Sentencia C-465 de mayo 14 d e2008 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-465 de 2008 

Ref.: Expedientes acumulados D-7008 y D-7019

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Demandantes: Diana Carolina Cely Acero y Zayonara Díaz Porra, y Susan Karen Tamayo Guáqueta.

Demandas de inconstitucionalidad contra los artículos 370 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo.

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

El texto de las normas demandadas del Código Sustantivo del Trabajo es el siguiente:

“ART. 370.—(Subrogado. L. 50/90, art. 49. Modificado. L. 584/2000, art. 5º) Validez de la modificación. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir, mientras no se efectué su depósito por parte de la organización sindical, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“ART. 371.—Cambios en la junta directiva. Cualquier cambio, total o parcial, en la junta directiva de un sindicato debe ser comunicado en los mismos términos indicados en el artículo 363. Mientras no se llene este requisito el cambio no surte ningún efecto”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de una ley.

Problema jurídico

2. Los actores afirman que las dos disposiciones acusadas vulneran el principio de la autonomía sindical, por cuanto disponen que las reformas de los estatutos sindicales solamente entran en vigencia luego de haber sido depositadas en el Ministerio de la Protección Social, y que los cambios que se realicen en las juntas directivas de los sindicatos solamente adquieren eficacia luego de haber sido comunicados al ministerio y al empleador. Consideran que estas limitaciones constituyen una violación de las disposiciones del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual forma parte del bloque de constitucionalidad.

La interviniente en representación del Ministerio de la Protección Social solicita que se declare la constitucionalidad de las dos disposiciones acusadas. Anota que la misma Constitución establece que los sindicatos se sujetarán al orden legal y que también el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo dispone que los trabajadores y sus organizaciones están obligados a respetar la legalidad. Expone que las dos normas no entrañan una injerencia en la autonomía de las organizaciones sindicales, pues simplemente persiguen darle publicidad a los actos de los sindicatos, de manera que puedan ser oponibles ante terceros.

El presidente de la CUT solicitó que se declarara la constitucionalidad condicionada de las disposiciones acusadas. En este sentido, solicitó que se fijara el alcance de la función del registro y que se precisara cuáles son las facultades del ministerio en materia del depósito de las reformas de estatutos y de los cambios en las juntas directivas.

En su concepto, la vista fiscal solicitó que se declarara la constitucionalidad de los preceptos atacados, en el entendido de que las obligaciones impuestas a los sindicatos en las normas acusadas —de depositar en el ministerio las modificaciones en los estatutos y de comunicarle al mismo los cambios en sus juntas directivas— solo son exequibles “para efectos de publicidad, seguridad, prueba y protección de derechos de terceros, toda vez que son trámites posteriores que no afectan la existencia de las decisiones válidamente adoptadas por la organización sindical”.

En vista de lo anterior, en esta ocasión, la Corte debe resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿vulnera el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, y por ende el bloque de constitucionalidad, por cuanto dispone que ninguna modificación de los estatutos sindicales tendrá validez ni comenzará a regir hasta que no se efectúe su depósito ante el Ministerio de la Protección Social? Y, ¿vulnera el artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, y por ende el bloque de constitucionalidad, por cuanto dispone que todo cambio, total o parcial, en la junta directiva de un sindicato debe ser comunicado en los términos del artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo, so pena de que no surta ningún efecto hasta que ello ocurra?

El principio de la libertad sindical en el bloque de constitucionalidad. La importancia de la autonomía sindical

3. El artículo 39 de la Constitución establece el derecho de los trabajadores a asociarse y el principio de la libertad sindical. Dispone este artículo:

“ART. 39.—Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

“La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

“La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial.

“Se reconoce a los representantes sindicales el mero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

“No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública”.

4. A su vez, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo - “Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”, establece en su primera parte una serie de normas sobre la libertad sindical. Entre ellas se encuentran:

“ART. 2º

“Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

“ART. 3º

“1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

“2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

“ART. 4º

“Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa.

“(...).

“ART. 7º

“La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2º, 3º y 4º de este convenio.

“ART. 8º

“1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.

“2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente convenio”.

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Constitución, esta corporación ha manifestado que todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que han sido debidamente ratificados forman parte de la legislación interna. Al mismo tiempo, la Corte ha expresado que distintos convenios de la Organización Internacional del Trabajo integran el bloque de constitucionalidad y que la determinación del rango de cada uno de los convenios se hace caso por caso a través de la jurisprudencia. En la Sentencia C-401 de 2005 (1) la Corte afirmó sobre este punto y sobre la pertenencia del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo al bloque de constitucionalidad:

“19. Así, pues, hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios que la Corte, después de examinarlos de manera específica, determine que pertenecen al mismo, en atención a las materias que tratan. De esta manera, los convenios internacionales del trabajo hacen parte del bloque de constitucionalidad cuando la Corte así lo haya indicado o lo señale en forma específica. Así lo hizo, por ejemplo, en las sentencias que se mencionaron atrás acerca del convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales, y de los convenios 87 y 98, sobre la libertad sindical y sobre la aplicación de los principios de derechos de sindicalización colectiva.

“A la Corte también le corresponde señalar si un determinado convenio de la Organización Internacional del Trabajo, en razón de su materia y otros criterios objetivos, forma parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, puesto que prohíbe la limitación de un derecho humano durante un estado de excepción o desarrolla dicha prohibición contenida en un tratado internacional (C.P., art. 93, inc. 1º). Así lo hizo, como ya se vio, en la Sentencia C-170 de 2004, en relación con los convenios 138, sobre la edad mínima, y 182, sobre las peores formas del trabajo infantil”.

Entonces, la Corte ha establecido que el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo forma parte del bloque de constitucionalidad (2) , lo cual significa que sus normas constituyen un parámetro para el juicio de constitucionalidad de las normas legales. Por eso, los demandantes en este proceso aciertan al proponer que la Corte evalúe si las normas acusadas del Código Sustantivo del Trabajo se adecuan a los parámetros fijados por el Convenio 87 y, por consiguiente, están conformes con el orden constitucional. En este sentido, el Convenio 87, y los demás convenios de la Organización Internacional del Trabajo referidos al derecho de asociación sindical y a la libertad sindical que forman parte del bloque de constitucionalidad, constituyen un parámetro complementario del artículo 39 de la Constitución.

6. En su jurisprudencia, esta corporación ha establecido que el derecho de asociación sindical entraña los principios de la libertad y la autonomía sindical. En la Sentencia C-385 de 2000 (3) se expresó al respecto:

“En el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho, como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica, la facultad que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autorregularse conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus integrantes, con la limitación que impone el inciso 2º del artículo 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos”.

También en la Sentencia T-656 de 2004 (4) se expresó que la autonomía sindical constituía una parte fundamental del derecho de asociación sindical:

“(...) Desde la Sentencia T-441/92 (5) esta corporación ha sostenido que la libertad de asociación sindical comprende tres enfoques, a saber: a) Libertad individual de organizar sindicatos, cuyo pluralismo sindical está consagrado en el artículo 2º del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo; b) Libertad de sindicalización (o sindicación), ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a un sindicato; en palabras del artículo 358 del Código Sustantivo de Trabajo, inciso 1º: “Los sindicatos son asociaciones de libre ingreso y de retiro de los trabajadores”, y c) Autonomía sindical que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno, para organizarse, tal como lo dispone el artículo 3º del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo” (resaltado no original).

De la misma manera, en la Sentencia C-063 de 2008 (6) se expresó sobre este punto:

“El artículo 39 de la Constitución consagra el derecho de sindicación, al establecer que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Derecho de asociación sindical que comprende tres enfoques, a saber: (i) libertad individual de organizar sindicatos; (ii) libertad de sindicalización, ya que nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse a un sindicato; y, (iii) la autonomía sindical, que es la facultad que tiene la organización sindical para crear su propio derecho interno” (7) .

7. Por otra parte, en la Sentencia C-797 de 2000 (8) la Corte relacionó distintos elementos que componen la libertad sindical, para luego aclarar, sin embargo, que ella no tiene un carácter absoluto:

“Considera la Corte, en consecuencia, que la libertad sindical comporta: i) el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) el poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador conforme al inciso 2º del artículo 39; iv) La facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de su administración, así como las políticas, planes y programas de acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) la garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales; vii) la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical.

“No es admisible reconocer el carácter absoluto de la libertad sindical, en la medida en que la propia Constitución establece como limitación, concretable por el legislador, que “la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos” (art. 39, inc. 2º) y que, los convenios internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio”.

8. El criterio establecido en el último párrafo transcrito ha sido invocado por la Corte en las distintas sentencias de constitucionalidad que ha proferido sobre demandas que han sido entabladas contra normas del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto ellas habrían vulnerado la autonomía sindical (9) . De esta manera, la Corte ha examinado en cada caso concreto si la norma que establece parámetros para el funcionamiento de la organización sindical no constituye una intromisión desproporcionada en su vida interna y su esfera de autonomía.

La aprobación previa de los estatutos sindicales viola la autonomía sindical. Interpretación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo por el comité de libertad sindical

9. El presente proceso de constitucionalidad arroja una pregunta general acerca de cuan compatibles con la Constitución y con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo son las normas el Código Sustantivo del Trabajo que exigen el registro de las organizaciones sindicales ante el Ministerio de la Protección Social para poder actuar como tales, y que facultan al ministerio para negar la inscripción si considera que los estatutos contradicen la Constitución y la ley.

10. En este sentido es importante referirse a las modificaciones introducidas por la Ley 50 de 1990 en la legislación laboral, en relación con la personería jurídica de los sindicatos, con su registro y con el trámite del mismo. Así, el artículo 44 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 364 para establecer que “[t]oda organización sindical de trabajadores por el solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica”.

Sin embargo, el reconocimiento automático de la personería jurídica de los sindicatos no significó la eliminación del requisito del registro ante el Ministerio de la Protección Social y de un cierto control previo de los estatutos de las organizaciones sindicales por parte del ministerio (10) . De esta manera, el artículo 45 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 365 para fijar los requisitos que debía cumplir la solicitud de inscripción:

“ART. 365.—Registro sindical (art. modif. por L. 50/90, art. 45). Todo sindicato de trabajadores deberá inscribirse en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de fundación, el sindicato presentará ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitud escrita de inscripción en el registro sindical, acompañándola de los siguientes documentos:

a) Copia del acta de fundación, suscrita por los asistentes con indicación de su documento de identidad;

b) Copia del acta de elección de la junta directiva, con los mismos requisitos del ordinal anterior;

c) Copia del acta de la asamblea en que fueron aprobados los estatutos;

d) Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, autenticados por el secretario de la junta directiva;

e) (lit. modif. por L. 584/2000, art. 4º). Nómina de la junta directiva y documento de identidad;

f) (lit. modif. por L. 584/2000, art. 4º). Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad, y

g) (lit. declarado inconstitucional y luego derogado por L. 584/2000, art. 4º).

Los documentos de que trata los apartes a), b) y c) pueden estar reunidos en un solo texto o acta” (11) .

De la misma manera, el artículo 46 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 366, que regula el trámite que se debe cumplir para la inscripción, y establece que el ministerio tiene la posibilidad de admitir, objetar o negar el registro:

“ART. 366.—Tramitación. (art. modif. por L. 50/90, art. 46).

1) Recibida la solicitud de inscripción, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, dispone de un término máximo e improrrogable de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación, para admitir, formular objeciones o negar la inscripción en el registro sindical.

2) En caso de que la solicitud no reúna los requisitos de que trata el artículo anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social formulara por escrito a los interesados las objeciones a que haya lugar, para que se efectúen las correcciones necesarias.

En este evento el Ministerio de Trabajo dispone de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud corregida, para resolver sobre la misma.

3) Vencidos los términos de que tratan los numerales anteriores, sin que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social se pronuncie sobre la solicitud formulada, la organización sindical quedará automáticamente inscrita en el registro correspondiente.

4) Son causales para negar la inscripción en el registro sindical únicamente las siguientes:

a) (Aparte tachado inexequible). Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución Nacional, la ley o las buenas costumbres;

b) Cuando la organización sindical se constituya con un número de miembros inferior al exigido por la ley, y

c) (Literal inexequible).

PAR.—El incumplimiento injustificado de los términos previstos en el presente artículo hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente” (12) .

A su vez, el artículo 48 de la Ley 50 de 1990 reformó el artículo 369 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala los requisitos que deben cumplir los sindicatos para proceder a la modificación de los estatutos y establece que esas reformas deben ser registradas en el ministerio. Para el procedimiento del registro, la norma remitió al artículo 366 (atrás transcrito), de acuerdo con el cual el ministerio puede admitir, objetar o negar las modificaciones:

“ART. 369.—Modificación de los estatutos. (art. modif. por L. 50/90, art. 48). Toda modificación a los estatutos debe ser aprobada por la asamblea general del sindicato y remitida, para efectos del registro correspondiente, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes (13) .

“Para el registro, se seguirá en lo pertinente, el trámite previsto en el artículo 366 de este código”.

Finalmente, el artículo 50 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo, que determina cuál es el efecto jurídico de la inscripción en el registro sindical:

“ART. 372.—Ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le correspondan, mientras no se halla constituido como tal, registrado ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y solo durante la vigencia de esta inscripción” (14) .

Como se observa, el inciso primero del artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo —subrogado por el artículo 50 de la Ley 50 de 1990— dispone que “[n]ingún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le correspondan, mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y solo durante la vigencia de esta inscripción”. Al mismo tiempo, el literal a) del numeral 4º del artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo —modificado por el artículo 46 de la Ley 50 de 1990— autoriza al ministerio para negar la inscripción en el registro sindical “cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución Nacional y a la ley”.

Empero, lo cierto es que la evolución del derecho internacional del trabajo y el compromiso del Estado colombiano de cumplir las obligaciones internacionales que genera la ratificación de los convenios internacionales del trabajo permite concluir que es necesario impedir no solo las intervenciones directas del Estado en la autonomía sindical sino prevenir cualquier riesgo claro de afectación de dicha autonomía (15) .

11. El ejercicio de las actividades sindicales no puede estar sujeto a la concesión de un registro equivalente a un control previo por parte de una autoridad administrativa, la cual podría rehusarse a efectuar el registro. Desde una perspectiva funcional, esta facultad se asemeja a “una autorización previa” para la constitución de un sindicato, un requisito que es prohibido expresamente por el artículo 2º del Convenio 87 de la OIT.

Al respecto es importante tener en cuenta que el comité de libertad sindical de la OIT ha establecido que, si bien se pueden imponer algunas formalidades para la creación de las organizaciones sindicales, esas formalidades no deben constituirse en un obstáculo para ello. En este sentido es importante transcribir algunas decisiones y principios desarrollados por el comité de libertad sindical acerca del punto de la autorización previa, extractados de la publicación “La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del comité de libertad sindical del consejo de administración de la OIT” (16) :

“276. Si bien es cierto que los fundadores de un sindicato deben respetar las formalidades previstas por la legislación, a su vez estas formalidades no deben, por su naturaleza, poner trabas a la libre creación de las organizaciones. (Véanse ‘Recopilación’ de 1996, párr. 248 y, por ej., 308. informe, caso Nº 1894, párr. 536; 316. informe, caso Nº 1773, párr. 615; 323.er informe, caso Nº 2085, párr. 172, caso Nº 2079, párr. 540; 329. informe, caso Nº 2075, párr. 151; 334. informe, caso Nº 2222, párr. 208; 336. informe, caso Nº 2046, párr. 312; 337. informe, caso Nº 2327, párr. 200, caso Nº 2346, párr. 1056 y 338. informe, caso Nº 2046, párr. 106).

“279. Los requisitos prescritos por la ley para constituir un sindicato, no se deben aplicar de manera que impidan o retrasen la creación de organizaciones sindícales, y toda demora provocada por las autoridades en el registro de un sindicato constituye una violación del artículo 2º del Convenio Nº 87. (Véase ‘Recopilación’ de 1996, párrafos 249 y 251; 308. informe, caso Nº 1894, párrafo 536; 316. informe, caso Nº 1773, párr. 615; 324. informe, caso Nº 2053, párr. 231; 332. informe, caso Nº 2225, párr. 377 y 334. informe, caso Nº 2282, párr. 638).

“280. Las legislaciones nacionales que prevén el depósito de los estatutos de las organizaciones son compatibles con el artículo 2º del convenio en la medida en que ese requisito sea una simple formalidad que tenga como objeto garantizar la publicidad de esos estatutos. En cambio, pueden plantearse problemas cuando la ley obliga a las autoridades competentes a invitar a los fundadores de las organizaciones a incorporar en sus estatutos exigencias jurídicas que, en sí mismas, se hallan en contradicción con los principios de la libertad sindical.(Véase 318. informe, caso Nº 2038, párr. 530).

“294. Si las condiciones para conceder el registro equivaliesen a exigir una autorización previa de las autoridades públicas para la constitución o para el funcionamiento de un sindicato, se estaría frente a una manifiesta infracción del Convenio Nº 87. No obstante, no parece ser este el caso cuando el registro de los sindicatos consiste únicamente en una formalidad cuyas condiciones no son de tal naturaleza que pongan en peligro las garantías previstas por el convenio. (Véase ‘Recopilación’ de 1996, párr. 259; 307. informe, caso Nº 1918, párr. 250 y 325. informe, caso Nº 2100, párr. 429).

“295. El derecho al reconocimiento mediante el registro oficial es un aspecto esencial del derecho de sindicación ya que esta es la primera medida que deben adoptar las organizaciones de empleadores y de trabajadores para poder funcionar eficazmente y representar adecuadamente a sus miembros. (Véase 324. informe, caso Nº 2053, párr. 232).

“296. Aunque el procedimiento de registro con mucha frecuencia es un trámite meramente formal, en algunos casos la ley concede a las autoridades competentes facultades más o menos discrecionales para decidir si la organización cumple los requisitos descritos para su inscripción en el registro, con lo que se crea una situación análoga a la exigencia de “autorización previa”. Surgen situaciones parecidas cuando un procedimiento de inscripción en el registro es complicado y largo o la latitud con que las autoridades administrativas competentes pueden ejercer a veces sus facultades, en la práctica pueden representar un obstáculo serio a la creación de un sindicato y, en definitiva, la privación del derecho a crear una organización sin autorización previa. (Véase ‘Recopilación’ de 1996, párr. 260; 327. informe, caso Nº 1581, párr. 110 y 328. informe, caso Nº 2158, párr. 321).

“302. En los casos en que el encargado del registro tiene que basarse en su propio criterio para decidir si un sindicato reúne las condiciones para ser registrado —aunque su decisión pueda ser objeto de apelación ante los tribunales— el comité estimó que la existencia de un recurso judicial de apelación no parece una garantía suficiente; en efecto, no modifica el carácter de las facultades concedidas a las autoridades encargadas de la inscripción, y los jueces ante quienes se plantean tales recursos no tendrán más posibilidad que cerciorarse de que la legislación ha sido correctamente aplicada. El comité llamó la atención acerca de la conveniencia de definir claramente en la legislación las condiciones precisas que los sindicatos deberán cumplir para poder ser registrados y de prescribir criterios específicos para determinar si esas condiciones se cumplen o no. (Véase ‘Recopilación’ de 1996, párrafo 266; 333.er informe, caso Nº 2301, párr. 594).

“303. Cuando las dificultades en relación con la interpretación de normas sobre la inclusión de los sindicatos en los registros estatales pertinentes crean situaciones en las que las autoridades competentes abusan de sus competencias, pueden surgir problemas de compatibilidad con el Convenio Nº 87. (Véase 330. informe, caso Nº 2038, párr. 156).

“369. Las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento interno de las organizaciones de trabajadores y de empleadores entrañan graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas. En caso de que su adopción fuera considerada indispensable por las autoridades, estas disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración. Las restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados. Por otra parte, debería preverse un recurso ante un órgano judicial, imparcial e independiente, a fin de evitar todo riesgo de injerencia excesiva o arbitraria en el libre funcionamiento de las organizaciones. (Véase ‘Recopilación’ 1996, párrafo 331 y 321.er informe, caso Nº 2011, párr. 215).

“370. El comité no considera que la simple existencia de una legislación sindical constituya en sí una violación de los derechos sindicales, al poder darse el caso de que el Estado desee velar por que los estatutos sindicales se ciñan a la ley. Ahora bien, ninguna legislación adoptada en este ámbito puede menoscabar los derechos de los trabajadores definidos en el marco de los principios de la libertad sindical. Prescripciones legislativas demasiado detalladas y estrictas en la materia pueden frenar en la práctica la creación y el desarrollo de las organizaciones sindicales. (Véase ‘Recopilación’ 1996, párr. 332 y 321.er informe, caso Nº 2011, párr. 215).

“371. Para que las organizaciones tengan derecho a elaborar sus propios estatutos y reglamentos con libertad absoluta, la legislación nacional debería limitarse tan solo a sentar las condiciones formales que deberán respetar los estatutos, los cuales, junto con los reglamentos correspondientes, no necesitarán la aprobación previa de las autoridades públicas para entrar en vigor. (Véase ‘Recopilación’ 1996, párr. 333; 302. informe, caso Nº 1817, párr. 323; 321.er informe, caso Nº 2011, párr. 215; 327.º informe, caso Nº 2115, párr. 681; 330. informe, caso Nº 2207, párr. 119 y 335. informe, caso Nº 2308, párr. 1041).

“373. Una disposición que prevea que los estatutos sindicales deben cumplir los requisitos de la legislación nacional no constituye una violación del principio de que las organizaciones de trabajadores deben tener el derecho de redactar sus propias constituciones y estatutos en plena libertad, siempre que esos requisitos reglamentarios no infrinjan el principio de la libertad sindical y de que, además, la aprobación de los estatutos por la autoridad competente no se halle sometida a la facultad discrecional de dicha autoridad. (Véase ‘Recopilación’ de 1996, párr. 334)”.

12. No sobra advertir que, como bien se señala en la presentación de la cuarta edición, de 1996, de la recopilación citada, la compilación se refiere “por una parte, a decisiones del comité de libertad sindical adoptadas en función de las particularidades de uno u otro caso, que por ello deben ser consideradas en su contexto específico y, por otra, a principios de alcance más o menos general, a veces formulados a partir de decisiones anteriores que presentaban similitud con el caso objeto de examen”. Por lo tanto, no son recomendaciones en sí mismas, sino principios orientadores de la interpretación de los convenios de la OIT. Al momento de la quinta edición, en 2006, la recopilación se fundaba en el examen de más de 2.500 casos tramitados en los más de 50 años de existencia del Comité de Libertad Sindical. Por ello es preciso reiterar la importancia de estos pronunciamientos y la autoridad que han adquirido (17) .

Interpretación del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo y examen de constitucionalidad del mismo

13. El artículo 370 original del Código Sustantivo del Trabajo establecía que para que tuvieran validez las modificaciones efectuadas a los estatutos sindicales era necesario que contaran con la aprobación del Ministerio del Trabajo:

“ART. 370.—Validez de la modificación. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez sin la aprobación del Ministerio del Trabajo; una vez aprobada se harán las anotaciones del caso en los respectivos expedientes”.

14. En el año 1990, el Congreso de la República expidió la Ley 50 de 1990, “por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”. Tal como lo señala la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Ministro del Trabajo y Seguridad Social, la propuesta de reforma tenía por fin “adecuar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo a los convenios de la OIT, ya que, en forma reiterada, la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de dicho organismo, ha venido formulando observaciones en el sentido de que la legislación nacional no está acorde con los postulados de los precitados convenios” (18) .

El artículo 49 de la Ley 50 de 1990 modificó el artículo 370 original del Código Sustantivo del Trabajo, en el sentido de establecer que para que las modificaciones de los estatutos sindicales fueran válidas y empezaran a regir era necesario que se efectuara su inscripción en el registro que formaba el Ministerio del Trabajo:

“ART. 370.—Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir, mientras no se efectúe su inscripción en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

15. En el año 2000, el Congreso de la República expidió la Ley 584 de 2000, “por medio de la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo”. En la exposición de motivos del proyecto de ley que fue presentada por el Ministro del Trabajo y Seguridad Social se expuso que la propuesta tenía “por objeto primordial modificar y derogar varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo, que se oponen de forma directa a la Constitución Política de Colombia, al ser restrictivos de la libertad de asociación y que en criterio de la comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones se la Organización Internacional del Trabajo, OIT, no consultan los textos de los convenios 87 y 98 ratificados por Colombia, relacionados con la libertad sindical y de negociación colectiva, respectivamente” (19) .

En el proyecto inicial no se contemplaba la reforma del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, durante el curso de la propuesta por el Congreso de la República se decidió brindar espacio a las organizaciones sindicales para que expresaran sus opiniones y presentaran propuestas adicionales. Con base en esas propuestas, en la ponencia para segundo debate - Senado se decidió incorporar una modificación al artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que este estableciera que ninguna modificación de los estatutos sindicales tendría validez ni entraría a regir hasta que no se efectuara su depósito ante el Ministerio del Trabajo (20) . Lamentablemente, en las Gacetas del Congreso respectivas no se registró ningún argumento que justificara el cambio propuesto.

Finalmente, en el artículo 5º de la ley se determinó el texto actual del artículo 370, cuya constitucionalidad se examina en esta sentencia:

“ART. 370.—Validez de la modificación. (art. modif. por L. 584/2000, art. 5º). Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir, mientras no se efectúe su depósito por parte de la organización sindical, ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social”.

16. Del anterior recuento se puede concluir que, inicialmente, el artículo 370 estableció que la modificación de los estatutos de las organizaciones sindicales requería de la aprobación del Ministerio del Trabajo para poder entrar en vigor. Luego, mediante el artículo 49 de la Ley 50 de 1990 se dispuso que la enmienda de los estatutos debía inscribirse en el registro que formaba el Ministerio del Trabajo. A su vez, el artículo 48 de la misma ley, atrás transcrito y que modificó el artículo 369 del Código Sustantivo del Trabajo, estableció los requisitos que debían cumplirse para reformar los estatutos sindicales y fijó la obligación de inscribir los cambios ante el ministerio, para lo cual dispuso que “se seguirá en lo pertinente, el trámite previsto en el artículo 366 de este código”.

Tal como se ha señalado, lo anterior significaba que los sindicatos debían presentar ante el ministerio las modificaciones que hubieren acordado para sus estatutos, con el objeto de lograr su inscripción en el registro. A su vez, el ministerio podía admitir la inscripción de la reforma u objetarla por el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos, e incluso negarla si consideraba que ella era contraria a la Constitución Política o a la ley.

Ahora bien, lo cierto es que el artículo 5º de la Ley 584 de 2000 modificó sustancialmente el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo. Como se ha indicado, el artículo 49 de la Ley 50 de 1990 disponía que la modificación de los estatutos no tendría validez ni empezaría a regir hasta que no se efectuara su inscripción en el registro que adelanta el Ministerio de la Protección Social, con todas las consecuencias que ello implicaba.

Empero, esta exigencia fue eliminada por el artículo 5º de la Ley 584. En el nuevo texto del artículo 370 se suprimió toda referencia al registro. En su lugar, se estableció que para que la modificación entre en vigor es suficiente con que la organización sindical “efectúe su depósito” ante el mismo Ministerio de la Protección Social.

Este cambio permite concluir que el Ministerio de la Protección Social ya no puede negar la inscripción en el registro de las modificaciones de los estatutos de las organizaciones sindicales que sean depositadas ante él. Si la obligación del sindicato es simplemente la de “depositar” la modificación de los estatutos ante el ministerio —lo que implica también depositar los documentos que acrediten que la modificación se realizó de acuerdo con las exigencias legales—, el ministerio no puede entrar a juzgar si esas enmiendas se ajustan a la Constitución o a la ley. De esta manera, si el ministerio considera que las reformas introducidas son inconstitucionales o ilegales tendrá que acudir a la jurisdicción laboral para que así lo declare.

17. En este punto es importante resaltar la contradicción que existe actualmente entre los artículos 369 y 370 del Código Sustantivo del Trabajo, pues mientras el artículo 369 exige que toda modificación de los estatutos sindicales debe ser registrada ante el ministerio, el cual puede admitirlas, objetarlas o denegarlas, el artículo 370 establece que las modificaciones estatutaria simplemente deben ser depositadas ante el mismo ministerio (21) .

Esta oposición no se presentaba en el momento de la expedición de la Ley 50 de 1990, cuyos artículos 48 y 49 modificaron, respectivamente, los aludidos artículos 369 y 370 del código. Ciertamente, en ese punto del tiempo, los dos artículos coincidían en exigir que las modificaciones de los estatutos fueran inscritas en el registro que adelanta el Ministerio de la Protección Social, para lo cual se seguiría el trámite descrito en el artículo 366.

Sin embargo, la coordinación entre los dos artículos del código desapareció con la expedición de la Ley 584, pues ella solamente modificó el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo. De esta manera, mientras el artículo 369 —el artículo 48 de la Ley 50 de 1990— exige, la inscripción de la modificación de los estatutos y remite para ello al trámite fijado en el artículo 366, el artículo 370 establece que para que las reformas estatutarias sean válidas es necesario que ellas sean depositadas en el ministerio, lo cual significa que el ministerio ya no puede negar la inscripción de las mismas.

La pregunta que surge es cuál de las normas debe aplicar el operador jurídico. Para la Corte es claro que debe ser la norma posterior, que es la que fue dictada a través de la Ley 584 de 2000, es decir el actual artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo.

18. Los actores de la demanda que se analiza manifiestan que el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo vulnera el Convenio 87 de la OIT y la Constitución, por cuanto restringe el derecho de las organizaciones sindicales de darse sus propios estatutos, sin injerencia por parte del Estado.

En realidad, como consecuencia de un rezago hermenéutico de la legislación anterior, el depósito de la reforma estatutaria puede ser interpretado como un trámite administrativo al cual queda condicionada la validez y vigencia de las modificaciones estatutarias. Dicho trámite administrativo crea el riesgo claro de que la administración ejerza cierto control sobre tales reformas so pretexto de verificar el cumplimiento de requisitos.

No obstante, tal como lo muestra el análisis realizado, los cambios normativos que ha experimentado el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo han conducido a que en este momento las reformas estatutarias de los sindicatos entren a regir con el simple depósito de las mismas —y de los documentos que acrediten que fueron tramitadas debidamente—. Esto significa que el Ministerio de la Protección Social ya no está autorizado para denegar la inscripción de las reformas en el registro, con el argumento de que ellas vulneran la Constitución o la ley. De esta manera, la acusación de los actores acerca de que el artículo 370 permite que el ministerio interfiera en las decisiones propias del sindicato no debe conducir inexorablemente a la inexequibilidad de la norma acusada. Tal como se expresó, actualmente, si el ministerio estima que algunas modificaciones de los estatutos sindicales no están en armonía con la Constitución o la ley debe acudir ante la justicia para que sea esta la encargada de definir sobre el punto.

Ante las divergencias interpretativas y el riesgo de que el requisito del depósito opere como un trámite de control previo administrativo, la Corte declarará que el artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo es constitucional, por el cargo que fue analizado, pero con un condicionamiento que excluya cualquier interpretación que transforme el depósito en una autorización previa de tipo administrativo. El depósito solo cumple una función de publicidad, compatible con la autonomía sindical. Entonces, la Corte declarará la constitucionalidad de la norma acusada en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente con el fin de darle publicidad a la reforma, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma estatutaria.

En concordancia con lo anterior, y con el objeto de dejar claro el sentido constitucional del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, desde la perspectiva de la autonomía sindical, también se declarará la inconstitucionalidad de las expresiones “Validez de la”, contenida en el título del artículo, y “tiene validez ni”, que se encuentra dentro del texto de la norma, por cuanto ellas podrían dar pie a la interpretación según la cual el Ministerio de la Protección puede ejercer un control previo administrativo sobre la modificación de los estatutos antes de que esta entre en vigor.

Examen de constitucionalidad del artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo

19. El artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo establece que para que surtan efecto los cambios, totales o parciales, realizados en las juntas directivas de los sindicatos es necesario que ellos sean comunicados en los términos establecidos en el artículo 363 del mismo código. A su vez, el artículo 363 dispone:

“ART. 363.—Notificación. (art. modif. por L. 50/90, art. 43). Una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector del trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar, la constitución del sindicato, con la declaración de los nombres e identificación de cada uno de los fundadores. El inspector o alcalde a su vez, pasarán igual comunicación al empleador inmediatamente”.

Esto significa que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 371 demandado, los cambios realizados en las juntas directivas de los sindicatos no entrarán en vigor hasta que las organizaciones sindícales se los comuniquen por escrito a los empleadores y al inspector del trabajo.

Los actores manifiestan que este artículo vulnera también el Convenio 87 de la OIT y, por lo tanto, el bloque de constitucionalidad, por cuanto no le concede valor a los cambios realizados en las juntas directivas de los sindicatos, sean ellos parciales o totales, hasta que ellos sean comunicados en los términos establecidos en el artículo 363.

Lo primero que se debe manifestar al respecto es que la exigencia de informar al Ministerio de la Protección Social y a los empleadores acerca de los cambios efectuados en las juntas directivas de los sindicatos tiene por fin dar publicidad a las decisiones tomadas dentro de la organización, de tal manera que ellas sean oponibles ante terceros —verbigracia para temas como el del fuero sindical— y que los actos que realicen esos dirigentes puedan obligar al sindicato. Lo que la norma acusada persigue es garantizar los derechos del sindicato y de los terceros, a través de la definición acerca de cuando empiezan a surtir efectos los cambios efectuados en la junta directiva de un sindicato. De esta manera, la comunicación no es un requisito de validez sino de oponibilidad ante terceros.

20. Ahora bien, en torno a la norma demandada surgen dos preguntas, relacionadas con el punto de la libertad sindical y de la autonomía de las organizaciones sindicales para darse su propia organización y elegir a sus dirigentes.

La primera pregunta se refiere a si el Ministerio de la Protección Social puede negar el registro de los cambios aprobados por un sindicato en su junta directiva. La Corte considera que no. De acuerdo con el principio de la autonomía sindical es el sindicato el que decide quiénes son sus dirigentes. En realidad, la comunicación al ministerio equivale al depósito de una información ante él. La administración no puede negarse a inscribir a los miembros de la junta directiva que han sido nombrados con el cumplimiento de los requisitos exigidos. Ello constituiría una injerencia indebida de la administración en la vida interna de las organizaciones sindicales. Si el ministerio —o el empleador— considera que una persona no puede ocupar un cargo de dirección en un sindicato debe acudir a la justicia laboral para que sea ella la que decida sobre el punto.

21. El segundo interrogante se dirige a establecer desde cuándo tienen eficacia los cambios en la integración de la junta directiva de un sindicato. Esta pregunta tiene diferentes respuestas, de acuerdo con los sujetos interesados en esas modificaciones en la junta directiva. Así, por ejemplo, en virtud del principio de autonomía sindical, los cambios realizados deben tener efecto inmediato en relación con el sindicato, es decir que entrarán en vigor tan pronto como él mismo lo decida, sin tener que cumplir ninguna condición externa.

Distinta es la situación de los empleadores, el Gobierno y los terceros, sobre los cuales también tienen repercusiones los cambios aprobados en la composición de la junta directiva de un sindicato. En el caso de los dos primeros, la Corte considera que los cambios tienen efectos a partir del momento en que el sindicato les informe sobre ellos. Y puesto que el depósito de la comunicación respectiva en el ministerio cumple con el requisito de publicidad sobre esas modificaciones, ha de entenderse que a partir de ella los cambios en la junta directiva son oponibles a los terceros. Ciertamente, a partir de esa comunicación el ministerio está en condiciones de expedir certificaciones acerca de quiénes representan al sindicato.

Ahora bien, en el caso de los empleadores y el Gobierno es fundamental la determinación acerca del momento en que adquieren eficacia los cambios para establecer cuáles son los trabajadores amparados por el fuero sindical. De acuerdo con el artículo 371, los cambios en la junta directiva de un sindicato solamente surten efectos luego de que se hubiera notificado de ellos, por escrito, al inspector del trabajo y al empleador. Dado que, por lo regular, las dos notificaciones no son simultáneas, la pregunta que surge es si el amparo del fuero opera desde que se practica la primera notificación o solamente a partir de que el ministerio y el patrono hayan recibido la comunicación.

La Corte considera que, desde la perspectiva del derecho constitucional de asociación y libertad sindical, la respuesta apropiada es que la protección foral opere desde que se efectúa la primera notificación. Ello, por cuanto en el caso de que el primer notificado hubiere sido el empleador este adquiere desde el mismo momento de la comunicación la obligación de respetar el fuero sindical de los nuevos dirigentes. Y porque, en el caso de que el primer notificado hubiera sido el ministerio, este adquiere la obligación de comunicar inmediatamente al empleador sobre la designación realizada.

Por todo lo anterior, se declarará la constitucionalidad de la norma acusada, pero sujeta a dos condiciones: (i) el ministerio no puede negar la inscripción de los nuevos directivos sindicales, pues si él o el empleador consideran que hay motivos para denegar el registro deberán acudir a la justicia laboral para que así lo declare, y (ii) la garantía del fuero sindical para los nuevos directivos entra a operar inmediatamente después de que al ministerio o al empleador le ha sido comunicada la designación. En consecuencia, la norma acusada es exequible en el entendido de que la comunicación al ministerio acerca de los cambios en la junta directiva de un sindicato cumple exclusivamente funciones de publicidad, y de que el fuero sindical opera inmediatamente después de la primera comunicación.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 5º de la Ley 584 de 2000, por el cargo analizado, en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma. Por el contrario, las expresiones “Validez de la” y “tiene validez ni”, se declaran INEXEQUIBLES.

2. Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo, por el cargo analizado, en el entendido de que la comunicación al ministerio acerca de los cambios en la junta directiva de un sindicato cumple exclusivamente funciones de publicidad, y de que el fuero sindical opera inmediatamente después de la primera comunicación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. La sentencia contó con sendas aclaraciones de voto de los magistrados Jaime Araújo Rentería, Jaime Córdoba Triviño y Manuel José Cepeda Espinosa.

(2) Ver, entre otras, la mencionada Sentencia C-401 de 2005 y las sentencias T-568 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-567 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; y C-1491 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz.

(3) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(4) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(5) M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(6) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(7) Sentencia T-656 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(8) M.P. Antonio Barrera Carbonell. La sentencia contó con tres salvamentos parciales de voto, conjuntos, de los magistrados Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo; Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo; y Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis. También presentó un salvamento parcial de voto el magistrado Fabio Morón Díaz.

(9) Ver, entre otras, las sentencias C-280 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto; C-043 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y C-201 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(10) En la exposición de motivos se manifestó en relación con varios de los artículos que a continuación se comentan:

“4ª. En cuanto a la personería jurídica de las organizaciones sindicales, se proponen modificaciones sustanciales, tanto a nivel conceptual como procedimental, eliminando trámites o requisitos innecesarios que entorpecen la constitución de sindicatos.

“Así, se establece que las organizaciones sindicales, desde el momento de su fundación, gozan de personería jurídica, y por ende, son sujetos de derecho sin autorización o ministerio de autoridad alguna, señalándose que para su ejercicio se requiere la inscripción en el registro sindical que para tales efectos llevará el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social,

“Dicha inscripción no supone de manera alguna que las organizaciones sindicales estén sujetas para su constitución, a autorización previa por parte del Estado. Por el contrario, las mismas existirán como personas jurídicas desde el momento en que se constituyan como tales, pero para poder actuar válidamente ante las autoridades y terceros, como toda persona jurídica, se requerirá un mínimo de requisitos que deben observarse, que para este caso, es lo que supone la inscripción.

“Ahora bien, para efectos de la inscripción en el registro sindical, se establece un trámite ágil con unos términos perentorios de obligatorio cumplimiento, y con unas consecuencias definidas claramente por el caso de la inobservancia de los mismos.

“(...).

“Igualmente, se señalan de manera taxativa las causales por las cuales el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social puede negar la inscripción en el registro de una organización sindical, de manera tal que se excluye cualquier pretensión de discrecionalidad que intenten arrogarse las autoridades administrativas del trabajo.

“(...).

“El mismo sistema de registro se establece para la modificación de los estatutos sindicales, puesto que constituyen su ordenamiento normativo fundamental, el cual debe ajustarse a la Constitución Nacional, la ley y las buenas costumbres”.

El texto de la exposición de motivos, del proyecto inicial y de las ponencias presentadas durante el trámite legislativo del proyecto se encuentra en la “Compilación de la Reforma Laboral” publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en Bogotá, en 1991. El texto citado se encuentra en las páginas 62-63.

(11) En su Sentencia C-567 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra (con una aclaración de voto conjunta de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa) se declaró la constitucionalidad de la mayor parte del artículo 45 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo. De esta declaración se exceptuó el literal g), el cual fue declarado inconstitucional. Este inciso prescribía: “g) Certificación del correspondiente inspector del trabajo sobre la inexistencia de otro sindicato, si se trata de un sindicato de empresa que puede considerarse paralelo. En los lugares donde no haya inspección de trabajo, la certificación debe ser expedida por la primera autoridad política”.

(12) En la misma Sentencia C-567 de 2000 la Corte declaró la constitucionalidad de la mayor parte del artículo 46 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 366 del Código Sustantivo del Trabajo. De esta declaración se exceptuaron la expresión “o las buenas costumbres”, contenida en el literal a) del numeral 4º, y el literal c), normas que fueron declaradas inexequibles. Así mismo, la Corte se inhibió de pronunciarse sobre el parágrafo del artículo. En relación con el literal a) del numeral 4º manifestó la Corte: “Respecto a la expresión contenida en el literal a), en el sentido de que los estatutos de la organización sindical no sean contrarios a la Constitución, la ley o “las buenas costumbres”, hay que señalar que las dos primeras expresiones resultan perfectamente ajustadas a la Carta. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando la disposición legal le atribuye al Ministerio de Trabajo, la facultad de negar la inscripción de un sindicato, por ser contrario a las buenas costumbres”.

El texto del literal c) del numeral 4º del artículo, que fue declarado inexequible, prescribía; “4, c) Cuando se trate de la inscripción de un nuevo sindicato de empresa, en una donde ya existiera organización de esta misma clase”.

(13) En la Sentencia C-797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, se declaró la constitucionalidad de la expresión “dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes”, contenida en el artículo 48 de la Ley 50 de 1990, que modificó el artículo 369 original del Código Sustantivo del Trabajo.

(14) Posteriormente, mediante el artículo 6º de la Ley 584 de 2000 se adicionó al artículo un segundo inciso, el cual dispone: “En los municipios donde no exista oficina del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la inscripción se hará ante el alcalde, quien tendrá la responsabilidad de enviar la documentación a la oficina del ministerio del municipio más cercano, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. A partir de la inscripción se surten los efectos legales”. Es importante anotar que la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad del artículo 50 de la Ley 50 de 1990 —hoy primer inciso del artículo 372— mediante la Sentencia 115 del 26 de septiembre de 2001, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. En la sentencia se expresó al respecto:

“Puede criticarse este artículo de contrariar el 44 ibídem conforme al cual ‘toda organización sindical de trabajadores por el solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica’, dado que aquel subordina el ejercicio de las funciones y de los derechos —que es en lo que consiste fundamentalmente la personería jurídica— de las organizaciones sindicales al registro respectivo, pero no puede decirse que sea inconstitucional, según se explicó ampliamente cuando se analizó el artículo 39 de la Carta.

(...).

“Cabe anotar que si bien no se llega al extremo deseado por el actor de que sea la mera manifestación de voluntad de los fundadores la que dé nacimiento inmediato a la asociación, lo cierto es que no se imponen requisitos previos a esa voluntad ni se le sujeta a permisos o limitaciones de ese estilo, y que se reemplaza la concesión de personería por un registro más ágil y rápido en el que rige el silencio administrativo positivo, lo que, en sentir de la Corte, se acomoda al nuevo principio constitucional ya citado, de que los sindicados deben poderse formar ‘sin intervención del Estado’ y que ‘su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acto de constitución’ como aquí ocurre, pues no hay un poder absoluto e ilimitado para formar sindicatos y estos siguen sometidos al régimen legal, ya que, en veces de la misma Constitución, ‘se sujetarán al orden legal y la de principios democráticos’ (art. 39 ibíd.) cuya verificación y cumplimiento competen al Estado”.

Por otra parte, es importante mencionar que en la demanda que dio origen a la Sentencia C-567 de 2000 también se acusó la inconstitucionalidad del artículo 50 de la Ley 50 de 1990. En la sentencia, la Corte decidió que debía estarse a lo resuelto en la aludida Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991 de la Corte Suprema de Justicia.

(15) En este sentido, por ejemplo, ha de entenderse que la norma del artículo 39 de la Constitución que establece que el reconocimiento jurídico de los sindicatos “se producirá con la simple inscripción del acta de constitución” no exige que el acta se deposite necesariamente ante el Ministerio de la Protección Social, razón por la cual el acta puede ser entregada ante cualquier autoridad pública que pueda certificar su recibo.

(16) La obra es publicada por la Oficina Internacional del Trabajo. Los apartes aquí transcritos provienen de la quinta edición, de 2006. Se puede encontrar en la siguiente dirección electrónica:

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_090634.pdf. 

(17) En la presentación de la quinta edición se advierte al respecto:

“Por provenir de un órgano internacional especializado, imparcial y de sólido prestigio que actúa desde una perspectiva tripartita y partiendo de situaciones reales (es decir, de alegatos concretos muy variados de violación de los derechos sindicales en todo el mundo, con frecuencia de suma gravedad y complejidad), este cuerpo de principios ha adquirido una autoridad reconocida tanto en el mundo internacional como en los distintos países, donde se utiliza crecientemente en la elaboración de legislaciones nacionales, en las diferentes instancias encargadas de la aplicación de las normas sindicales, en la solución de grandes conflictos colectivos y en las publicaciones de la doctrina”.

(18) Ver la “Compilación de la Reforma Laboral” publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en Bogotá, en 1991. El texto citado se encuentra en la página 61.

(19) Gaceta del Congreso Nº 26 de 1999, página 9.

(20) Ver Gaceta del Congreso 403 de 1999, pp. 1-9.

(21) El texto actual de los artículos es el siguiente:

“ART. 369.—Modificación de los estatutos. (art. modif. por L. 50/90, art. 48). Toda modificación a los estatutos debe ser aprobada por la asamblea general del sindicato y remitida, para efectos del registro correspondiente, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes. // Para el registro, se seguirá en lo pertinente, el trámite previsto en el artículo 366 de este código”.

“ART. 370.—(Subrogado. L. 50/90, art. 49. modif. L. 584/2000, art. 5º) Validez de la modificación. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez ni comenzará a regir, mientras no se efectúe su depósito por parte de la organización sindical, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

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