Sentencia C-464 de mayo 11 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-464 de 2004

Ref.: Expediente D-4925

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Actor: Juan Francisco Navarrete Guevara

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52 de la Ley 2ª de 1945, 16 de la Ley 82 de 1947, 140 del Decreto 3220 de 1953, 109 de la Ley 126 de 1959, 136 del Decreto 3071 de 1968, 140 del Decreto 2337 de 1971, 156 del Decreto 612 de 1977, 180 del Decreto 89 de 1984 y 183 del Decreto 95 de 1989, todos parciales.

Bogotá, D.C., once de mayo de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

Se transcribe a continuación el texto de la disposición acusada, con la advertencia de que se resalta lo demandado:

“LEY 2ª DE 1945

(Febrero 19)

“Por la cual se reorganiza la carrera de oficiales del Ejército, se señalan prestaciones sociales para los empleados civiles del ramo de guerra y se dictan otras disposiciones sobre prestaciones a los individuos de tropa”.

ART. 52.—La prestación de que tratan los artículos 49 y 50, se extingue para la viuda al contraer nuevas nupcias, y para los hijos o hermanos, cuando lleguen a la mayor edad”.

“LEY 82 DE 1947

(Diciembre 26)

“Por la cual se adicionan y modifican las leyes 2ª de 1945, 100 y 101 de 1946, en relación con ascensos y prestaciones sociales para el personal de las Fuerzas Militares, y se dictan otras disposiciones”.

ART. 16.—Las prestaciones que se otorguen por fallecimiento del oficial o suboficial, conforme el artículo anterior, o goce de sueldo de retiro, se extinguirán para la viuda al contraer nuevas nupcias y para los hijos o hermanos que se emancipen civilmente o lleguen a la mayor edad, exceptuando de esto último: a las hijas o hermanas célibes; a los hijos que sean estudiantes universitarios y a los hijos con invalidez física permanente para el trabajo”.

“DECRETO 3220 DE 1953

(Diciembre 9)

“Por el cual se organiza la carrera de los oficiales de las Fuerzas Militares”.

ART. 140.—Las pensiones que se otorguen por fallecimiento del oficial de las Fuerzas Militares en goce de asignación de retiro o de pensión, conforme al presente estatuto, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias, y para los hijos o hermanos que se emancipen civilmente o lleguen a la mayor edad, exceptuando de este último: a) a las hijas o hermanas célibes, y b) a los hijos con incapacidad permanente para el trabajo”.

“LEY 126 DE 1959

(Diciembre 9)

“Por la cual se organiza la carrera de oficiales de las Fuerzas Militares”.

ART. 109.—Las pensiones que se otorguen por fallecimiento del oficial de las Fuerzas Militares en goce de asignación de retiro o de pensión, conforme a esta ley, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias, y para los hijos que se emancipen civilmente o lleguen a la mayor edad, exceptuando de esto último: a) a las hijas célibes, y b) a los hijos que padezcan invalidez absoluta y permanente para el trabajo”.

“DECRETO 3071 DE 1968

(Diciembre 17)

“Por el cual se reorganiza la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”.

ART. 136.—Las pensiones que se otorguen por fallecimiento del oficial o suboficial de las Fuerzas Militares, en servicio activo, en goce de asignación de retiro o de pensión, conforme a este decreto, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias, y para los hijos o hermanos que se emancipen o lleguen a la mayor edad, exceptuando de esto último a los que padezcan incapacidad absoluta y permanente o gran invalidez. La extinción se irá decretando a partir de la fecha del hecho que motiva y por la cuota parte correspondiente. La porción de la madre acrecerá con la de los hijos y la de estos con la de la madre. En los demás casos no habrá derecho a acrecimiento”.

“DECRETO 2337 DE 1971

(Diciembre 8)

“Por el cual se reorganiza la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”.

ART. 140.—Extinción de pensiones. Las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en goce de asignación de retiro o pensión, conforme a este estatuto, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias y para los hijos que se emancipen o lleguen a la mayor edad, exceptuando esto último a los que padezcan incapacidad absoluta o permanente o gran invalidez y dependen económicamente del oficial o suboficial. La extinción se irá decretando a partir de la fecha del hecho que la motiva y por la cuota parte correspondiente. La porción de la madre acrecerá con la de los hijos y la de estos con la de la madre. En los demás casos no habrá derecho a acrecimiento”.

“DECRETO 612 DE 1977

(Marzo 15)

“Por el cual se reorganiza la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”.

ART. 156.—Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, o en goce de asignación de retiro o pensión militar, se extinguirán para la viuda si contrae nuevas nupcias y para los hijos pro muerte, emancipación, matrimonio, profesión religiosa, independencia económica o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo las hijas célibes, los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años, cuando hayan dependido económicamente del oficial o suboficial. La extinción se irá decretando a partir de la fecha del hecho que la motive y por la cuota parte correspondiente. La porción de la madre acrecerá con la de los hijos y la de estos con la de la madre. En los demás casos no habrá derecho a acrecimiento...”.

“DECRETO 89 DE 1984

(Enero 18)

“Por el cual se reorganiza la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”.

ART. 180.—Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, o en goce de asignación de retiro o pensión militar, se extinguirá para la cónyuge si contrae nuevas nupcias y para los hijos por muerte, matrimonio, independencia económica, o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo las hijas célibes, los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años, cuando hayan dependido económicamente del oficial o suboficial...”.

“DECRETO 95 DE 1989

(Enero 11)

“Por el cual se reforma el estatuto de carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares”.

ART. 183.—Extinción de pensiones. A partir de la vigencia del presente decreto, las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, o en goce de asignación de retiro o pensión militar, se extinguirán para el cónyuge si contrae nuevas nupcias y para los hijos por muerte, matrimonio, independencia económica, o por haber llegado a la edad de veintiún (21) años, salvo las hijas célibes, los hijos inválidos absolutos y los estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años, cuando hayan dependido económicamente del oficial o suboficial...”.

(...).

IV. Consideraciones de la Corte

Competencia.

1. De conformidad con lo prescrito por los numerales 4º y 5º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad de las normas demandadas, pues hacen parte de leyes de la República o de decretos con fuerza de ley.

El problema jurídico que se plantea en la demanda.

2. El demandante formula una acusación dirigida en contra de una serie de normas de rango legal, cuyo común denominador es el establecer una causal de extinción del derecho a la pensión que se otorgue a la viuda por fallecimiento de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional. Dicha causal es el hecho de que la viuda contraiga nuevas nupcias (en el caso del D. 85/89, art. 183, la causal de pérdida de la pensión cobija al “cónyuge” y no exclusivamente a la viuda). A juicio del actor, con lo anterior el legislador vulnera las normas superiores relativas al derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, así como aquellas otras concernientes a la protección de la mujer y de la familia (C.P., arts. 13, 16, 42 y 43), pues se obliga a las viudas a permanecer en estado de viudez y se les impide contraer nuevo matrimonio, dado que si lo hacen se extingue su derecho como beneficiarias de la pensión de sustitución o de sobreviviente.

La intervención del Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte declararse inhibida por carencia actual de objeto, pues estima que todas las disposiciones acusadas perdieron vigencia al haber sido derogadas por el Decreto 2070 de 2003. El Ministerio de Defensa, no obstante coincidir con su homólogo en cuanto a la existencia de una nueva regulación legal en la que no se incluye el contraer nuevas nupcias como motivo de pérdida de derechos pensionales de las viudas de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, aboga por la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, arguyendo que ellas se justifican por la especialidad del régimen pensional castrense. La vista fiscal, por su parte, estima que las disposiciones parcialmente acusadas deben ser declaradas inexequibles, pues el asunto de la extinción de la pensión de la viuda por el hecho de contraer nuevas nupcias ya fue estudiado por esta corporación, quien encontró que la referida causal de pérdida de derechos desconocía las normas superiores. En tal virtud, estima que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material.

Así las cosas, lo primero que debe estudiar la Corte es si con la expedición del Decreto 2070 de 2003 las normas acusadas perdieron vigencia y si esa circunstancia debe conducir a un fallo inhibitorio, o si esas disposiciones ameritan un pronunciamiento sobre su conformidad o disconformidad con la Constitución.

En efecto, reiterada jurisprudencia de esta corporación ha definido que en ejercicio de su función de guardar la supremacía e integridad de la Constitución, debe conocer solamente de disposiciones que estén vigentes en el ordenamiento, salvo que, si no lo están, continúen produciendo efectos. En cambio, respecto de las normas demandas(sic) que han perdido vigencia y no continúan surtiendo efectos, o nunca los surtieron, el pronunciamiento de la Corte debe ser inhibitorio por carencia de objeto (1) .

Efectos de la derogación de las normas parcialmente acusadas llevada a cabo por el Decreto 2070 de 2003.

3. La Corte detecta que la reciente expedición del Decreto 2070 de 2003 pretendió no dejar duda alguna sobre la pérdida de vigencia de cualquier disposición cuyo contenido fuera el establecer como causal de extinción del derecho a la pensión otorgada por fallecimiento de un oficial o suboficial el hecho de que la viuda o el viudo o la compañera o compañero contraiga nuevas nupcias o hagan nueva vida marital. Ciertamente, dicho decreto por medio del cual se reformó el régimen pensional de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en su artículo 12 consagró las causales de pérdida del derecho a la pensión de sobreviviente, a la pensión de invalidez o a la asignación de sustitución, señalando las siguientes:

“ART. 12.—Pérdida de la condición de beneficiario. Se entiende que falta el cónyuge o compañero(a) permanente y por lo tanto se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez, en cualquiera de las siguientes circunstancias, según el caso:

12.1. Muerte real o presunta.

12.2. Nulidad del matrimonio.

12.3. Divorcio o disolución de la sociedad de hecho.

12.4. Separación legal de cuerpos.

12.5. Cuando lleven cinco (5) o más años de separación de hecho”.

Como puede apreciarse, la disposición guardaba silencio respecto de la pérdida de tales derechos pensionales por nuevas nupcias del cónyuge viudo(a), por lo cual debía entenderse que no se perdían por esa circunstancia.

Además, el artículo 45 del mismo Decreto 2070 de 2003 era del siguiente tenor:

“ART. 45.—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las demás disposiciones que le sean contrarias y, en especial, los artículos 193 del Decreto-Ley 1211 de 1990, 167 del Decreto-Ley 1212 de 1990, 125 del Decreto-Ley 1213 de 1990, Ley 103 de 1912, y los artículos 39 y 40 del Decreto-Ley 1793 de 2000”.

Así pues, de conformidad con la norma transcrita debían entenderse derogadas todas las normas que fueran contrarias a las prescripciones del Decreto 2070 de 2003 y como este no incluía como causal de pérdida de derechos pensionales de las viudas o viudos de oficiales o suboficiales de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional el que ellas o ellos contrajeran nuevas nupcias, necesario era concluir que las disposiciones legales que contenían esta causal, como son todas las que se demandan en el presente proceso, se encontraban tácitamente derogadas.

No obstante, el Decreto 2070 de 2003 fue declarado inexequible mediante la reciente Sentencia C-432 de 2004 (2) . Esta circunstancia hace que cobren vigencia las normas anteriores relativas a la causal de pérdida de la pensión por muerte de oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas debida al hecho de que el cónyuge sobreviviente pensionado contraiga nueva nupcias, lo cual impone a la Corte llevar a cabo un pronunciamiento de fondo.

Reiteración de jurisprudencia.

4. Establecida la necesidad de proferir un fallo de mérito, la Corte debe reiterar la jurisprudencia vertida en varias sentencias, en las que se examinaron normas similares o iguales a las que ahora se acusan, fallos en los cuales se dejó establecido que, por desconocimiento del derecho a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, eran inexequibles aquellas disposiciones legales que determinaban la pérdida del derecho pensional de la viuda o el viudo por el hecho de contraer nuevas nupcias o de hacer nueva vida marital.

En la Sentencia C-309 de 1996 (3) , para explicar la inconstitucionalidad de esta fórmula legal, la Corte dijo:

“No se requieren de muchas elucubraciones para concluir que la condición resolutoria, viola la Constitución Política. La mujer tiene iguales derechos a los del hombre y no puede verse expuesta a perder sus beneficios legales como consecuencia del ejercicio legítimo de su libertad (C.P., arts. 16, 42 y 43). No puede plantearse una relación inequívoca entre la conformación de un nuevo vínculo y el aseguramiento económico de la mujer, menos todavía hoy cuando la consideración paritaria de los miembros de la pareja no se ajusta más a la antigua concepción de aquella como sujeto débil librada enteramente a la protección masculina. La norma legal que asocie a la libre y legítima opción individual de contraer nupcias o unirse en una relación marital, el riesgo de la pérdida de un derecho legal ya consolidado, se convierte en una injerencia arbitraria en el campo de la privacidad y autodeterminación del sujeto que vulnera el libre desarrollo de su personalidad, sin ninguna justificación como quiera que nada tiene que ver el interés general con tales decisiones personalísimas”.

En este caso se examinaba el artículo 2º (parcial) de la Ley 33 de 1973, que no pertenecía al régimen pensional especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

5. Posteriormente, en la Sentencia C-182 de 1997 (4) se examinaron los artículos 188 (parcial) del Decreto 1211 de 1990 (5) , 174 (parcial) del Decreto 1212 de 1990 (6) , 131 (parcial) del Decreto 1213 de 1990 (7) y 125 (parcial) del Decreto 1214 de 1990 (8) , pertenecientes todos ellos al régimen pensional de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que establecía como condición resolutoria de la pensión el hecho de que el viudo o la viuda contrajera nuevas nupcias o hiciera vida marital. En dicho fallo, se estudió concretamente el asunto de si la naturaleza especial del referido régimen pensional justificaba tal condición resolutoria de las pensiones de las viudas, concluyéndose lo siguiente:

“Ha señalado esta corporación en relación con el establecimiento de los llamados “Regímenes excepcionales”, que ellos se ajustan al ordenamiento constitucional, en cuanto suponen la existencia de unas condiciones prestacionales más favorables para los trabajadores a quienes comprende y cuya finalidad es la preservación de los derechos adquiridos. Pero, cuando consagren para sus destinatarios un tratamiento inequitativo frente al que se otorga a la generalidad de los trabajadores cobijados por el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, estas regulaciones deberán ser descalificadas en cuanto quebrantan el principio constitucional de la igualdad.

(…).

En los preceptos acusados se establece como causal de extinción de las pensiones que se otorguen por fallecimiento de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, de un agente de esta institución o de los empleados civiles del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional, en servicio activo o en goce de asignación de retiro o pensión, el hecho de que “el cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga vida marital”.

Lo anterior configura una condición resolutoria del derecho pensional, que no se encuentra consagrada para los trabajadores cobijados por el sistema integral de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993, presentándose por consiguiente un tratamiento abiertamente desigual, con respecto a los mismos servidores del Estado.

(…).

Así entonces, la condición resolutoria aludida, contenida en los preceptos acusados resulta contraria al ordenamiento constitucional, pues coloca sin razón válida en una situación de desventaja y desfavorable a los destinatarios del régimen excepcional consagrado en los decretos mencionados, frente a aquellos cobijados por la Ley 100 de 1993, para quienes no se extingue por dicha circunstancia la pensión de sobrevivientes.

(…).

... la expresión acusada no se ajusta al ordenamiento constitucional por cuanto vulnera los mencionados derechos fundamentales, consagrando un tratamiento discriminatorio e inequitativo con respecto a las personas que durante su vigencia —desde 1990 hasta la fecha— perdieron el derecho a la pensión sustitutiva o de sobrevivientes, y desconociendo la libre opción al desarrollo que todas las personas tienen de conformar un vínculo natural o jurídico” (negrillas fuera del original).

6. Más adelante, en la Sentencia C-653 de 1997 (9) al estudiar la constitucionalidad del parágrafo del artículo 6º (parcial) del Decreto 1305 de 1975 (10) que contenía la misma condición resolutoria de la pensión de las viudas, la Corte reiteró los fallos anteriores. Otro tanto hizo en el pronunciamiento vertido en la Sentencia C-1050 de 2002 (11) , que recayó sobre la expresión “o cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital”, contenida en el parágrafo primero del artículo 49 del Decreto 2701 de 1988 (12) .

Así las cosas, la Corte estima que dado que las disposiciones ahora acusadas contienen la misma condición resolutoria que fue encontrada inexequible en varios pronunciamientos anteriores, las expresiones parcialmente acusadas correspondientes deben igualmente ser retiradas del ordenamiento por inconstitucionales.

Efectos del presente pronunciamiento.

8. Como en las oportunidades anteriores, la presente declaración de inconstitucionalidad tendrá efectos a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política. En efecto, las sentencias que constituyen precedente de la presente tuvieron efectos retroactivos a partir del 7 de julio de 1991, con el objeto de restablecer los derechos conculcados a las viudas o viudos que perdieron sus prerrogativas pensionales al contraer nuevas nupcias o hacer vida marital. Como consecuencia de dichos fallos, se impuso a las autoridades competentes la obligación de restituir las mesadas dejadas de percibir que se hubieran causado a partir de la notificación de la providencia, decisión que ahora se reiterara.

En sustento de esta determinación se vertieron entonces estas consideraciones:

“No duda la Corte que al entrar en vigencia la nueva Constitución, la disposición legal acusada que hacía perder a la viuda el derecho a la pensión sustituta por el hecho de contraer nuevas nupcias o conformar una nueva familia, se tornó abiertamente incompatible con sus dictados y, desde entonces, bien había podido ejercitarse la excepción de inconstitucionalidad. En efecto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a lo que se suma la facultad de conformar un nuevo núcleo familiar, se vulneran de manera meridiana, de conformidad con lo expuesto, por la anotada condición. El radio de la violación constitucional se amplía aún más cuando en 1993 se expide la Ley 100, que elimina la susodicha condición, pero deja inalterada la situación que, por lo menos a partir de la vigencia del nuevo ordenamiento constitucional, pugnaba con sus normas y principios. Ya se ha señalado cómo el nuevo régimen legal, en virtud de esta omisión, permite identificar nítidamente dos grupos de personas que, pese a encontrarse dentro de un mismo predicado material, son objeto (sic) un trato distinto carente de justificación objetiva y razonable.

La causa de que al momento de promulgarse la Constitución Política, pueda afirmarse la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad y que, más adelante, al expedirse la Ley 100 de 1993, se hubiere configurado un claro quebrantamiento del derecho a la igualdad de trato, no puede dejar de asociarse a la norma demandada que, por lo tanto, deberá declararse inexequible.

A juicio de la Corte Constitucional, con el objeto de restablecer los derechos conculcados, se impone reconocer a la viudas, que a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política hubieren perdido el derecho a la pensión —actualmente denominada de sobrevivientes— por haber contraído nuevas nupcias o hecho vida marital, su derecho a recuperar las mesadas dejadas de pagar que se hubieren causado luego de notificada la presente sentencia” (13)(14) .

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones:

a) La expresión “para la viuda al contraer nuevas nupcias”, contenida en los artículos 52 de la Ley 2ª de 1945 y 16 de la Ley 82 de 1947;

b) La expresión “para la viuda si contrae nuevas nupcias” contenida en los artículos 140 del Decreto 3220 de 1953, 109 de la Ley 126 de 1959, 136 del Decreto 3071 de 1968, 140 del Decreto 2337 de 1971 y 156 del Decreto 612 de 1977;

c) La expresión “para la cónyuge si contrae nuevas nupcias” contenida en el artículo 180 del Decreto 89 de 1984; y,

d) La expresión “para el cónyuge si contrae nuevas nupcias” contenida en el artículo 183 del Decreto 95 de 1989.

2. Las viudas y viudos que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, hayan perdido el derecho a la pensión de que tratan las normas mencionadas, podrán, como consecuencia de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Al respecto pueden verse, entre otras, las sentencias C-454 de 1993, C-457 de 1993, C-467 de 1993, C-541 de 1993, C-103 de 1993, C-377 de 1993, C-047 de 1994, C-104 de 1994, C-505 de 1995, C-471 de 1997, C-480 de 1998, C-520 de 1999 y C-521 de 1999.

(2) M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(3) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(4) M.P. Hernando Herrera Vergara.

(5) Por el cual se reformó el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.

(6) Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.

(7) Por el cual se reformó el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional.

(8) Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

(9) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(10) Por el cual se dictaron algunas disposiciones sobre prestaciones sociales del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, agentes, soldados, grumetes y personal civil del Ministerio de Defensa y servidores de las entidades adscritas o vinculadas a este.

(11) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(12) Por el cual se reformó el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del Estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional.

(13) Sentencia C-309 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(14) El numeral segundo de la parte resolutiva de este pronunciamiento es del siguiente tenor:

Segundo. Las viudas que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el derecho a la que en la actualidad se denomina pensión de sobrevivientes, podrán, como consecuencia de este fallo y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales conculcados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia.

En igual sentido, el numeral segundo de la Sentencia C-182 de 1997 dice así:

Segundo. Las viudas y viudos que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, perdido el derecho a la pensión de que tratan las normas mencionadas, podrán, como consecuencia de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia.

Por su parte el numeral segundo de la Sentencia C-653 de 1997 reza:

“Segundo. Las viudas que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nupcias y, por este motivo, perdido el derecho a la pensión a la que se refiere la norma, podrán, como consecuencia de este fallo, con miras al restablecimiento de sus derechos constitucionales, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia”.

También el numeral segundo de la Sentencia C-1050 de 2000 expresó:

Segundo. Las viudas y viudos que con posterioridad al siete de julio de 1991 hubieren contraído nuevas nupcias o hecho vida marital y, por este motivo, hayan perdido el derecho a la pensión de que tratan las normas mencionadas, podrán, como consecuencia de esta providencia, y a fin de que se vean restablecidos sus derechos constitucionales vulnerados, reclamar de las autoridades competentes las mesadas que se causen a partir de la notificación de esta sentencia.

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