Sentencia C-487 de octubre 2 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1611

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 2º, literales a) y d); 3º, literales d) y k); 4º, literales f), m), q) y t); 5º y 12, de la Ley 298 de 1996, “Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia”.

Actor:

Carlos Mario Izas Serrano

Santafé de Bogotá D.C., octubre dos de mil novecientos noventa y siete.

II. Texto de las normas acusadas

“Ley 298 de 1996 (Julio 23)

“Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se dictan otras disposiciones sobre la materia.

“...

“ART. 2º—Del contador general de la Nación. El contador general de la Nación será nombrado por el Presidente de la República y deberá reunir los siguientes requisitos:

“...

a) Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

“...

“d) Haber ejercido con buen crédito la profesión de contador público durante diez (10) años o la cátedra universitaria por el mismo tiempo en establecimientos reconocidos oficialmente.

“ART. 3º—Funciones del Contador General de la Nación:

“...

“d) elaborar el balance general, someterlo a la auditoría de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso de la República por intermedio de la Comisión legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, dentro del plazo previsto por la Constitución.

“...

“k) Diseñar, implantar y establecer políticas de control interno conforme a la ley.

“...

ART. 4º—Funciones de la Contaduría General de la Nación. La Contaduría General de la Nación desarrollará las siguientes funciones:

“...

“f) Elaborar el balance general, someterlo a la auditoría de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso de la República, para su conocimiento y análisis por intermedio de la Comisión legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, dentro del plazo previsto por la Constitución.

“...

“m) Expedir los certificados de disponibilidad de los recursos o excedentes financieros, con base en la información suministrada en los estados financieros de la Nación, de las entidades u organismos, así como cualquier otra información que resulte de los mismos.

“...

“q) Ejercer inspecciones sobre el cumplimiento de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.

“...

“t) Imponer a las entidades a las que se refiere la presente ley, a sus directivos y demás funcionarios, previas las explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las medidas o sanciones que sean pertinentes, por infracción a las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación.

“...

“ART. 5º—Oficinas contables. Para garantizar el adecuado registro contable de todas las operaciones del sector público dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, las autoridades competentes reestructurarán las áreas financieras y contables actualmente existentes con el objeto de que asuman la función de contaduría en cada una de las entidades u organismos que integran la administración pública”.

“ART. 12.—El Contador General de la Nación o su delegado será miembro de la Junta Central de Contadores de que trata el título segundo de la Ley 43 de 1990”.

VI. Consideraciones de la Corte.

Primera. La competencia

Esta corporación es competente para conocer la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los literales a) y d) del artículo 2º; d) y k) del artículo 3º; f), m), q) y t) del artículo 4º y contra los artículos 5º y 12 de la Ley 298 de 1996, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política en concordancia con el Decreto 2067 de 1991.

Segunda. La materia de la demanda

La demanda del actor plantea dos problemas de fondo, el primero la violación del principio de igualdad y del derecho político de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos de los nacionales por adopción, y el segundo la falta de competencia del legislador para atribuir determinadas funciones al ente que creó en desarrollo del artículo 354 de la Constitución Política, bien sea porque ellas le corresponde ejercerlas directamente a él mismo, o porque el constituyente las atribuyó a otros organismos del Estado.

En primer término alega que las disposiciones de los literales a) y d) del artículo 2º de la Ley 298 de 1996, que consignan dos de los requisitos que deberá cumplir la persona que aspire a desempeñarse como contador general de la Nación, ser Colombiano por nacimiento y tener una experiencia profesional o docente mínimo de diez años, vulneran el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, pues discriminan, el primero a los nacionales por adopción a los cuales el artículo 40 superior les reconoce los mismos derechos que a los nacionales por nacimiento, y el segundo a los profesionales de la contaduría que no obstante estén acreditados de conformidad con las disposiciones de la ley para desempeñarse como tales, no hayan superado los diez años de ejercicio profesional o docente.

En segundo lugar considera el actor, que las decisiones del legislador consagradas en los literales d) del artículo 3º y f) del artículo 4º, de establecer como funciones del contador general y de la Contaduría General de la Nación, las de presentar al Congreso de la República por intermedio de la comisión legal de cuentas de la Cámara de Representantes, el balance general, una vez lo hayan sometido a la auditoría de la Contraloría General de la República, son contrarias al mandato del constituyente consagrado en el parágrafo del artículo 354 superior, pues según él es esa una función que la Carta Política le atribuye directamente al Gobierno Nacional, el cual en su criterio, de conformidad con las disposiciones del artículo 115 de la Carta, única y exclusivamente lo conforman el Presidente de la República y el ministro o director de departamento administrativo correspondiente en cada negocio particular. Luego, concluye, el legislador carecía de competencia para trasladar esa función a un organismo distinto, que en su concepto no hace parte del Gobierno Nacional.

Acusa también el actor lo dispuesto en el literal k) del artículo 3º de la citada Ley 298 de 1996, pues considera que cuando el legislador le atribuyó al Contador General de la Nación, como una de sus funciones, la de “diseñar, implementar y establecer políticos de control interno conforme a la ley”, lo que hizo fue despojarse a sí mismo de una facultad que el Constituyente le asignó directamente y de manera expresa a través del artículo 269 de la Constitución Política, disposición superior que con esa decisión se desconoce y se viola. En su criterio el diseño de políticas sobre control interno es competencia exclusiva e intransferible del Congreso, y el desarrollo y adecuación de las mismas le corresponde a cada entidad pública en particular, luego si por norma legal la primera se radica en un organismo público diferente del Congreso, se le usurpa a esa corporación una de sus funciones.

Al analizar la función que el legislador le otorgó a la Contaduría General de la Nación a través del literal m) del artículo 4º de la ley impugnada, que consiste en expedir los certificados de disponibilidad de los recursos o excedentes financieros, concluye el demandante que ella contraría lo dispuesto en el artículo 151 de la Constitución Política, dada que esa misma función había sido atribuida por el legislador al Contador General de la Nación, no a la Contaduría, a través del artículo 82 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. En su opinión, si se tiene en cuenta que el mencionado artículo 82 del Estatuto Orgánico de Presupuesto es una norma jerárquicamente superior a las disposiciones que contiene la Ley 298 de 1996, ley ordinaria, no podía el Congreso, a través de esta última, modificar dicho mandato sin incurrir con ello en una clara violación del citado artículo 151 superior.

En lo que se refiere a las funciones consignadas en los literales q) y t) del artículo 4º de la Ley 298 de 1996, específicamente las de inspeccionar el cumplimiento de las normas expedidas por esa entidad y la de imponer sanciones cuando verifique infracción de las mismas, considera el demandante que con ellas, sin tener competencia para el efecto, el legislador trasladó facultades que el mismo constituyente radicó en otras entidades del Estado, entre ellas la Contraloría, la Procuraduría y los Jueces de la República, lo que implica violación de los respectivos preceptos constitucionales.

Cuestiona también el actor lo dispuesto en el artículo 5º de la citada Ley 298 de 1996, pues en su concepto no podía el legislador ordenar a la Contaduría General de la Nación reestructurar las áreas financieras y contables de las entidades que conforman la administración pública, pues, señala, tal función es competencia exclusiva del Congreso, el cual sólo para casos concretos y previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150-10 de la Constitución Política, puede facultar excepcionalmente al ejecutivo para el efecto, nunca a un organismo público diferente.

Por último, acusa el mandato del artículo 12 de la misma ley, pues en su criterio la decisión del legislador de modificar a través de esta norma lo establecido en la ley que regula el ejercicio de la contaduría como profesión, resquebraja el principio de unidad de materia que consagra el artículo 158 de la Constitución, pues es esa una disposición que no coincide con la materia que se propuso reglamentar la Ley 298 de 1996; además, en su opinión, la imposición del contador general de la Nación como uno de los miembros de la Junta Nacional de Contadores, organismo que cumple funciones de carácter disciplinario, contraría los principios de transparencia e imparcialidad a los que se refiere el artículo 209 de la Carta Política.

Tercera. El ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, en igualdad de condiciones, es condición esencial para el desarrollo del principio de participación que consagra la Constitución Política.

El primer problema que le plantea el actor a la Corte es el que según él se derive del contenido de los literales a) y d) del artículo 2º de la Ley 298 de 1996, los cuales en su opinión impiden y obstaculizan el libre ejercicio del derecho genérico fundamental de un grupo de ciudadanos, los nacionales por adopción, de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, al condicionar su acceso al desempeño de un cargo público, el de contador general de la Nación, al cumplimiento de dos requisitos que a su entender los colocan en situación de discriminación y por ende vulneran el ordenamiento superior: ser Colombiano de nacimiento y tener una experiencia, profesional o docente, mínimo de diez años.

En opinión del actor ese derecho fundamental fue reconocido por el constituyente, a través del artículo 40 superior, a todos los ciudadanos colombianos sin excepción, por lo que considera que la distinción que introdujo el legislador entre nacionales por nacimiento y nacionales por adopción para efectos de acceder al cargo de contador general de la Nación, al no ser de origen constitucional viola la Carta Política, pues no existe motivo razonable que justifique tal diferenciación.

En reiteradas oportunidades esta corporación ha señalado que la democracia participativa es el eje central de la Constitución de 1991, ese principio, acogido por la Constitución,

“...supone un proceso político abierto y libre, a cuya realización deben contribuir tanto los particulares, como todas las autoridades, incluida la fuerza pública.

“...

“La democracia participativa es un principio material que permea tanto la parte dogmática como orgánica de la Constitución. Ella exige la reinterpretación del ejercicio del poder desde la esencia de los derechos de participación”. (C.C., Sent. T-439/92, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Uno de esos derechos, de carácter genérico, es el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, siendo una de sus dimensiones la consagrada en el numeral 7º del artículo 40 de la Constitución, que reconoce el derecho de todo ciudadano de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Ese derecho,

“...tiene el carácter de fundamental en cuanto únicamente la seguridad de su ejercicio concreto permite hacer realidad el principio de participación, que se constituye en uno de los esenciales dentro de la filosofía política que inspire nuestra Carta, lo cual encuentra sustento no sólo en la misma preceptiva constitucional, en su preámbulo y en sus artículos 1º, 2º, 3º, 40, 41, 103 a 112, entre otros....

“No puede ser ajeno a la garantía constitucional de los derechos esenciales del hombre el ejercicio cierto de los que se enmarcan dentro del ámbito de la participación política, ya que éstos también son inherentes a la naturaleza humana, la cual exige, como algo derivado de su racionalidad, la opción de tomar parte en el manejo de los asuntos públicos. Ello desde luego, sobre la base de que exista con el Estado el vínculo de la nacionalidad y de que se cumplan los requerimientos constitucionales y legales para su ejercicio.

“Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789 por la Asamblea Nacional Francesa, se plasmó, como derecho del ciudadano, el de ser admitido a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin otro criterio de distinción que el derivado de sus virtudes y de sus talentos, principio ratificado por el artículo 23 de la convención americana sobre derechos humanos (pacto de San José de Costa Rica) cuando declaró en 1969 que todo ciudadano debe gozar del derecho y la oportunidad de “tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

“El mismo principio había quedado plasmado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, que entró en vigencia el 23 de marzo de 1976.

“Tanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fueron aprobados por el Congreso de Colombia mediante la Ley 74 de 1968.

“El derecho específico al ejercicio de cargos y funciones públicas merece protección, a la luz de la Constitución Colombiana, no únicamente por lo que significa en sí mismo sino por lo que representa, al tenor del artículo 40, como medio encaminado a lograr la efectividad de otro derecho —genérico— cual es el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, a objeto de realizar la vigencia material de la democracia participativa.” (C.C., Sent. T-03 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

Ahora bien, ese derecho fundamental encuentra en la misma Constitución una excepción que afecta tanto a los nacionales por nacimiento como a los nacionales por adopción, los cuales si tienen doble nacionalidad, en principio no podrán acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, correspondiéndole a la ley reglamentar y determinar los casos a los cuales esa excepción ha de aplicarse; sin embargo, esa no es la única diferenciación que consagró el constituyente entre nacionales por nacimiento y nacionales por adopción:

“Resulta claro que el propio ordenamiento Constitucional consagró diferencias de trato entre nacionales por nacimiento y nacionales por adopción. Razones que se relacionan directamente con la defensa de los intereses nacionales, la seguridad nacional y la manera como deben regirse los destinos políticos, sociales y económicos del país, fueron factores esenciales para que el Constituyente del 91 reservara a los colombianos por nacimiento el desempeño de determinadas funciones públicas. La exigencia de dichas calidades colombiano por nacimiento - no supone un desconocimiento del principio de igualdad; por el contrario, se trata del reconocimiento de una diferencia material, propia de quienes han sido llamados a representar al Estado en el desempeño de ciertas funciones públicas. Por ello, la afirmación del demandante según la cual a los nacionales se les debe reglamentar en forma idéntica todos sus derechos y deberes, sin importar la manera como se acceda a ellos, no se ajusta a lo dispuesto por la Constitución, pues si en principio se predica la igualdad de nacionales, es el propio estatuto superior el que reservó para los colombianos por nacimiento el acceso a ciertos cargos públicos y, en general, estableció diferencias entre las dos categorías de nacionales, con consecuencias jurídicas distintas, sin que sea posible alegar violación del principio de igualdad política.” (C.C., Sent. C-151/97, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

De conformidad con lo expuesto se pueden diferenciar claramente dos restricciones de origen constitucional en lo relacionado con el derecho de acceso de los ciudadanos al desempeño de cargos o funciones públicas: la primera tiene que ver con la decisión del constituyente, cuando se trata del desempeño de ciertos cargos, los más altos del Estado, de reservarlos únicamente por nacionales por nacimiento; la segunda se remite a la excepción que consagra el artículo 40-7 superior, que prohíbe en principio tanto a nacionales por nacimiento como a nacionales por adopción que tengan doble nacionalidad, acceder al desempeño de cargos y funciones públicas, situación que en cada caso debe ser reglamentada por la ley, correspondiéndole al legislador determinar cuando la excepción es aplicable.

En el caso que se analiza, el constituyente, a través del artículo 354 de la Carta creó el cargo de contador general de la Nación, sin estipular como requisito para acceder a su ejercicio el ser Colombiano por nacimiento, lo que implica que no consideró necesario restringir los alcances del artículo 40 de la Constitución Política, que establece que todo ciudadano, sin excepción, tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y que una de las formas a través de las cuales puede hacer efectivo ese derecho, es accediendo al desempeño de funciones o cargos públicos.

La disposición impugnada establece como requisito para acceder al cargo de contador general de la Nación ser colombiano de nacimiento, prohibiendo de manera tajante que los colombianos por adopción, aun cuando no posean doble nacionalidad, puedan aspirar a desempeñar esa dignidad. La pregunta que surge entonces es si el legislador, al desarrollar el mandato del artículo 354 de la Constitución Política podía, como lo hizo, imponer ese requisito para desempeñar dicho cargo, o si con esa decisión transgrede, como lo afirma el actor, el principio de igualdad que consagra el artículo 13 de la Constitución Política, e impide el ejercicio del derecho político de participación de los ciudadanos que obtuvieron su nacionalidad por adopción, violando así las disposiciones del artículo 40 de la Carta.

Para la Corte, la limitación del derecho de participación en la modalidad que describe el numeral 7º del artículo 40 de la Constitución Política, fundamental para el desarrollo y consolidación de la democracia, sólo es legítima cuando proviene directamente del constituyente, o cuando “razones relacionadas con la defensa de los intereses nacionales, la seguridad nacional y la manera como deben regirse los destinos políticos, sociales y económicos del país”(1), legitimen al legislador para hacerlo, lo que no ocurre en el caso que se analiza, que regula una función de carácter estrictamente técnico.

(1) Sentencia C-151 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Tal decisión, por carecer de un fundamento razonable y justificable implica un trato discriminatorio para los ciudadanos colombianos por adopción, pues afecta el núcleo esencial de su derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, a quienes se les proscribe un sector de la función pública sin que exista motivo alguno que haga legítima esa determinación, con lo que se les vulnera también el derecho del cual son titulares según el artículo 40-7 de la Constitución.

Por lo anterior la Corte declarará inexequible la expresión “...de nacimiento”, contenida en el literal a) del artículo 2º de la Ley 298 de 1996.

El legislador está autorizado por la Constitución para condicionar el ejercicio de funciones y cargos públicos al cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones.

Considera también el demandante que el requisito de experiencia que consagró el literal d) del artículo 2º de la Ley 298 de 1996, norma que exige un mínimo de diez años de ejercicio profesional o docente, a quien aspire a ser designado Contador General de la Nación, contraría los artículos 13 y 40-7 de la Constitución Política.

Es claro, que en tanto derecho fundamental el contenido esencial del derecho a ejercer cargos públicos es intangible, sin embargo, ello no quiere decir que no pueda ser objeto de regulaciones y limitaciones por parte del legislador, pues como lo ha dicho la Corte, el ejercicio del derecho político consagrado en el artículo 40-7 de la Carta de 1991,

“...se encuentra protegido por las mismas garantías que protegen el derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y, en general, por los principios de libertad e igualdad que dan contenido a estos derechos”.

“De ahí que al exigir ciertos requisitos o condiciones —tanto genéricas como específicas— para ejercer funciones o cargos públicos y al establecer normas que rijan la práctica laboral, el legislador no pueda vulnerar el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 40 de la Carta o de cualquier otro derecho fundamental. Como tampoco pueda desconocer los valores y principios que conforman nuestra organización social, institucional y política.” (C.C., Sent. C-537/93, M.P. Hernando Herrera Vergara).

Lo que no puede hacer el legislador “...es señalar requisitos que, sin justificación razonable, y objetivamente atendible, vulneren el principio de igualdad o restrinjan más allá de lo que sea razonablemente necesario el acceso a un puesto de trabajo o que impongan restricciones no admisibles en relación con el derecho o bien que se busca proteger”(2).

(2) (C.C., Sent. C-537/93, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).

En esta perspectiva, el requisito de experiencia profesional aparece razonable y justificable, pues la responsabilidad del manejo y dirección de la contabilidad nacional desde luego ha de entregarse a personas de sólida y reconocida experiencia, de otra parte, como lo ha señalado esta corporación:

“Al lado de la Constitución, la ley es, pues, el instrumento legítimo para exigir a quienes aspiren a ejercer funciones y cargos públicos una determinada capacitación técnica, académica, científica o empírica y para determinar los medios de acreditarla (C.C., Sent. C-537/93, M.P. Hernando Herrera Vergara).

Por lo dicho, el literal d) del artículo 2º de la Ley 298 de 1996 será declarado exequible.

Cuarta. La presentación del balance general de la Nación al Congreso de la República es la culminación de un proceso complejo a cargo del poder ejecutivo, cuya sustentación y presentación le corresponde al contador general de la Nación.

Elaborar el balance general de la Nación es una función que de conformidad con lo establecido en el artículo 354 de la Constitución Política le corresponde al contador general de la Nación; cumplirla implica llegar a un resultado específico, el balance mismo, después del desarrollo de un proceso complejo que se surte en los diferentes niveles de la administración pública, en el que participan todas las entidades que hacen parte del Estado, las cuales atendiendo las directrices y procedimientos que al efecto les señale la Contaduría General de la Nación aportan el principal “insumo” para su elaboración y consolidación: su propia información.

Ese balance, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo de la misma norma, deberá ser enviado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, seis meses después de concluido el año fiscal y previa auditoría de la Contraloría General de la República. Considera el actor que dicho mandato Constitucional fue violado por el legislador a través de las disposiciones contenidas en los artículos 3-d y 4-f de la Ley 298 de 1996, que le ordenan al contador general de la Nación y a la Contaduría a su cargo respectivamente, elaborar y presentar al Congreso, por intermedio de la comisión legal de cuentas de la Cámara de Representantes, el balance general de la Nación.

Se advierte en los argumentos expuestos por el demandante, que en su criterio la función de envío que el constituyente le atribuyó al Gobierno Nacional incluye la de presentación del balance ante el Congreso, y que en consecuencia el encargo que le dio el legislador a través de las normas impugnadas que se analizan, tanto al contador como a la contaduría, contradicen ese precepto, pues para él ni la entidad ni su titular hacen parte del Gobierno Nacional, el cual, afirma, sólo está constituido por el Presidente de la República y el respectivo ministro o jefe de departamento.

Para la Corte estas acusaciones carecen de fundamento por los siguientes motivos:

En primer lugar porque al efectuar un análisis detallado de los mandatos constitucionales sobre la materia contable, se encuentra que así como el parágrafo del artículo 354 de la Constitución le ordena al Gobierno Nacional enviar el balance general de la Nación al Congreso, el inciso primero de la misma norma le ordena al Contador General elaborarlo, mientras del último inciso del artículo 268 superior se concluye que presentarlo ante el Congreso le corresponde, por mandato del constituyente, también al Contador General de la Nación.

“ART. 268.—El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:

(...).

“Presentar a la Cámara de Representantes la cuenta general del presupuesto y del tesoro y rectificar el balance de la hacienda presentado al Congreso por el contador general”.

En síntesis, lo dispuesto en el literal d) del artículo 3º de la Ley 298 de 1996, no hace más que ratificar en cabeza del contador general de la Nación una función que le atribuyó directamente el constituyente, motivo por el cual la Corte declarará exequibles las disposiciones impugnadas.

Ahora bien, en lo referido a la acusación de inconstitucionalidad presentada contra el literal f) del artículo 3º de la Ley 298 de 1996, ha de entenderse que el constituyente en el texto del artículo 354 de la Carta Política, al prever la existencia de un funcionario que asumiera el cargo de contador general de la Nación, creó paralelamente una institución(3) que consideró esencial en la estructura del Estado, cuya dirección atribuyó a un funcionario de la rama ejecutiva que tiene la representación de la entidad, luego pretender desligar las funciones del contador de las funciones de la contaduría es equivocado, en cuanto se desprende de un ejercicio de interpretación aislado y simplista de la normas superiores, motivo por el cual la Corte también declarará exequible la disposición impugnada que se analiza.

(3) De acuerdo con la definición del diccionario de la lengua española de la Real Academia, institución es el organismo que desempeña una función de interés público, especialmente benéfico.

De otra parte, es procedente anotar que es restrictiva y simplista la interpretación que hace el demandante del artículo 115 de la Constitución, pues si bien dicho texto señala que para cada negocio en particular constituirán gobierno el presidente y el respectivo ministro o director de departamento, ello no da lugar a concluir, como lo hace el actor, que el cargo de contador general de la Nación esté por fuera de la administración pública.

Si se tiene en cuenta que el Presidente de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Constitución es el Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno y la suprema autoridad administrativa del Estado, lo que se sintetiza en su condición de cabeza máxima de rama ejecutiva, y que el contador general de la Nación es por disposición expresa del artículo 354 de la misma Carta Política un funcionario de la misma, sus actividades y el cumplimiento de sus funciones están supeditadas a las decisiones del Gobierno Nacional, luego no puede entenderse ajeno e independiente del mismo, menos cuando dadas las responsabilidades a él atribuidas, ejerce lo que la doctrina y la jurisprudencia identifican como autoridad administrativa.

En conclusión, las normas acusadas en nada contrarían el ordenamiento superior, no sólo porque expresamente el inciso final del artículo 268 de la Carta Política le atribuye al contador general de la Nación la función de presentar al Congreso el balance general de la Nación, sino porque la elaboración, envío y presentación del mismo son funciones que hacen parte de un proceso complejo del cual es responsable la rama ejecutiva.

Quinta. El diseño, la implantación y el establecimiento de políticas de control interno constituyen una obligación de origen constitucional para el contador general de la Nación.

El artículo 269 de la Carta Política establece:

“ART. 269.—En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas”.

El legislador en cumplimiento de ese precepto constitucional expidió la Ley 87 de 1993, de cuyo texto se desprenden dos consecuencias específicas para la Contaduría General de la Nación en tanto entidad pública de la rama ejecutiva que como tal hace parte de la administración pública y cuyo titular en la materia detente el carácter de jefe supremo de la administración.

La primera consecuencia es que dada su condición de entidad pública, ella como tal está sometida a sus mandatos, debiendo dar cumplimiento estricto a las disposiciones que contiene; es decir que le corresponde al contador general de la Nación como director de la institución, garantizar que en ella se diseñen e implementen políticas de control interno de conformidad con las disposiciones de la citada Ley 87 de 1993, las cuales el legislador definió en el artículo 1º de dicha norma:

“ART. 1º—Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y atención a las metas u objetivos previstos.

“El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales.

“En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de mando.

“PAR.—El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal”.

La segunda consecuencia se deduce del análisis integrado de las disposiciones del artículo 354 superior, que señala en su inciso segundo como funciones del contador general de la Nación, “...uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública... y determinar las normas contables que deben regir el país...” y de las consignadas en el artículo 269 de la misma Carta Política, desarrolladas por el legislador a través del literal a) del artículo 3º de la Ley 87 de 1993, que establecen que el sistema de control interno “...es parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad”.

Es decir, que por mandato directo del constituyente le corresponde al contador general de la Nación, máxima autoridad contable de la administración, determinar las normas contables que deben regir en el país, lo que se traduce en diseñar y expedir directrices y procedimientos dotados de fuerza vinculante, que como tales deberán ser acogidos por las entidades públicas, los cuales servirán de base para el sistema contable de cada entidad, el cual a su vez y por disposición del legislador adoptada en desarrollo del mandato del artículo 269 de la Constitución, hará parte del sistema de control interno, luego es evidente la incidencia necesaria que tendrán las disposiciones que produzca en materia contable la Contaduría General de la Nación en los sistemas de control interno que en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 adopte cada entidad pública, sin que ello signifique violación de ninguna norma del ordenamiento superior, motivo por el cual esta corporación declarará exequible el literal k) del artículo 3º de la Ley 298 de 1996.

Sexta. Lo establecido en el literal m) del artículo 4º de la Ley 298 de 1996, no modificó el contenido del artículo 82 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

El actor, al formular los cargos de inconstitucionalidad que considera que afectan el literal m) del artículo 4º de la Ley 298 de 1996, que establece como función de la Contaduría General de la Nación la de expedir los certificados de disponibilidad de los recursos o excedentes financieros, con base en la información suministrada en los estados financieros de la Nación, de las entidades u organismos, así como cualquier otra información que resulte de los mismos, no cuestiona en sí mismo el contenido de la función, su objeción se dirige a señalar una presunta violación del artículo 151 superior, pues según él la disposición impugnada contrarió y desconoció lo establecido en el artículo 82 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Dice el mencionado artículo:

“ART. 82.—La disponibilidad de los ingresos de la Nación para abrir los créditos adicionales al presupuesto será certificada por el contador general. En el caso de los ingresos de los establecimientos públicos la disponibilidad será certificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces.

“(...)”.

La acusación del demandante se puede sintetizar entonces de la siguiente manera: siendo la norma transcrita una norma orgánica, como tal es jerárquicamente superior a las demás leyes que versen sobre el mismo contenido material, luego el legislador, en el caso que se analiza, no podía a través de la disposición impugnada, contenida en una ley ordinaria, dada la condición de subordinación de esta última, modificar lo dispuesto en la norma orgánica sin desconocer con ello el mandato del artículo 151 superior.

Si bien es cierto el planteamiento que señala que una norma orgánica no puede ser modificada por una norma ordinaria, no encuentra la Corte que en el caso sub examine se produzca esa situación, pues como se dijo en la consideración cuarta de esta providencia, el Constituyente en el artículo 354 de la Constitución Política al prever la existencia de un funcionario que asumiera el cargo de “contador general de la Nación”, creó paralelamente una institución que consideró esencial en la estructura del Estado Colombiano, institución que fue desarrollada por el legislador a través de la ley 298 de 1996, por la cual se creó la Contaduría General de la Nación, cuya dirección se encargó al contador general de la Nación. Así se consignó en el artículo 1º de la citada ley:

“ART. 1º—Contaduría General de la Nación. A cargo del contador general de la Nación, créase la Contaduría General de la Nación como una unidad administrativa especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía presupuestal, administrativa y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones.

En esta perspectiva es viable identificar los conceptos de contador general de la Nación y Contaduría General de la Nación, pues es obvio que el funcionario por sí solo, sin la infraestructura que soporta la institución no podría realizar las funciones a ella encomendadas; desde luego la responsabilidad sobre las actuaciones de la entidad recae sobre el funcionario como director de la misma, quien en el caso de los certificados de disponibilidad deberá expedirlos él directamente, tal como lo señala la norma mencionada del Estatuto Orgánico, para lo cual tendrá como soporte el trabajo que adelante la institución a su cargo tal como lo establece la disposición impugnada, lectura que permite evidenciar que no existe contradicción entre las dos normas y menos que la orgánica haya sido derogada por la ordinaria; en definitiva la distinción que hace el actor es equivocada, pues desliga al funcionario encargado de dirigir una entidad pública de la entidad misma, como si no existiera entre ellos una relación orgánica, directa y necesaria.

Por lo expuesto, la Corte declarará exequible el literal m) del artículo 4º de la Ley 298 de 1996.

Séptima. Las funciones que el constituyente le otorgó al Contador General de la Nación a través del artículo 354 de la Constitución Política, lo configuran a él y a la institución a su cargo como una autoridad administrativa con poderes de decisión, de mando e imposición, las cuales entrañan facultades de inspección y de sanción en el ámbito administrativo.

En la estructura del Estado se reconocen, como lo ha señalado el Consejo de Estado, cargos con autoridad política y cargos con autoridad administrativa, éstos últimos son “...todos los que corresponden a la administración nacional, departamental y municipal, incluidos los órganos electorales y de control, que impliquen poderes decisorios, de mando o imposición sobre los subordinados y la sociedad...”.(4)

(4) Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 413. Consulta 001666 de 5 de noviembre de 1991.

Se advierte claramente en el texto del artículo 354 de la Constitución, que la institución rectora y máxima autoridad administrativa a nivel nacional en materia contable son respectivamente la Contaduría y el contador general de la Nación, siendo sus subordinadas, en esa materia , todas las entidades públicas; a ella le corresponde, dice la citada norma superior, “...determinar las normas contables que deben regir el país, conforme a la ley...”

Así mismo, esa institución es responsable, según lo dispuesto en el inciso segundo del citado artículo 354 de la Constitución Política, de “...uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, [y de] elaborar el balance general...”, funciones todas, que dadas sus características, entrañan con carácter esencial la posibilidad de ejercer poder de mando e imposición sobre las entidades públicas supeditadas para esos efectos a la institución del Contador, sea cual sea el nivel al que pertenezcan.

En esa perspectiva, las decisiones que en materia contable adopte la contaduría de conformidad con la ley, son obligatorias para las entidades del Estado, y lo son porque ellas hacen parte de un complejo proceso en el que el ejercicio individual de cada una de ellas irradia en el ejercicio general, afectando de manera sustancial los “productos finales”, entre ellos el balance general, los cuales son definitivos para el manejo de las finanzas del Estado.

Esos poderes, “de imposición y de mando”, reclaman para ser efectivos facultades de inspección y de sanción como las consagradas en los literales q) y t) del artículo 4º de la Ley 298 de 1996, las cuales deben ser reguladas por la ley, a través de las cuales el organismo rector, en este caso la contaduría, pueda verificar y exigir, de ser el caso coercitivamente, el cumplimiento oportuno y pertinente de las normas y directrices que expida en cumplimiento de sus funciones, pues los errores o inconsistencias en el desarrollo de los procedimientos que ella determine, como se dijo, no sólo afectarían la contabilidad de la entidad inspeccionada, sino que distorsionarían el escenario contable nacional acarreando graves consecuencias para el país.

Esas facultades de inspección y de sanción, que deben ser objeto de regulación especial por parte del legislador, o en su defecto remitirse a las disposiciones generales de la ley (Código Único Disciplinario), en el caso que se analiza, se limitan al ámbito administrativo, por eso las otorgó el legislador, de conformidad con el texto de las disposiciones impugnadas, exclusivamente para verificar el cumplimiento de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación, lo que indica que en ningún caso invaden materias o espacios atribuidos por el Constituyente a otros organismos del Estado.

Tanto es así que si al verificar el incumplimiento de una norma contable, el seguimiento estricto de un determinado procedimiento por ejemplo, la Contaduría también y por ende verifica el incumplimiento de los deberes atribuidos al funcionario responsable, esa entidad estará en la obligación de poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación la situación, pues es ella la encargada de adelantar las investigaciones disciplinarias contra los funcionarios públicos. Igualmente, si considera que el incumplimiento de los deberes por parte del funcionario, se origina o da pie a una situación ilícita, deberá dar cuenta de ello a la Fiscalía, organismo al que le corresponderá adelantar la investigación del caso y si lo considera pertinente formular ante los jueces la respectiva acusación.

No se encuentra pues en las normas atacadas elemento alguno que permita concluir que la Contaduría pueda, con base en la facultades de inspección y de sanción que a través de ellas se le atribuyeron, las cuales debe cumplir de conformidad con lo establecido en los correspondientes mandatos de ley, arrogarse, como lo afirma el actor, funciones que el constituyente de manera directa le dio a otros organismos del Estado, por lo que se desvirtúan los cargos de inconstitucionalidad formulados contra ellas.

Octava. la reestructuración de las áreas financieras y contables de las entidades públicas ordenada en el artículo 5º de la Ley 298 de 1996, no contradice las disposiciones de los artículos 150-7, 300-7 y 313-6 de la Constitución Política.

En opinión del actor, el legislador, al ordenar a través de la norma impugnada que se analiza la reestructuración de las áreas contables y financieras existentes, a la fecha de expedición de la ley, en las entidades públicas de todo orden, señalando como plaza perentorio para el efecto seis meses a partir de esa misma fecha, lo que hizo fue trasladar a las mismas entidades, sin tener facultades para hacerlo, la competencia que el constituyente le atribuyó en el nivel nacional directamente a él, a través del numeral 7º del artículo 150 de la Constitución, y en el nivel territorial a las asambleas y concejos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 300-7 y 313- de la misma.

Considera la Corte que los cargos presentados por el demandante carecen de fundamento, y que el contenido de la norma impugnada es acorde con el ordenamiento superior por los siguientes motivos:

El numeral 7º del artículo 150 de la Constitución Política establece:

“ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(...).

“7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica...”.

En el artículo 5º de la Ley 298 de 1996, el legislador, en desarrollo de mandato del artículo 354 de la Carta, norma superior que creó la institución del Contador General de la República, a la cual dotó de capacidad para regir la materia contable a nivel nacional, lo que implica que sus decisiones irradian y son obligatorias en todas las instituciones públicas, sea cual sea el nivel al que pertenezcan, lo que hizo fue ordenar que dichas entidades adecuaran sus dependencias financieras y contables para asumir, de conformidad con los términos de la Constitución de 1991, la función de Contaduría, la cual hasta entonces, como quedó anotado, se había diluido sin que existiera un organismo

responsable de la misma; esa función implica acoger las normas y procedimientos que en materia contable produzca la Contaduría, y producir unos resultados concretos que servirán de insumo para la elaboración de instrumentos, entre ellos del balance general de la Nación, que son esenciales para el manejo de las finanzas del Estado, luego era predecible que la organización interna de las mismas no correspondiera a las exigencias de la nueva función, y urgente que se efectuaran en ellas los cambios necesarios para el efecto.

Nótese que la norma impugnada se refiere a la “reestructuración”, en el sentido de reorganización, de las áreas contables y financieras existentes en las entidades públicas, ella no facultó a las autoridades competentes en cada caso, para crear nuevas dependencias o para suprimir o fusionar las que tenían, lo cual si hubiera afectado la estructura de cada entidad, función que definitivamente le corresponde en el orden nacional al Congreso y en las entidades territoriales a los concejos y asambleas.

Lo que hizo el legislador fue requerir de las instituciones del Estado, de todos los niveles, una acción inmediata, por eso fijó un plaza de seis meses, que les permitiera asumir en sus dependencias especializadas un nuevo esquema de organización que hiciera viable, bajo las directrices de la institución rectora de la función contable, la Contaduría, el cumplimiento de las funciones que en esa materia les corresponden, las cuales, se reitera, hacen parte de un proceso complejo a través del cual se concretan resultados esenciales para el manejo financiero y presupuestal del país.

Ese requerimiento perentorio, que se efectuó a través de la norma atacada a las entidades públicas, no pretendió que ellas asumieran las funciones a las que se refieren lo artículos 150-7, 300-7 y 313-6 de la Constitución Política ni desconoció el mandato del artículo 150-10 de la misma, con fundamento en el cual el Congreso puede delegar, de manera expresa y para situaciones concretas, esas facultades en el ejecutivo, pues lo que exigió el legislador fue que las autoridades competentes en cada caso reorganizaran internamente en cada entidad pública sus áreas financieras y contables, reorganización necesaria para el cumplimiento de un mandato constitucional, lo que en muchos casos se facilita dada la tendencia del legislador de aprobar estructuras abiertas y flexibles en la administración pública. Por lo dicho esta corporación declarará exequible el artículo 5 de la Ley 298 de 1996.

Novena. La inclusión del contador general de la Nación en la Junta Central de Contadores no viola el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política, ni obstaculiza la realización de los principios consagrados en el artículo 209 del ordenamiento superior.

Como se ha dicho, el legislador, a través de la Ley 298 de 1996 desarrolló el mandato constitucional contenido en el artículo 354 superior; para hacerlo debió regular lo relacionado con el funcionario que por disposición del constituyente estará a cargo del organismo al que le corresponde regir la materia contable en la administración pública, el contador general de la Nación, señalando los requisitos que debe acreditar para desempeñar el cargo y las funciones específicas que debe cumplir, una de ellas ser miembro de la Junta Central de Contadores.

No es entonces admisible el argumento del actor, que señala que el contenido del artículo 12 de la Ley 298 de 1996 es extraño y ajeno a la materia que la misma regula y que no existe relación entre una y otra, pues a través de dicha norma el legislador, en desarrollo del artículo 354 superior y dando cumplimiento al encargo que le hizo el constituyente a través del artículo 122 de la Carta, le atribuyó al contador, teniendo en cuenta las tareas especializadas que cumple en la administración pública, todas relacionadas con el ejercicio de la contaduría, además de la sólida formación profesional que se le exige, una función pública(5) específica, para la cual acredita especiales competencias, pues su labor implica un conocimiento profundo de las características, requisitos y normas que regulan la profesión de contador, condiciones del todo deseables en un miembro del tribunal disciplinario de la misma, el cual de conformidad con lo dicho por esta corporación, adelanta procesos de ese carácter, con lo que se desvirtúa el cargo de violación del artículo 158 superior.

Ahora bien, la pregunta que surge entonces es si la función misma contraría o no los principios de imparcialidad y transparencia que consagra el artículo 209 superior.

(5) Corte Constitucional, sentencia T-151 de 1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

El legislador, a través de la norma impugnada, modificó la composición de la Junta Central de Contadores, cuya naturaleza jurídica, composición y funciones se encuentran consagradas en el título segundo del capítulo tercero de la Ley 43 de 1990, específicamente en los artículo 15 y 16:

“Título segundo

“Junta Central de Contadores.

“ART. 15.—De la naturaleza de la junta. La Junta Central de Contadores, creada por medio del Decreto legislativo número 2373 de 1956, será una unidad administrativa dependiente del Ministerio de Educación Nacional.

“ART. 16.—De la composición. la Junta Central de Contadores será el tribunal disciplinario de la profesión y estará integrada por ocho (8) miembros así:

1. El Ministro de Educación Nacional o su delegado

2. El Presidente de la Comisión Nacional de Valores(6)

3. El Superintendente de Sociedades o su delegado

4. El Superintendente Bancario o su delegado

5. Un representante de la Asociación Colombiana de Universidades o la entidad que la sustituya, con su suplente.

6. Un representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, Asfacop, o la entidad que la sustituya con su suplente.

7. Dos (2) representantes de los Contadores Públicos con sus suplentes.

(6) A través del artículo 52 transitorio de la Constitución Política a partir de la entrada en vigencia de la misma, la Comisión Nacional de Valores asumió el carácter de Superintendencia.

“PAR.—Los delegados de los funcionarios antes mencionados deberán tener la calidad de contadores públicos, con la excepción del delegado del Ministerio de Educación Nacional.

Si se tiene en cuenta que dicha junta fue definida por la ley como una unidad administrativa especial dependiente del Ministerio de Educación Nacional, es claro que se trata de una dependencia de aquel que como tal hace parte de su estructura.

“...Las unidades administrativas especiales, tanto desde el punto de vista de las funciones a ellas atribuidas, como desde el punto de vista de su organización y régimen, forman parte de la estructura, bien de los ministerios, ora de los departamentos administrativos, en calidad de simples dependencias. Las entidades cuestionadas, no están pues ni adscritas ni vinculadas a la administración central, son la administración misma”.(7)

(7) Corte Suprema de Justicia, sentencia de abril 28 de 1991. Foro colombiano, Nº 143, año 13, tomo 24, Bogotá, mayo de 1981.

En consecuencia, la Junta Central de Contadores es una dependencia que conforman, entre otros, altos funcionarios del Estado, cuyas funciones y competencias tienen una estrecha relación con el ejercicio de la contaduría, además de representantes de las respectivas organizaciones gremiales y del sector académico especializado en esa área del conocimiento. No se trata, como parece entenderlo el actor, de un ente autónomo que no admita interferencia del ejecutivo, es una dependencia de esa rama del poder a través de la cual el Estado, representado por el Ministerio de Educación, cumple con el deber de promover y garantizar el ejercicio de una profesión, la contaduría, dentro del marco que las normas éticas y legales configuran.

El tribunal disciplinario que conforma la junta ejerce sus funciones en relación con los profesionales de la contaduría, asociados o individualmente considerados, sea cual sea el campo en el que se desempeñen, público o privado, su tarea no es vigilar y sancionar la conducta de los funcionarios públicos contadores, la cual fue encomendada por el constituyente a la Procuraduría; tampoco le corresponde investigar y si es del caso juzgar conductas presuntamente ilícitas de esos profesionales, funciones propias de la fiscalía y los jueces de la República, las cuales de conocerlas deberán denunciar ante las autoridades competentes.

Su principal cometido es garantizarle a la sociedad que quien se desempeña como contador y está habilitado por la ley para dar fe en los asuntos que atañen a esa profesión, cumple con los requerimientos de la ley en cuanto a formación y desarrollo de competencias y acredita idoneidad y probidad profesional y las más altas calidades éticas. En esa perspectiva, la presencia del contador general de la Nación, así como la de los superintendentes que señala la norma citada(8), se justifica en cuanto se trata de personas especializadas en las ciencias contables, y en el caso específico del primero de un funcionario que dentro de la estructura del Estado cumple, al más alto nivel, la función de contador del Estado.

Ahora bien, él y sus colegas subalternos, en tanto profesionales de la contaduría, también son potenciales sujetos de las acciones del tribunal, por lo que de presentarse esos casos el contador, como miembro de la junta, deberá acogerse a las normas sobre inhabilidades, impedimentos y recusaciones señaladas para los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la citada Ley 43 de 1990, sin que ello pueda interpretarse como una obstrucción a la realización de los principios de transparencia e imparcialidad a los que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, que al contrario encuentran espacios más claros de realización si el Estado está en real capacidad de garantizar la idoneidad y eticidad de los profesionales a su servicio.

(8) Cabe resaltar, que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 16 de la Ley 43 de 1990, en el caso de que los funcionarios públicos que conforman la junta deleguen en otro esa función, el delegado, necesariamente, deberá ser contador público; se exceptúa de esta disposición el Ministro de Educación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional actuando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar exequibles los literales d) del artículo 2º; d) y k) del artículo 3º; f), m), q) y t) del artículo 4º; y los artículo 5º y 12 de la Ley 298 de 1996; así mismo el literal a) del artículo 2º de dicha ley, salvo la expresión “...de nacimiento” que se declare inexequible.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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