Sentencia C-474 de julio 24 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expedientes D-9200 y D-9208 (acumulados)

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Demandas de inconstitucionalidad “contra el acto legislativo ‘Por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la administración de justicia y se dictan otras disposiciones’” (Exp. D-9200) y “contra el Acto Legislativo 7 de 2012 proyecto de Acto Legislativo 143 de 2011 Cámara, 7 de 2011 Senado acumulado con los proyectos de Acto Legislativo 9 de 2011, 11 de 2011, 12 de 2011 y 13 de 2011 Senado por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política en relación a la administración de justicia y se dictan otras disposiciones” (Exp. D-9208)

Accionantes: Pablo Bustos Sánchez (D-9200) y Alfredo Castaño Martínez (D-9208)

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de 2013 de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Disposiciones acusadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, aprobado por las plenarias de Senado y Cámara de Representantes durante el segundo periodo ordinario y consecutivo de la legislatura (2011-2012)(5):

“Texto aprobado en sesión plenaria al proyecto de Acto Legislativo 143 de 2011 Cámara, 7 de 2011 Senado

Acumulado con los proyectos de Acto Legislativo 9 de 2011, 11 de 2011, 12 de 2011 y 13 de 2011 Senado por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la administración de justicia y se dictan otras disposiciones. (Segunda vuelta).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 1º—El artículo 28 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 28.—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La detención preventiva será excepcional y solo procederá para evitar que el imputado o procesado obstruya el debido ejercicio de la justicia, cuando resulte probable que no comparezca al proceso o no cumpla la sentencia, o cuando en el ejercicio de su libertad pueda poner en riesgo los derechos de terceros.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles’.

ART. 2º—El artículo 116 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 116.—La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la justicia penal militar.

La ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinados empleados judiciales, salvo proferir decisiones que pongan fin a los procesos y practicar pruebas en asuntos que se tramiten a través de procedimientos orales y por audiencias. En los procesos penales operará el principio de la inmediación.

La ley podrá atribuir, excepcionalmente y en materias precisas, función jurisdiccional a determinadas autoridades administrativas, salvo la de juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de funciones jurisdiccionales en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por la ley o por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

La ley podrá atribuir, excepcional y transitoriamente, función jurisdiccional en materias precisas a abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos para fines de descongestión judicial. La ley establecerá los requisitos que se deben cumplir para ejercer esta función, los casos en que ella se ejercerá de manera voluntaria y su régimen de remuneración o incentivos. Estos particulares en ningún caso podrán conocer asuntos penales, contencioso administrativos, disciplinarios o acciones constitucionales.

De manera excepcional, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales en materias precisas a ciertos funcionarios de los centros de arbitraje, de los centros de conciliación y de las notarías.

Las decisiones adoptadas por empleados judiciales, autoridades administrativas, abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos, notarios, centros de conciliación y centros de arbitraje en procesos no arbitrales cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, serán apelables ante el superior funcional del juez que hubiese sido el competente en caso de haberse optado por la vía judicial, si dicho recurso fuere procedente de conformidad con la ley. La ley establecerá las tarifas, tasas o remuneraciones por concepto de las funciones jurisdiccionales que desempeñen las personas y entidades a que se refiere este artículo, según corresponda, así como los eventos en que habrá lugar a ellas, sin que puedan exceder lo que por concepto de arancel judicial hubiere percibido la rama judicial en caso de haberse acudido a ella.

PAR. 1º—En cada municipio habrá al menos un juez, cualquiera que sea su categoría y en cada departamento habrá al menos un tribunal administrativo y un tribunal superior de distrito judicial.

PAR. 2º—En relación con la atribución de funciones jurisdiccionales a abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos, la ley establecerá las condiciones de temporalidad de este mecanismo de descongestión y la autoridad competente para hacer la evaluación de gestión e impacto con el fin de determinar la conveniencia o no de su continuidad’.

ART. 3º—El artículo 156 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 156.—La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Gobierno Judicial, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones’.

ART. 4º—El artículo 174 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 174.—Corresponde al Senado:

1. Adelantar el juicio político contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra el vicepresidente de la República, previa solicitud de la Cámara de Representantes.

2. Adelantar el juicio político contra los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Nacional de Disciplina Judicial por conductas cometidas en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, y contra el Fiscal General de la Nación por estas conductas y por aquellas cometidas en el ejercicio de sus funciones administrativas, previa solicitud de la Cámara de Representantes, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos’.

ART. 5º—El artículo 175 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 175.—En los juicios políticos que se sigan ante el Senado, se observarán las siguientes reglas:

1. Radicada la solicitud de juicio político, el Senado deberá darle trámite, salvo que decida archivarla con las mayorías previstas en este artículo.

2. Las únicas sanciones que impondrá el Senado con ocasión del juicio político serán la separación del cargo y la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos.

También procederá la sanción fiscal contra los funcionarios mencionados en el numeral 1º del artículo 174 de la Carta, previo agotamiento del juicio público.

3. Las decisiones de archivo y de sanción temporal o definitiva al Presidente de la República o quien haga sus veces y al vicepresidente de la República serán adoptadas en sesión pública con los votos de las dos terceras partes de los integrantes del Senado. Se requerirán los votos de la mitad más uno de los miembros para tomar estas decisiones en relación con los funcionarios enunciados en el numeral 2º del artículo 174 de la Carta.

4. Si la conducta es de competencia de la Corte Suprema de Justicia, impuesta por el Senado una de las sanciones mencionadas en el inciso 1º del numeral 2º de este artículo, este remitirá el acta de la sesión correspondiente a la Corte Suprema de Justicia para que adelante el proceso penal o disciplinario, según sea el caso.

5. En el caso de los aforados enunciados en el numeral 2º del artículo 174 de la Constitución, si la conducta es de la competencia de la Contraloría General de la República, impuesta la sanción por el Senado, este remitirá el acta de la sesión correspondiente a dicho ente de control para que adelante el correspondiente proceso fiscal’.

ART. 6º—El artículo 178 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 178.—La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales:

1. Elegir el Defensor del Pueblo.

2. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente el Contralor General de la República.

3. Archivar las denuncias o quejas infundadas o temerarias contra los funcionarios a los que se refiere el artículo 174 de la Constitución.

4. Presentar ante el Senado solicitud de juicio político para el Presidente de la República o quien haga sus veces y el vicepresidente de la República, previa aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara, por conductas que puedan constituir delitos, causales de indignidad o mala conducta, o faltas disciplinarias o fiscales, según la Constitución y la ley. Si los funcionarios mencionados en este numeral hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, la solicitud solo procederá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de sus funciones.

5. Presentar ante el Senado solicitud de juicio político para los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, previa aprobación de la mayoría de los integrantes de la Cámara, por conductas cometidas en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y para el Fiscal General de la Nación por estas conductas y por aquellas cometidas en el ejercicio de sus funciones administrativas que puedan constituir delitos, causales de indignidad o de mala conducta, o faltas disciplinarias o fiscales, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos.

6. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de sus funciones, en especial las atribuidas en los numerales 4º y 5º de este artículo.

PAR. 1º—Para efectos de lo estipulado en los numerales 4º y 5º de este artículo, la Cámara de Representantes elegirá una comisión de aforados constitucionales. La ley orgánica que consagra el reglamento del Congreso determinará su composición, los requisitos que deben acreditar quienes aspiren a integrarla, sus atribuciones y los procedimientos que deberán surtir para rendirle informe a la plenaria de la Cámara de Representantes.

PAR. 2º—La denuncia o queja que se formule contra los servidores públicos a los que se refiere este artículo se presentará mediante escrito con diligencia de presentación personal del denunciante y acompañado de las pruebas que obren en su poder o de la relación de las pruebas que deban practicarse. Las denuncias que no sean de competencia de la comisión de aforados constitucionales serán remitidas inmediatamente por la secretaría general de la Cámara a la autoridad competente. La ley establecerá las garantías y mecanismos de protección de los ciudadanos que presenten denuncias o quejas contra los aforados mencionados en este artículo.

En todo caso, con base en el deber general del Estado de investigar de oficio las conductas de los aforados mencionados en este artículo que puedan constituir delitos, faltas disciplinarias y fiscales, causales de indignidad o de mala conducta, cuando la Cámara de Representantes tenga conocimiento de la ocurrencia de ellas, dará traslado de las mismas a la comisión o al organismo competente para su investigación de oficio de conformidad con la Constitución y la ley.

PAR. 3º—Las decisiones proferidas por el Senado en cumplimento de lo dispuesto en los artículos 174 y 175, y por la Cámara en virtud de lo indicado en este artículo, son de naturaleza política y, por tanto, no implican el ejercicio de función jurisdiccional o administrativa. En consecuencia, no tendrán acción ni recurso alguno ante otra autoridad, estarán precedidas de un procedimiento breve y sencillo, y de ellas no se desprenderá responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal para los Congresistas.

Cuando exista conflicto de intereses en el debate y votación de los juicios políticos, para todos los efectos de conformación de quórum y toma de decisiones se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la cámara respectiva, excluidos aquellos que tuvieren conflicto de intereses aceptado en relación con un asunto determinado.

PAR. TRANS.—A partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo, la Cámara de Representantes continuará ejerciendo sus funciones de conformidad con las normas vigentes, en todo cuanto no contradiga este acto legislativo, y para su cumplimiento las mesas directivas de Senado y Cámara expedirán los reglamentos respectivos.

Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de este acto legislativo, el Congreso aprobará la modificación a la ley orgánica mediante la cual se adopta el reglamento del Congreso de la República, en relación con las funciones previstas en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política de Colombia’.

ART. 7º—Modifíquese el artículo 183 de la Constitución Política, el cual quedará así:

‘ART. 183.—Con el fin de preservar la dignidad de la investidura del congresista y enaltecer sus responsabilidades y funciones, se adelantará un juicio autónomo de reproche ético ante el Consejo de Estado que podrá dar lugar a la pérdida de la investidura del congresista en los casos de grave perjuicio para el Congreso y para el interés colectivo que se enuncian a continuación:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades.

2. Por violación del régimen de conflicto de intereses, salvo cuando los congresistas participen en el debate y votación de proyectos de acto legislativo y en los debates de control político.

3. Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura, salvo que medie fuerza mayor, caso fortuito o causa justificada previamente autorizada por la mesa directiva.

4. Por apropiarse, en su provecho o el de terceros, de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.

5. Por utilizar indebidamente en provecho propio o de su cónyuge o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, o civil, primero de afinidad, con el fin de obtener un beneficio de parte de un servidor público en un asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer en razón de sus funciones.

La ley regulará las causales previstas en la Constitución.

PAR. 1º—Cuando un congresista no tome posesión del cargo dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de instalación del Congreso, ni el candidato ni el partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos al que este pertenezca tendrán derecho a suma alguna por concepto de la reposición de los votos obtenidos por aquel, los cuales no se computarán para efectos del umbral y la cifra repartidora del partido correspondiente, salvo que medie fuerza mayor, caso fortuito o causa justificada previamente autorizada por la mesa directiva.

PAR. 2º—La causal de pérdida de investidura a que se refiere el artículo 110 de la Constitución Política, no será aplicable a los miembros de las corporaciones públicas.

PAR. TRANS.—Las sentencias de pérdida de investidura que estén en firme al momento de la entrada en vigencia del presente acto legislativo conservarán plena validez’.

ART. 8º—El artículo 184 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 184.—El proceso de pérdida de investidura de congresistas se adelantará con sujeción a las siguientes reglas:

1. La solicitud de pérdida de investidura podrá ser formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano mediante escrito con diligencia de presentación personal acompañado de las pruebas que obren en su poder o de la relación de las que deban practicarse. Deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho y las razones jurídicas que el demandante considere relevantes para estructurar una causal de pérdida de investidura.

Quienes presenten demandas temerarias de pérdida de investidura serán condenados a pagar las costas del proceso.

2. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la Constitución y la ley en un término no mayor de cuarenta (40) días hábiles por cada una de las dos instancias, los cuales se contarán a partir de la fecha de ejecutoria del auto admisorio de la demanda o de la ejecutoria de la providencia que admita el recurso de apelación, según el caso.

La ley determinará los términos de caducidad y de prescripción de la acción.

3. La declaratoria judicial de nulidad de la elección de congresista no impedirá la declaratoria de pérdida de investidura cuando a esta haya lugar por las causales previstas en la Constitución y la ley.

4. El proceso de pérdida de investidura tendrá dos instancias. El reglamento del Consejo de Estado determinará el reparto que deba hacerse de los procesos entre sus secciones, para su conocimiento en primera instancia por el pleno de la sección correspondiente. La decisión de segunda instancia será adoptada con los votos de las tres quintas partes de los consejeros de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo con exclusión de los consejeros que hubieran conocido del asunto en primera instancia.

PAR. TRANS. 1º—Los expedientes que estén pendientes de fallo al momento de la entrada en vigencia del presente acto legislativo serán remitidos por reparto a las distintas secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para continuar con su trámite en primera instancia. En todo caso, las etapas, los trámites surtidos y las sentencias ejecutoriadas conservarán plena validez. Igual procedimiento se surtirá en los demás procesos que se adelanten ante la jurisdicción contenciosa administrativa en contra de los congresistas.

PAR. TRANS. 2º—Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, se radicará el proyecto de ley que reglamente esta acción, especialmente en cuanto a caducidad y prescripción’.

ART. 9º—El artículo 186 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 186.—La investigación y el juzgamiento de los delitos que cometan los congresistas se regirán por lo establecido en el parágrafo 2º del artículo 235 de la Constitución’.

ART. 10.—El inciso 3º del artículo 197 de la Constitución quedará así:

‘ART. 197.—(...).

Ministro, director de departamento administrativo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado, consejero del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, miembro del Consejo de Gobierno Judicial, de la junta ejecutiva de administración judicial o del Consejo Nacional Electoral, gerente de administración judicial, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, comandantes de las Fuerzas Militares, director general de la Policía, gobernador de departamento o alcaldes.

(...).

ART. 11.—Adiciónese un numeral 3º al artículo 201 de la Constitución Política, del siguiente tenor:

‘ART. 201.—Corresponde al gobierno, en relación con la rama judicial:

(...).

3. Liderar el diseño, ejecución y evaluación de la política criminal del Estado’.

ART. 12.—El artículo 228 de la Constitución Política de Colombia quedará así:

‘ART. 228.—La administración de justicia es una función pública y un servicio público. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

Toda persona tiene derecho a que sus controversias se resuelvan mediante procesos jurisdiccionales de duración razonable. La ley fijará los términos máximos que tendrán quienes ejercen funciones jurisdiccionales para resolver los asuntos o procesos sometidos a su conocimiento so pena de que se produzca la pérdida de competencia para seguir conociendo del respectivo trámite y la remisión del expediente a quien sea competente, sin perjuicio de las demás consecuencias que señale la ley.

La rama judicial tendrá autonomía presupuestal, patrimonial y administrativa, de conformidad con su régimen legal de naturaleza estatutaria y con el estatuto orgánico de presupuesto.

A la rama judicial se le asignarán, en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, los recursos necesarios para que la administración de justicia se mantenga al día, se garantice el acceso oportuno y eficiente a la misma, se atienda su demanda sin dilaciones y se financien programas de acceso a la justicia para la población en situación de vulnerabilidad.

PAR.—El Gobierno Nacional garantizará los medios y los recursos necesarios para el funcionamiento de la jurisdicción especial indígena.

PAR. TRANS.—Durante los seis (6) años fiscales siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, en el Presupuesto General de la Nación se apropiarán para el sector jurisdiccional de la rama judicial, en total, dos (2) billones de pesos adicionales a su presupuesto ordinario de inversión, en las cuotas que el legislador estime pertinentes de conformidad con el proyecto de presupuesto del sector jurisdiccional de la rama judicial, los cuales no harán base presupuestal y se destinarán a la ejecución de planes de descongestión en todas las jurisdicciones; a la implementación de los procedimientos orales y por audiencias; al uso, acceso y dotación de tecnologías de la información y las comunicaciones; y a la infraestructura que garantice la adecuada atención de los ciudadanos y la eficiente tramitación de los procesos. La apropiación de estos recursos no requerirá aval del Gobierno Nacional.

La forma en que se apropiarán los recursos adicionales de que trata este parágrafo dependerá de los planes y programas de inversión que a pruebe para tal fin el Consejo de Gobierno Judicial, el cual deberá informar anualmente al Congreso de la República en audiencia pública los resultados, metas y planes establecidos con miras a la continuidad de los desembolsos a los que se refiere este parágrafo.

Durante los próximos diez (10) años, el presupuesto ordinario de funcionamiento e inversión del sector jurisdiccional de la rama judicial aumentará, como mínimo, en un porcentaje equivalente a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior más dos puntos porcentuales’.

ART. 13.—El artículo 229 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 229.—Se garantiza el derecho de toda persona a acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogados.

La ley establecerá los asuntos en que podrá cobrarse arancel judicial, así como la estructuración, destinación y causación de dicha contribución’.

ART. 14.—El artículo 231 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 231.—Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación mediante el voto afirmativo de las tres quintas (3/5) partes de sus miembros, de listas de diez (10) candidatos conformadas por el Consejo de Gobierno Judicial, previa convocatoria pública realizada bajo criterios objetivos y de conformidad con los principios de transparencia y publicidad.

En la integración de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio de adecuado equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la rama judicial y de la academia. La ley o, en su defecto, el reglamento interno de cada una de estas corporaciones, tomará las previsiones necesarias para dar cumplimiento a este criterio de integración’.

ART. 15.—El artículo 232 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 232.—Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

2. Ser abogado.

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

4. Haber desempeñado, durante veinte (20) años, cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público o haber ejercido con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

PAR.—El requisito de veinte (20) años de experiencia al que se refiere el numeral 4º de este artículo solo será aplicable a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, en cualquiera de sus salas o secciones, a los magistrados del Consejo Nacional de Disciplina Judicial y al Fiscal General de la Nación. En las demás remisiones constitucionales, legales o reglamentarias a este artículo, la experiencia exigida para acceder a los cargos o empleos correspondientes será de diez (10) años, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 280 de la Constitución Política.

PAR. TRANS.—Los requisitos previstos en los numerales 1º a 4º de este artículo serán aplicables a la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que se postulen para tales cargos a partir de la entrada en vigencia del presente acto legislativo’.

ART. 16.—El artículo 233 de la Constitución Política, quedará así:

‘ART. 233.—Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para periodos individuales de doce (12) años, sin posibilidad de reelección y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de setenta (70) años. Estos magistrados no podrán ser elegidos, con posterioridad, en otra de las corporaciones judiciales a las que se refiere este inciso, y no podrán optar a los cargos de Procurador, Contralor o Fiscal General de la Nación durante el periodo de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro.

Los magistrados mencionados en el primer inciso de este artículo tampoco podrán ser elegidos a cargos de elección popular durante el periodo de ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su retiro. A esta última inhabilidad estarán sujetos también los miembros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, del sistema nacional de gobierno y administración judicial, de la junta ejecutiva de administración judicial, del Consejo Nacional Electoral, y el gerente de administración judicial.

PAR. TRANS.—El periodo y la edad de retiro forzoso a los que se refiere el inciso primero de este artículo serán aplicables a los actuales magistrados hasta que completen un periodo total de doce (12) años contados a partir de su posesión o cumplan la edad de setenta (70) años’.

ART. 17.—El artículo 235 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 235.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

2. Investigar y juzgar a los funcionarios de que trata el artículo 174 de la Constitución, una vez surtido el trámite previsto en el artículo 175 de la Constitución.

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República, al Auditor General de la República y al Registrador Nacional del Estado Civil aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a los ministros del despacho, al Defensor del Pueblo, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos; a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular; a los gobernadores; a los magistrados de tribunales; y a los generales y almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional.

6. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley.

7. Darse su propio reglamento.

8. Las demás atribuciones que señale la ley.

PAR. 1º—Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.

PAR. 2º—La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de Investigación y Calificación integrada por seis (6) magistrados con las calidades exigidas para los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos para periodos de ocho (8) años por la Corte Constitucional de ternas presentadas a razón de dos (2) por el Presidente de la República, dos (2) por el Fiscal General de Nación y dos (2) por el Procurador General de la Nación. Por cada denuncia radicada o por cada actuación iniciada de oficio contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo, tres (3) de estos magistrados adelantarán la etapa de investigación penal de conformidad con las normas de reparto y rotación de procesos que establezca el reglamento respectivo y los tres (3) restantes decidirán los recursos de apelación que se interpongan contra los autos proferidos durante la etapa de investigación que, de acuerdo con las normas procesales aplicables, sean apelables.

Los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo solo podrán ser privados de la libertad una vez exista en su contra resolución de acusación en firme o su equivalente, salvo que sean aprehendidos en caso de flagrante delito. En el caso de los aforados enunciados en este inciso, la Sala de Investigación y Calificación contará con un término máximo de dos (2) años a partir de la recepción de la noticia criminis para abrir la investigación formal o proferir auto inhibitorio debidamente motivado, o sus equivalentes, término que será de tres (3) años cuando se presente concurso de delitos o cuando sean tres o más los investigados. Estos términos podrán ser prorrogados hasta por un año más mediante auto motivado.

La primera instancia en la etapa de juzgamiento en los procesos penales que se adelanten contra los aforados a que se refieren los numerales 2º, 3º y 4º de este artículo será conocida por cinco (5) magistrados con las mismas calidades exigidas para los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos para periodos de ocho (8) años por la Corte Constitucional de listas conformadas mediante convocatoria pública.

PAR. 3º—La segunda instancia en la etapa de juzgamiento de los aforados mencionados en los numerales 2º, 3º y 4º de este artículo se adelantará por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, previa ponencia de la Sala de Casación Penal.

PAR. 4º—La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de Investigación y Juzgamiento Disciplinario encargada de conocer de las faltas disciplinarias de los funcionarios mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo. Esta Sala estará integrada por seis (6) magistrados elegidos para periodos de 8 años a razón de uno (1) por el Presidente de la República, uno (1) por el Congreso de la República, uno (1) por el Consejo de Gobierno Judicial, uno (1) por el Fiscal General de la Nación, uno (1) por el Procurador General de la Nación y (1) por el Contralor General de la República. Tres (3) de ellos conocerán del proceso en primera instancia y los tres (3) restantes en segunda instancia, según el sistema de reparto rotativo que para ello diseñe la misma sala.

PAR. 5º—Los magistrados que integren las salas a las que se refieren los parágrafos 2º y 4º de este artículo no integrarán la Sala de Casación Penal ni la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y no podrán ser elegidos con posterioridad como magistrados de ninguna otra corporación judicial.

PAR. 6º—Los procesos penales que se adelanten contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán juzgados en segunda instancia por salas de conjueces designadas por la Corte Constitucional mediante sorteo de una lista de conjueces que esta última Corte elaborará para tal propósito con vigencia de ocho (8) años.

Cuando se trate de procesos penales contra magistrados de la Corte Constitucional, los magistrados de las Salas de Investigación y Calificación y de Juzgamiento a las que se refiere el parágrafo segundo de este artículo serán reemplazados por conjueces designados por el Consejo de Estado mediante sorteo de una lista de conjueces que este elaborará para tal propósito con vigencia de ocho (8) años.

Cuando se trate de procesos penales contra el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación o el Procurador General de la Nación, los magistrados de la Sala de Investigación y Calificación mencionada en el parágrafo 2º de este artículo que hayan sido postulados o elegidos por el aforado correspondiente serán reemplazados por conjueces designados por el Consejo de Estado mediante sorteo de una lista de conjueces que este elaborará para tal propósito con vigencia de ocho (8) años.

PAR. 7º—La denuncia o queja penal, administrativa fiscal y disciplinaria que se formulen contra los congresistas y aforados mencionados en el numeral 2º del artículo 174 de la Constitución Política por conductas que no requieran juicio político ante el Congreso se radicará ante la instancia correspondiente según sea el caso, mediante escrito con diligencia de presentación personal del denunciante y acompañado de las pruebas que obren en su poder o de la relación de las que deben practicarse y que la respaldan. La ley establecerá las garantías y mecanismos de protección de los ciudadanos que presenten denuncia o queja contra los aforados mencionados en este artículo.

PAR. TRANS. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo sobre investigación y juzgamiento penal de aforados constitucionales se regirá por la Ley 600 de 2000, entre tanto el legislador no tome una decisión distinta.

PAR. TRANS. 2º—Dentro de los quince (15) días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación, presentarán a consideración de la Corte Constitucional las ternas para elegir a los miembros de la Sala de Investigación y Calificación de que trata el parágrafo segundo de este artículo. En el mismo término, la Corte Constitucional conformará la lista para la elección de los miembros de Sala de Juzgamiento en primera instancia.

La Corte Constitucional tendrá un plazo adicional de quince (15) días para hacer los nombramientos de los magistrados con base en las ternas enviadas y la lista conformada, respectivamente.

PAR. TRANS. 3º—Una vez entre en vigencia el presente acto legislativo, todas las indagaciones preliminares e investigaciones formales que esté adelantando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo, serán remitidas en el estado en que se encuentren a la Sala de Investigación y Calificación de la Corte Suprema de Justicia para que siga conociendo de ellas; y los juicios que esté adelantando aquella sala contra los aforados mencionados en los numerales 2º, 3º y 4º serán remitidas a la Sala de Juzgamiento de primera instancia de que habla el parágrafo segundo de este artículo, cuya sentencia será susceptible de apelación ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Hasta tanto estas nuevas salas asuman la competencia de estos procesos, se suspenderán los términos procesales y la prescripción de la acción penal.

Los empleados judiciales de la Corte Suprema de Justicia que al momento de la entrada en vigencia del presente acto legislativo presten apoyo en los asuntos que, en adelante, serán de competencia de las Salas mencionadas en el parágrafo segundo de este artículo, pasarán a ser parte de estas hasta tanto el Consejo de Gobierno Judicial no cree la nueva planta.

Todo lo actuado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el marco de las indagaciones preliminares, las investigaciones y los juicios adelantados hasta la entrada en vigencia del presente acto legislativo conservarán plena validez. Por lo tanto, todas las providencias expedidas en virtud de las competencias constitucionales aquí modificadas no podrán ser objeto de solicitud de revocatoria en razón de lo estipulado en el presente acto legislativo.

PAR. TRANS. 4º—Una vez entre en vigencia el presente acto legislativo, las investigaciones disciplinarias que se estén adelantando contra los aforados mencionados en los numerales 2º y 3º de este artículo serán remitidas a la Sala de Investigación y Juzgamiento disciplinario de la Corte Suprema de Justicia en el estado en el que se encuentren’.

ART. 18.—Modifíquese el último inciso del numeral 1º y el numeral 2º del artículo 250 de la Constitución Política, los cuales quedarán así:

‘ART. 250.

(...).

1. (...).

La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar capturas de manera excepcional y en concordancia con los principios constitucionales. Igualmente, la ley fijará los límites, delitos, eventos y circunstancias en que proceda la captura. En estos casos, el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Excepcionalmente y atendiendo las circunstancias especiales en que se producen ciertas capturas, la ley establecerá que la función de control de garantías se realice en un término superior, el cual no podrá exceder de setenta y dos (72) horas.

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Excepcionalmente y atendiendo las circunstancias especiales en que se producen ciertos registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones, la ley establecerá que la función de control de garantías se realice en un término superior, el cual no podrá exceder de setenta y dos (72) horas...’.

ART. 19.—El título del capítulo séptimo del título octavo de la Constitución Política, quedará así:

‘Capítulo 7

Sistema de gobierno y administración judicial y Consejo Nacional de Disciplina Judicial’

ART. 20.—El artículo 254 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 254.—El sistema nacional de gobierno y administración judicial estará integrado por tres (3) niveles, así:

a) El Consejo de Gobierno Judicial, integrado por siete (7) miembros:

1. El Presidente de la Corte Constitucional o su vicepresidente, cuando este fuere delegado.

2. El Presidente del Consejo de Estado o su vicepresidente, cuando este fuere delegado.

3. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia o su vicepresidente, cuando este fuere delegado.

4. Un delegado de los magistrados de tribunal, elegido en la forma que lo determine el reglamento del Consejo de Gobierno Judicial.

5. Un delegado de los jueces, elegido en la forma que lo determine el reglamento del Consejo de Gobierno Judicial.

6. Un delegado de los empleados judiciales, elegido en la forma que lo determine el reglamento del Consejo de Gobierno Judicial.

7. Un delegado de las facultades de derecho de las universidades con acreditación de alta calidad, elegido en la forma que lo determine el reglamento del Consejo de Gobierno Judicial.

A las sesiones del Consejo de Gobierno Judicial asistirán, con voz pero sin voto, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación, los miembros de la junta ejecutiva de administración judicial y el gerente de administración judicial. De cada una de estas sesiones se levantará un acta, la cual será de conocimiento público.

La Presidencia del Consejo de Gobierno Judicial será ejercida, de manera alternada, por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, de conformidad y por el periodo que estipule el reglamento del consejo de gobierno judicial atendiendo el criterio de estabilidad en su conformación. El Presidente del Consejo de Gobierno Judicial será el representante y vocero del sector jurisdiccional ante las demás ramas y órganos del poder público y, como tal, deberá presentar informe anual ante el Congreso de la República sobre el estado de la administración de justicia, sobre los resultados, metas y planes establecidos para efectos de lo previsto en el parágrafo transitorio del artículo 228 de la Carta, y podrá explicar el anteproyecto de presupuesto del sector jurisdiccional de la rama judicial a las comisiones conjuntas del Senado y la Cámara durante el trámite del mismo.

El reglamento de cada corporación determinará los casos en que su Presidente puede ser relevado de ciertas funciones jurisdiccionales con el fin de atender las competencias derivadas de su participación en el Consejo de Gobierno Judicial.

b) La junta ejecutiva de administración judicial, integrada por tres (3) miembros:

1. Un delegado permanente de la Corte Constitucional.

2. Un delegado permanente de la Corte Suprema de Justicia.

3. Un delegado permanente del Consejo de Estado.

Estos delegados deberán ser profesionales en derecho, economía o administración, con título de posgrado en ciencias administrativas, económicas o financieras y tendrán, como mínimo, veinte (20) años de experiencia profesional relacionada con dichas disciplinas o con el diseño de políticas públicas en materia de justicia. Serán designados libremente para periodos de cuatro (4) años por la respectiva corporación delegante, de la cual no podrán haber sido miembros.

c) La gerencia de administración judicial.

PAR. TRANS. 1º—El Consejo de Gobierno Judicial y la junta ejecutiva de administración judicial empezarán a ejercer sus funciones dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, al cabo de los cuales asumirán los asuntos de los que esté conociendo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con la distribución de competencias prevista en este acto legislativo. Todas las actuaciones y decisiones que estén en firme a la entrada en vigencia del presente acto legislativo conservarán plena validez y vigencia. Durante el lapso de tres (3) meses antes mencionado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura seguirá ejerciendo sus funciones.

Así mismo se garantizarán los derechos de las personas que se encuentren en listas de elegibles para proveer dichos cargos.

PAR. TRANS. 2º—El Consejo Nacional de Disciplina Judicial empezará a ejercer sus funciones dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, al cabo de los cuales asumirá los asuntos de los que esté conociendo la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con las competencias atribuidas a aquel en este acto legislativo. Todas las actuaciones y decisiones que estén en firme en ese momento conservarán plena validez y vigencia. Durante este lapso, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura seguirá ejerciendo sus funciones, con excepción del conocimiento de acciones de tutela.

Para tal efecto, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República presentarán a consideración del Congreso de la República las ternas para elegir a los miembros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial; y el Congreso contará con un plazo adicional de cuarenta (40) días calendario para realizar la respectiva elección’.

ART. 21.—El artículo 255 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 255.—La gerencia de administración judicial es la encargada de ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto y de administrar el recurso humano, el sistema único de información y estadísticas judiciales y las demás actividades administrativas de la rama, con sujeción a las políticas que dicte el Consejo de Gobierno Judicial. Las estadísticas judiciales deberán ser producidas, procesadas y difundidas conforme a los protocolos estadísticos establecidos por la autoridad nacional competente.

El gerente de administración judicial deberá ser profesional, con título de posgrado en ciencias administrativas, económicas o financieras y tener, como mínimo, veinte (20) años de experiencia profesional relacionada, de los cuales diez (10) deben corresponder al diseño, ejecución o evaluación de políticas públicas, la administración pública o la gestión de la rama judicial. Su periodo será de cuatro (4) años’.

ART. 22.—El artículo 256 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 256.—Corresponde al Consejo de Gobierno Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones:

1. Diseñar y fijar las políticas del sector jurisdiccional de la rama judicial con el fin de lograr una adecuada y oportuna administración de justicia.

2. Presentar, a través de su presidente, informes al Congreso de la República.

3. Fijar la división del territorio para efectos judiciales, así como los lineamientos para la creación, ubicación, redistribución, fusión, traslado, transformación y supresión de tribunales, las salas de estos, los juzgados y cargos.

4. Aprobar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia y para la descongestión de los despachos judiciales, así como los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos.

5. Aprobar la reglamentación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, de la carrera judicial y del empleo de tecnologías de la información y las comunicaciones en el servicio judicial con efectos procesales, en los aspectos no previstos por el legislador.

6. De acuerdo con los objetivos, los criterios y los límites generales que establezca la ley, revisar, reasignar o fijar competencias de los despachos judiciales en cualquiera de los niveles de la jurisdicción, a instancias de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, para cada una de sus respectivas jurisdicciones, o del gerente de administración judicial por razones de necesidad o de conveniencia apoyadas en estudios que evidencien una grave situación de congestión actual o inminente con la finalidad de garantizar la mejor prestación del servicio.

7. Aprobar el proyecto de plan sectorial de desarrollo.

8. Aprobar el proyecto de presupuesto del sector jurisdiccional de la rama judicial, que deberá ser remitido al gobierno.

9. Decidir sobre la creación de jueces con competencia nacional y sobre el cambio de radicación y el traslado de procesos judiciales de cualquier jurisdicción, cuando la ley no atribuya tal competencia a otra autoridad judicial.

10. Elegir al gerente de administración judicial, al auditor de la rama judicial y al director de la escuela de la rama judicial.

11. Organizar la escuela de la rama judicial.

12. Recibir y evaluar en sesión ordinaria los informes de las comisiones al exterior otorgadas a los magistrados o jueces de la República, distintas de las destinadas al cumplimiento de su función jurisdiccional.

13. Elaborar las listas de elegibles, previa convocatoria pública, para la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En el acta respectiva deberán constar los criterios que se tuvieron en cuenta para la elaboración de las mismas.

14. Darse su propio reglamento.

15. Las demás que le atribuya la ley.

PAR. TRANS. 1º—Las demás funciones atribuidas por la ley a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura serán asumidas por la junta ejecutiva de administración judicial, la cual podrá delegarlas en el gerente de administración judicial hasta tanto se expida la ley estatutaria a que hubiere lugar.

PAR. TRANS. 2º—Las funciones atribuidas por la ley a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura seguirán siendo ejercidas por ellas hasta tanto se expida la ley que atribuya tales funciones a otra autoridad del sistema nacional de gobierno y administración judicial.

PAR. TRANS. 3º—Se garantizarán sin solución de continuidad los derechos adquiridos y de carrera judicial, en cualquier situación administrativa en la que se encuentren, de quienes sean magistrados de las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura a través de su incorporación en otros cargos de igual o superior categoría en el sistema nacional de gobierno y administración judicial o en las demás corporaciones judiciales del país de igual categoría. Así mismo se garantizan los derechos de las personas que se encuentren en listas de elegibles para proveer dichos cargos.

PAR. TRANS. 4º—Una vez entre en vigencia el presente acto legislativo, el Consejo de Gobierno Judicial tomará de inmediato las medidas administrativas pertinentes para garantizar el cabal funcionamiento de las Salas a las que se refieren los parágrafos 2º y 4º del artículo 235 de la Constitución, a efectos de asegurar la continuidad de las actuaciones que pasan a ser de su competencia.

PAR. TRANS. 5º—Los servidores públicos no magistrados, que al momento de entrada en vigencia del presente acto legislativo se encuentren laborando en el Consejo Superior de la Judicatura y en los consejos seccionales de la judicatura, conservarán la misma forma de vinculación laboral que traían y los derechos propios de cada una de estas formas, bien sean de carrera judicial, de provisionalidad o de libre nombramiento y remoción.

La incorporación de los citados servidores públicos, será entonces en cargos de igual o superior categoría en el sistema nacional de gobierno y administración judicial o en las demás corporaciones judiciales del país’.

ART. 23.—Adiciónese un artículo nuevo a la Constitución, del siguiente tenor:

‘ART. 256 A.—Corresponde a la junta ejecutiva de administración judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones:

1. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir tribunales, las salas de estos, los juzgados y cargos cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, así como crear salas desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los distritos judiciales, de acuerdo con las necesidades de estos y de conformidad con la división del territorio y las decisiones que para tal fin tome el Consejo de Gobierno Judicial.

En ejercicio de esta atribución, la junta ejecutiva de administración judicial no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan del monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones.

De la misma manera, con el propósito de evitar situaciones de congestión que puedan dilatar la oportuna administración de justicia, se podrán crear en forma transitoria, en cualquier especialidad o nivel de la jurisdicción, despachos de descongestión que solo ejercerán las funciones que expresamente se precisen en su acto de creación y, por tanto, podrán quedar exonerados, entre otros aspectos, del conocimiento de procesos judiciales originados en acciones de tutela, populares, de cumplimiento, hábeas corpus y de asuntos administrativos propios de las corporaciones a las cuales sean adscritos.

2. Preparar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia y para la descongestión de los despachos judiciales, así como los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos.

3. Preparar la reglamentación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, de la carrera judicial y del empleo de tecnologías de la información y las comunicaciones en el servicio judicial con efectos procesales, en los aspectos no previstos por el legislador.

4. Administrar la carrera judicial.

5. Elaborar las listas para la designación y elección de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba designarlos, de acuerdo con el concurso de la rama judicial. Se exceptúa la jurisdicción penal militar, la cual se regirá por normas especiales.

6. Aprobar los estados financieros del sistema nacional de gobierno y administración judicial.

7. Velar por el cumplimiento de los planes y proyectos del plan sectorial de desarrollo.

8. Llevar el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia y expedir las tarjetas profesionales.

9. Llevar el control de gestión de calidad y expedir las directrices respectivas.

10. Aprobar el estatuto sobre expensas y costas con sujeción a la ley.

11. Analizar y rendir concepto ante el Consejo de Gobierno Judicial acerca de los estudios que presenten la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, para cada una de sus respectivas jurisdicciones, o el gerente de administración judicial como sustento de una solicitud de revisar, reasignar o fijar competencias de los despachos judiciales en cualquiera de los niveles de la jurisdicción.

12. Apoyar al gerente de administración judicial en la elaboración de los proyectos de plan sectorial de desarrollo y de presupuesto del sector jurisdiccional de la rama judicial.

13. Apoyar al director de la escuela de la rama judicial en la elaboración de los planes de formación y capacitación de los empleados y funcionarios judiciales.

14. Aprobar los planes de formación y capacitación de los empleados y funcionarios judiciales.

15. Darse su propio reglamento.

16. Las demás que le atribuya la ley.

PAR.—La ley podrá atribuir privativamente la función prevista en el numeral 8º de este artículo a un Colegio Nacional de Abogados, cuya creación y funcionamiento serán definidos por el legislador’.

ART. 24.—El artículo 257 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 257.—Corresponde al gerente de administración judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones y funciones:

1. Garantizar el eficiente funcionamiento del sistema judicial y promover el acceso a la justicia.

2. Establecer la estructura de la gerencia de administración judicial, así como designar y remover a los empleados de la misma.

3. Dotar a cada una de las jurisdicciones de la estructura administrativa y de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.

5. Hacer seguimiento permanente al empleo de tecnologías de la información y las comunicaciones en el servicio judicial.

6. Elaborar los proyectos de plan sectorial de desarrollo y de presupuesto del sector jurisdiccional de la rama judicial.

7. Elaborar el proyecto de estatuto sobre expensas y costas con sujeción a la ley.

8. Ejecutar el presupuesto del sector jurisdiccional de la rama judicial.

9. Elaborar la propuesta de división del territorio para efectos judiciales, la cual será remitida al Consejo de Gobierno Judicial.

10. Administrar un sistema único de estadísticas judiciales, de conformidad con los protocolos estadísticos establecidos por la autoridad nacional competente.

11. Representar judicial y contractualmente a la rama jurisdiccional.

12. Elaborar el informe anual de gestión que será remitido al Congreso de la República.

13. Las demás que le atribuya la ley’.

ART. 25.—La Constitución Política tendrá un artículo nuevo, del siguiente tenor:

‘ART. 257 A.—El Consejo Nacional de Disciplina Judicial estará integrado por nueve (9) consejeros elegidos por el Congreso de la República para periodos personales de cuatro (4) años, de ternas elaboradas a razón de dos (2) por la Corte Constitucional, dos (2) por Consejo de Estado, dos (2) por la Corte Suprema de Justicia y tres (3) por el Presidente de la República. Para ser miembro del Consejo Nacional de Disciplina Judicial es necesario contar con los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Corresponde al Consejo Nacional de Disciplina Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones jurisdiccionales, en los estrictos y precisos términos que se establecen a continuación:

1. Examinar la conducta y sancionar las faltas disciplinarias de los funcionarios y empleados de la rama judicial y de los auxiliares de la justicia.

2. Examinar la conducta y sancionar las faltas disciplinarias de los particulares, de los notarios y de autoridades administrativas cuando actúen en ejercicio de funciones jurisdiccionales, así como de los abogados.

3. Ejercer, de oficio o a solicitud de parte, el poder preferente disciplinario en relación con los procesos que se adelanten en ejercicio de la función disciplinaria en los consejos seccionales de disciplina judicial que cree el legislador, así como disponer el cambio de radicación de los mismos, en cualquier etapa.

4. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

5. Las demás que determine la ley.

PAR. 1º—La ley podrá atribuir privativamente la función de examinar la conducta y sancionar las faltas disciplinarias de los abogados a un Colegio Nacional de Abogados, cuya creación y funcionamiento serán definidos por el legislador. En este caso, el Consejo Nacional de Disciplina Judicial ejercerá, de oficio o a solicitud de parte, el poder preferente disciplinario en relación con los procesos que adelante dicho colegio.

PAR. 2º—El Consejo Nacional de Disciplina Judicial y los consejos seccionales que cree el legislador no conocerán de la acción de tutela.

PAR. TRANS. 1º—Se garantizarán sin solución de continuidad los derechos adquiridos y de carrera judicial en cualquier situación administrativa en la que se encuentren de quienes sean magistrados de las Salas Disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura a través de su incorporación en otros cargos de igual o superior categoría en el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, en los consejos seccionales que cree el legislador, en los tribunales superiores de distrito judicial o en los tribunales contencioso administrativos del país.

PAR. TRANS. 2º—Hasta tanto el legislador no defina la conformación, forma de elección y funciones de los consejos seccionales de disciplina judicial, los actuales consejos seccionales de la judicatura seguirán ejerciendo sus funciones de primera instancia. Estos consejos seccionales de la judicatura no podrán conocer de acciones de tutela’.

ART. 26.—El artículo 277 de la Constitución Política quedará así:

‘ART. 277.—El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.

2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.

3. Defender los intereses de la sociedad.

4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.

5. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.

6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas y no tengan otra autoridad disciplinaria prevista en la Constitución o la ley, inclusive de los funcionarios de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.

7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso.

9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria.

10. Las demás que determine la ley.

Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias’.

ART. 27.—Adiciónese a la Constitución Política un artículo transitorio del siguiente tenor:

‘ART. TRANS. 64.—El Congreso de la República, dentro del año siguiente a la expedición de este acto legislativo, aprobará una ley que efectúe una nivelación y diferenciación salarial para los funcionarios y empleados de la rama judicial’.

ART. 28.—Adiciónese un artículo 284 B a la Constitución Política, del siguiente tenor:

‘ART. 284 B.—Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, así como el cónyuge o compañero permanente de quien participe en la postulación, nominación o elección de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de los miembros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, del Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial y del Consejo Nacional Electoral, del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo, del Contralor General de la República, del Auditor General de la República y del Registrador Nacional del Estado Civil no podrán ser nombrados en ningún cargo dentro de la respectiva corporación o entidad durante el periodo de ejercicio de las funciones de quien resultare elegido en la misma ni dentro del año siguiente a su retiro, excepto aquellos cargos que por concurso de carrera administrativa o concurso de méritos ingresen a la respectiva corporación o entidad’.

ART. 29.—Adiciónese a la Constitución Política un artículo transitorio del siguiente tenor:

‘ART. TRANS. 65.—Cuando exista conflicto de intereses en el debate y votación de los proyectos de ley que desarrollen el presente acto legislativo, para todos los efectos de conformación de quórum y toma de decisiones se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación, excluidos aquellos que tuvieren conflicto de interés aceptado en relación con un asunto determinado’.

ART. NUEVO.—El artículo 134 Constitucional quedará así:

‘ART. 134.—Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes y solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, y renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación’.

ART. 30.—El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”.

(...).

VII. Consideraciones de la Corte Constitucional.

7.1. Solicitud de nulidad.

Mediante escrito presentado el 27 de julio de 2012, la secretaria jurídica de la Presidencia de la República solicita a la Corte la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en el proceso de la referencia, a partir del auto admisorio de la demanda.

Considera que tal solicitud es procedente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, “dado que la admisión (...) en ausencia de la competencia constitucional correspondiente constituye grave violación del debido proceso constitucional”(120). En su sentir, dicha disposición establece una regla de oportunidad, que se concreta en la presentación de la solicitud antes de que sea proferido el fallo, y una restricción material, consistente en que solo se puede alegar invocando motivos que impliquen violación del debido proceso, que puedan propiciar su anulación por la plenaria de la Corte.

Destaca que el primero de los presupuestos se encuentra cumplido y que el segundo hace relación al hecho de que la Corte Constitucional hubiera asumido la competencia de un proyecto de acto legislativo que no fue promulgado y que el Congreso de la República decidió archivar, luego de acoger las objeciones formuladas por el Gobierno Nacional, lo que conduce “a la afectación del debido proceso, pues comporta el ejercicio de las atribuciones de un juez, en este caso, el máximo juez constitucional, sin que cuente con jurisdicción ni competencia para adelantar el proceso, generando así un defecto sustancial y procedimental de la actuación con clara inobservancia de las normas aplicables a los procesos constitucionales”(121).

Manifiesta que aun cuando el artículo 6º del Decreto-Ley 2067 de 1991 autoriza que la definición de la competencia funcional de la Corte tiene lugar en la sentencia, ello no obsta para que en el curso del proceso pueda alegarse la nulidad; alcance que ha sido fijado por la jurisprudencia constitucional y es consecuente con los principios de eficiencia, economía y celeridad de la función judicial, en tanto “no tiene sentido que, verificada la falta de jurisdicción y competencia, el proceso deba agotar todo su trámite y esperar que se adopte una sentencia inhibitoria que desde ya puede avizorarse, en la que no habría espacio para ponderar las intervenciones de todas las personas e instituciones invitadas a pronunciarse sobre un problema jurídico cuya trascendencia no es fundamento para sustentar la competencia de la Corte para resolverlo, como se ha sugerido en el auto admisorio”(122).

Como razones que sustentan la falta de competencia de la Corte Constitucional señala, en primer término, que el artículo 241 de la carta política le confiere la facultad de decidir sobre las acciones de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra actos reformatorios de la Constitución, atribución que, al interpretarse armónicamente con los artículos 241-1, 242-3 y 379 superior, conlleva las siguientes reglas concurrentes: (i) La Corte tiene competencia para revisar actos legislativos; (ii) su ejercicio tiene lugar mediante la presentación de la acción pública de inconstitucionalidad; (iii) el juicio de inexequibilidad únicamente recae sobre vicios de procedimiento en su formación; y (iv) el examen solo puede tener lugar una vez ha sido promulgado el acto legislativo. Sobre este particular manifiesta:

“[L]a Corte Constitucional solo asume competencia cuando está en presencia de los cuatro requisitos indicados. A falta de uno de ellos, la Corte está jurídicamente impedida para revisar la constitucionalidad del acto que se pone a su consideración”(123).

De otra parte, destaca que la falta de competencia en esta oportunidad se produce porque lo demandado no es un acto legislativo, sino un proyecto de acto legislativo; y adicionalmente porque el requisito de la promulgación nunca tuvo lugar, lo cual significa que no ha producido efectos jurídicos, esto es, porque la Constitución Política no ha sido reformada.

Refiere que el objeto de la función de la Corte Constitucional es actuar como guardiana de la carta política y no como juez del Congreso, lo cual encuentra manifestación en que (i) no es posible que el control recaiga sobre los proyectos de ley y (ii) es improbable revisar genéricamente la constitucionalidad de las leyes, por lo que su ámbito funcional se circunscribe al estudio de las demandas de inconstitucionalidad. De esta manera, recalca que el Tribunal Constitucional no tiene un papel fiscalizador general de la actividad legislativa, sino que actúa como un órgano eminentemente jurisdiccional.

Del mismo modo, expone que coincide con el magistrado sustanciador en que el tema del proceso reviste gran importancia, pero que la circunstancia de que sea académicamente interesante o políticamente relevante no reviste per se a la Corte de competencia para resolverlo, en la medida en que, según lo ha considerado la jurisprudencia, “el fin del proceso de control constitucional no es teórico, pese a la presencia de elementos de esa naturaleza en la construcción argumentativa, sino que busca definir desde un punto de vista jurídico si una norma infraconstitucional debe permanecer en el ordenamiento”(124).

Añade que, en términos de técnica constitucional, fue impreciso admitir la demanda con la simple intención de clarificar un punto de derecho interesante, respecto del cual este tribunal todavía no se ha pronunciado.

Para terminar, indica que el principio pro actione fue aplicado incorrectamente, en la medida en que el presupuesto para que opere es que la disposición objeto de revisión se encuentre vigente, “pero no opera cuando existe certeza sobre su falta de vigencia y sobre el hecho de que no produce efectos jurídicos”(125), descartando además de plano la posibilidad de aplicar la jurisprudencia de la Corte, que ha considerado que es posible efectuar el juicio material de disposiciones que han sido derogadas pero que continúan produciendo efectos jurídicos.

Mediante auto del 17 de agosto de 2012, el magistrado sustanciador puso de presente que la solicitud de nulidad formulada por la secretaria jurídica de la Presidencia de la República sería examinada por la Sala Plena de la Corte Constitucional al momento de dictar sentencia, en virtud de lo previsto en el inciso 4º del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991(126), toda vez que los argumentos expuestos en el escrito presentado, “son precisamente los ejes de la problemática jurídica planteada por los demandantes al hacer uso de la acción pública en ejercicio legítimo de sus derechos políticos”(127).

Encontrándose este tribunal en el estadio procesal anotado, pasa a adoptar la respectiva decisión(128).

Como primera medida valga recordar que la jurisprudencia ha indicado que la admisión de la demanda no implica per se la adopción de una decisión de fondo. Al respecto se ha señalado(129):

“Debe tenerse en cuenta que cuando un ciudadano presenta una acción de inconstitucionalidad y la Corte entra a proveer sobre su admisibilidad, esta primera providencia constituye apenas el estudio o juicio inicial del asunto que habrá de desarrollarse a través de diferentes etapas que se encuentran previstas en el Decreto 2067 de 1991, como lo son la probatoria, la intervención ciudadana y el concepto del Procurador General de la Nación, que una vez cumplidas y valoradas por el juez constitucional le permiten ahora disponer de mayores elementos de juicio para entrar a proferir la decisión que corresponda la cual puede ser de mérito, inhibitoria o incluso de estarse a lo resuelto. El inciso final del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, constituye una clara muestra de lo señalado al disponer que debe rechazarse inicialmente las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente, sin embargo dichas decisiones también pueden adoptarse en la sentencia”.

En este orden de ideas, esta Corte considera que el hecho de haber admitido y dado trámite a las demandas de la referencia no supone la afectación de los derechos de contradicción y defensa de la interviniente, ni da lugar a la nulidad de lo actuado por vulneración del debido proceso, por cuanto es el propio Decreto-Ley 2067 de 1991 el que autoriza a la Corte Constitucional a tramitar las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos (C.P., arts. 40 y 241), independientemente de cuál sea la decisión finalmente adoptada.

En efecto, el referido decreto ha fijado dos momentos que claramente se pueden independizar, en los cuales se evalúa si la Corte Constitucional es competente o no para pronunciarse en relación con una demanda de inconstitucionalidad:

(i) El primero tiene lugar cuando el magistrado sustanciador se manifiesta sobre la admisión de la demanda, respecto de lo cual la jurisprudencia ha reconocido que “cada uno de los magistrados que integran esta corporación son autónomos e independientes en el ejercicio del control de admisión”(130).

Ello encuentra su razón de ser en estar en la fase inicial de los asuntos de constitucionalidad, obviamente sin perjuicio de la posibilidad de que la Sala Plena ejerza el control a través del recurso de súplica cuando se ha rechazado la demanda, pero no cuando ha sido admitida, en los términos del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991.

Cabe recordar que en aquellos eventos en los cuales la presunta incompetencia para conocer de una demanda de inconstitucionalidad no surge de una simple comparación de la norma acusada con las funciones atribuidas por la Constitución, la Corte ha señalado que se debe privilegiar la admisión y el ejercicio de los derechos ciudadanos para que sea la plenaria la que, mediante sentencia, defina esa controversia. En palabras de esta corporación(131) (no está en negrilla en el texto original):

“Así mismo, el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, en su inciso final, ordena rechazar aquellas demandas que recaigan sobre normas amparadas por sentencia que ya hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, o respecto de las cuales sea la Corte manifiestamente incompetente. Es decir, si la incompetencia no surge a simple comparación de la norma acusada con las funciones que la Carta le asigna a la Corte Constitucional, como se trata de un derecho ciudadano y de la guarda y supremacía de la Constitución, la solución se encamina por la admisión de la demanda y no por su rechazo, para que, en definitiva, sea la Sala Plena de la corporación mediante sentencia, y no uno de sus magistrados por auto interlocutorio, quien adopte la decisión en relación con la norma objeto de la acusación”.

(ii) El segundo momento en el cual puede evaluarse la competencia de la Corte Constitucional, se presenta cuando la Sala Plena se dispone a proferir sentencia (D. 2067/19, art. 6º), ya que es ahí donde “cuenta con todos los elementos de juicio para examinar, conforme a la argumentación expuesta por el ciudadano demandante, por los intervinientes y por el señor Procurador General de la Nación, si se cumplen a cabalidad los supuestos para un pronunciamiento de fondo”(132).

Así también lo ha sostenido este tribunal en su jurisprudencia, a tal punto que en varias oportunidades ha resuelto las solicitudes de nulidad al momento de proferir los fallos correspondientes(133).

Por ejemplo, en la Sentencia C-1300 de 2007 la Corte Constitucional desestimó la solicitud de nulidad en la que se reprochaban deficiencias en la admisión de la demanda, ante la existencia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional y la consecuente falta de competencia funcional para volver a pronunciarse de nuevo. Expuso sobre ese aspecto (no está en negrilla en el texto original de los dos últimos párrafos):

“Como cuestión inicial, detecta la Corte que, para la fecha de esta decisión, obran dentro del expediente dos solicitudes de nulidad del presente proceso, presentadas ambas el día primero de diciembre de 2005, que no han sido decididas por la corporación. Pasa entonces a ocuparse de ello.

(...).

2.4.1 En cuanto a la solicitud de nulidad por existencia de cosa juzgada material, debe tenerse en cuenta el inciso 4º del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, que dispone:

‘Se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente. No obstante estas decisiones también podrán adoptarse en la sentencia’.

Así pues, la Corte no se encuentra obligada a rechazar las demandas que recaigan sobre normas que formal o materialmente ya hayan sido objeto de decisión por esta corporación, pues la norma transcrita expresamente la autoriza para adoptar esta decisión en la sentencia.

(...).

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte despacha como improcedente la solicitud de nulidad de todo lo actuado, que se presentaría por no haberse inadmitido la demanda por la existencia del fenómeno jurídico de la cosa juzgada”.

Igualmente, en la Sentencia C-075 de 2007 la Corte se pronunció sobre la solicitud de nulidad presentada por un ciudadano que consideraba que, al no haberse integrado la proposición jurídica completa en la formulación de la demanda, la Corte Constitucional carecía de competencia para hacer un pronunciamiento de fondo. Esta corporación resolvió el asunto en el fallo y puntualizó lo siguiente (no está en negrilla en el texto original):

“2. Cuestión previa - Decisión sobre solicitud de nulidad

Como cuestión previa, encuentra la Corte que, para la fecha de esta decisión, obra en el expediente una solicitud de nulidad de este proceso, presentada el día treinta de enero de 2007 y que no ha sido decidida, razón por la cual pasa la corporación a ocuparse de ello.

2.1. El ciudadano (...) manifestando obrar en calidad de miembro del Consejo Nacional de Laicos de Colombia, presentó incidente de nulidad procesal y ‘... solicitud de fallo inhibitorio por falta de requisitos e ineptitud de la demanda para fallo de fondo’.

(...).

2.4. Por otra parte el peticionario solicita a la Corte que se declare la nulidad de todo lo actuado en el presente caso debido a falta en los presupuestos procesales, originada en la indebida integración de la proposición jurídica. Para el solicitante la demanda resulta nula e inepta, porque la proposición jurídica no está completa debido a que se omitió demandar la Ley 979 de 2005, que versa sobre las materias que son objeto de la controversia constitucional planteada, circunstancia que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, debió haberse verificado en el momento de la admisión de la demanda y que implica que la Corte Constitucional carece de competencia para hacer un pronunciamiento de fondo.

Sobre el particular observa la Corte que si bien, de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, el magistrado sustanciador no admitirá las demandas que no cumplan alguno de los requisitos previstos en el artículo segundo del mismo decreto, ni aquellas respecto de las que considere que no incluyen las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo, no es menos cierto que, de la misma norma, y así lo ha puntualizado la jurisprudencia de esta corporación, se desprende que, (i) no obstante que se haya decidido admitir la demanda, es posible que la Corte, en el momento de proferir sentencia, encuentre que respecto de todas, o de algunas de las disposiciones demandadas existe ineptitud sustantiva de la demanda —entre otras razones, porque en lo demandado no exista proposición jurídica completa— y que, por consiguiente, lo que procede en relación con tales disposiciones es un fallo inhibitorio, y que, (ii) la Corte puede integrar la unidad normativa, para cobijar con su pronunciamiento disposiciones que no han sido demandadas pero que constituyen una unidad necesaria con aquellas que si lo han sido, bien sea porque la disposición demandada no tiene un contenido jurídico autónomo, de forma tal que resulte absolutamente imposible comprenderla y aplicarla sin acudir al texto de la norma no demandada, o porque el contenido normativo demandado se encuentra reproducido en otras disposiciones que no fueron objeto de la demanda, o porque la disposición cuestionada está inserta en un sistema normativo que, a primera vista, genera serias dudas de constitucionalidad(134).

La posibilidad de deferir la decisión de los anteriores asuntos a la sentencia obedece a la consideración de que, en ocasiones, el estudio de los mismos desborda el ámbito del simple estudio preliminar de admisibilidad de la demanda, de modo que se hace necesario que la decisión se adopte por la Sala Plena y no por el magistrado sustanciador.

De este modo, si bien, como medida de preservación procesal, el magistrado sustanciador puede inadmitir la demanda cuando estime que esta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo, o, en general, cuando, considere que la demanda no cumple alguno de los requisitos previstos en el artículo segundo del Decreto 2067 de 1991, el que no lo haga así no comporta una violación del debido proceso que pueda dar lugar a una solicitud de nulidad, y la materia puede ser objeto de pronunciamiento por la Corte en la sentencia.

2.5. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte despacha como improcedente la solicitud de nulidad de todo lo actuado presentada por el ciudadano...”.

Por otra parte, en la Sentencia C-178 de 2007 la Corte Constitucional resolvió la solicitud de nulidad de lo actuado a partir de la admisión de la demanda contra un acto legislativo. El ciudadano invocó falta de competencia de la Corte para pronunciarse en relación con el acto acusado, por considerar que no había nacido a la vida jurídica ante su indebida sanción y promulgación.

La solicitud fue presentada el día 13 de diciembre de 2006, es decir, dentro del término de fijación en lista del proceso para intervenciones ciudadanas, y la Corte la resolvió al momento de proferir el fallo definitivo, el 14 de marzo de 2007. Esta corporación desestimó la solicitud, sosteniendo al respecto (no está en negrilla en el texto original):

“3. Solicitud de nulidad de la admisión de la demanda por incompetencia de la Corte Constitucional para revisar un decreto proferido por el Presidente de la República.

El 13 de diciembre de 2006 se remitió al despacho escrito firmado por el señor (...) actor en la demanda de la referencia en el que se solicita que se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir de la admisión de la demanda ‘y en su lugar se inadmita la demanda porque la norma demandada no se encuentra dentro de los actos señalados en el artículo 241 de la Constitución Política que le ordena ‘A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo...’(135).

Para el demandante, el Acto Legislativo 1 de 2005 no ha nacido a la vida jurídica como acto legislativo ya que la norma fue publicada en el Diario Oficial 45980 del 25 de julio de 2005 como ‘Proyecto de Acto Legislativo 1’ y fue sancionado y promulgado de esa manera. Sin embargo, también expone que el acto legislativo fue corregido mediante un decreto de corrección de yerros expedido por el Presidente de la República cuando este no tenía la competencia para ello.

Finalmente, solicita que ‘en caso de no prosperar la solicitud anterior solicito un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional en el que se indique a los ciudadanos sobre la norma que está estudiando en la presente acción de inconstitucionalidad: Proyecto de Acto Legislativo 1 de 22 de julio 2005 por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política (Segunda vuelta) o - Decreto 2576 del 27 de julio de 2005 por el cual se corrige un yerro en el título del Acto Legislativo 1 de 2005, por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política’(136)

La Sala advierte que lo que el demandante pretende con su escrito es la reposición del auto del 8 de mayo de 2006 porque pide que se inadmita la demanda. El auto admisorio de la demanda tiene más de seis meses de ejecutoriado, como lo certifica el oficio del 16 de mayo de 2006 de la Secretaría de la Corte Constitucional. Por lo tanto, esta solicitud es manifiestamente extemporánea ya que no es posible controvertir decisiones que se encuentren en firme(137). De otra parte, en caso de que la petición del demandante se entendiera como una solicitud de nulidad por vulneración al debido proceso por incompetencia de la Corte Constitucional, la misma tampoco prospera.

En efecto, el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 que regula los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional dispone sobre la admisibilidad de las demandas de inconstitucionalidad: (...)

Así, en lo que se refiere al rechazo de las demandas de inconstitucionalidad por incompetencia, dichas decisiones se pueden adoptar tanto mediante auto que rechaza la demanda como en la misma sentencia”.

Entonces, al tratarse de un asunto en donde el debate sobre la competencia de la Corte Constitucional hace parte de la discusión central que debe ser dilucidada por este tribunal, pero que de ninguna manera ha significado la vulneración del debido proceso, la Sala desestima la solicitud elevada por la secretaria jurídica de la Presidencia de la República.

7.2. Presunto conflicto de competencia entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

El segundo asunto procesal a resolver previamente tiene que ver con la eventualidad de que exista conflicto de competencia entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

La Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, en escrito presentado el 3 de octubre de 2012, puso de presente que el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada contra el Decreto 1351 de 2012, por medio del cual el Presidente de la República convocó al Congreso de la República a sesiones extraordinarias a fin de considerar las objeciones gubernamentales formuladas contra el proyecto de acto legislativo en torno al cual gravita esta providencia.

Refiere que interpuso recurso de reposición argumentando falta de competencia, por tratarse de un acto intermedio que hace parte del trámite de aprobación de la citada iniciativa legislativa y, por contera, es un asunto de competencia de la Corte Constitucional(138), que justamente en providencia del 6 de agosto de 2012 admitió la demanda promovida contra dicha normativa, situación que conduciría a la llamada “fragmentación del control de constitucionalidad”(139).

Indica que el mencionado recurso fue desestimado, de tal manera que la admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado “permite que dos autoridades jurisdiccionales reclamen para sí, de manera simultánea, la competencia de decisión sobre la constitucionalidad de la misma norma jurídica, poniendo en grave riesgo la seguridad jurídica de la Nación, no solo por la estabilidad y coherencia misma del sistema normativo, sino, en el caso particular, por la trascendencia constitucional de la definición de la constitucionalidad del Decreto 1351 de 2012”(140), y agrega: “Como consecuencia de la situación que acaba de configurarse, dos tribunales del país adoptarían en pocos meses dos decisiones simultáneas sobre la constitucionalidad del mismo decreto, lo cual resulta inadmisible”(141).

Del mismo modo, la circunstancia de que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional asuman el control del citado decreto no configura la existencia de un conflicto de competencia, en tanto se trata de corporaciones que pertenecen a la misma jurisdicción constitucional, postura que respalda la peticionaria con lo expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-816 de 2002 y C-1191 de 2008.

Señala que la decisión de admisión adoptada por el Consejo de Estado, contrasta con las dictadas por ese mismo tribunal el 16 de febrero de 2010 (Exp. 2009-00344) y el 4 de julio de 2012 (Exp. 2012-00221), en las que fueron rechazadas demandas presentadas contra el mismo tipo de norma jurídica, invocando falta de competencia.

Finalmente, solicita que la Corte determine si debe plantearse un conflicto de competencia ante el Consejo Superior de la Judicatura(142).

A lo anterior, debe responderse que no hay conflicto de competencia en la medida en que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, en el ámbito del modelo de control de constitucionalidad que informa la Carta Política (difuso funcional), no hacen parte de jurisdicciones diferentes, presupuesto necesario para que pueda ser propuesto y dirimido un conflicto de competencia ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Concordante con ello, ha de tenerse en cuenta que en los expedientes de la referencia (D-9200 y D-9208), los ciudadanos no demandaron la inexequibilidad del Decreto 1351 de 2012, de modo que los actos impugnados son diferentes, lo que resulta suficiente para desvirtuar la existencia de un conflicto de competencia. Por lo tanto, esta solicitud también es desestimada por la Corte Constitucional.

7.3. Competencia de la Corte Constitucional.

Corresponde reafirmar que una condición indispensable para emitir un pronunciamiento de mérito (exequibilidad o inexequibilidad) frente a una demanda de inconstitucionalidad, es que los actos sometidos a control de esta corporación estén vigentes, o de no estarlo, continúen produciendo efectos o tengan vocación de producirlos. De no ser así, lo procedente es abstenerse de proferir un fallo de fondo frente a acciones públicas de inconstitucionalidad instauradas, por ejemplo, contra normas derogadas expresa o tácitamente, o subrogadas, o por fuera de la vigencia que haya dispuesto el legislador.

Esto es lo que ha denominado la doctrina “carencia actual de objeto” del control de constitucionalidad, que conduce necesariamente a que la Corte deba abstenerse de efectuar un examen de fondo sobre los cargos presentados respecto de un acto que no forma parte del ordenamiento jurídico, ni es susceptible de producir efecto alguno.

En el caso concreto del proyecto de Acto Legislativo 7/11 Senado - 143/11 Cámara, acumulado a los proyectos 9/11, 11/11, 12/11 y 13/11 Senado, “por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la administración de justicia y se dictan otras disposiciones”, la Corte Constitucional encuentra que tiene que inhibirse en relación con las demandas de inconstitucionalidad instauradas contra tal proyecto, teniendo en cuenta que había sido archivado por el propio Congreso, sin que hubiera tan siquiera entrado a regir.

Examinado el curso seguido por este proyecto de acto legislativo, la Corte constata que una vez aprobado por el Congreso en los dos periodos ordinarios y consecutivos, el día 20 de junio de 2012, se remitió al Presidente de la República “para su promulgación”.

Sin embargo, mediante escrito de junio 25 de 2012, el ejecutivo se abstuvo de tramitar la promulgación del mencionado acto y, en su lugar, formuló objeciones, tanto por razones de inconveniencia como de inconstitucionalidad.

Coetáneamente, expidió el Decreto 1351 de 2012, por medio del cual convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que se pronunciara en relación con dichas objeciones.

Atendiendo ese llamado, en el órgano legislativo fue designada una comisión accidental, conformada por igual número de senadores y representantes, quienes en el informe presentado a las comisiones de cada cámara, luego de encontrar razonables y fundados los argumentos presentados por el Gobierno Nacional, propusieron a las plenarias “admitir la objeción de inconveniencia general”.

Posteriormente, en sesión de junio 28 de 2012, las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes acogieron mayoritariamente la propuesta y, en consecuencia, dispusieron el archivo definitivo del proyecto que, por la misma razón, nunca fue promulgado.

Analizadas estas circunstancias a la luz de las normas constitucionales, esta corporación concluyó que el archivo definitivo del proyecto de acto legislativo implica que esa preceptiva jamás fue incorporada al ordenamiento jurídico; así no existió, para el caso, un acto reformatorio de la Constitución, ni fue promulgado, lo que inexorablemente conduce a un fallo inhibitorio, por cuanto no se reúnen las exigencias previstas en los artículos 241.1 y 379 de la carta política, para que la Corte pueda ejercer el control de constitucionalidad del proyecto de acto legislativo demandado en esta oportunidad.

De esta forma, la Corte Constitucional corrobora lo señalado en el Auto 74 de abril 24 de 2013, proferido por su Sala Plena con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa, que al resolver los recursos de súplica interpuestos por las demandantes en los expedientes acumulados D-9203 y D-9213, confirmó la providencia de julio 23 de 2012 dictada por el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, que había dispuesto el rechazo de esas dos acciones de inconstitucionalidad, incoadas contra el mismo proyecto de acto legislativo que ahora es objeto de análisis.

En ese Auto 74 de 2013, tras indicar que “la Sala Plena está convencida de que el proyecto de acto legislativo demandado no tiene vocación de producir efectos”, se preguntó “por qué es necesaria otra manifestación democrática, distinta de la que ya se dio, en la cual interactuaron colectivamente y de manera notoria para esta Corte, la ciudadanía, el Congreso de la República y el Presidente de la República”, interacción que “condujo al archivo del proyecto de reforma, y es una manifestación indudable de la democracia deliberativa que la Constitución protege”.

Así, con salvamento de voto del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, fue confirmado el rechazo de tales demandas, reiterando que es una condición indispensable para emitir pronunciamientos de fondo frente a solicitudes de inconstitucionalidad, que los actos sometidos a control estén vigentes o que, de no estarlo, sigan produciendo efectos o sean susceptibles de producirlos.

Por consiguiente, no resultaría coherente con la jurisprudencia consolidada de esta corporación, asumir el conocimiento de demandas contra normativas que, como en el caso del proyecto de acto legislativo acusado, no estén vigentes, ni tengan potencialidad de producir efecto alguno.

En este caso, como entonces, la corporación ha de reiterar la desestimación de la tesis del “magisterio moral”, que tanto la Corte Suprema de Justicia cuando tenía a su cargo el control de constitucionalidad, como la Corte Constitucional en vigencia de la carta política actual, han descartado de manera constante, dado que iría en contra de una postura consolidada sobre el control de constitucionalidad rogado, mediante acciones públicas, para admitir una competencia autonómica de esta corporación, de manera que pudiese emitir sentencias con alcances simplemente teóricos o académicos, facultad que no está prevista en la Constitución Política.

VIII. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE en relación con las demandas de inconstitucionalidad contra el proyecto de Acto Legislativo 7/11 Senado - 143/11 Cámara, acumulado a los proyectos 9/11, 11/11, 12/11 y 13/11 Senado, “por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la administración de justicia y se dictan otras disposiciones”, por haberse archivado por el Congreso de la República.

Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase».

(5) Publicado en la Gaceta del Congreso Nº 387 del 20 de junio de 2012.

(120) Folio 229 ibídem.

(121) Folio 223 vuelto.

(122) Folio 224.

(123) Folio 225 ibídem.

(124) Folio 227 vuelto.

(125) Folio 228 ibídem.

(126) “Se rechazarán las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente. No obstante estas decisiones también podrán adoptarse en la sentencia” (no está en negrilla en el texto original).

(127) Folio 275 ibídem.

(128) Esta fórmula ha sido acogida en diferentes oportunidades (cfr. C-178 de 2007, C-075 de 2007, C-1299 de 2005 y C-1300 de 2005.

(129) Corte Constitucional, Sentencia C-856 de 2005.

(130) Corte Constitucional, Sentencia C-1115 de 2003.

(131) Corte Constitucional, Auto 17 de 2000.

(132) Corte Constitucional, Sentencia C-937 de 2010. En el mismo sentido puede ser consultadas las sentencias C-1256 de 2001, C-357 de 1997, C-447 de 1997, C-328 de 2001, C-1196 de 2001, C-1289 de 2001, C-1052 de 2001, C-1115 de 2004, C-421 de 2005, C-856 de 2005, C-898 de 2005, C-1299 de 2005, C-127 de 2006, C-666 de 2007 y C-187 de 2008, entre muchas otras.

(133) Corte Constitucional, sentencias C-1299 de 2005, C-1300 de 2005, C-075 de 2007 y C-178 de 2007.

(134) Cfr. Sentencia C-580 de 1999.

(135) “Fl. 256, cdno. 1”.

(136) “Fls. 256 y 257, cdno. 1”.

(137) “En materia de solicitudes de nulidad de sentencias de constitucionalidad el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 dispone: ‘Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno. La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional solo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Solo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el Pleno de la Corte anule el proceso’. Así, la Corte ha dicho que uno de los requisitos de estas es que se interpongan antes de ejecutoriada la providencia: ‘La nulidad originada en la sentencia se debe alegar en forma fundamentada durante el término de notificación de la sentencia en materia de constitucionalidad, (...) (Auto de feb. 13/2002; Auto de feb. 20/2002) ya que vencido en silencio el término de ejecutoria cualquier eventual nulidad queda automáticamente saneada. Lo anterior ‘... no solo por la carencia de legitimidad para pedirla, sino, además, por las siguientes razones: (i) en primer lugar, atendiendo el principio de seguridad jurídica y de necesidad de certeza del derecho; (ii) en segundo lugar, ante la imposibilidad presentar acción de tutela contra las providencias de tutela. Y finalmente, (iii) porque es razonable establecer un término de caducidad frente a las nulidades de tutela, si incluso esa figura aplica en las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma’ (Auto de abr. 30/2002; A-031a de 2002).

De otra parte, en la Sentencia C-1299 de 2005 se declaró improcedente un recurso contra el auto admisorio de la demanda: “Mediante memorial del 23 de mayo de 2005, el ciudadano y abogado (...) presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto admisorio de la demanda. El magistrado sustanciador, mediante auto del 27 de mayo de 2005, i) Rechazó por improcedente tanto el recurso de reposición, como el de súplica interpuestos por el señor (...) contra el auto admisorio de la demanda, ii) Ordenó continuar con el trámite en cumplimiento del auto del 16 de mayo e iii) Informó de la improcedencia de recursos contra esa decisión. Mediante escrito del 7 de junio de 2005, el ciudadano (...) presentó solicitud de nulidad del proceso en referencia. Frente a esta solicitud, el magistrado sustanciador, mediante auto del 15 de junio de 2005 resolvió remitir a la Sala Plena de la corporación el escrito referido para que resolviera lo conducente, por ser un asunto de su competencia. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2005, el ciudadano (...) presentó nuevo escrito, dirigido a la Sala Plena de la Corte y allegado por la secretaría general al magistrado sustanciador, el 25 de noviembre de 2005”.

(138) Cita las sentencias de la Corte Constitucional C-141 de 2010, C-031 de 2009, C-816 de 2004 y C-576 de 2006, C-1121 de 2004 y C-551 de 2003.

(139) Folio 282 ibídem.

(140) Ibídem.

(141) Ibídem.

(142) Mediante auto del 22 de octubre de 2012, el magistrado sustanciador puso de presente que la solicitud sería “examinada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la oportunidad procesal correspondiente, cuando el expediente se encuentre a su disposición de acuerdo con las previsiones del artículo 8º del Decreto 2067 de 1991, para que adopte las decisiones a que hubiere lugar”.