Sentencia C-491 de octubre 2 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1622

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 589 de 1956.

Actor: Ramiro Rodríguez López

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Santafé de Bogotá, D.C., dos de octubre de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «II. Texto

El texto acusado es del siguiente tenor literal:

“DECRETO 589 DE 1956

(Marzo 15)

“Por el cual se hace una cesión y se da una autorización”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto número 3518 de 1949, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la República,

DECRETA:

ART. 1º—Cédese a título gratuito al Hospital Central Santa Helena, de Buenaventura el predio denominado “El Tabor“, junto con los edificios de propiedad de la Nación y cuyos linderos generales son los siguientes: por el oriente, con terrenos ocupados por la compañía de electricidad; por el norte, con la baja-mar por el sur con la línea del ferrocarril del pacífico y por el occidente con terrenos ocupados por la Tropical Oil Company.

ART. 2º—Autorízase al Gobierno Nacional (Ministerio de Salud Pública) para otorgar la escritura pública correspondiente.

ART. 3º—Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición y suspende todas las medidas que le sean contrarias.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá, 15 de marzo de 1956.

General Jefe Supremo Gustavo Rojas Pinilla

Presidente de Colombia.

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Prevalencia del derecho sustancial en el trámite de asuntos de constitucionalidad. La apreciación del magistrado sustanciador acerca del cumplimiento de los requisitos de forma de la demanda. Diferencia entre inadmisión y rechazo de la demanda.

En el presente caso, uno de los intervinientes acusa al actor de no haber transcrito en la demanda la normatividad objeto de proceso y dice que, por tanto, ha debido ser “rechazada para corrección” o que debe proferirse fallo inhibitorio por ineptitud sustancial de aquélla.

La Corte estima equivocada esa posición y, por supuesto, no la acogerá.

En efecto, el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 exige como uno de los requisitos de las demandas de inconstitucionalidad “el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas”.

Se trata de una exigencia mínima que busca la indispensable precisión, ante la Corte, acerca del objeto específico del fallo de constitucionalidad que habrá de proferir, ya que señala con exactitud cuál es la norma demandada y permite, gracias al texto que se transcribe, verificar el contenido de lo que el demandante aprecia como contrario a la Constitución. No puede olvidarse que muchas veces —como en esta ocasión ocurre— la materia que el actor sindica de atentar contra los fundamentos constitucionales ha sido ya objeto de modificación par el mismo legislador, y, claro está, resulta necesario que el juez de constitucionalidad tenga a su disposición, sin género de dudas, el precepto sobre el cual habrá de recaer su análisis.

Pero, fuera de ese sentido de especificación de la materia por examinar, la transcripción de la norma demandada o el aporte de su texto oficialmente publicado no es ni puede convertirse en elemento cuya falta conduzca al rechazo in limine de la demanda, puesto que no implica vicio insubsanable de ella ni ocasiona la incompetencia de la Corte Constitucional, y menos la pérdida del derecho político que tiene el ciudadano, de conformidad con el artículo 40 de la Constitución.

Por ello, el mismo Decreto 2067 de 1991 (artículo 6º) prevé para tal evento, y para los que surjan por falta de algún otro de los requisitos previstos en el artículo 2º, la inadmisión de la demanda, que no equivale a su rechazo, y que significa, por una parte, el reconocimiento que hace el magistrado sustanciador acerca de que existe una falencia subsanable en el libelo, y, de otra, el otorgamiento al actor de un breve plazo (tres días) para que proceda a efectuar las respectivas correcciones, “señalándole con precisión los requisitos incumplidos”. Cuando la corrección no se producen en el término indicado, allí sí tiene lugar el rechazo de la demanda, contra el cual procede el recurso de súplica ante el pleno de la Corte.

Pero, obviamente, el auto inadmisorio y la fijación de plazo para corrección únicamente tienen sentido cuando, en el momento procesal correspondiente, el magistrado sustanciador no encuentra ya saneados los errores iniciales de la demanda, en razón de la actividad que motu proprio haya adelantado el demandante. Ello resulta de aplicar el artículo 228 de la Constitución, que hace prevalecer —al contrario de lo querido por el interviniente en este proceso—el derecho sustancial sobre aspectos puramente externos.

Así, en el presente caso, si bien en la demanda el impugnante olvidó transcribir el texto del decreto que demandaba, lo incluyó en escrito posterior, recibido en la Corte antes de que venciera el término para resolver sobre la admisión de aquélla y, más todavía, con antelación al reparto.

En otro aspecto, también formal, el interviniente aludido sostiene que el accionante “no desarrolló” los cargos que proponía contra el estatuto atacado, por lo cual parece a dicho interviniente que la demanda “ha debido ser rechazada para su corrección y posterior inadmisión o admisión”.

Aparte de confundir el concepto de rechazo con el de inadmisión de la demanda, se percibe la idea, por supuesto errónea, de que los cargos de inconstitucionalidad tendrían que ser expuestos con derroche de fundamentación jurídica.

Si tal concepto se aceptara, estaría la Corte desvirtuando el carácter informal de la acción pública de inconstitucionalidad y cercenando al ciudadano carente de formación especializada la opción de ejercitar con libertad el derecho político que la propia Carta le confiere.

Y es que, en el asunto que se considera, no por ser breve el cargo formulado en la demanda deja de ser apto para cumplir el requisito del artículo 2º, numeral 3º, del Decreto 2067 de 1991, a cuyo tenor el actor deberá indicar “las razones por las cuales dichos textos (los impugnados) se estiman violados”.

En efecto, dijo el demandante textualmente, que, en su criterio, el Decreto 589 de 1956 vulneró la Carta Política “por no tener relación alguna con la turbación del orden público”. Que en ese concepto tuviera o no razón —lo cual corresponde definir a la Corte al proferir fallo de mérito, si hay lugar a él— es algo que no representa motivo de inadmisión o rechazo de la demanda.

2. Competencia.

Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numerales 4º y 5º, de la Constitución Política.

En efecto, según esa norma, a la Corte corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, para lo cual debe decidir si las leyes proferidas por el Congreso y demandadas por cualquier ciudadano son constitucionales, y así mismo revisar oficiosamente los decretos expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de las atribuciones señaladas en los artículos 212, 213 y 215 ibídem, es decir en los casos en que haya sido declarado el estado de guerra exterior, el de conmoción interior o el de emergencia económica; social, ecológica o por calamidad pública.

Ese control es oficioso, obligatorio y automático, es decir, tiene lugar por mandato directo de la Constitución, no por el ejercicio de acción ciudadana, en razón del mayor poder que en los indicados casos concentra el jefe del Estado, quien queda autorizado para dictar decretos con fuerza material legislativa, aptos para suspender o para modificar o derogar disposiciones legales en vigor, según la institución de la que se trate, así como para restringir o supeditar a condiciones excepcionales el ejercicio de los derechos, libertades y garantías, en los términos de la correspondiente ley estatutaria.

Antes de la Constitución de 1991, las aludidas figuras excepcionales, —en cuanto a conflictos externos y perturbación interna, estaban comprendidas por el estado de sitio, que permitía al Presidente de la República dictar decretos legislativos mediante los cuales podía suspender las leyes preexistentes, sobre la base de que fueran contrarias al objetivo inmediato y urgente de sofocar la perturbación del orden público.

Esos decretos tenían, pues, una vigencia precaria que desaparecía cuando el Presidente resolvía levantar el estado de sitio, pero podían conservar su vigor, integrándose a la legislación ordinaria permanente, si el Congreso así lo resolvía mediante ley.

Tal ocurrió precisamente en este caso, ya que, como bien lo señala el Procurador General de la Nación, la Ley 141 de 1961 adoptó como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución, desde el 9 de noviembre de 1949 hasta el 20 de julio de 1958, en cuanto sus normas no hubiesen sido abolidas o modificadas por leyes posteriores.

En otros términos, la norma acusada —el Decreto 0589 de 1956— estaba dentro de las incorporadas al orden jurídico permanente.

La Corte, por tanto, tiene competencia para resolver sobre la constitucionalidad del contenido de cualquiera de los decretos legislativos dictados en esa época y cobijados por la ley en mención. Es ésta, en unidad lógico jurídica con el decreto legislativo adoptado, la susceptible de acción pública de inconstitucionalidad, según el artículo 241, numerales 4 y 5, de la Carta Política».

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