Sentencia C-482 de junio 11 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-482 de 2003 

Ref.: Expediente D-4365

Magistrado ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demandante: Claudia Dalida Blanco Reyes

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral once (11) parcial del artículo 140 del Código Civil Colombiano.

Bogotá, D.C., a los once días del mes de junio del año dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 7019 del miércoles 20 de abril de 1887, y se resalta el aparte acusado:

“Código Civil

TÍTULO V

De la nulidad del matrimonio y sus efectos

ART. 140.—Causales de nulidad

El matrimonio es nulo y sin efectos en los casos siguientes:

(...).

11. Cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante”.

(...).

VII. Consideraciones

1. Competencia.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución, corresponde a esta corporación conocer de la presente demanda, por dirigirse contra una disposición que forma parte de una ley de la República.

2. Planteamiento del problema.

Corresponde a la Corte determinar si la disposición demandada vulnera el principio de igualdad al permitir declarar nulo el matrimonio celebrado entre la mujer que fue esposa del adoptante y el hijo adoptivo, más no el contraído entre el ex cónyuge de la mujer adoptante y la hija adoptiva de esta.

3. Advertencia previa.

Dado que la demandante acusa la disposición cuya inexequibilidad pretende sea declarada, sólo por presunta violación del derecho a la igualdad, al análisis de ese cargo se contrae la sentencia que se proferirá por la Corte.

4. El matrimonio, la constitución de la familia y la nulidad del matrimonio civil.

4.1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 42 de la Carta Política el Estado colombiano afirma que la familia “es el núcleo fundamental de la sociedad”.

A partir de ese reconocimiento establece que a ella puede darse origen ya sea por “vínculos naturales o jurídicos”. Es decir, por la libre decisión “de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.

4.2. Acorde con lo expuesto, el citado artículo 42 de la Constitución Política impone al Estado el deber jurídico de protección integral de la familia y establece que las relaciones entre sus integrantes tienen como fundamento no sólo la igualdad de derechos y deberes de la pareja sino, además el respeto recíproco entre todos sus integrantes.

De esta suerte, por ministerio de la Constitución ha de garantizarse en el ordenamiento jurídico colombiano, en todas las circunstancias, el respeto a la libertad individual de los miembros de la familia, es decir, queda proscrita toda forma de ejercicio arbitrario de autoridad que cercene el derecho a actuar sin más límites que los que imponga el orden jurídico o los derechos de las demás personas, pues la pertenencia a una familia en nada desconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad que se garantiza por el artículo 16 de la Carta Política.

4.3. Manifestación particular y concreta de ese derecho a la propia autonomía personal, es la decisión de fundar una familia sin que tal determinación pueda ser objeto de intromisiones indebidas en la esfera de la libertad individual por nadie ni en cuanto a la persona con quien alguien resuelve dar origen a una nueva familia, ni en cuanto a la modalidad que la pareja decida utilizar para el efecto, pues es sólo al hombre y la mujer interesados en constituir esa nueva familia a quienes corresponde la determinación de contraer matrimonio o abstenerse de ello. Y, de igual manera, si optan por el matrimonio, a ellos y sólo a ellos corresponde resolver si ese vínculo se contrae civilmente o acudiendo a los ritos de una determinada religión, caso este en el cual los efectos de esta modalidad del matrimonio se rigen por lo que “establezca la ley”, según lo preceptuado por el artículo 42 de la Carta Política.

4.4. Conforme a la citada disposición constitucional es a la ley civil a la que corresponde establecer las normas que regulen lo atinente a las formalidades para contraer el matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, así como lo atinente a los derechos y deberes de los cónyuges, las reglas aplicables a su separación, a la disolución del vínculo matrimonial por divorcio o por otras causas.

4.5. Bajo este criterio, tratándose del matrimonio civil corresponde entonces al legislador establecer las causales de nulidad del mismo. Por ello, el artículo 140 del Código Civil las instituye, en ejercicio de la potestad de configuración de las leyes que corresponde al Congreso de la República de conformidad con las atribuciones que a él le confiere el artículo 150, numeral 2º de la Carta Política vigente y que antes le otorgaba el artículo 76 de la Constitución precedente.

5. Análisis de constitucionalidad del artículo 140 numeral 11 del Código Civil.

5.1. El artículo 140 del Código Civil preceptúa que “el matrimonio es nulo y sin efectos”, entre otros casos, en la hipótesis prevista en su numeral 11, a saber: “cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija adoptiva, o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue esposa del adoptante”, expresión esta última cuya inexequibilidad se impetra declarar por la ciudadana demandante por considerarla discriminatoria con respecto a las mujeres y, en consecuencia, violatoria del derecho a la igualdad.

5.2. Como se ve, no es la institución de la adopción frente a la Constitución lo que en este proceso se discute. Por el contrario, a partir del reconocimiento de ella para la protección del interés superior del menor, lo que ahora corresponde a la Corte es analizar si existe o no quebranto del derecho a la igualdad por haberse establecido por la ley que es causal de nulidad del matrimonio civil el contraerlo un hombre que fue adoptado por otro, con “la mujer que fue esposa del adoptante”.

5.3. Es claro para la Corte que en virtud de la adopción surge, con todas sus consecuencias, una relación jurídica de parentesco entre el adoptado y quien lo adopta y los parientes consanguíneos o adoptivos de este, conforme a lo dispuesto por el artículo 100 del Código del Menor, norma que guarda estrecha relación en este aspecto con lo dispuesto por el artículo 42 de la Carta Política que establece la igualdad de derechos y deberes de los hijos adoptivos con los habidos en el matrimonio o fuera de él, o con los procreados naturalmente o con asistencia científica.

Siendo ello así, no existe entonces dificultad alguna en relación con el establecimiento de causal de nulidad del matrimonio celebrado entre el padre adoptante y la hija adoptiva o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, como quiera que ellos se encuentran en el mismo grado de parentesco del hijo o hija o su progenitor o progenitora ligados por el parentesco de consanguinidad en primer grado.

5.4. La dificultad se advierte en el establecimiento por el legislador como causal de nulidad del matrimonio, cuando este hubiere sido contraído entre el hijo adoptivo y “la mujer que fue esposa del adoptante”, pero no en la hipótesis contraria. Es decir cuando el matrimonio se hubiere celebrado entre la hija adoptiva y el hombre que fue cónyuge de la madre adoptante de aquella.

5.5. Si por razones del política legislativa la ley estima que una forma de protección de la familia, es la sanción de nulidad para el matrimonio celebrado en la primera de las hipótesis a que se ha hecho alusión, mediante la cual se excluye de validez el matrimonio civil celebrado entre el varón hijo adoptivo de otro y la cónyuge de este último, no se encuentra ninguna razón de orden jurídico para asignarle validez al matrimonio que celebre quien fue cónyuge de la mujer adoptante con la hija adoptiva de esta.

Ello, con absoluta claridad establece una desigualdad de trato para situaciones idénticas. La misma relación que existe entre el padre adoptante y el hijo adoptivo, existe entre la madre adoptante y la hija adoptiva. E igualmente son matrimonios el contraído entre el hijo adoptivo de un varón y la mujer que fue esposa del adoptante, como el celebrado entre la hija adoptiva de una mujer y el hombre que fue marido de esta.

5.6. Siendo ello así, podría entonces concluirse que la norma que ahora se analiza es contraria la Constitución por cuanto rompe por completo con la regla de derecho según la cual ante circunstancias iguales de hecho se impone la misma solución de derecho, que es manifestación del derecho a la igualdad que consagra el artículo 13 de la Constitución Política. Desigualdad de trato que en este caso concreto no tiene ningún fundamento distinto al de establecer una notoria discriminación por razón del sexo a que pertenezcan los contrayentes del matrimonio.

5.7. Así las cosas, una posible solución para resolver el conflicto de validez de la expresión acusada del numeral 11 del artículo 140 del Código Civil con la Constitución Política, sería la de retirarla del ordenamiento jurídico. Esto significaría, entonces, que sería válido el matrimonio celebrado entre el hijo adoptivo y la mujer que fue esposa del adoptante.

Con todo, aplicando el principio de la conservación del derecho, no es esa la decisión que resultaría acorde con la Carta Política para preservar el derecho a la igualdad a que se ha hecho referencia, pues este queda satisfecho si se extiende la norma acusada a la hipótesis no contemplada en ella, es decir a la causal de nulidad del matrimonio celebrado entre la hija adoptiva y el varón que fue esposo de la madre adoptante de aquella. Así ante situaciones fácticas iguales, se asigna la misma consecuencia jurídica. Frente a una norma legal anterior a la expedición de la Constitución Política de 1991, se hace descender el derecho a la igualdad establecido por el artículo 13 de la Carta, para darle una nueva interpretación a la legislación preexistente. Es decir, se hace una interpretación de esta última conforme a la Constitución. Esa integración se impone en virtud de la unidad del sistema jurídico como un todo, que no sólo condiciona la validez de las normas jurídicas inferiores a la Carta Política como ley de leyes, como “norma normarum” conforme lo establece el artículo 4º de ella, sino que, además, realiza el principio según el cual la Constitución se irradia sobre toda la legislación de rango inferior.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados en esta sentencia, la expresión, “o la mujer que fue esposa del adoptante”, contenida en el numeral 11 del artículo 140 del Código Civil, siempre y cuando se entienda que la causal de nulidad aquí prevista se extiende al matrimonio contraído entre la hija adoptiva y el hombre que fue esposo de la adoptante.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

_________________________________