Sentencia C-4712 de octubre 1º de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Ref.: Expediente C-4712

Santafé de Bogotá, D.C., primero de octubre de mil novecientos noventa y siete.

(...).

CONSIDERACIONES:

1. En el sub júdice, el tribunal confirmó en todas sus partes la sentencia que declaró la paternidad extramatrimonial y, además condenó al demandado a pagar una cuota mensual para contribuir al sostenimiento de su hija. Esto pone de presente que el fallo proferido al ser de naturaleza mixta, declarativo y de condena, es susceptible de cumplimiento en la parte que impuso la obligación de pagar alimentos, pues, tal como lo ha sostenido esta corporación, en esa hipótesis la decisión no puede calificarse “exclusivamente” relacionada con el estado civil de las personas, o “meramente” declarativa (CPC, art. 371, inc. 1º), para transformar en suspensivo el efecto devolutivo que por regla general la ley le asigna al recurso de casación, salvo que el recurrente, en el término para interponerlo, ofrezca caución para responder por los perjuicios que la inejecución temporal del fallo llegare a causar a la parte contraria.

Si no se hace tal ofrecimiento, corresponde al tribunal al conceder el recurso, por imperativo legal, ordenar al impugnante suministre lo indispensable para la expedición de las copias pertinentes con el fin de remitirlas al juez de primera instancia para que éste disponga lo necesario en orden a ejecutar la sentencia impugnada. Esa omisión, empero, no sirve de excusa para transformar el efecto del recurso o para liberar de cualquier actividad en ese sentido al recurrente, porque como explícitamente lo señala el inciso 4º de la misma disposición, si el ad quem no ordena la expedición de las copias en el auto que concede el recurso, el impugnante, si las considera necesarias, “deberá solicitar su expedición para lo cual suministrará lo indispensable”; o como lo tiene dicho esta corporación, dicha parte no puede exonerarse de esa carga “con solo pretextar que el tribunal no se la ordenó cumplir, dado que la teleología de la norma está encauzada a que la concesión del recurso no envuelva efectos suspensivos, y por lo mismo lo exhorta a que esté atento a suplir la omisión del juzgador, todo lo cual se sanciona con la deserción del recurso.

En el presente caso el tribunal concedió el recurso extraordinario de casación y, sin más, ordenó la remisión del expediente a esta corporación para la tramitación de la impugnación. De otra parte, el recurrente no perseveró en su obligación de solicitar la expedición de las copias para el cumplimiento del fallo recurrido. Esto significa que al haberse estructurado una causal de deserción, el recurso se debió inadmitir; empero, como el medio de impugnación fue admitido y tramitado hasta el estado de dictar sentencia, resulta pertinente analizar si esa ilegalidad vincula a la Corte o si, por el contrario, permite apartarse de su propia decisión para sustituirla por un fallo abstencionista, en consideración a que el estado actual del proceso autoriza el reexamen del punto.

2. Tradicionalmente se había sostenido que cuando erradamente se declaraba admisible el recurso de casación, el auto respectivo no obligaba a la Corte a tomar decisión de fondo, porque “si al entrar en el examen detenido del recurso propuesto advierte que le ha dado cabida sin fundamento legal, mal procedería atribuyéndole el auto admisorio capacidad para comprometerla en un nuevo error de asumir una competencia de que carece”, pues al no tener el auto en cuestión fuerza de sentencia, o siguiendo el postulado que lo interlocutorio no ata a lo definitivo, “no cohíbe a la Corte para declarar en providencia posterior improcedente el recurso”.

El anterior criterio, constante e invariable, se puso en entredicho en decisión discutida de 20 de septiembre de 1994, obtenida con la intervención de un conjuez, argumentándose que si a pesar de ser ejecutable el fallo del tribunal se concede el recurso de casación sin reparo alguno de las partes, ni de la Corte al admitirlo, debe pronunciarse sentencia de fondo, porque si bien “el ordenamiento procedimental debe acatarse”, esa normatividad no puede interpretarse y aplicarse con tanto rigor que el denominado derecho sustancial termine sacrificado por aquél, pues ello conllevaría a desconocer el principio universal según el cual el fin de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial (CPC, art. 4º), o como se afirmó en las discusiones de dicho principio por el constituyente de 1991 (art. 228), el “descuido del juez o de los abogados no puede sacrificar el derecho sustancial. Habrá un instante en que, si no se alegaron vicios de procedimiento, estos se entienden saneados para dar paso a la sentencia de fondo”.

La doctrina acabada de mencionar resultó a la postre efímera por cuanto en sentencia de 18 de noviembre del mismo año, fue recogida, al considerarse que el derecho a recurrir en casación una sentencia susceptible de tal recurso, “presupone el cumplimiento de un conjunto de requisitos de procedibilidad que, no obstante ponerse ellos de manifiesto en diferentes etapas del procedimiento de conformidad con el cual el recurso ha de surtirse, todos en realidad producen a la postre un mismo efecto si no son satisfechos del modo que exige la ley, efecto consistente en impedir una resolución de fondo, estimatoria o desestimatoria, de las cuestiones que el recurrente aduce para justificar su impugnación”, pues “la eficacia prohibitiva que cualquiera de estos requisitos produce, es absoluta y se despliega con ese carácter en todas aquellas etapas, habida cuenta que, en situaciones normales, impide que a esas etapas se las pueda considerar como debidamente agotadas para pasar a la que sigue hasta llegar a la fase final de decisión del recurso, mientras que si por alguna circunstancia la secuela procesal avanza y culmina no obstante la falta de alguno de los requisitos en cuestión, se hace imposible cualquier pronunciamiento de mérito y así debe limitarse a registrarlo la Corte en su sentencia, restableciendo por lo tanto el imperio de las normas rituales que, debido precisamente a ese defecto no advertido en oportunidad, dejaron de aplicarse”.

3. En ese orden, reiterando la anterior doctrina sostenida por la corporación por muchos años de manera uniforme y constante, resulta bien claro que en el presente caso la Corte se encuentra impedida para resolver en el fondo el recurso de casación interpuesto, por cuanto, como se vio, el impugnante no ofreció caución para impedir el cumplimiento de la sentencia en la parte susceptible de ejecución, y porque, de otro lado, pese a la omisión del tribunal en ordenar la expedición de copias para el mismo propósito, dicha parte incumplió con la carga procesal de suplir esa omisión, lo cual trasluce, a no dudarlo, un abandono del recurso por parte del impugnante interesado.

Ahora, como el incumplimiento de esa carga procesal no puede traer consecuencias favorables, sino, por el contrario, adversas a quien no la observa, ese abandono se convierte, por ministerio de la ley, en un motivo de deserción que, por lo mismo, apareja la ejecutoria de la respectiva sentencia. Esa sola circunstancia trunca la competencia funcional de la Corte para enmendar los errores de procedimiento o de juzgamiento en que se dice incurrió el tribunal, razón por la cual cualquier actividad posterior a la firmeza de dicha sentencia, se torna indiscutiblemente en ineficaz.

Desde luego, el cometido de hacer efectivo el derecho sustancial, sólo se concibe frente a un instrumento válido y eficaz, formal y jurídicamente, pero ello no significa que necesariamente deba despacharse la decisión judicial acorde con las pretensiones deducidas en el libelo, sino a que se dicte una sentencia en un escenario donde se permita al juzgador realizar todo cuanto esté a su alcance para, respetando los principios mínimos de defensa y contradicción, sanear o superar los impedimentos y deficiencias de forma que anonadan el proceso.

En el caso concreto, esa tutela efectiva no se puede irrogar por cuanto, como se dijo, la actuación posterior a la sentencia es ineficaz y la eficacia del procedimiento es, a no dudarlo, presupuesto inexorable para la materialización del derecho, en uno u otro sentido. Además, la ilegalidad advertida, la deserción del recurso que por contera no habilita la competencia funcional de la Corte, no admite saneamiento de ninguna clase (CPC, art. 144, in fine). Aceptar otra postura sería como admitir que la efectivización del derecho sustancial, puede serlo dentro de un procedimiento irregular insuperable, lo cual desconocería las reglas que informan el derecho fundamental a un debido proceso.

4. Así las cosas, por evidente sustracción de materia, al no contar esta corporación con atribuciones para estudiar los cargos formulados contra la sentencia del tribunal, no cabe alternativa distinta, para salvar la ilegalidad anotada, que proferir sentencia inhibitoria.

DECISIÓN:

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se inhibe para resolver en el fondo el recurso de casación interpuesto por el demandado Pedro Claver Pérez Martelo contra la sentencia de 13 de septiembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sala de Familia, en el proceso incoado por el respectivo defensor de familia a favor de la menor Victoria Lucía Corena, hija de la señora Lucy Corena Urzola, frente al recurrente.

Por lo mismo, sin costas para ninguna de las partes.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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