Sentencia C-490 de mayo 4 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2650.

Sent. C-490 de 2000 

Magistrado Ponente:

Dr. Alejandro Martínez Caballero

Actor:

Rodrigo Ocampo Ossa

Demanda de inconstitucionalidad contra la artículos 327 y 513 del Código de Procedimiento Civil (parciales), modificados por el Decreto 228 de 1989, artículo 1º numerales 153 y 272.

Temas:

• Medidas cautelares, eficacia de la justicia, acceso a la justicia, buena fe y debido proceso.

• Posibilidad de que el legislador autorice la ejecución, sin previa notificación, de medidas cautelares.

Santafé de Bogotá, mayo 4 de 2000.

Competencia.

1. Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de las expresiones acusadas de los artículos 327 y 513 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numerales 153 y 272, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de normas que hacen parte de decretos expedidos en uso de facultades extraordinarias.

Cosa juzgada en relación con el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

2. La primera expresión demandada hace parte del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, la sentencia C-925 de 1999, magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa, declaró la exequibilidad de la totalidad de ese artículo, sin limitar el alcance de la cosa juzgada. Por ello, en relación con esa expresión, ha operado la cosa juzgada constitucional, por lo cual la Corte ordenará estarse a lo resuelto en la citada sentencia.

El asunto bajo revisión.

3. Según el artículo 513, inciso 5º, del Código de Procedimiento Civil (C de PC), las medidas cautelares de embargo y secuestro previos pueden ser decretadas simultáneamente con el mandamiento ejecutivo, y en tal caso se cumplirán inmediatamente, antes de la notificación a la parte demandada del auto que las decrete. Según el actor, la ejecución de la medida cautelar, sin previa notificación a la parte contraria, viola el debido proceso y el acceso a la justicia, en la medida en que restringe innecesariamente el derecho de defensa. Además, debido a que esas medidas suponen, en muchos casos, la práctica de allanamientos, el actor considera que ellas desconocen la dignidad humana y violan los derechos a la honra, el buen nombre, y la intimidad familiar. Por el contrario, los intervinientes y el ministerio consideran que la ejecución de las medidas cautelares, sin previa notificación al demandado, es un instrumento razonable y proporcional para garantizar la eficacia de la justicia, ya que de esa manera se evita que el deudor se insolvente.

Conforme a lo anterior, y como bien lo destacan algunos intervinientes, el problema constitucional que debe resolver la Corte es el siguiente: ¿la ejecución inmediata de la medida cautelar, sin previa notificación a la parte contraria, desconoce el debido proceso, y en particular el derecho de defensa, o, por el contrario, ese mandato constituye un mecanismo razonable para asegurar la eficacia de la justicia?. Para resolver ese interrogante, la Corte comenzará por recordar sus criterios sobre el sentido de las medidas cautelares, para luego analizar la regulación específicamente impugnada, y mostrar su constitucionalidad, en lo cual no hará sino reiterar los criterios adelantados sobre el mismo tema por la sentencia C-925 de 1999, magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa.

La eficacia de la justicia, las medidas cautelares, el acceso a la justicia y el debido proceso

4. La Constitución pretende asegurar una administración de justicia diligente y eficaz (C.P., art. 228). Y no podía ser de otra forma pues el Estado de derecho supone una pronta y cumplida justicia. Esto significa no sólo que los jueces deben adoptar sus decisiones en los términos establecidos por la ley, sino que, además, sus decisiones deben ser ejecutadas y cumplidas, ya que poco sentido tendría que los jueces resolvieran las controversias, pero sus decisiones resultaran inocuas en la práctica, al no poder ser materialmente ejecutadas. Ahora bien, el inevitable tiempo que dura un proceso puede a veces provocar daños irreversibles, o difícilmente reparables, en el derecho pretendido por un demandante. Es entonces necesario que el ordenamiento establezca dispositivos para prevenir esas afectaciones al bien o derecho controvertido, a fin de evitar que la decisión judicial sea vana. Y tales son precisamente las medidas cautelares, que son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello esta corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido(1).

(1) Ver sentencias C-054 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell. C-255 de 1998, M.P. Carmenza Isaza y sentencia C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

De otro lado, la Carta busca asegurar un acceso efectivo e igual a todas las personas a la justicia (C.P., art. 229), y es obvio que ese acceso no debe ser puramente formal. Las personas tienen entonces derecho a que el ordenamiento establezca mecanismos para asegurar la efectividad de las decisiones judiciales que les son favorables. La tutela cautelar constituye entonces una parte integrante del contenido constitucionalmente protegido del derecho a acceder a la justicia(2), no sólo porque garantiza la efectividad de las sentencias, sino además porque contribuye a un mayor equilibrio procesal, en la medida en que asegura que quien acuda a la justicia mantenga, en el desarrollo del proceso, un estado de cosas semejante al que existía cuando recurrió a los jueces.

(2) En derecho comparado la jurisprudencia constitucional ha llegado a conclusiones similares. Por ejemplo el tribunal constitucional español ha concluido que la tutela cautelar es elemento integrante del derecho a una tutela judicial efectiva. Ver, entre otras, las sentencias STC 14/1992 y STC 148/1993.

5. Conforme a lo anterior, las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal (C.P., arts 13, 228 y 229). Sin embargo, el legislador, aunque goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, el actor tiene razón en que los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio. Existe pues una tensión entre la necesidad de que existan mecanismos cautelares, que aseguren la efectividad de las decisiones judiciales, y el hecho de que esos mecanismos pueden llegar a afectar el debido proceso, en la medida en que se imponen preventivamente, antes de que el demandado sea derrotado en el proceso. Precisamente por esa tensión es que, como bien lo señala uno de los intervinientes, la doctrina y los distintos ordenamientos jurídicos han establecido requisitos que deben ser cumplidos para que se pueda decretar una medida cautelar, con lo cual, la ley busca que esos instrumentos cautelares sean razonables y proporcionados. Por ejemplo, en algunos ordenamientos, como el español, la ley establece tres exigencias(3): para que pueda decretarse la medida cautelar, a saber, que (i) haya la apariencia de un buen derecho (“fumus boni iuris”), esto es, que el demandante aporte un principio de prueba de que su pretensión se encuentra fundada, al menos en apariencia; (ii) que haya un peligro en la demora (“periculum in mora”), esto es que exista riesgo de que el derecho pretendido pueda verse afectado por el tiempo transcurrido en el proceso; y, finalmente, que el demandante preste garantías o “contracautelas”, las cuáles están destinadas a cubrir los eventuales daños y perjuicios ocasionados al demandado por la práctica de las medidas cautelares, si con posterioridad a su adopción, se demuestra que éstas eran infundadas.

(3) Ver, por ejemplo, I Diez-Picazo Jiménez. “Medidas cautelares” en Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, Civitas, 1995, Tomo III, pp. 4227 y ss.

Con base en lo anterior, el interrogante obvio que surge es si la regulación impugnada, al señalar que las medidas cautelares pueden ser practicadas antes de notificar al demandando, afecta desproporcionadamente el debido proceso, o por el contrario constituye una regulación razonable de estos instrumentos.

Medidas cautelares sin notificación previa al demandado, buena fe y debido proceso.

6. La práctica de las medidas cautelares antes de la notificación del auto que las decreta tiene una razón obvia, y es evitar que el demandado, al conocer que un embargo o un secuestro fueron ordenados, pueda intentar insolventarse a fin de eludir el cumplimiento de la sentencia. Por ende, esa regulación persigue un propósito constitucionalmente relevante, como es asegurar la efectividad de la sentencia, sin que pueda aducirse que de esa manera las expresiones acusadas desconocen el principio constitucional de la buena fe, al suponer que el demandado podría intentar sustraerse a las consecuencias de un fallo adverso. En efecto, el principio constitucional de la buena fe no implica que las autoridades deban regular los asuntos suponiendo que las personas se portan siempre bondadosamente y cumplen voluntariamente con todas sus obligaciones pues, como dicen los autores de El Federalista, “si los hombres fueran ángeles, no seria necesario ningún gobierno”(4), ni habría necesidad de regulaciones jurídicas, ni de ordenamientos coactivos, pues todas las personas vivirían en perfecta armonía. Los ordenamientos jurídicos existen en gran medida como un reconocimiento de las imperfecciones del ser humano, que hace necesaria la imposición coactiva de ciertos comportamientos y del cumplimiento de determinadas obligaciones, precisamente porque es razonable pensar que algunas personas estarían dispuestas a no acatar esas pautas normativas. Por ende, mal puede considerarse que desconoce el principio de buena fe la expresión acusada, simplemente porque el legislador establece mecanismos para evitar que el demandado intente insolventarse para eludir una condena en su contra. Esos comportamientos ocurren en la práctica, por lo cual bien puede la ley prevenirlos, sin que por tal razón desconozca la buena fe. Argumentar que ese tipo de reglas atenta contra el principio de buena fe llevaría a concluir que todo el código penal viola la Constitución porque la ley presume que los ciudadanos pueden cometer delitos.

(4) Madison, Hamilton y Jay. El Federalista. Nº LI.

7. La Corte encuentra también que el mandato acusado es proporcionado puesto que si bien la medida cautelar es practicada antes de notificar al demandado, lo cierto es que, como bien lo destacan varios intervinientes, el estatuto procesal pretende también salvaguardar los derechos del demandado. Así, en primer término, la ley exige que quien solicita esas medidas preste “contracautelas” adecuadas, a fin de resarcir eventuales daños al demandado. Por ejemplo, el propio artículo 513 señala que sólo podrá decretarse embargo o secuestro de bienes antes del mandamiento de pago si el ejecutante presta caución equivalente al diez por ciento del valor de la ejecución, para responder por los perjuicios que se causen con esas medidas cautelares. En segundo término, la ley también señala mecanismos a fin de garantizar que estas medidas cautelares se limiten a lo necesario para asegurar el cumplimiento de la sentencia. Así, como bien lo indican los intervinientes, el juez, debe limitar el secuestro a aquellas cantidades que sean indispensables para asegurar el pago del crédito cobrado (CPC, art. 513, incs. 8º y 9º) y el ejecutado puede solicitar la cancelación y el levantamiento de la medida cautelar, “previa consignación de la cantidad de dinero que el juez estime suficiente para garantizar el pago del crédito y las cosas” (Ibíd, art. 519 ). Y, finalmente, la ley establece mecanismos de defensa ulteriores para el demandado, con lo cual se asegura su debido proceso. Así, el demandado cuenta, entre otros, con los recursos de apelación y reposición contra el mandamiento ejecutivo (CPC, art. 505, inc. 3º) y puede igualmente interponer las excepciones previas y de mérito a dicho mandamiento (Ibíd, art. 509).

8. Por todo lo anterior, la Corte considera que, dentro de la libertad de configuración que le es propia, la regulación impugnada establece un equilibrio suficiente entre la búsqueda de la efectividad de la justicia y la protección del debido proceso del demandado. Los cargos del actor carecen de sustento y la norma será entonces declarada exequible. De esa manera, esta corporación no hace más que reiterar los criterios adelantados en la sentencia C-925 de 1999, magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa, en donde la Corte, al estudiar el mismo tema, concluyó al respecto:

“Así, si las medidas cautelares están destinadas a salvaguardar los derechos subjetivos el disputa y principalmente, a garantizar la efectividad y eficacia de la administración de justicia, es imprescindible que las mismas se decreten y practiquen antes de que el titular de los derechos cautelados tenga conocimiento de ellas. Admitir lo contrario, esto es, que su ejecución sea posterior a la notificación del auto que las ordena, haría inoperante dicha figura en cuanto le daría al demandado la oportunidad de eludirla, impidiéndole al juez cumplir eficazmente su objetivo de proteger el derecho amenazado o violado.

Que las medidas cautelares de naturaleza real se ejecuten antes de que sea declarada cierta la existencia del crédito circunstancia que le impide al deudor disponer libremente de los bienes que se han constituido en prenda de garantía del acreedor, no comporta entonces una violación del debido proceso ni de ningún otro derecho pues como se anotó su ejecución previa se ajusta a la filosofía propia de dicha institución procesal que, como quedó dicho, tiende a garantizar la realización de la justicia material. Sobre este particular, vale aclarar que el afectado con las acciones preventivas no se encuentra desamparado por el régimen jurídico, ya que éste, con el fin de garantizar el ejercicio moderado y racional de las cautelas, ha previsto como condición para su solicitud prestar una caución en dinero, bancaria o de compañía de seguros, equivalente al diez (10) por ciento del valor actual de la ejecución, con el fin de responder por los perjuicios que se deriven de su indebida ejecución. Así mismo, el ordenamiento legal le permite al juez limitar la práctica de las medidas a lo necesario, de manera que el valor de los bienes embargados y secuestrados no excedan del doble del crédito cobrado, sus intereses y las respectivas costas, dejando también a salvo aquellos bienes que por ley son inembargables y los considerados esenciales para la modesta subsistencia del ejecutado. (CPC, arts. 513, 518, 684 y 690).

Finalmente, al margen de los requisitos y beneficios que tienden a proteger y salvaguardar los bienes del deudor, buscando asegurar el derecho a la defensa y el debido proceso, el Código de Procedimiento Civil le reconoce personería al demandado para interponer, en el efecto devolutivo, el recurso de apelación contra el auto que decretó las medidas cautelares (CPC, art. 513, inc. final) que, como lo dispone la propia forma acusada, le será notificado el día que se apersone del proceso, actúe durante la práctica de la medida o firme la respectiva diligencia cautelar”.

VIl. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

1. En relación con la expresión “las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente, antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete”, contenida en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, tal y como fue modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-925 de 1999, magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa, que declaró exequible la totalidad del artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “simultáneamente con el mandamiento ejecutivo, el juez decretará, si fueren procedentes, los embargos y secuestros de los bienes que el ejecutante denuncie como de propiedad del ejecutado” contenida en el inciso quinto del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, tal y como fue modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

La suscrita Secretaria General de la Corte Constitucional

HACE CONSTAR:

Que los honorables magistrados doctores Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa, no firman la presente sentencia por encontrarse en comisión en el exterior.

Martha V. Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

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