Sentencia C-488 de noviembre 2 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

DECRETOS DICTADOS EN DESARROLLO DE LA CONMOCIÓN INTERIOR

INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA

EXTRACTOS: «La secretaría general de la Presidencia de la República, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 214, numeral 6º, de la Constitución Política, remitió a la Corte fotocopia auténtica del Decreto Legislativo Número 1371 del 16 de agosto de 1995, “por el cual se expiden medidas contra la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Presidente de la República con invocación de las facultades previstas en el artículo 213 de la Carta y en desarrollo del Decreto 1370 de 1995.

Esta Corte es competente para resolver en definitiva sobre la constitucionalidad del Decreto transcrito, según lo dispone el artículo 241, numeral 7º, de la Constitución Política.

Inconstitucionalidad por consecuencia

Entre los decretos que puede expedir el Presidente de la República con base en las atribuciones excepcionales que consagra el artículo 213 de la Constitución Política, debe distinguirse entre el decreto inicial —por el cual se declara el estado de conmoción interior en todo o en parte del territorio nacional, en cuya virtud el Presidente asume los poderes extraordinarios que el aludido precepto constitucional supone—; los decretos legislativos que se dictan en su desarrollo —es decir, los que plasman las medidas encaminadas a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión de sus efectos—; los decretos legislativos por medio de los cuales se prorroga el estado de conmoción interior —lo cual puede ocurrir hasta por dos períodos de noventa (90) días, fuera de los iniciales, el segundo previo concepto favorable del Senado de la República—; el decreto por el cual se declara restablecido el orden público y, en consecuencia, se levanta el estado de conmoción interior; y el decreto por medio del cual, si así lo considera el ejecutivo, se prorroga la vigencia de las medidas adoptadas, hasta por noventa (90) días.

La declaración de inconstitucionalidad del decreto declaratorio del estado de conmoción interior implica necesariamente que corran la misma suerte las demás disposiciones adoptadas por el Gobierno en el marco de la excepcional institución consagrada en el artículo 213 de la Carta Política.

Se trata de una inconstitucionalidad por consecuencia, es decir, del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al Jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución.

Cuando tal situación se presenta, la Corte Constitucional no puede entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independientemente de que las normas que consagran, consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución.

En el fondo ocurre que, declarada la inexequibilidad del decreto básico, el Presidente de la República queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y, por ende, ha perdido la competencia para dictar normas con fuerza de ley.

Desde luego, la declaración de inconstitucionalidad que en los expresados términos tiene lugar no repercute en determinación alguna de la Corte sobre la materialidad de cada uno de los decretos legislativos que se hubieren proferido, ya que aquélla proviene de la pérdida de sustento jurídico de la atribución presidencial legislativa, mas no de la oposición objetiva entre las normas adoptadas y la Constitución Política.

Es lo que ha sucedido en el presente caso, por cuanto el Decreto materia de proceso se expidió con base en las facultades asumidas por el Presidente de la República en virtud del Decreto Legislativo 1370 de 1995, que puso en vigencia el estado de conmoción interior por noventa (90) días y que fue hallado inexequible por esta Corporación, según sentencia C-466 del 18 de octubre de 1995 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).

De conformidad con lo expuesto, y sin necesidad de verificar los aspectos formales y materiales del Decreto 1371 de 1995, debe forzosamente concluirse en su inconstitucionalidad, como consecuencia del aludido fallo.

Decisión

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Sala Plena de la Corte Constitucional, previos los trámites contemplados en el Decreto 2067 de 1991, oído el concepto del Procurador General de la Nación, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declárase INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 1371 del 16 de agosto de 1995, “por el cual se expiden medidas contra la delincuencia organizada y se dictan otras disposiciones”.

2. Esta providencia surte efectos a partir de su notificación en los términos del artículo 16 del Decreto 2067 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(Sentencia C-488 de noviembre 2 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el debido respeto, me aparto de la decisión mayoritaria por las razones que brevemente consigno a continuación:

1. En la sentencia que declaró inexequible el Decreto 1370, declaratorio de la conmoción, no se precisó al momento a partir del cual se surtirían los efectos inherentes a tal decisión, con lo cual ha de entenderse que sólo se produjeran a partir de la ejecutoria de la misma.

2. En consecuencia, no carecía el Presidente de competencia legislativa para dictar el 1371, cuando lo dictó, porque no se había producido aún ningún fallo que lo despojara de ella. Desde ese punto de vista, el decreto en cuestión era irreprochable. No puede, pues, admitirse como se lee en el fallo del que me aparto, que: “...declarada la inexequibilidad del decreto básico, el Presidente de la República queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y, por ende, ha perdido la competencia para dictar normas con fuerza de ley”, puesto que también en este caso la sentencia sólo produce efectos hacia el futuro.

3. Ahora bien: declarada la inexequibilidad de la conmoción, se regresa al estado de normalidad jurídica y, como inevitable consecuencia, dejan de producir efectos las normas dictadas al amparo del estado de excepción, pues la situación que se genera es esencialmente igual a la que se produce cuando se declara restablecido el orden, en los términos del artículo 213, inciso 3º. Por esa razón los decretos dictados durante el lapso de la conmoción quedan, ipso jure, excluidos del ordenamiento.

4. En consecuencia, si tales normas ya no existen, hay carencia actual de objeto sobre el cual pronunciarse. Sólo tendría sentido entonces decidir acerca de la constitucionalidad de su contenido, si es que aún están produciendo efectos, en obediencia a la doctrina mantenida por la Corte sobre el magisterio moral que le incumbe cumplir.

5. Pero debe inhibirla a obrar de tal manera, la circunstancia de estar tales normas sometidas a consideración del Congreso con posibilidad de convertirse en leyes. Un juicio de la Corte sobre la constitucionalidad de las mismas, equivaldría entonces a un prejuzgamiento.

6. El precepto contenido en el artículo 241-7, según el cual es función de la Corte, “decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución”, debe entenderse, sin duda, siempre que la Corte haya encontrado conforme a derecho el decreto declaratorio de la conmoción.

En síntesis: para mí, es absolutamente claro que los decretos dictados con fundamento en las facultades que le confirió al Presidente la declaración de la conmoción, han dejado de regir en virtud de haber cesado ésta y no por haber sido declarados inexequibles por la Corte. A eso ha debido limitarse el pronunciamiento de la Corporación en un fallo inhibitorio, que es sin duda el que la lógica más elemental indica.

Carlos Gaviria Díaz 

SALVAMENTO DE VOTO

Disentimos del fallo proferido por la Sala Plena dentro del negocio de la referencia, en cuanto determinó que sus efectos son hacia el futuro y no a partir de la notificación de la sentencia C-466 del 18 de octubre de 1995, sobre la inexequibilidad del Decreto 1371 de 1995 que declaró el estado de conmoción interior, por las razones que consignamos a continuación:

Según el inciso 3º del artículo 213 de la Constitución, los decretos legislativos que dicte el Gobierno dentro del estado de conmoción interior podrán suspender las leyes incompatibles con este y “dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público”.

En el artículo 10 del Decreto 1371 de 1995, dictado en desarrollo del Decreto 1370 de 1995 que declaró el estado de conmoción interior y cuya inexequibilidad decretó la Corte, se dispuso:

“El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, suspende las disposiciones que le sean contrarias y regirá por el tiempo que dure la conmoción interior, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional prorrogue su vigencia en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 213 de la Constitución Política”.

Consideramos que el estado de conmoción interior, que comporta una grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, tiene un espacio de tiempo definido, pues debe ser decretado por un término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.

La causa que da origen al estado de conmoción interior, la “grave perturbación del orden público”, puede cesar, bien porque el Gobierno lo levante o en virtud de la inexequibilidad del decreto que hizo la correspondiente declaración. En este evento la decisión de la Corte tiene como efecto inmediato concreto que las cosas vuelvan al estado anterior; por lo tanto, hay que entender que el orden público puede ser restablecido por la decisión del Gobierno de poner fin al referido estado o por la decisión jurisdiccional de aquélla.

Consecuente con lo expuesto, restablecido el orden público por cualquiera de los indicados medios, necesariamente los decretos legislativos dictados bajo la vigencia de la conmoción interior dejan de regir. Así lo dice expresamente, el inciso 3º del artículo 214.

Así las cosas, el Decreto 1371 de 1995, sobre el cual recayó el fallo de inexequibilidad, sólo estuvo rigiendo hasta el día 30 de octubre de 1995, fecha en la cual quedó notificada la sentencia C-466 del 18 de octubre de 1995. Además, el artículo 10 de dicho decreto condicionó su vigencia “al tiempo que dure la conmoción interior”.

La sentencia de la cual nos apartamos parcialmente es incongruente, pues en estricta lógica el razonamiento en ella contenido, en el sentido de que el fallo de inexequibilidad sobre el decreto que declara la conmoción interior conlleva consecuentemente a que sean inconstitucionales los decretos dictados en desarrollo de la misma, por desaparición de la causa jurídica que les dio origen, necesariamente debió conducir a señalar que los efectos del fallo producido sobre el Decreto 1371 eran a partir de la fecha de notificación de la aludida sentencia C-466 de 1995 y no hacia el futuro.

Por lo demás, es inconcebible que una medida dictada en desarrollo de un decreto que instituye el estado de conmoción interior, declarado inexequible por la Corte, pueda continuar produciendo efectos jurídicos, pues sería tanto como hacer nugatorios los efectos del fallo de inexequibilidad y admitir que normas flagrantemente inconstitucionales puedan continuar rigiendo, contrariando lo dispuesto por la Constitución, más aún, si se tiene en cuenta la afectación que pueden sufrir los derechos fundamentales cuando se avala la vigencia de normas del estado de conmoción mas allá de los límites que ésta establece.

Es cierto que a la Corte, conforme a los artículos 214-6 y 214-7 de la Constitución, le corresponde decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que se dicten en uso de las facultades propias de los estados de excepción, pero ello no es obstáculo para que aquélla determine los efectos de sus propios fallos, con el fin de que resulten compatibles con los dictados del ordenamiento superior, según la doctrina sentada en la sentencia C-113 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), aparte de que en el caso que nos ocupa la sentencia de la Corte tiene una connotación formal y meramente declarativa.

Antonio Barrera Carbonell—Alejandro Martínez Caballero. 

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