Sentencia C-474 de septiembre 25 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1624

Actor: Oscar Enrique Ortiz González

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5º (parcial) del artículo 268 de la Ley 5ª de 1992, por medio de la cual se expide el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes.

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Santafé de Bogotá, D.C., Septiembre veinticinco de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «II. Los textos acusados, los cargos elevados y las intervenciones.

“LEY 5ª DE 1992

“Por medio de la cual se expide el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

“ART. 268.—Deberes. Son deberes de los congresistas:

(...).

5. Presentar, dentro de los dos (2) meses siguientes a su posesión como congresista una declaración juramentada de su patrimonio y de las actividades que puedan significarle ingresos económicos adicionales al cargo de representación popular”.

(Se subraya la parte demandada)

Fundamentos jurídicos

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en los términos del artículo 241-5 de la Constitución política.

El texto legal por revisar

2. El actor demandó la expresión “de su patrimonio”, contenida en el numeral 5º del artículo 268 de la Ley 5ª de 1992. Sin embargo, como bien lo expresa la vista fiscal, del texto de su demanda se infiere que la expresión que se acusa no es señalada por el actor, sino la referida al término para la presentación de su declaración. Dado que el análisis de ese punto implica el estudio de todo el texto legal, la Corte encuentra constituida la unidad normativa y se pronunciará sobre la totalidad del artículo.

El problema planteado

3. Se trata de establecer si la autorización que se imparte a los congresistas, en el numeral 5º del artículo 268 de la Ley 5ª de 1992, para presentar dentro de los dos meses siguientes a su posesión la declaración juramentada de su patrimonio y de las actividades que le generen ingresos económicos, adicionales a las de su cargo de representación popular, vulnera el artículo 122 de la Constitución.

4. Muchos de los proyectos de reforma constitucional que fueron presentados a la asamblea nacional constituyente se ocuparon del tema de los servidores públicos. Uno de los puntos que atrajo la atención de los constituyentes en el marco de este tema fue el de la necesidad de crear mecanismos que permitieran ejercer un control real sobre la situación patrimonial de los funcionarios, con el objeto de poder atacar con mayor efectividad el fenómeno de la corrupción. Ésta fue precisamente la razón que condujo a la consagración, en el inciso 3º del artículo 122 de la Carta, de la obligación de todos los servidores públicos de declarar bajo juramento el monto sus bienes y rentas.

Sobre este asunto se pronunció la Corte en su Sentencia C-319 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) al tratar sobre el delito de enriquecimiento ilícito de los empleados oficiales:

“Pero el conocimiento efectivo de las rentas y bienes del servidor público y su incremento injustificado, no se deriva en forma exclusiva de la explicación que éste presente a las autoridades judiciales en ejercicio de su derecho de defensa (C.P., art. 29); son los demás medios de prueba —testimonio, documentos, indicios etc.—, los que dentro del desarrollo de la investigación van a constituirse en elementos de juicio suficientes para llamar a indagatoria, dictar auto de detención o precluir investigación y, en general, para adelantar el proceso respectivo.

Además, la explicación relacionada con el incremento patrimonial de los servidores públicos no es un acto impositivo derivado de un proceso penal; es una obligación constitucional de toda persona que ostenta esa especial condición, pues el artículo 122 de la Carta señala expresamente, refiriéndose a los servidores públicos, que, “antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar bajo, juramento, el monto de sus bienes y rentas” (Subrayas de la Corte).

El conocimiento que tenga el Estado sobre los bienes y rentas de los servidores públicos, antes que una carga constituye un principio que debe gobernar sus actuaciones (C.P., art. 209) y con ello se pretende proteger la función pública y, en particular, la moral social. Debe aclararse que nadie está obligado a ejercer una función pública; se trata de una labor en la que los ciudadanos deciden participar libremente; pero al aceptarla están asumiendo no sólo las cargas y responsabilidades que se deriven del ejercicio del cargo, sino que además, se están colocando en una situación permanente de exigibilidad por parte del Estado, en lo que se refiere al monto y manejo de sus bienes”.

5. El artículo 123 de la Constitución establece que son servidores públicos “los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios”. Ello significa que a los miembros del Congreso también les son aplicables las normas del artículo 122 y, en consecuencia, las referidas a la declaración del patrimonio.

6. El numeral 5º del artículo 268 de la Ley 5ª de 1992 prescribe que es un deber de los congresistas presentar, dentro de los dos (2) meses siguientes a su posesión, una declaración juramentada de su patrimonio y de las actividades que puedan significarles ingresos económicos adicionales al cargo de representación popular. De esta manera, el texto legal mencionado no hace más que reiterar, con otras palabras, la obligación que consagra el artículo 122 de la Constitución Política, de declarar el monto de sus bienes y rentas.

La diferencia entre los dos textos normativos es clara. El texto constitucional exige que la declaración sea presentada, entre otras ocasiones, antes de tomar posesión del cargo. Por su parte, la norma legal autoriza a los congresistas para presentar esa misma declaración dentro de los dos meses siguientes a la posesión. Es decir, el texto legal crea un régimen especial para los congresistas en esta materia. A diferencia de lo que ocurre con los demás funcionarios públicos, ellos podrían rendir su declaración hasta dos meses después de la posesión.

Posiblemente no hay grandes diferencias prácticas entre la presentación de la declaración antes de la posesión o en los dos meses siguientes a ella. Quizás se podría argüir que resulta más acertado ofrecer un plazo a los funcionarios recién posesionados para que puedan organizar sus documentos personales con el objeto de presentar una declaración más acertada y completa. Igualmente, se podría aducir que la Constitución no tendría porque ocuparse de la definición en detalle de cuándo debía presentarse la declaración, y que esa es una tarea que puede atender de forma más adecuada el legislador.

Con todo, lo cierto fue que el Constituyente decidió establecer concretamente —y de manera inequívoca— en qué oportunidades debían presentar los servidores públicos —entre los cuales se encuentran los congresistas— su declaración de bienes y rentas. De esta forma, cualquier discusión acerca de la pertinencia de la norma legal acusada es inconducente, pues, como bien lo señala el artículo 4º de la Carta, “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Además, la misma Constitución determinó que la obligación de entregar la mencionada declaración, en las oportunidades que describe, le corresponde a todos los servidores públicos, sin establecer excepciones ni tratamientos diferenciales para esta regla, razón por la cual no tiene ninguna validez la creación de un régimen especial para los congresistas.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el legislador no está autorizado para modificar a través de una ley los términos contemplados en la Constitución, habrá de concluirse que la frase “dentro de los meses siguientes” es inconstitucional, de manera tal que del texto del artículo que conserva vigencia se desprenda claramente que la rendición de la declaración aludida debe hacerse, a más tardar, al momento de efectuarse la posesión como congresista.

Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional.

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “dentro de los dos (2) meses siguientes”, contenida en el numeral 5º del artículo 268 de la Ley 5ª de 1992.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Presidente de la República y al presidente del Congreso,

publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

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