Sentencia C-4851 de agosto 18 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Ref.: Expediente C-4851

Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

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Consideraciones

1. Para despachar la primera parte del cargo, debe decirse que si bien el artículo 368, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, prevé que un fallo puede acusarse por error de hecho manifiesto en la apreciación del escrito introductor del proceso, a partir de la innovación introducida al numeral 2º del mismo precepto, por el Decreto 2282 de 1989, que permite combatir un fallo en casación cuando, según el artículo 305, ibídem, lo decidido no guarda armonía con la causa esgrimida para pedir, se tiene dicho que esa causal no ha quedado desdibujada.

De ahí que sea necesario diferenciar en qué evento se presenta el error de hecho y cuándo la incongruencia, para, consecuentemente, calificar el error como de juzgamiento (causal 1ª) o de actividad procesal (causal 2ª), aspecto este que, como lo precisó la Corte en sentencia de 15 de octubre de 1993 no ofrece dificultad alguna. Así, debe entenderse, en la primera hipótesis, que el fallador parte de observar estrictamente el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto la sentencia debe estar en consonancia con los hechos de la demanda, sólo que al pretender fijar su sentido y alcance, termina sin embargo alterándolos; mientras que en la segunda, el sentenciador, al considerar la causa aducida como fundamento de la pretensión, no hace cosa distinta que despreocuparse de su contenido para tener en cuenta únicamente el que de acuerdo con su personal criterio resulta digno de ser valorado.

En el caso concreto, el vicio disonante de la sentencia en relación con la causa petendi, el censor lo hace derivar de la circunstancia de no haberse calificado de “enorme” la lesión sufrida en la partición y no explicarse que lo adjudicado al causante es “inferior al 50% de sus gananciales”, o, en fin, que fue “perjudicado en más de la mitad de su cuota de gananciales”. Pero como la falta de armonía en ese aspecto tiene cabida cuando, producto de una imaginación judicial, la sentencia termina transformando los hechos sometidos a controversia, en otros distintos, claramente se advierte que al no haberse procedido de esa manera, la acusación en ese sentido resulta infundada.

2. En relación con la incongruencia respecto de lo decidido, concretamente por haberse dispuesto la cancelación de los registros de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones del dominio, efectuados después de la inscripción del libelo, si los hubiere, y condenado a la restitución de frutos, cuando ello no fue pedido en la demanda, debe decirse que si bien el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil le impone la obligación al juez de pronunciarse sobre todo lo que se le ha pedido, sin excederse y sin quedar debiendo, no puede desconocerse que el artículo 304 del mismo cuerpo normativo, integrante del principio en cuestión, también le ordena resolver “sobre los demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a lo dispuesto en este código”.

De esa manera, la inconsonancia como causal de casación en las modalidades de extra, ultra o mínima petita, debe buscarse necesariamente confrontando la parte resolutiva de la sentencia, que es la que contiene la decisión del conflicto sometido a composición judicial, con todas y cada una de esas circunstancias, para, previa labor de parangón, establecer si en realidad se presenta un ostensible desacoplamiento entre lo resuelto y los límites fijados por los litigantes o por la misma ley cuando el juez debe actuar inquisitivamente.

2.1. Pues bien, en el caso de haberse decretado la medida cautelar de inscripción de la demanda, el artículo 690, numeral 1, literal a), inciso 5 del Código de Procedimiento Civil, impone al juez el deber de disponer en la sentencia, si ésta es favorable a la parte actora, “la cancelación de los registros de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción, de la demanda, si los hubiere”, a tal extremo que si lo omite, corresponde hacerlo posteriormente, de oficio o a petición de parte, en auto que no tendrá recurso alguno.

Ahora, como en el sub júdice se decretó, en el auto admisorio de la demanda (fl. 29, cdno. 1), la medida cautelar de inscripción de esa pieza procesal en los respectivos folios de matrícula de los inmuebles, tal cual fue solicitado (fls. 26-27, íb.), y como, de otro lado, la sentencia de segundo grado acogió las pretensiones de la demanda, era imperioso disponer en ella dicha cancelación, luego al obrar de ese modo no pudo incurrir en el vicio de actividad procesal denunciado.

2.2. Tampoco pudo haber caído en el mismo yerro por haber impuesto la obligación de restituir frutos, porque así no se le hubiere solicitado, esa pretensión se encuentra implícita en el libelo por ser un complemento obligado y necesario de lo expresamente impetrado, como es el caso de las prestaciones mutuas en la invalidez de un acto o contrato (la rescisión de la partición es uno de ellos), porque, como tiene dicho la Corte (3) , las disposiciones legales que las gobiernan, tienen su fundamento en evidentes y claros motivos de equidad, razón por la cual las “restituciones mutuas quedan incluidas en la demanda de tal manera que el juzgador siempre debe considerarlas bien a petición de parte ora de oficio”, pues el efecto general y propio de toda declaración de nulidad de un negocio jurídico, es el de retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo.

(3) Cfr. Sentencia de 15 de junio de 1985.

3. El cargo, por consiguiente, no está llamado a abrirse paso.

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