Sentencia C-479 de mayo 9 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

DELITO DE USURA

TASA DE INTERÉS QUE SE TIENE EN CUENTA

SENTENCIA NÚMERO C-479 DE 2001

Ref.: Expediente D-3188

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Actor: Sonia María Ospina Giraldo

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 305 de la Ley 599 de 2000

Bogotá, D.C., nueve de mayo de dos mil uno

EXTRACTOS: « II. Texto de la norma acusada

El tenor literal de la disposición cuya inconstitucionalidad se demanda, según aparece publicada en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000, es el siguiente:

LEY 599 DE 2000 

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código Penal.

ART. 305.—Usura. El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones previstos en este artículo, incurrirá en prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de cien (100) a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta Fundamental.

2. La materia sujeta a examen.

La demandante solicita la declaratoria de inexequibilidad del artículo 305 del Nuevo Código Penal, Ley 599 de 2000, sobre el delito de usura.

Los cargos son, en esencia, los mismos que la actora formuló en la demanda que instauró contra el artículo 235 del Código Penal vigente, tal como fue modificado por el artículo 1º del Decreto 141 de 1980, y que fue fallada por esta corporación mediante Sentencia C-333 de 2001.

Sostiene la actora que el mencionado artículo 305 es inconstitucional por violar el principio de legalidad de que tratan los artículos 6º, 28 y 29 de la Constitución Política y ser violatorio también del Pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 15-1 y de la Convención Americana sobre derechos humanos en el artículo 9º, aprobados mediante las leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, respectivamente, que consagran idéntico principio.

Manifiesta la demandante que de acuerdo con las anteriores disposiciones, que han sido desarrolladas por la legislación penal, nadie puede ser juzgado, ni condenado, ni reducido a prisión o arresto sino por virtud de motivo previamente definido en la ley de manera clara, explícita e inequívoca, y sin que las normas que tipifican las conductas punibles puedan tener efecto retroactivo o retrospectivo.

Señala que la norma acusada desconoce los citados principios porque conforme a la misma, quien recibe o cobra un rendimiento financiero sólo a posteriori podría conocer la ilicitud de su acto, puesto que sólo en ese momento puede la Superintendencia Bancaria certificar “... el interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos".

Precisa que por “período correspondiente" debe entenderse el que corresponde a la operación de crédito sujeta a examen, porque “… lo ilícito es cobrar más de una y media veces lo que cobra el mercado en el mismo momento para una operación bancaria".

Aduce que el hecho de que la Superintendencia Bancaria notifica el interés con posterioridad a la época de los hechos, no admite duda alguna, puesto que de acuerdo con la propia ley penal, se trata de una certificación, que acontece sobre hechos ciertos ocurridos en el pasado, y no de una tasa de referencia, como habría sido lo lógico.

Por su parte, los intervinientes en este proceso coinciden con el representante del Ministerio Público en que el tipo penal se ajusta a los requisitos que la doctrina constitucional ha previsto para los mismos, en la medida en que describe de manera clara e inequívoca la conducta punible, y en que la certificación que hace la superintendencia rige hacia el futuro y que por consiguiente el tipo penal de la usura, tal como está consagrado en el nuevo Código Penal, no vulnera el principio de legalidad.

3. El análisis de los cargos.

La materia sujeta a examen ya ha sido objeto de estudio por parte de esta Corte, en la medida en que, como se señaló, la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 305 del nuevo Código Penal se sustenta en cargos idénticos a los que fueron formulados contra el artículo 235 del Código Penal vigente y sobre los cuales ya se pronunció esta corporación.

Sin embargo, dado que la disposición ahora acusada presenta diferencias con respecto a la que fue objeto del fallo de la Corte, se impone analizar si proceden en este caso las consideraciones que entonces se hicieron por la corporación.

Para el efecto es necesario identificar, en primer lugar las diferencias que, en lo relevante, presentan las dos disposiciones.

Así, el artículo 235 del Código Penal vigente, declarado exequible de modo condicionado, dispone que incurre en usura quien reciba o cobre, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que “... exceda en la mitad el interés que para el período correspondiente estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, según certificación de la Superintendencia Bancaria...".

En el nuevo Código Penal la usura se supedita a cobrar o recibir utilidad o ventaja “... que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria...".

La diferencia estriba, entonces, en el interés que sirve de referencia para el tipo, puesto que en el primer caso se trata del interés que estén cobrando los bancos por los créditos ordinarios de libre asignación, y en el segundo se trata del interés bancario corriente. El cambio de redacción se produjo durante el trámite del proyecto de ley para la expedición del nuevo Código Penal. La versión original mantenía el tipo de la usura, en este aspecto, tal como está previsto en el código vigente. Para justificar el cambio los ponentes del proyecto en la Cámara de Representantes expresaron que el interés de los créditos ordinarios de libre asignación “…es ostensiblemente más elevado que el corriente, con lo cual se amplía el margen para incurrir en el delito" (1) .

(1) Ponencia para primer debate y pliego de modificaciones del Proyecto de Ley 238 de 1999 - Cámara, 40 de 1998 - Senado, por la cual se expide el Código Penal. Gaceta del Congreso 432, noviembre 11 de 1999, pág. 17.

Debe tenerse en cuenta que, hasta su incorporación en el Código Penal, como elemento del tipo de la usura, la categoría de intereses de los créditos ordinarios de libre asignación, correspondía solamente al mercado y no había sido objeto de certificación especial. Esto es, la certificación del tal interés por la superintendencia sólo empezó a darse a partir de la disposición de la ley penal. Por el contrario, el interés bancario corriente es un interés que, al margen de la realidad del mercado, tiene también una fijación administrativa, en la medida en que, por disposición de la ley, es certificado por la Superintendencia Bancaria.

Dicha certificación tiene su origen en normas distintas a la ley penal, que la establecieron con propósitos diferentes, le señalan un cierto contenido y enuncian los factores que deben tenerse en cuenta para su elaboración.

Por “interés bancario corriente”, de acuerdo con la doctrina de la Superintendencia Bancaria se entiende “el aplicado por las entidades crediticias en sus operaciones de crédito en una plaza, durante un lapso de tiempo determinado" y “corresponde, entonces, al interés promedio cobrado como práctica general, uniforme y pública en cuanto al pacto de intereses en el crédito ordinario otorgado por los establecimientos bancarios".

En la medida en que el interés bancario corriente es el resultado del promedio de una serie compleja de operaciones de crédito, a su conocimiento, por virtud de la ley, sólo puede llegarse a través de una certificación de la Superintendencia Bancaria.

Sobre este particular el Consejo de Estado (2) ha expresado que la “Superintendencia Bancaria tiene la función de certificar (negrilla original), que no fijar, la tasa de interés bancario corriente..." y que el acto de certificación “…es de los llamados por algunos autores extranjeros “acto positivo de comprobación”, en cuanto se limita a verificar de manera auténtica una situación y no procede a ninguna modificación de los hechos demostrados".

(2) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 1276, julio 5 de 2000.

Esto es, la Superintendencia Bancaria certifica el interés corriente cobrado por los bancos en un período determinado, pero al hacerlo fija el alcance del interés bancario corriente para el período de vigencia de la certificación. La expresión “interés bancario corriente" contenida en la ley es un concepto jurídico indeterminado, frente al cual la superintendencia no tiene una facultad discrecional, pero que por virtud de su actividad de verificación adquiere certeza hacia el futuro.

La redacción del tipo, tal como quedó en el nuevo Código Penal, contiene una expresión tautológica, en la medida en que se refiere al “...interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria...”, pero ya se ha visto que, en primer término, el interés bancario corriente es precisamente aquel que cobran los bancos en un momento determinado y, en segundo lugar que, por definición, ese interés se establece con certeza a partir de la certificación de la Superintendencia Bancaria. De manera que si la norma dijese simplemente “interés bancario corriente" se entendería, conforme a las normas que regulan la materia, el interés que en un período determinado cobraron los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria.

Por otra parte debe tenerse en cuenta que la norma que regula el interés bancario corriente (art. 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, D. 7359/93, art. 2º), establece que el mismo regirá a partir de la fecha de publicación del acto correspondiente, con lo cual es claro que el interés certificado por la superintendencia sólo tiene efectos hacia el futuro.

Despojada de sus elementos tautológicos, esto es, de las expresiones, “estén cobrando los bancos" y “certificado por la Superbancaria”, la norma establece como usuraria la conducta de quien reciba utilidad o ventaja que supere en la mitad el interés bancario corriente, vigente en el momento de realizarse la operación de cobrar o recibir dichas utilidad o ventaja.

No puede pretenderse que el alcance de la modificación que se introdujo en la norma sea el de cambiar el alcance de la certificación de la Superintendencia, que como se ha dicho rige hacia el futuro. El propósito de vincular el límite del interés de usura al interés bancario corriente, en lugar de al interés por los créditos ordinarios de libre asignación, no puede extenderse hasta el punto de afirmar que dicho cambio implica la certificación que de dicho interés bancario corriente hace la Superintendencia, que por virtud de la ley, sólo rige hacia el futuro, para efectos de la ley penal, tenga efecto retroactivo, en contravía con los principios rectores de ese ordenamiento especial.

Las deficiencias de redacción, que están presentes en el actual tipo, como se puntualizó en la Sentencia C-333-2001, pero que son aún más evidentes en la nueva norma, no pueden conducir a interpretar que ella cambia la naturaleza del interés bancario corriente y de la certificación que del mismo se hace por la Superintendencia Bancaria. Sin embargo dado que esa deficiencia en el texto hace que no pueda excluirse como carente de asidero en el mismo, la interpretación presentada por la actora, es necesario que la Corte la excluya como posibilidad jurídica a la luz de la Constitución, con un fallo de alcance condicionado tal como el que se expidió sobre el artículo 235 del actual Código Penal.

En efecto, la actora parte de la consideración del tiempo gramatical que emplea la norma que al decir “estén cobrando los bancos" implica una actividad que se desarrolla en el presente de un modo continuo, por oposición a la certificación que expide la superintendencia sobre un período pasado. Así, una cosa sería el “interés bancario corriente" y otra el “interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria". En este segundo evento, la certificación sería posterior a la conducta que se censura y se vulneraría el principio de legalidad en materia penal.

Caben por consiguiente las mismas consideraciones que realizó entonces la Corte en la Sentencia C-333-2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

Dijo en primer lugar la Corte que “La norma acusada contiene lo que en la doctrina se conoce como un tipo en blanco, el cual, como ha sido señalado por esta corporación en Sentencia C-559 de 1999 (M.P. A. Martínez Caballero), se caracteriza porque “… el alcance de la prohibición que consagra no puede ser determinado de manera autónoma sino que deben tomarse en cuenta otras disposiciones del ordenamiento". Dijo entonces la Corte que “... esas descripciones penales son constitucionalmente válidas, siempre y cuando el correspondiente reenvío normativo permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y de la sanción correspondiente".

Añadió que “[d]el análisis del tenor literal de la norma, puede deducirse que la misma vincula la tasa de usura a un tope establecido de acuerdo con el interés que estén cobrando los bancos en el momento en el que se recibe o cobra una utilidad o ventaja por los operadores económicos. Sin embargo, en estricto sentido, la certificación de ese interés no es posible, por cuanto, por su propia naturaleza, una certificación sólo puede versar sobre hechos pasados. No sería posible de esta manera certificar la tasa que están cobrando los bancos en un momento determinado".

De hecho, las certificaciones de la superintendencia se refieren, hoy, a la tasa anual del interés bancario corriente en un promedio para el mes inmediatamente anterior a la fecha de la certificación.

Sobre esa base, al analizar los cargos formulados, expresó la Corte que “Si, como lo sostiene la actora, el tipo exige que concurran el período de la certificación y el período en el cual se realiza la conducta susceptible de calificarse como usuraria, nos encontraríamos frente a un tipo, o inocuo, en la medida en que el agente nunca estaría en condiciones de conocer ex ante la antijuridicidad de su conducta, o inconstitucional, por violación del principio de legalidad, en los términos enunciados por la actora. En esta interpretación el referente para la conducta descrita por el tipo, en realidad, no sería “el interés que estén cobrando los bancos" sino la certificación que sobre el interés que estaban cobrando los bancos en el momento de la operación que se investiga expida la Superbancaria. Sería claro que en este caso el referente es posterior a la conducta y que el tipo no se integra sino con posterioridad a la misma, razón por la cual sería lesivo del ordenamiento superior".

Después de analizar y descartar una segunda interpretación, conforme a la cual el referente para el tipo de la usura sería el interés bancario corriente que están cobrando los bancos en el momento de cumplirse la operación de crédito objeto de censura, y que frente a ese referente económico, la certificación no tendría otro alcance que el de ser un instrumento de comprobación, la Corte concluye que la norma admite una tercera interpretación, dentro de la cual, “(…) si bien la certificación que hace la Superintendencia Bancaria recae sobre hechos ciertos ocurridos en el pasado, la misma permite determinar la tasa que están cobrando los bancos en un período dado, que, para efectos de la interpretación y aplicación de la norma, no puede ser otro que el de la vigencia de la certificación, esto es, el período comprendido entre la fecha de su expedición y la de la expedición de la siguiente".

(...).

"Esta interpretación permite mantener incólume un elemento del tipo, como es que la percepción de utilidad o ventaja sea excesiva con relación al interés que en ese momento estén cobrando los bancos. La misma requiere, sin embargo, como bien lo señala el representante de la Defensoría del Pueblo, que exista una proximidad o inmediatez entre la certificación de la superintendencia y el período para el cual dicha certificación tendrá vigencia".

"La norma acusada establece como referente para el delito de usura un hecho actual, como es el interés que estén cobrando los bancos, pero, en la medida en que el mismo es un concepto indeterminado, dispone que para fijarlo con carácter vinculante, se acuda a la certificación de la superintendencia, la cual, por su propia naturaleza, no puede versar sino sobre un período anterior. Esta opción del legislador exige que la certificación de la superintendencia se realice de manera periódica y con una frecuencia tal que permita razonablemente establecer una continuidad entre el período base para la certificación y el período de vigencia de la misma, sin que, por este concepto quepa hacer un pronunciamiento de constitucionalidad o expedir un fallo con efecto modulado, en la medida en que el legislador dejó a las autoridades administrativas la determinación de la periodicidad de las certificaciones y por consiguiente de la frecuencia que deben tener las mismas para que se conserve la voluntad legislativa de vincular la conducta punible a las condiciones de mercado imperantes en el momento de su realización".

"Por las anteriores consideraciones encuentra la Corte que los cargos de la demanda no están llamados a prosperar, en la medida en que, en todo momento los operadores económicos están en condiciones de conocer el interés que están cobrando los bancos, según la fijación previa y precisa que del mismo haya realizado la Superintendencia Bancaria al expedir certificación sobre el interés que han cobrado en el período anterior".

Encuentra, entonces la Corte que la norma acusada no es violatoria de la Constitución porque la misma contiene un tipo en blanco, para cuya concreción remite a un acto administrativo, la certificación de la superintendencia, en condiciones que no ameritan reproche de inconstitucionalidad, y que en la medida que sólo rige hacia el futuro no vulnera el principio de legalidad en materia penal.

Sin embargo, dado que, como se ha visto, tanto la expresión “el período correspondiente”, como la reiteración que la norma hace de los elementos que integran el concepto de “interés bancario corriente”, esto es la referencia, en adición a esa expresión, al interés “(...) que estén cobrando los bancos (...) y a la “(...) certificación de la Superintendencia Bancaria (...)”, han sido objeto de diversas interpretaciones encuentra la Corte que cabe en este caso hacer una declaratoria de constitucionalidad condicionada, en los siguientes términos:

El artículo 305 del Código Penal (L. 599/00) sólo es constitucional si se interpreta que la conducta punible consiste en recibir o cobrar utilidad o ventaja que exceda en la mitad el interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según la certificación que previamente haya expedido la Superintendencia Bancaria y que se encuentre vigente en el momento de producirse la conducta.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, oído el concepto del Procurador General de la Nación y surtidos los trámites que ordena el Decreto 2067 de 1991,

RESUELVE:

1. Declárase la EXEQUIBILIDAD del artículo 305 del Código Penal, Ley 599 de 2000, siempre y cuando se interprete que la certificación de la Superintendencia Bancaria a la que hace referencia es la que se haya expedido previamente a la conducta punible y que se encuentre vigente en el momento de producirse ésta.

2. La declaratoria de exequibilidad de la disposición acusada opera únicamente respecto del cargo examinado en la parte considerativa de la presente sentencia, esto es por violación del principio de legalidad derivada del momento en el que se expide la certificación de la Superintendencia Bancaria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 del Decreto 2067 de 1991, notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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