, con la intención de diferenciar el efecto de la leyes y/o los actos administrativos del de las sentencias.

También se determinó que las restricciones que la norma demandada impone a la actividad de los jueces se referirían a la parte resolutiva de sus sentencias, que es la que en realidad contiene el mandato o manifestación de la voluntad que emiten aquellos, y no a su parte motiva, que pese a no tener esa importante connotación, es la relevante en el caso de las altas cortes en cuanto fuente de precedentes de obligatorio cumplimiento para los particulares, las autoridades, y sobre todo los jueces que resuelven futuros casos semejantes.

En esta perspectiva, entiende la Corte que el precepto demandado no genera el efecto planteado por los actores, en el sentido de impedir la consolidación o la aplicación de los precedentes judiciales, proceso que no sufre ninguna dificultad como consecuencia de la vigencia de esta norma legal. Así las cosas, carecen de fundamento todos y cada uno de los cargos formulados por los demandantes, pues no se afecta la supremacía constitucional, ni la igualdad, ni el debido proceso, ni sufren mengua alguna las funciones de esta corporación en guarda de la integridad de la Constitución.

Antes bien, resulta cierto que la precaución en torno a que los efectos de las sentencias no se extiendan sino a aquellas personas que hubieren participado del respectivo trámite, en realidad contribuye a hacer efectivos los mandatos contenidos en varias de las normas superiores que se citan como infringidas, como por ejemplo la igualdad o el debido proceso, al evitar que terceras personas resulten vinculadas por actuaciones en las que no hubieren intervenido ni tenido oportunidad de defenderse y exponer sus propios puntos de vista.

Las anteriores consideraciones conducen entonces a que la Corte declare la exequibilidad de este artículo frente a los cargos analizados.

Según se explicó, esta conclusión no resultaría afectada por el hecho de existir en el derecho colombiano hoy vigente las distintas situaciones explicadas en el punto 6 de estas consideraciones, en todas las cuales las decisiones contenidas en la parte resolutiva de una sentencia judicial tienen efecto directo e inmediato sobre personas distintas a las partes procesales, e incluso sobre un número indeterminado de sujetos. Ello por cuanto, como también se dijo, en cada uno de esos casos existen otros preceptos normativos, posteriores al aquí cuestionado, incluso de carácter constitucional, que establecen claramente el ya indicado efecto de esas sentencias, los que en caso necesario se entenderían como modificatorios, aditivos o exceptivos de la regla analizada.

Sin embargo, no es menos cierto que de igual manera podría considerarse que la norma acusada sí generaría dificultad frente a esos casos más recientemente contemplados por el derecho colombiano, particularmente por el texto constitucional, que comprensiblemente no fueron tenidos en cuenta cuando se adoptó esa disposición, pero que sin duda sí deben serlo en la actualidad, pues evidentemente se trata de casos en los que la decisión expedida alcanza, de varias maneras, a sujetos diferentes y adicionales a aquellos que hubieren intervenido dentro del trámite correspondiente.

Sobre el particular, si bien la claridad y precisión de las distintas normas que con posterioridad a la aquí analizada han regulado estas situaciones permiten tener certeza acerca de los indicados efectos, la posibilidad de confusión que pese a ello podría generarse, lleva a la Sala a concluir que ciertamente el artículo 17 del Código Civil debe ser declarado exequible, pero bajo el entendido de que esa regla no impide que se produzcan efectos erga omnes y extensivos, más allá de los solos sujetos intervinientes, en aquellos casos que por expresa previsión constitucional deban tener este mismo efecto.

8. Conclusión.

Estudiados en su integridad los cargos de la demanda, relacionados con la presunta infracción de los artículos 4º, 13, 29, 228, 230, 241 y 243 de la Constitución Política, concluye la Corte que aquellos resultan insuficientes para conducir a la inexequibilidad del artículo 17 del Código Civil, pues previa la necesaria contextualización histórica, teniendo en cuenta la época en que esa norma fue expedida, las reglas en ella contenidas no resultan per se contrarias al texto superior.

Con todo, vista la actual existencia de diversas situaciones en las que los efectos de ciertas sentencias tienen o pueden tener impacto frente a personas que no hubieren comparecido ni participado del proceso judicial que les antecede, la Corte declarará que esa norma es exequible bajo el entendido de que no impide la existencia de efectos erga omnes y extensivos en las sentencias que deciden sobre las acciones constitucionales que conforme al texto superior deban tener ese carácter, entre ellas las relativas a la observancia de los precedentes de los órganos de cierre (C. Const., CSJ y C.E. en sus respectivos ámbitos), al igual que las demás decisiones judiciales que, excepcionalmente, generen un efecto oponible a terceras personas.

VI. Decision.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados el artículo 17 del Código Civil, bajo el entendido de que no impide la existencia de efectos erga omnes y extensivos en las sentencias que deciden las acciones constitucionales.

Cópiese, notifíquese, comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

(7) Sintetizados de manera particular en la ya citada Sentencia C-1052 de 2001, ampliamente reiterada.

(8) Artículos 11 al 24.

(9) Artículos 1º al 72.

(10) Cfr. en sentido semejante, entre otras, las sentencias C-804 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-820 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), en ambos casos con salvamento de voto (total y parcial respectivamente), de quien funge como sustanciador en la presente decisión.

(11) Esta concordancia entre la normatividad adoptada en Colombia y Chile perdura aún hoy en día, siendo muestra de ello que el artículo 3º del Código Civil chileno actualmente vigente recoge en su segundo inciso un texto de contenido equivalente al del primer inciso del artículo 17 aquí acusado.

(12) Debe tenerse en cuenta que de los controles de constitucionalidad actualmente existentes, en 1887 solo se conocía el relativo a la intervención de la Corte Suprema de Justicia para decidir sobre objeciones presidenciales a proyectos de ley por razones de inconstitucionalidad, según lo establecían los artículos 90 y 151 de la Constitución de 1886.

(13) Como ocurre actualmente en el caso de las acciones populares y de grupo o en las sentencias de tutela con efecto inter pares o inter comunis.

(14) Sobre este aspecto resulta especialmente útil volver sobre las reflexiones que esta Corte efectuó en la ya referida Sentencia C-820 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), especialmente en sus fundamentos jurídicos 13 y 14, a propósito de cuál es la autoridad constitucionalmente habilitada para realizar una válida interpretación de las leyes preexistentes.

(15) Salvo en los casos, en realidad poco frecuentes, en que el texto legal contiene considerandos que preceden su parte dispositiva. Es relativamente más común que los actos administrativos de carácter general incluyan consideraciones previas, usualmente relacionadas con las normas legales que les sirven de fuente.

(16) Pueden mencionarse en esta perspectiva, entre otras, las sentencias C-083 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-123 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

(17) La Corte apoyó esta decisión en los razonamientos expuestos en la Sentencia C-131 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y en la ya citada C-083 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(18) Cfr. por ejemplo las sentencias de unificación de tutela SU-640 de 1998 y SU-168 de 2009 (en ambas M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-047 de 1999 (Ms. Ps. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero).

(19) Cfr. entre otros los fallos SU-1184 de 2001 y T-949 de 2003 (en ambos M.P. Eduardo Montealegre Lynnet).

(20) Con salvamento parcial de voto de los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería, Álvaro Tafur Galvis y Alfredo Beltrán Sierra y aclaración de voto de los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.

(21) A propósito de estas dos posibilidades, a partir de esta decisión la Corte acuñó la distinción entre precedentes verticales y horizontales. Aunque ambos provienen de las altas corporaciones judiciales que tienen a su cargo la unificación de la jurisprudencia, se considera precedente vertical aquel que debe ser aplicado por un juez o tribunal de inferior jerarquía a aquel que lo ha fijado, mientras que se habla de precedente horizontal cuando el llamado a aplicarlo es la misma corporación que lo ha originado. Así, un mismo precedente puede ser considerado vertical u horizontal dependiendo de quien sea el juez o tribunal que debe observarlo.

(22) Cfr. en este sentido, entre muchas otras, y considerando solo las de años recientes, las sentencias T-014 de 2009, T-443 de 2010, T-733 y T-794 de 2011, T-140 y T-981 de 2012, T-001 de 2013.

(23) Según la descripción típica contenida en el artículo 413 del Código Penal (L. 599/2000).

(24) Sobre los efectos de las sentencias que resuelven sobre la acción de nulidad ver además la reciente Sentencia C-400 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).

(25) Así por ejemplo, los artículos 171 y 172 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011) se refieren a la parte demandada sin diferenciar el caso de las acciones de nulidad, en las que según lo explicado no existiría tal sujeto procesal.

(26) Actualmente regulado por el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.

(27) Regulados por el Código Civil y las leyes 75 de 1968 y 1060 de 2006, entre otras.

(28) Ver como ejemplos de esta posibilidad las sentencias SU-1023 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) SU-389 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería), y en años más recientes T-698 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-213A de 2011 (Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-908 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y SU-254 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

(29) La Corte Constitucional no ha definido de manera específica estos dos conceptos. Sin embargo, se ha entendido que la diferencia entre ellos residiría en el hecho de que en los efectos inter pares existen en el caso concreto elementos suficientes para establecer con claridad qué personas quedarían cobijadas por el efecto de la sentencia, mientras que cuando los efectos son inter comunis el número y nombre de los beneficiarios sería en cierta forma indeterminado, pues alcanza a abarcar a todas las personas que estén en posibilidad de demostrar que su situación fáctica coincide con aquella analizada en la sentencia que expresamente prevé estos efectos.