Sentencia C-476 de mayo 10 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-476 de 2005 

Ref.: Expediente D-5454

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demandante: Johan David Saldaña Anzola.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3º y 8º (parcial) de la Ley 721 de 2001 “por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968”.

Bogotá, D. C., diez de mayo del año dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

El siguiente es el texto de la norma demandada, publicada en el Diario Oficial 44.661 de 29 de diciembre 8 de 2001, (se resalta lo demandado).

“LEY 721 DE 2001

(Diciembre 24)

Por medio de la cual se modifica la Ley 75 de 1968.

El Congreso de Colombia,

(...).

ART. 3º—Solo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente.

ART. 8º—El artículo 14 de la Ley 75 de 1968, quedará así:

Presentada la demanda por la persona que tenga derecho a hacerlo se le notificará personalmente al demandado o demandada quien dispone de ocho (8) días hábiles para contestarla. Debe advertirse en la notificación sobre los efectos de la renuencia a comparecer a la práctica de esta prueba.

Con el auto admisorio de la demanda el juez del conocimiento ordenará la práctica de la prueba y con el resultado en firme se procede a dictar sentencia.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad que se promuevan por los ciudadanos contra normas legales, como ocurre en este caso con respecto a los artículos 3º y 8º inciso 2º de la Ley 721 de 2001.

2. Lo que se debate.

Conforme a lo expuesto, ha de decidirse por la Corte en este caso si el artículo 3º de la Ley 721 de 2001 en cuanto establece que solo en los casos en que sea absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a otras pruebas para dictar sentencia en los procesos de investigación de la paternidad o la maternidad, así como el artículo 8º inciso 2º de la misma ley en el cual se preceptúa que la práctica de la prueba de ADN debe ordenarse en el auto admisorio de la demanda y que con su resultado en firme se proceda a dictar sentencia, se ajustan a la Constitución Política. O si, por el contrario, las disposiciones legales mencionadas quebrantan los artículos 29, 116, 228 y 44 de la Carta, por cuanto imponen al juez el sometimiento al dictamen rendido por quienes practiquen dicha prueba, sin posibilidad alguna de apartarse de sus conclusiones y con exclusión de otros medios de prueba.

3. La igualdad, el estado civil, la investigación y declaración judicial de la paternidad.

3.1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, lo cual se hace indispensable para que pueda actuar como sujeto de derechos y de obligaciones, norma que guarda estrecha relación con el derecho a la igualdad que reconoce el artículo 13 de la Carta pues, no serían libres e iguales ante la ley todas las personas, si algunas no se les reconociera personalidad jurídica, como ocurría durante la época en que existió la esclavitud.

3.2. De la existencia de la igualdad ante la ley y del reconocimiento constitucional a la personalidad jurídica, el derecho tiene establecido que surgen los atributos de la personalidad y, entre ellos, el del estado civil de las personas. Este, como se sabe, determina la situación de una persona en la familia y en la sociedad y de él se derivan derechos y obligaciones que se regulan por la ley civil.

3.3. La determinación de la situación de la persona en la familia y en la sociedad, encuentra como fuente originaria y principal la condición de hijo. Por ello, el artículo 44 de la Carta señala entre los derechos fundamentales de los niños el tener nombre y nacionalidad, así como tener una familia; y, de la misma manera, el artículo 5º de la Constitución reconoce sin discriminación la primacía de los derechos inalienable de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

3.4. Por su parte, la Convención sobre los derechos del niño, adoptada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por la Ley 12 de 1991, dispuso en el artículo 7º que el niño será inscrito en el registro civil inmediatamente después de nacido y tendrá derecho, por el solo hecho del nacimiento, a adquirir un nombre a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos.

3.5. Acorde con lo expuesto, la legislación colombiana tiene establecido el derecho de toda persona a saber quiénes son sus progenitores y a establecer su filiación, aun por la vía judicial si fuere necesario.

3.5.1. En ese marco el artículo 335 del Código Civil define la maternidad como “el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo”, y conforme a los artículos 335 a 338 autoriza y regula la impugnación de la maternidad cuando se pruebe falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero, hipótesis estas en las cuales la jurisdicción del Estado habrá de pronunciarse para determinar la filiación materna en el caso de la maternidad disputada.

3.5.2. Por lo que hace a la investigación de la paternidad, ha de recordarse que, en un principio no existía autorización legal para el efecto. Es decir, solo el reconocimiento voluntario del padre era el medio aceptado por la legislación para establecer la paternidad. Así ocurrió en el sistema original del Código de Napoleón, bajo la argumentación según la cual de esta manera se preservaba la unidad del matrimonio y de la familia de tal suerte que ella no fueran incorporados los hijos no matrimoniales por decisión de los jueces, precedida de un proceso que eventualmente podría suscitar comentarios o escándalos en la población o en los círculos de mayor relevancia en la sociedad.

A esa situación se le puso fin en 1912 en Francia, con la expresa autorización legal para declarar judicialmente la paternidad, si se configuraba alguna de las causales señaladas por el legislador, con fundamento algunas de ellas en la presunción de la existencia de relaciones sexuales extra matrimoniales entre la madre y el presunto padre si se demostraban ciertos hechos de los cuales tales relaciones pudieran inferirse.

En Colombia, como se sabe, la Ley 45 de 1936 autorizó la declaración judicial de la paternidad y, para ello, estableció las causales en las cuales esta se presume, norma que fue reformada luego por el artículo 6º de la Ley 75 de 1968, con el propósito de facilitar que mediante sentencia pueda establecerse la relación paterno filial.

4. La prueba pericial en los procesos de filiación.

Durante la vigencia de la Ley 45 de 1936 la declaración judicial de paternidad en la sentencia respectiva se fundaba, como ya se dijo, en la presunción de la paternidad en virtud de las causales señaladas expresamente por el artículo 4º de esa ley.

De ellas puede afirmarse que, con excepción de la causal 3ª en la que se instituyó como tal la existencia de una “carta u otro escrito cualquiera del pretendido padre que contenga una confesión inequívoca de paternidad” , así como cuando “se acredite la posesión notaría del estado de hijo” prevista como 6ª causal, las otras cuatro tienen en común que la paternidad se establece teniendo en cuenta la presunción de relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre por la época de la concepción del hijo, dándole aplicación al artículo 92 del Código Civil según el cual esta se presume haber ocurrido en el período comprendido entre los ciento ochenta días anteriores al nacimiento y sin exceder de los trescientos. En efecto, la presunción aludida se establece en el caso de rapto o de violación (causal 1ª), en el caso de seducción (causal 2ª), por el trato personal y social entre la madre y el presunto padre dada su naturaleza, intimidad y continuidad del que puedan inferirse relaciones sexuales (causal 4ª), así como del trato personal y social dado a la mujer durante el embarazo y parto que sea indicativo de paternidad (causal 5ª).

En virtud del progreso de la ciencia y especialmente de la genética y la biología molecular, el derecho incorporó a la investigación de la paternidad o de la maternidad la prueba pericial. Por ello, el artículo 7º de la Ley 75 de 1968 de manera expresa dispuso que en esta clase de procesos el juez, de oficio o a solicitud de parte “decretará los exámenes personales del hijo y sus ascendientes y de terceros, que aparezcan indispensables para reconocer pericialmente las características heredo-biológicas, con análisis de los grupos sanguíneos, los caracteres patológicos, morfológicos, fisiológicos e intelectuales trasmisibles, que valorará según su fundamentación y pertinencia”.

A partir de la vigencia de la Ley 75 de 1968, la prueba científica para establecer la filiación materna o paterna, no es extraña al derecho colombiano, aun cuando inicialmente hubo renuencia o desconfianza a que ella se practicara, o, aun, a aceptar sus resultados. Se hicieron esguinces para decretarla y, así, en ocasiones se adujo para no incorporarla al proceso, que si las partes no las solicitaban el juez podría abstenerse de decretarla porque no era imperativo mandato legal, sino simplemente una facultad, una mera potestad, con amplio margen de discrecionalidad para el funcionario judicial. Ello no obstante, la Corte Suprema de Justicia se encargó por vía jurisprudencial de señalar que en beneficio de la certeza de la paternidad y del derecho a conocer quiénes son los padres biológicos de una persona, el artículo 7º de la Ley 75 de 1968 no es de aplicación optativa sino que constituye una “potestad-deber”.

La Ley 721 de 2001, siguiendo al punto el derrotero jurisprudencial ya mencionado y con la finalidad de hacer efectivo el derecho a conocer quiénes son los progenitores de una persona, —lo que resulta de enorme trascendencia para el individuo, para la familia, para la sociedad y para el derecho—, modificó la Ley 75 de 1968, para regular lo atinente a la prueba pericial en los procesos de filiación.

5. Análisis sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.

5.1. La citada Ley 721 de 2001 dispuso en su artículo 1º, que el artículo 7º de la Ley 75 de 1968 quedará así: “En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%”. Además, el parágrafo 2º de dicho artículo preceptúa que “mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizará la técnica del DNA con el uso de los marcadores genéticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza de que trata el presente artículo”.

En el artículo 2º la Ley 721 de 2001 establece normas para la práctica de la prueba en los casos en que hubieren fallecido el hijo, el presunto padre o la presunta madre de este y luego, en el artículo 3º se dispone que “solo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente”, norma esta demandada como inconstitucional en este proceso.

5.2. Ante todo ha de recordarse por la Corte que una disposición legal que forma parte del cuerpo normativo de una ley, no puede ser interpretada de manera aislada, esto es, como si las demás partes de esa ley no existieran, sino que se impone una interpretación de conjunto, coherente, que impida la distorsión de aquella disposición cuyo sentido se trata de precisar. Además, ha de observarse que de esa manera se permite al interprete tener en cuenta para fijar el sentido de la ley en su conjunto y de cada uno de sus artículos en particular, la finalidad que con ella se persigue. Es decir, una interpretación armónica rescata la unidad lógico jurídica de la ley y, de manera simultánea, facilita la interpretación teleológica de las normas legales.

En ese orden de ideas, es claro para la Corte que la Ley 721 de 2001 no da por establecido que existan ya exámenes antropoheredo-biológicos que determinen científicamente y de manera indiscutible la paternidad o la maternidad en relación con una persona en particular. Por ello desde su artículo 1º, que introdujo una nueva redacción al artículo 7º de la Ley 75 de 1968, ordena al juez decretar la práctica de los exámenes en virtud de los cuales se obtenga como resultado un “índice de probabilidad superior al 99.9%” en los procesos adelantados para establecer la una o la otra. Deja pues el legislador la posibilidad de que exista, aunque lo sea en ínfima parte, una posibilidad en contrario, en cuyo caso la filiación, no queda entonces establecida plenamente y con certeza absoluta con la prueba científica ya señalada, aun cuando lo que sí queda establecido es la existencia de una probabilidad en grado tal que se aproxime con inmensa posibilidad de acierto a la realidad.

Reconoce igualmente la Ley 721 de 2001 que las técnicas de investigación en la biología molecular pueden ser susceptibles de perfeccionamiento, como por lo demás ocurre en todos los terrenos de la ciencia y, por ello, en el parágrafo 2º del artículo 1º se limita a ordenar que “la técnica del ADN con el uso de los marcadores genéticos necesarios para alcanzar el porcentaje de certeza” ya indicado, deberá ser utilizada “mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades”.

De lo dicho entonces, hasta ahora, quedan establecidas dos conclusiones: a) la primera, que el legislador no le dio aceptación a la afirmación según la cual mediante exámenes científicos puede darse por establecida de manera indiscutible y sin probabilidades de error la paternidad o la maternidad, sino que, con la prudencia que le es propia a los humanos en materia tan delicada, se limitó a expresar que mediante la práctica de tales exámenes se determina un “índice de probabilidad superior al 99.9%”, que es distinto, como salta a la vista al ciento por ciento. El legislador dejó así abierta la posibilidad del error y respeta, de entrada, la autonomía judicial para la valoración de la prueba; y b) la segunda, que “el uso de los marcadores genéticos” para alcanzar ese porcentaje de certeza puede utilizar distintas técnicas, razón por la cual señala que “mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades, se utilizará la técnica del DNA”. Es decir, que tal utilización podrá abandonarse si en el futuro aparecen por los adelantos técnicos científicos otras técnicas que sean superiores. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que los marcadores genéticos en el examen del DNA, así como pueden ser indicativos de un índice de probabilidad de la paternidad o la maternidad superior al 99.9%, sirven igualmente para descartar por completo la relación paterno-filial o materno-filial cuando son negativos.

5.3. En ese orden de ideas, ha de entenderse que el artículo 3º de la Ley 721 de 2001 no puede ser interpretado como si en él se instituyera una prueba única para decidir los procesos de investigación de la paternidad o la maternidad, consistente en la obtención de la “información de la prueba de ADN” con la cual habría que proferir el fallo correspondiente, salvo en aquellos casos en que dicha prueba no hubiere sido posible incorporarla al proceso, hipótesis en la cual, por excepción, podría recurrirse “a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente” en los procesos de filiación. Tal interpretación no guardaría la debida armonía con el artículo 1º, inciso 1º y su parágrafo 2º, pues en el primero se reconoce que las pruebas científicas deben decretarse de oficio cuando “determinen índice de probabilidad superior al 99.9%” en relación con la paternidad o maternidad que se investiga, al paso que en parágrafo 2º citado se indica cuál es la técnica que debe utilizarse en esos exámenes científicos mientras no existan otros que “ofrezcan mejores posibilidades” para alcanzar “el porcentaje de certeza” a que se refiere la norma en cuestión. De esta suerte conforme al propio texto de la ley, el Estado reconoce que la “información de la prueba de ADN” no es completa, absoluta, con ella no se alcanza a plenitud la certeza, sino tan solo un “porcentaje” de ella. Y, entonces, si ello es así, el texto del artículo 3º de la Ley 721 de 2001 no impide que en el estado actual de la ciencia, además de las pruebas científicas sobre el ADN pueda recurrirse tanto a las pruebas testimoniales, como a las documentales y a otros medios de prueba, pues la “información de la prueba de ADN” no arroja certeza absoluta sino tan sólo una altísima probabilidad de paternidad o maternidad. Ello significa, entonces, que mientras la situación no varíe hasta tal punto que la información de la prueba de ADN sea inequívoca y ofrezca certeza absoluta, puede recurrirse a otras pruebas para formar la convicción del juzgador, interpretación que resulta acorde con la finalidad de la ley y que sirve para armonizar sus distintas disposiciones.

Así, no puede afirmarse válidamente que el legislador optó por un regreso a la tarifa legal de pruebas para imponerle al juez certeza legal en lugar de la certeza judicial, como tampoco resulta de recibo concluir que se le impide al juzgador apreciar la prueba científica que se ha aludido con exclusión de las demás pues, al contrario, si esa prueba avanzada y de alto valor científico llega a establecer tan solo un alto “porcentaje de certeza” que constituye “índice de probabilidad” que incluso podría ser muy cercano al ciento por ciento, la práctica y la valoración de otros medios de prueba permiten una recta administración de justicia que no resulta violatoria del debido proceso ni en desmedro de la autonomía judicial.

No puede el perito sustituir al juez del Estado, pues el dictamen es un medio de prueba que jamás puede confundirse con la sentencia. Una es la labor del auxiliar de la administración de justicia y otra muy distinta la que corresponde al juez que en ejercicio de la competencia que se le asigna por la ley para el efecto al dictar sentencia manifiesta la voluntad del Estado para el caso concreto y conforme a la ley. Por ello el dictamen pericial a que se refiere la Ley 721 de 2001 se encuentra sometido, como cualquier otro, a las formalidades y a los requisitos de fondo exigidos por la ley y rige respecto del mismo el derecho de contradicción y la necesidad de la publicidad de la prueba, sin los cuales carece de validez. En tal virtud podrán las partes discutir, desde el principio, la idoneidad científica de quienes practiquen la prueba lo que incluye no solo a los profesionales sino a los laboratorios que actúen en la toma de las muestras que se requieran tanto respecto del padre presunto, de la mujer que se dice ser la madre, como del hijo cuya filiación se investigue y, cuando fuere el caso, de los parientes de estos e inclusive, podrá discutirse a cerca de estos y otros asuntos cuando hubiere necesidad de la exhumación de un cadáver para la práctica de tales exámenes.

De igual manera, podrán las partes ejercer el derecho de recusar a los peritos cuando exista causal para ello y no se declaren impedidos; producido el dictamen, el juez tendrá el deber de ponerlo en su conocimiento para que, conforme a las reglas procesales, puedan las partes pedir aclaración o complementación o, si fuere el caso, tacharlo por error grave. Será el juez entonces el que decida sobre tales solicitudes o sobre la impugnación de que fuere objeto el dictamen. Si opta por aceptar la tacha que se le formule, en ejercicio de sus atribuciones como director del proceso será de su competencia ordenar que se practique de nuevo y por distintos peritos la prueba científica a que se ha hecho alusión en los procesos de filiación. Es decir, que por este aspecto tampoco puede afirmarse que desde el punto de vista constitucional se vulnere con esta prueba el derecho al debido proceso judicial.

Por otra parte, ha de destacarse por la Corte que la sociedad que dicta las normas legales y que administra justicia no puede estar ausente de la determinación judicial cuando así se requiera de la paternidad o de la maternidad y, ello explica entonces que se acuda a la ciencia y a los peritos extraídos de quienes tienen la preparación para el efecto y son miembros de esa misma sociedad, pero precisamente por ello no puede privarse tampoco al estado que administra justicia de otros medios de prueba, como ocurre con las pruebas testimoniales y documentales o con la declaración de las partes en el proceso pues los testimonios, los documentos y las declaraciones que las partes rindan ante los jueces dotan de legitimidad a la sentencia judicial cuando se analizan por el juez en conjunto con las pruebas de carácter científico dándole aplicación al principio de la unidad de la prueba y a las reglas de la sana crítica para su apreciación razonada por el juzgador.

5.4. Por lo que hace a la demanda para que se declare la inconstitucionalidad del inciso 2º del artículo 8º de la Ley 721 de 2001, modificatorio del artículo 14 de la Ley 75 de 1968, en cuanto en el aparte acusado se dispone que en el auto admisorio de la demanda el juez ordena la práctica de la prueba científica a que se refiere la ley para establecer índices de probabilidad de la paternidad o la maternidad en el alto porcentaje que en ella se indica, no encuentra la Corte que se quebrante en manera alguna la Constitución, pues de acuerdo con el artículo 29 de la Carta le corresponde a la ley determinar para cada uno de los procesos las distintas etapas que han de surtirse, lo cual incluye, desde luego, la fijación de los requisitos de la demanda, las cargas procesales y el contenido de las providencias judiciales, razón por la cual el legislador legítimamente puede ordenarle al juez que en el auto admisorio de la demanda ordene la práctica de la prueba a que se ha hecho referencia. En nada se afecta con ello el principio de la publicidad de la prueba. Tampoco se le impide a las partes la contradicción de la misma. Simplemente se regula en este caso la oportunidad en que dicha prueba, cuyo decreto debe hacerse de oficio, debe ser decretada.

Ahora, en la segunda parte del inciso 2º del artículo 8º de la Ley 721 de 2001 se dispone que con el resultado en firme de la prueba científica así decretada, “se procede a dictar sentencia”. Tampoco resulta vulnerada la Constitución con esta disposición del legislador. En efecto, ello no significa que se suprima el traslado de la demanda al demandado; ni aquí se ordena prescindir de otros medios de prueba, los que pueden ser incorporados al proceso, según ya se vio; ni se suprime el derecho de presentar alegaciones luego de la finalización del período probatorio y antes de dictar sentencia; ni mucho menos desaparecen los medios de impugnación de las providencias judiciales que se dicten en el trascurso del proceso. No. Lo que la norma cuestionada señala es que practicada la prueba para obtener la información de ADN en los procesos en que se investigue la paternidad o la maternidad, se procede a dictar sentencia cuando esa prueba quede en firme, pues resultaría contrario al debido proceso proferir el fallo sin que se hubiere dado a las partes la oportunidad de la contradicción del dictamen y sin que se hubiere resuelto por el juez sobre las solicitudes de aclaración, complementación o tacha por error grave cuando hubieren sido formuladas en las oportunidades y con los requisitos que la ley regula precisamente para darle cumplimiento cabal a la garantía establecida en el artículo 29 de la Carta, que es de rigurosa observancia.

5.5. Viene entonces, como conclusión obligada de lo expuesto, que no prospera la pretensión del actor para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 3º de la Ley 721 de 2001, ni tampoco la del inciso 2º del artículo 8º de la misma ley.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES el artículo 3º de la Ley 721 de 2001, así como el inciso 2º de la misma, mediante el cual se modificó el artículo 14 de la Ley 75 de 1968, conforme a los términos señalados en el numeral 5º de la parte motiva de esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

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