•Sentencia C-476 de julio 7 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PATRIMONIO LÍQUIDO PARA CALCULAR INVERSIÓN FORZOSA

LA CORTE FIJA CONDICIONES PARA QUE PROCEDA UN DESCUENTO

EXTRACTOS: «El siguiente es el texto de la norma acusada, con la advertencia que se subraya la parte acusada.

“LEY 487 DE 1998

(Diciembre 24)

por la cual se autoriza el endeudamiento público interno y se crea el fondo de inversión para la paz.

ART. 4º—Cálculo de la inversión forzosa. El monto de la inversión forzosa establecida en el artículo anterior para cada uno de los años indicados, será equivalente al cero punto seis por ciento (0.6%) del valor que se señale a continuación:

a) Para las inversiones a efectuarse durante el año de 1999,

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998;

b) Para las inversiones a efectuarse durante el año 2000.

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998 multiplicado por el resultado que se obtenga de sumar a la unidad el porcentaje de inflación medida en términos de índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el año de 1999;

c) Para las inversiones a efectuarse durante el año de 1999 por personas jurídicas constituidas durante el año de 1998.

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998;

Para las inversiones a efectuarse durante el año 2000 por personas jurídicas constituidas durante el año de 1998.

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998 multiplicado por el resultado que se obtenga de sumar a la unidad el porcentaje por inflación medida en términos del índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el año de 1999, y

e) Para las inversiones a efectuarse durante el año 2000 por personas jurídicas constituidas durante el año de 1999.

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1999.

Los obligados a realizar la inversión forzosa, deberán liquidarla y adquirir los correspondientes bonos en los años 1999 y 2000, dentro de los plazos que para el efecto señale el Gobierno Nacional.

Para el cálculo de la inversión de que trata el presente artículo, se descontarán del patrimonio líquido aquella proporción que dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades. Tratándose de las personas naturales, adicionalmente se descontarán los aportes voluntarios y obligatorios a los fondos públicos y privados de pensiones de vejez e invalidez.

PAR. 1º—(...)”.

4. Análisis de los cargos de la demanda.

4.1. La paz es un derecho-deber de carácter vinculante no sólo para el Estado sino para cada uno de los residentes del territorio colombiano.

4.2. En sentencia C-222 de 1995 se dijo que el primer deber del Estado consiste en prevenir los conflictos, hecho que lo obliga a implementar mecanismos que faciliten la existencia de “espacios sociales e institucionales para su pacífica resolución”. Mecanismos que, sin lugar a dudas, exigen de la disponibilidad de recursos para su perfeccionamiento. Obviamente, suscitado el conflicto, el deber del Estado se concentra en la búsqueda de un desarrollo adecuado de éste, para lo cual ha de contar con los medios materiales, jurídicos y económicos que requiera para el efecto.

Precisamente, la Ley 487 de 1998, tal como se advirtió en el acápite anterior, busca dotar de recursos al Estado, a fin de que pueda financiar, a través del fondo de inversión, programas y proyectos tendientes a buscar la paz.

4.3. Con tal objetivo, el legislador acudió a la figura del empréstito forzoso, préstamos que, en términos del hacendista Estéban Jaramillo, el Estado exige coactivamente de los propietarios y capitalistas nacionales o de algunos de ellos, dándoles en cambio títulos negociables con interés, como una forma adicional de captación de recursos. Forma ésta de recaudo, que, en principio, no es contraria a la Constitución, pese a que ésta no la consagra expresamente, tal como se afirmó en la sentencia C-149 de 1993.

La Ley 487 de 1998, dentro de este entendido, impone a las personas con determinado patrimonio, la obligación de invertir temporalmente parte de sus recursos en títulos emitidos por el Gobierno Nacional, recibiendo en contraposición una rentabilidad anual.

4.4. Independiente de la discusión doctrinal sobre si esta clase de empréstitos tienen el carácter impositivo de los tributos, o si la inversión de que trata la ley acusada es un impuesto o no, asunto que no se analizará en esta providencia por no ser el punto que se debate, es claro que el legislador, al momento de diseñar cualquier instrumento para que las personas contribuyan con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, y una de ellas es, sin lugar a dudas la paz, debe dar aplicación a principios tales como el de la equidad y justicia que exige la Constitución (art. 95, num. 7º), para que estos mecanismos, que no necesariamente han de ser impuestos, no se conviertan en medios que hagan la situación los sujetos obligados desventajosa o gravosa.

4.5. El legislador, al expedir la Ley 487 de 1998 y en desarrollo del deber constitucional que impone la Constitución a los habitantes del territorio colombiano no sólo de contribuir con el financiamiento y gastos del Estado (art. 95, num. 7º) sino de cooperar con la obtención y mantenimiento de la paz, que, en los términos del artículo 22 de la Constitución, es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, optó por imponer a las personas naturales y jurídicas, en proporción al valor del patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998, financiar los programas y proyectos que se diseñen para la obtención de la paz en el territorio nacional, a través de la inversión en títulos emitidos por el Gobierno Nacional.

Para el efecto, estableció que sólo las personas naturales o jurídicas con patrimonio líquido que exceda los doscientos diez millones de pesos ($ 210.000.000) al 31 de diciembre de 1998, estarían obligadas a adquirir los mencionados títulos.

Patrimonio líquido que, en términos del artículo 282 del estatuto tributario, al que expresamente remite el parágrafo 2º del artículo 3º de la Ley 487 de 1998, se determina restando del patrimonio bruto poseído por el contribuyente el último día del año o período gravable, el monto de las deudas vigentes a cargo de éste, en esa fecha.

El patrimonio líquido, entonces, está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o período gravable (patrimonio bruto), menos las deudas adquiridas por éste y vigentes al finalizar el respectivo año o período gravable.

4.6. En este entendido, el artículo 4º de la Ley 487 de 1998 que se demanda, establece que se descontarán del patrimonio líquido, aquella proporción que dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año, corresponda al valor de los bienes representados en acciones y aportes en sociedades.

Las acciones y aportes en sociedad, como bienes apreciables en dinero y para efectos tributarios, según lo establece el artículo 272 estatuto tributario, deben ser declarados por su costo fiscal, ajustado por inflación cuando haya lugar a ello.

En aplicación de las normas tributarias, a las que expresamente remite la ley en cuestión para la determinación de la inversión que en ella se fija, no habría razón alguna, en apariencia, que justifique que para efectos de determinar el monto de la mencionada inversión, se autorice que para el cálculo del patrimonio líquido no se tenga en cuenta el valor de estos bienes, pues es claro que el valor de las acciones y aportes a una sociedad, como bienes apreciables en dinero, deben integrar el patrimonio pues inciden significativamente en su cuantificación.

En otros términos, la mencionada exclusión podría estar creando una desigualdad entre las personas naturales y jurídicas llamadas a realizar la inversión de que trata la Ley 487 de 1998, pues aquellas con un patrimonio constituido en parte con esta clase de bienes, podrían resultar exoneradas de contribuir con el objetivo de la ley o efectuar una inversión menor frente a aquellas cuyo patrimonio está constituido por otra clase de bienes, hecho que haría contraria a la Constitución la salvedad que consagra la norma acusada, tal como lo afirma el ciudadano demandante.

Por ello, es necesario ahondar en la razones que tuvo el legislador para efectuar esta exclusión, a efectos de determinar si ella encuentra algún sustento que la haga compatible con los postulados constitucionales, en especial con los que el actor considera desconocidos: la igualdad y el deber de contribuir con la obtención y mantenimiento de la paz.

4.7. En materia de sociedades, el legislador haciendo abstracción de las personas que las conforman, optó por distinguir entre los socios y la sociedad. Para el efecto, señaló que “La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios” (C.C., art. 2079 y C. de Co., art. 98) como una forma de permitir no sólo la ejecución eficaz del objeto social sino la determinación y limitación de la responsabilidad de cada uno de los socios frente a la sociedad. En consecuencia, distinguió, también, entre el patrimonio social y el patrimonio de cada uno de los asociados.

El patrimonio social, que se forma, en una primera instancia, con los bienes apreciables en dinero que el socio se obliga a entregar a la sociedad y que le permitirán a ésta ejecutar o desarrollar su objeto social —aportes sociales—. Aportes que hacen parte de los activos de la sociedad, pero que ésta debe reembolsar al socio, una vez se cancelen los pasivos sociales externos, es decir que integran igualmente el pasivo social. En otros términos, el aporte hace parte del patrimonio del socio y de la sociedad.

En la sociedad anónima y en comandita por acciones, estos aportes están representados en acciones.

4.8. En la exposición de motivos del proyecto de ley, aprobado como Ley 487 de 1998, en relación con este punto, se afirma:

Para evitar la doble obligación de inversión que podría derivarse de la propiedad accionaria que hace parte del patrimonio de las personas naturales, el proyecto excluye del patrimonio líquido y para efectos del cálculo de la inversión, los bienes que correspondan a acciones y aportes en sociedades” (subraya fuera del texto) (Gaceta del Congreso 17, pág. 43).

Igualmente, en el informe de ponencia presentado para darle primer debate al mencionado proyecto, en relación con el artículo 4º, se señala:

“Se precisa de la misma forma en el artículo 4º del proyecto, que para efectos del cálculo de la inversión forzosa, tanto las personas jurídicas como las naturales, descontarán del patrimonio líquido, aquella proporción que dentro del total de los bienes y derechos apreciables en dinero, poseídos a 31 de diciembre del respectivo año, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades ... Esto con el fin de garantizar los principios de justicia y equidad y evitar la posible doble obligación de inversión que podrá derivarse de la propiedad accionaria tanto en personas jurídicas como en naturales”. (subrayas fuera de texto) (Gaceta del Congreso 284, del 20 de noviembre de 1998, pág. 4).

La modificación que introdujo el grupo de ponentes, en este punto, consistió en establecer que no sólo las personas naturales, tal como lo establecía el proyecto presentado por el Gobierno, sino también las jurídicas propietarias de aportes o acciones en una sociedad, no deberían contabilizar el valor de éstas en su patrimonio, a efectos de evitar una doble inversión.

4.9. ¿Por que se habla de una doble inversión? Porque el legislador teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la titularidad de la propiedad accionaria y de los aportes a una sociedad, consideró inequitativo que el valor de estos bienes fuese contabilizado tanto por los socios como por la sociedad, como parte de su patrimonio, cuando en realidad se trata de un mismo bien que integra dos patrimonios, jurídicamente considerados diversos. Si el socio como la sociedad tuvieran que contabilizar el valor de los aportes y acciones para efectos de la inversión que trata la Ley 487 de 1998, un mismo bien resultaría computado dos veces, aumentado el valor de esta última.

Es claro, entonces, que para efectos de la norma que ahora es objeto de análisis, el legislador, al efectuar la exclusión que ahora se demanda, sólo buscó dar aplicación a los principios de equidad y justicia, pues evitó que el valor de las acciones y aportes se contabilizara por duplicado, tanto en el patrimonio del socio como en el de la sociedad correspondiente. De esta manera, se dio eco a una amplia y vieja discusión en relación con la doble imposición a la que pueden resultar expuestos las sociedades y los socios en razón a su patrimonio.

Al respecto, resulta pertinente transcribir lo expresado por esta corporación, en relación con el gravamen para las utilidades de la compañía y los dividendos liquidados y abonados en cuenta a los socios, en donde se expresó:

“Tampoco es posible afirmar que con las normas en tela de juicio se haya dado el mismo trato a situaciones divergentes que exigieran en justicia la misma regulación, pues resulta incontrovertible que precisamente, en el caso de la eliminación del doble impuesto, el legislador diferenció, con base en sus nuevos criterios sobre la realidad económica, entre los tributos que deberían pagar las personas jurídicas en su calidad de tales y los correspondientes a las personas naturales o jurídicas socias de aquéllas, definiendo modalidades de tributación distintas. El hecho —anotado por el demandante— de que se trate de sujetos jurídicamente distintos no puede implicar que el legislador se vea forzado a mantener para unos y otros dos gravámenes que, pese a la diferencia de identidades, recaían sobre el mismo fenómeno económico, visto desde ángulos diversos: las utilidades de la compañía y los dividendos liquidados y abonados en cuenta a los socios” (C. Const., sent. C-222/95).

4.10. Se entiende entonces, que la persona natural o jurídica propietaria de acciones o de aportes a una sociedad, no debe tener en cuenta el valor de éstas para efectos de determinar el valor de la inversión que debe efectuar por disposición de la Ley 487 de 1998, dado que la sociedad a la que éstos pertenecen por hacer parte de su capital social debe contabilizarlas para determinar su patrimonio liquido y, por ende, el monto de la inversión a que se refiere la mencionada ley.

Bajo este entendido, no le asiste razón al demandante al considerar que el legislador está dando un tratamiento preferencial a los propietarios de acciones y aportes en sociedades al no tener que incluir el valor de éstas en el monto de su patrimonio, pues es claro que éste consideró que las personas que tuviesen parte de su patrimonio representado en esta clase de bienes no deberían contabilizar éstos, no porque no hicieran parte del patrimonio, pues se desconocería la propia definición que el legislador efectuó de este concepto, ni como una concesión graciosa para éstos, sino porque su valor, al hacer parte integral del patrimonio de la sociedad correspondiente, tendrá que tenerse en cuenta por ésta y no por el socio, para el cálculo tanto del valor del patrimonio social como del monto de la inversión que fijó la Ley 487 de 1998.

En este mismo sentido, tampoco es válido afirmar, como lo hace el actor, que se esté exonerando a las personas con mayor capacidad económica de cumplir con el deber constitucional de contribuir con la obtención y mantenimiento de la paz, deber que se ve materializado, en este caso, con la inversión forzosa que estableció la Ley 487 de 1998, pues como ya se ha explicado, el valor de esos bienes hacen parte del patrimonio que la sociedad correspondiente ha de tener en cuenta para determinar el monto de la pluricitada inversión.

4.11. Sin embargo, y dentro de esta lógica, es claro para esta corporación que la persona natural o jurídica no podrá descontar del patrimonio líquido, aquella proporción que dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en tales sociedades, cuando la sociedad de la que éstos hacen parte, no esté obligada a efectuar la inversión de que trata la Ley 487 de 1998, bien por estar exonerada —sociedades enumeradas en el parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley 487 de 1998—, o por no poseer el patrimonio mínimo que fija la ley para efectuar la inversión.

La razón de esta distinción es, precisamente, no desnaturalizar el fundamento que tuvo el legislador para ordenar la mencionada exclusión: la doble inversión.

De permitirse a las personas naturales o jurídicas que efectúen la mencionada deducción, pese a que las sociedades de las cuales son aportantes o accionistas no resulten obligadas a realizar la inversión de que trata la Ley 487 de 1998, sería admitir que éstas, por el sólo hecho de tener parte de su patrimonio representado en esta clase de bienes, ostentan una situación ventajosa frente a otros sujetos obligados a efectuar la misma inversión, puesto que su patrimonio no estaría reflejando el valor real. Bien porque al descontar el valor de estos bienes, el total del patrimonio se reduzca por debajo del mínimo que exige la ley para efectuar la inversión, o porque el monto de ésta sea inferior al que, sumados esos valores, se estaría obligado a realizar.

Esta interpretación hace que el fin último del legislador, al consagrar la mencionada exclusión se cumpla efectivamente, pues se logra no sólo conservar la equidad en la ejecución de la obligación que impone la Ley 487 de 1998, sino que todas las personas llamadas a efectuarla lo hagan de manera efectiva, en observancia de sus deberes constitucionales. Nada justifica que si una sociedad no está obligada a efectuar la inversión a la que hemos venido haciendo referencia, pueda la persona natural o jurídica valerse de la condición de socio o accionista en ella, para descontar el valor de sus acciones o aportes, a efectos de disminuir el monto de su patrimonio y, en consecuencia, el de la inversión que está obligado a efectuar.

Se repite, una comprensión diversa de la norma acusada, desnaturalizaría no sólo la razón de ser de la exclusión que el legislador introdujo en ella, sino que pondría a unos sujetos, en razón de la composición de su patrimonio, en una situación ventajosa frente a otros sujetos que se encuentran en el mismo supuesto.

En los anteriores términos, se declarará la constitucionalidad del aparte acusado del artículo 4º de la Ley 487 de 1998.

4.12. Tampoco es válido el aserto del demandante, cuando afirma que la exclusión demandada desconoció el debido proceso, pues “se insertó silenciosamente”. Nada más alejado de la realidad, toda vez que desde el proyecto original que presentó a consideración del Congreso el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Hacienda y Crédito Público, se advirtió el porqué de ésta, tal como puede constatarse en la Gaceta del Congreso Nº 17, pág. 43. Así mismo, los integrantes de las comisiones de Cámara y Senado, que sesionaron conjuntamente para dar el debate correspondiente al mencionado proyecto, le introdujeron algunas precisiones y avalaron su inserción (véase la Gaceta del Congreso Nº 284, del 20 de noviembre de 1998, pág. 4).

4.13. Es necesario precisar, finalmente, que la declaración de exequibilidad que en esta providencia se hace, no significa que la Corte avale o reconozca la constitucionalidad de la inversión de que trata la Ley 487 de 1998, dado que este asunto no fue objeto de análisis en esta sentencia.

III. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE el aparte del artículo 4º de la Ley 487 de 1998, según el cual “Para el cálculo de la inversión de que trata el presente artículo, se descontarán del patrimonio líquido, aquella proporción que dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a 31 de diciembre del respectivo año, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en sociedades...”, bajo el entendido que dicho descuento sólo se justifica cuando la sociedad de la que se es socio o accionista, esté obligada a efectuar la inversión de que trata el artículo 3º de la Ley 487 de 1998.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-476 de julio 7 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán Sierra).

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