Sentencia C-478 de mayo 9 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-478/2001 

Ref.: Expediente D-3255

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 41 de la Ley 141 de 1994 “Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones”.

Actor: Luis Enrique Olivera Petro.

Bogotá, D.C., sentencia aprobada a los nueve días del mes de mayo del año dos mil uno.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

Sentencia

I. Antecedentes.

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Luis Enrique Olivera Petro, demandó la inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 41 de la Ley 141 de junio 28 de 1994.

Por auto del tres (3) de noviembre de dos mil (2000), el magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó su fijación en lista. Así mismo, dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto, y se comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente del Congreso de la República, al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, al señor Ministro de Minas y Energía y a la Comisión Nacional de Regalías, con el objeto de que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de la norma acusada.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales, propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir en relación con la demanda de la referencia.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada.

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada.

"LEY 141 de 1994

(Junio 28)

“Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones".

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(...).

"ART. 41.—Distribución de las compensaciones monetarias derivadas de la explotación de níquel. (...).

“PAR.—Las compensaciones monetarias por la explotación de níquel asignadas al departamento de Córdoba, como departamento productor, se le asignará a los municipios no productores de la zona del San Jorge, así:

Municipio de Ayapel9.0%
Municipio de Planeta Rica9.0%
Municipio de Puerto Libertador7.0%
Municipio de Puerto Nuevo7.0%
Municipio de Buena Vista5.0%
Total37.0%”

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En principio, la Corte es competente para conocer de la demanda de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución, pues se acusa un artículo contenido en una ley de la República. En este caso concreto y, en virtud de que la Ley 141 de 1994 fue modificada por la Ley 619 de veinte (20) de octubre de dos mil (2000), este presupuesto procesal será objeto de análisis específico en esta providencia.

2. Inhibición por subrogación de la norma acusada.

La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que cuando una norma deja de producir efectos, bien por su derogación expresa o tácita o por su modificación, carece de objeto efectuar el control de constitucionalidad sobre la misma, salvo que la norma derogada o modificada continúe produciendo efectos jurídicos. Al respecto se ha argumentado que:

“… es un principio general del derecho, que una regulación de la misma materia por una ley posterior implica la derogación de la norma precedente, aun cuando la norma posterior no se hubiera referido de manera específica a la disposición precedente. Por ello, la Corte Constitucional considera que el artículo 183 de la Ley 136 de 1994 acusado por el actor ha sido derogado por el artículo 4º de la Ley Estatutaria 163 de 1994, pues ambas disposiciones regulan el desarrollo legal del concepto de residencia electoral para efectos de aplicar el artículo 316 de la Constitución, y la ley estatutaria es posterior a la norma acusada.

La Corte Constitucional ha reiterado que en función de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas únicamente cuando tales normas continúen introduciendo efectos jurídicos. En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto:

En este orden de ideas, la Corte debe examinar si la norma demandada ocasiona o produjo efectos jurídicos que justifiquen el pronunciamiento de este tribunal. Y es claro que ello no ocurre, puesto que la aplicación del artículo 316 de la Constitución se efectúa con base en la nueva regulación de la ley estatutaria y no con fundamento en la disposición impugnada. El pronunciamiento de la Corte debe entonces ser inhibitorio (C. Const., Sent. C-307/95, resaltado fuera del texto).

En el caso que ahora ocupa la atención de esta Sala, el actor acusa la inexequibilidad del parágrafo del artículo 41 de la Ley 141 de 1994. Sin embargo, dicho parágrafo fue subrogado con la expedición de la Ley 619 de octubre 20 de 2000 “Por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones”. La mencionada ley, en su artículo 14 dispone:

ART. 14.—El artículo 41 de la Ley 141 de 1994, quedará así:

"ART. 41.—Distribución de las compensaciones monetarias derivadas de la explotación de níquel. (...).

"PAR.—Las compensaciones monetarias por la explotación de níquel asignadas al departamento de Córdoba, como departamento productor, se distribuirá entre los municipios no productores de la zona del San Jorge, así:

Municipio de Puerto Libertador9.0%
Municipio de Ayapel8.0%
Municipio de Planeta Rica8.0%
Municipio de Puerto Nuevo7.0%
Municipio de Buenavista5.0%
Municipio de la Apartada5.0%
Total42.0%”

La modificación del precepto acusado lleva a esta corporación a analizar si a pesar de ésta, es procedente el juicio de constitucionalidad, tal como lo plantea el ciudadano demandante; estudio este que ha de hacerse teniendo en cuenta que la norma acusada desapareció del ordenamiento jurídico.

La Sala considera que la modificación que trajo la Ley 619 de octubre 20 de 2000, deja sin efectos el precepto acusado, pues tal como en su oportunidad lo explicó el interviniente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la distribución establecida por el artículo 41 de la Ley 141 de 1994 debe efectuarse mensualmente y no existen actuaciones en curso una vez se determine una nueva forma de distribución. Siendo ello así, es claro que la norma acusada dejó de producir efectos desde el 20 de octubre de 2000 y por consiguiente, carece de objeto que la Corte emita un pronunciamiento de fondo sobre una norma que hoy ya no rige en el ordenamiento jurídico, ni tampoco se encuentra produciendo efectos en la actualidad.

VII. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo por carencia actual del objeto con respecto al parágrafo del artículo 41 de la Ley 141 de 1994, “Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones”.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.

_______________________________