Sentencia C-491 de mayo 4 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sent. C-491, mayo 4/2000. Exp. D-2653.

M.P. Alejandro Martínez Caballero

Actor: Fabián López Guzmán

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32 de la Ley 57 de 1887

Temas:

— Rescisión por lesión enorme, principio de igualdad y diferencia entre bienes muebles e inmuebles.

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme publicación, y se subraya lo demandado:

(...).

“LEY 57 DE 1887

Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional.

El Consejo Nacional Legislativo,

DECRETA:

(...).

ART. 32.—Rescisión de la venta por lesión enorme. No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles ni en las que se hubieren hecho por ministerio de la justicia”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia.

1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 32 (parcial) de la Ley 57 de 1887, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma que hace parte de una ley de la República.

El asunto bajo revisión.

2. La expresión acusada establece que no puede invocarse la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, lo cual significa que en materia de compraventa, esa figura opera únicamente para inmuebles. Según el actor, el Ministerio Público y uno de los intervinientes, esa restricción, que podía tener sentido en otras épocas, es inconstitucional, por cuanto permite que en la venta de muebles, unas personas puedan enriquecerse injustamente en detrimento de otras. Y esto, según su parecer, es muy grave, porque en la época contemporánea, los bienes muebles han adquirido una gran importancia económica. Por el contrario, otros intervinientes consideran que esta limitación no es caprichosa, pues los bienes muebles e inmuebles son materialmente distintos, y tienen un régimen jurídico y una forma de enajenación diversas. Por ende, según estas perspectivas, bien puede el legislador, con base en criterios de conveniencia, limitar la rescisión por lesión enorme a la venta de inmuebles, y prever otros mecanismos de protección para asegurar una cierta equidad en las transacciones de bienes muebles, tal y como efectivamente lo hace nuestro ordenamiento legal. Además, argumentan estos intervinientes, la extensión de la lesión enorme a todas las ventas de bienes muebles llevaría a situaciones problemáticas, pues implicaría, por ejemplo, prohibir muchas promociones comerciales y rebajas, ya que siempre existiría el peligro de que el vendedor alegara, posteriormente, que el precio que recibió es menor a la mitad del precio justo de la mercancía, lo cual afectaría considerablemente la seguridad de los contratos. Por ello consideran que incluso si se admitiera que la regulación de la lesión enorme puede ser hoy un poco anacrónica, no por ello es inconstitucional, por lo cual corresponde al legislador, y no al juez constitucional, corregir ese eventual defecto.

Conforme a lo anterior, y como bien lo señala el Ministerio Público, el problema de fondo que plantea la demanda es si la expresión impugnada establece una suerte de anacrónica discriminación en relación con la venta de bienes muebles, que resulta contraria a la Carta, al señalar que en estos eventos no procede la rescisión por lesión enorme. En efecto, a pesar de que el actor no invoca expresamente una violación al principio de igualdad, en el fondo todos sus cargos se sustentan en la idea de que no existe ninguna razón para prever la lesión enorme para la venta de inmuebles, y excluir esa acción en la transacción de bienes muebles. Por ende, debe la Corte examinar si existen razones que legitimen esa diferencia de regulación, para lo cual, esta corporación comenzará por recordar brevemente el significado jurídico de la rescisión por lesión enorme, para luego examinar los cargos del actor.

Concepto y características de la lesión enorme.

3. La lesión enorme ocurre cuando en una compraventa existe una desproporción considerable entre el precio convenido y el precio “justo” de una mercancía, que perjudica a alguna de las partes, y permite entonces que ésta solicite la rescisión del contrato. Esta figura, como bien lo ha recordado la doctrina y la jurisprudencia (1) , tiene origen en el derecho romano, en donde se aplicaba únicamente a inmuebles y protegía exclusivamente al vendedor, pues era quien se consideraba que podía resultar lesionado en una compraventa. El Código Napoleón incorporó la institución con los mismos rasgos, mientras que el proyecto de Don Andrés Bello le introduce algunos cambios, pues amplía la protección al comprador. El Código Civil Colombiano acoge también la figura, e inicialmente la prevé para comprador y vendedor, y para la compraventa tanto de bienes muebles como de inmuebles. Sin embargo, el artículo 32 de la Ley 57 de 1887, que es la norma demandada en este proceso, restringe su ámbito a las transacciones de inmuebles.

(1) Para un análisis de la figura y sus características en la jurisprudencia constitucional, ver Sentencia C-222 de 1994, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell. En la jurisprudencia civil, ver Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencias del 17 de junio de 1960 y del 12 de julio de 1968. A nivel doctrinal, ver Juan M. Marina. “Lesión” en Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires, Driskill, 1979, tomo XVIII, pág. 229 y ss. Ver igualmente Santos Cifuentes. Negocio jurídico. Buenos Aires, Astrea, 1994, pág. 467 y ss.

Por ende, conforme al ordenamiento legal vigente, existe lesión enorme cuando en la venta de un inmueble, el precio que recibe el vendedor es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; o, para el comprador, cuando el justo precio de la cosa que adquiere es inferior a la mitad del precio que paga por ella (C.C., art. 1947).

4. Para justificar la figura de la lesión enorme y regular su orientación, la doctrina ha invocado tres teorías: una subjetiva, según la cual, la lesión enorme se asimila, en parte, a una suerte de vicio del consentimiento, por cuanto la desproporción en el precio es signo de que una de las partes actuó movida por situaciones de necesidad o similares, y la otra se aprovechó de esas circunstancias. Sin embargo, según esta concepción, no hay un vicio clásico del consentimiento, ya que no existe fuerza ni dolo de la otra parte, y el perjudicado puede saber perfectamente que el precio convenido es muy diferente al precio justo del bien, por lo cual no puede invocar un error. La víctima de la lesión aparentemente consiente pero actúa, en cierta forma, constreñida por la necesidad, por lo cual amerita una protección legal. Por ende, conforme a esta visión, el juez debe tomar en cuenta la condición subjetiva de las partes, con el fin de determinar si hubo o no lesión. La segunda teoría, denominada objetiva, considera que la lesión surge exclusivamente de la diferencia que existe entre el precio pagado y el precio justo o valor del bien, por lo cual basta que el juez verifique esa desproporción para que pueda concluir que hubo lesión. Por ende, conforme a esa visión, la figura pretende esencialmente que haya una cierta equidad en las contraprestaciones, en un contrato conmutativo como la compraventa, pues si existe una diferencia notable entre el valor justo y el precio pactado, la parte beneficiada se enriquecerá en detrimento de la parte perjudicada, y habría un daño patrimonial debido a esa falta de equivalencia entre las prestaciones. Finalmente, algunos ordenamientos y doctrinantes hablan de una regulación mixta, según la cual, para que pueda invocarse la lesión enorme, debe existir una desproporción considerable en el precio, pero además debe probarse que la parte beneficiada explotó la necesidad de la parte perjudicada, esto es, debe establecerse tanto el elemento objetivo como el subjetivo.

Aunque alguna sentencia aislada de la Corte Suprema de Justicia defendió la tesis de que nuestro ordenamiento había incorporado la concepción mixta de la lesión enorme (2) , lo cierto es que la doctrina y la jurisprudencia han aceptado, de manera bastante pacífica, que Colombia acoge una regulación objetiva. Así, en particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, máximo intérprete legal del alcance de esa institución, ha señalado que “el problema de la lesión se reduce a una cuestión de cifras, a una confrontación del valor recibido o dado con el precio justo” (3) . Posteriormente, esa misma corporación indicó sobre el contenido del artículo 1947 del Estatuto Civil, lo siguiente:

(2) Fue la sentencia del 8 de noviembre de 1957 de la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, explícitamente rectificada por numerosas sentencias posteriores de esa corporación. Ver, entre otras, las sentencias del 17 de junio de 1960, del 12 de julio de 1968 y del 23 de febrero de 1981.

(3) Corte Suprema, Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de junio de 1960, en criterio reiterado en la sentencia de esa misma corporación del 12 de julio de 1969, magistrado ponente Gustavo Fajardo Pinzón en Gaceta judicial Nº 2297 a 2299, pág. 249.

“La lesión enorme está estructurada en nuestro régimen civil sobre un factor puramente objetivo (el justo precio), con toda independencia del móvil subjetivo y de la manera como éste haya influido en el consentimiento. El que acepta v. gr., vender una cosa por precio inferior a la mitad o comprarla por precio superior al doble del que se considera justo, no hace proceso volitivo vicioso, o si lo hace no lo invoca como causa cuando pide al juez que el contrato se rescinda por lesión. Su aceptación en estas circunstancias no implica de por sí una falsa noción del valor real de la cosa, ni una fuerza física o moral que lo haya constreñido, ni un engaño del otro contratante, que fueran suficientes para inclinar su voluntad. Simplemente el contrato es lesivo para él, por contener una desproporción entre el valor de las prestaciones recíprocas que alcanza la cuantía determinada por la ley, y por ello es rescindible” (4) .

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia del 23 de febrero de 1981, M.P. Ricardo Uribe Holguín en Gaceta Judicial 2407, pág. 330.

La diferencia de regulación entre bienes muebles e inmuebles

5. Una vez precisadas las características de la lesión enorme en nuestro ordenamiento civil, entra la Corte a examinar si es válido que en la compraventa, la ley limite esa figura a las transacciones de bienes inmuebles. Según el actor y algunos intervinientes, esa restricción es injustificada, por cuanto hoy en día algunos bienes muebles han adquirido una enorme importancia económica, por lo cual, la lesión enorme debe extenderse también a la compraventa de esas mercancías, ya que de no hacerlo, el ordenamiento estaría permitiendo un enriquecimiento indebido en ese campo. Entra pues esta corporación a examinar esa acusación.

6. La Corte considera que esas posiciones parten de un hecho cierto: en las economías modernas, fundadas en la producción industrial y en la circulación del conocimiento y la movilidad acentuada del capital, los bienes inmuebles han perdido la importancia económica y social que tuvieron en otras épocas, en donde no sólo las tierras y las edificaciones representaban los componentes esenciales de la riqueza social sino que, además, eran símbolos de prestigio social. Es indudable que hoy muchos bienes muebles tienen un valor económico muy superior al de muchos inmuebles. Esto significa que puede que sea oportuna una modificación de la regulación de la lesión enorme a fin de extender la posibilidad de invocar la rescisión a algunas transacciones en bienes muebles. Pero a esta Corte Constitucional no le compete determinar la conveniencia o no de ese cambio normativo. La pregunta que debe resolver esta corporación es si ese eventual anacronismo histórico de la regulación de la lesión enorme implica la inconstitucionalidad de la disposición acusada.

7. La respuesta al anterior interrogante es negativa, por cuanto la pretensión del actor se funda, en el fondo, en un supuesto jurídicamente discutible, pues considera que el mayor valor y prestigio social de los inmuebles sobre los bienes muebles es la única justificación para que la lesión enorme haya sido prevista exclusivamente para los primeros. Pero ello no es así; existen otras razones igualmente importantes, y en especial tres.

De un lado, desde el punto de vista económico, los bienes inmuebles, por muchas de sus características, como estar vinculados permanentemente a un sitio, tienden a tener precios más estables que los bienes muebles, que son por esencia móviles, fungibles, y tienen entonces precios muchos más variables, debido a diversidades regionales de mercado, o a transformaciones importantes de las condiciones productivas, o de las dinámicas de demanda, por no citar sino algunos factores. Ahora bien, si el precio de un bien mueble es mucho más volátil, resulta muy difícil determinar su precio “justo”, pues éste es también cambiante, por lo cual, la aplicación de la figura de la lesión enorme puede tornarse particularmente problemática en esas transacciones. Por ello, según explica Fernando Vélez, “siendo quizá más variable el precio de las cosas muebles que el de las inmuebles, sería arriesgado establecer una lesión enorme acerca de aquéllas”(5).

(5) Fernando Vélez. Estudio sobre el derecho civil colombiano. París América, sae, tomo VII pág. 308.

De otro lado, por sus propias características, y como bien lo destaca uno de los intervinientes, los inmuebles existen en número limitado y las personas tienden a adquirirlos con una vocación de mayor permanencia en el tiempo, mientras que los bienes muebles son muy variados, en general fungibles, y su velocidad de circulación tiende a ser mayor. Bien puede entonces el legislador concluir que por esas razones, la compraventa de inmuebles juega un papel estratégico desde el punto de vista social, que justifica que esté sometida —como en efecto lo está en nuestro ordenamiento civil— a formalidades y garantías mayores, que aquellas previstas para la enajenación de bienes muebles. Precisamente esa fue la razón invocada por Napoléon para establecer la lesión enorme exclusivamente para los inmuebles. Según su parecer, “importa poco el modo como un individuo dispone de algunos diamantes, de algunos cuadros; pero la manera como dispone de su propiedad territorial no es indiferente a la sociedad, a ésta es a la que pertenece marcar límites al derecho de disponer” (6) .

(6) Citado por A. Colín y H. Capitant. Curso elemental de derecho civil. Madrid, Reus, 1949, tomo IV, pág. 62.

Finalmente, las transacciones en bienes inmuebles existen en mucho mayor cantidad y son más veloces que aquellas de bienes inmuebles, pues comprenden no sólo la venta de perecederos sino también la enajenación de títulos valores, por no citar sino algunos ejemplos. Por ello, bien pudo el legislador querer asegurar una mayor informalidad, flexibilidad y seguridad jurídica a esas compraventas, excluyendo de ellas la posibilidad de que pudieran ser rescindidas invocando la lesión enorme. Y si bien esa decisión legislativa puede tener como costo que algunas transacciones inequitativas pueden no ser impugnables por la parte perjudicada, es indudable que esa opción normativa confiere mayor firmeza y seguridad jurídica a los contratos, que es un objetivo constitucional de gran trascendencia. Así, esta corporación ya había señalado que “la importancia del contrato en el proceso de intercambio social explica el cuerpo legal —en parte dispositivo— que regula el derecho de los contratos con el fin de promover y afianzar el cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ellos nacen, con lo cual se previene la inestabilidad de los mercados y se estimula el aumento de las transacciones gracias a la mayor certidumbre y a la reducción de los costos que su ordenada y uniforme formulación y ejecución aparejan” (7) .

(7) Sentencia T-240 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento 4.

8. Las anteriores son razones suficientes para que la ley regule de manera diferente la lesión enorme en la venta de bienes muebles e inmuebles, pues se trata de una normatividad referida a la protección de la propiedad y al ejercicio de las libertades económicas, que es un campo el cual, tal y como esta Corte lo ha señalado en numerosas oportunidades (8) , el Congreso goza de una amplia libertad para establecer diferenciaciones, siempre y cuando no recurra a criterios constitucionalmente prohibidos, como la raza o el origen nacional. Por ende, esta corporación concluye que la norma acusada no establece ninguna forma de discriminación sino que consagra una diferencia de trato que tiene un fundamento objetivo y razonable.

(8) Ver, entre muchas otras, las sentencias C-265 de 1994 y C-445 de 1995.

La lesión enorme, la constitucionalización del derecho privado y la protección de la equidad en las transacciones económicas.

9. A pesar de que existen razones para que la ley regule de manera distinta los bienes muebles e inmuebles, podría argumentarse —como lo sugiere el actor y lo plantean algunos intervinientes— que la disposición acusada es de todos modos inconstitucional, en la medida en que estaría legitimando un enriquecimiento indebido en ciertas transacciones de bienes inmuebles. Según esta perspectiva, esa inequidad es contraria a la Carta, la cual no sólo persigue un orden justo sino que expresamente condena el enriquecimiento ilícito, por lo cual habría que declarar la inexequibilidad de la disposición acusada, ya que las categorías del derecho privado deben ser interpretadas a luz de los principios y valores constitucionales.

10. La Corte coincide con esas perspectivas en que no sólo el derecho privado sino todas las ramas del derecho deben ser reinterpretadas a la luz de los principios y valores constitucionales, pues si la Constitución es norma de normas, y debe aplicarse de preferencia a las otras disposiciones (C.P., art. 4º), es indudable que ha operado una cierta constitucionalización del derecho ordinario. Sin embargo, y a pesar de su aparente fuerza, esa objeción no es de recibo, pues se funda en un supuesto equivocado, y es el siguiente: esa tesis considera, en el fondo, que la Constitución exige que exista la figura de la lesión enorme, como mecanismo para proteger una cierta equidad en las transacciones económicas. Pero ello no es así. La rescisión por lesión enorme es sin lugar a dudas una figura legal, que está autorizada por la Carta, pues representa un instrumento para estimular una mayor equidad contractual. Pero en manera alguna es una figura de rango constitucional, por la sencilla razón de que ninguna disposición de la Carta ordena que esa figura exista. Bien puede el legislador suprimirla, si considera que existen otros mecanismos legales más eficaces para promover ese mismo objetivo constitucional de la equidad contractual. Y lo cierto es que, en derecho comparado, muchos ordenamientos no prevén la lesión enorme, o la han suprimido, o han restringido enormemente, su alcance, ya que consideran que esta figura es una absurdo económico, pues supone que existe un precio justo en torno al cual deben oscilar los precios convenidos en los contratos, cuando la realidad económica contemporánea es que existe una enorme variación en los precios, en especial en el caso de los bienes muebles. Por ello, según estas perspectivas, la práctica jurídica de la lesión enorme había conducido a una enorme arbitrariedad, pues el éxito de la acción rescisoria dependía de pruebas muy aleatorias. En tales circunstancias esos ordenamientos han preferido recurrir a otros mecanismos para amparar una mayor libertad y equidad contractuales, como pueden ser las nulidades por vicios en el consentimiento, la leyes de protección al consumidor, o el control legal de los abusos de posición dominante, entre otros.

Por ende, si bien la ley debe promover la libertad y equidad contractual, nada en la Carta exige que el instrumento sea la rescisión por lesión enorme pues, dentro de su amplia libertad en este campo, el Congreso puede optar por otros mecanismos para alcanzar esos mismos objetivos constitucionales. Y efectivamente, como bien lo señalan varios intervinientes, si bien la norma acusada excluye la lesión enorme de las ventas de bienes muebles, eso no significa que el ordenamiento sea indiferente a las posibles inequidades en ese campo. Lo que sucede es que la ley recurre a otros mecanismos, que son potencialmente tan eficaces como la propia acción de rescisión. Por ejemplo, es claro que si la desproporción en el precio proviene de un error o del dolo, es posible, conforme al estatuto civil, solicitar la anulación del correspondiente negocio jurídico (C.C., arts. 1511 y 1515). Además, en las últimas décadas, ha habido un importante desarrollo de la legislación de protección al consumidor, que puede ser más eficaz que la extensión de la lesión enorme a las transacciones de bienes muebles. Por ejemplo, el Decreto 3466 de 1982 confiere amplias facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger al consumidor y faculta a los consumidores perjudicados a ejercer las acciones de indemnización por daños y perjuicios por medio del proceso verbal abreviado. Finalmente, los más graves abusos en este campo se encuentran incluso penalizados, bajo el tipo penal de abuso de circunstancias de inferioridad (C.P., art. 360).

Por todo lo anterior, la Corte concluye que si bien la ley puede extender la figura de la lesión enorme a ciertas ventas de bienes muebles, nada en la Carta exige esa opción legislativa. Los cargos del actor carecen entonces de todo sustento.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “no habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles” contenida en el artículo 32 de la Ley 57 de 1887.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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