Sentencia C-496 de noviembre 3 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

HÁBEAS CORPUS

EL AUTO QUE LO CONCEDE ES INAPELABLE

EXTRACTOS: «El artículo 437 (parcial) del Decreto 2700 de 1991 preceptúa lo siguiente. Se subraya la parte demanda:

ART. 437.—Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, el juez inmediatamente ordenará la libertad de la persona capturada, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno.

En ningún caso el trámite y decisión sobre el hábeas corpus pueden exceder de treinta y seis (36) horas.

Según el demandante, la expresión impugnada del artículo 437 del Código de Procedimiento Penal es inconstitucional porque cercena de manera injustificada el hábeas corpus y desconoce el derecho de doble instancia de las personas arbitrariamente privadas de la libertad, puesto que establece que contra el auto interlocutorio previsto por tal artículo y relativo a la resolución sobre la libertad del capturado “no procede recurso alguno”. Según la vista fiscal, por el contrario, la norma es constitucional, ya que el auto está referido únicamente a la hipótesis en la cual el juez resuelve en términos favorables al capturado la solicitud de hábeas corpus. Por consiguiente, la exclusión de recurso contra este auto no vulnera ningún derecho ni limita el hábeas corpus sino que por el contrario es un refuerzo a la regla de la libertad y a la presunción de inocencia, ya que se impide que se dilate, de manera injustificada, la puesta en libertad de quien ha sido arbitrariamente capturado.

Como vemos, en este caso específico, el debate sobre la constitucionalidad de la expresión impugnada está muy ligado al sentido preciso del artículo 437 del Código de Procedimiento Penal, ya que la diferencia de criterios entre el demandante y la Procuraduría se debe en gran parte a una interpretación diversa de los alcances de tal norma. En efecto, mientras que, según el demandante, el auto interlocutorio contra el cual no procede ningún recurso es tanto el que admite como el que niega la libertad de la persona capturada, para la Procuraduría este artículo sólo se refiere al auto que ordena la libertad.

3. Jurisdicción constitucional, jurisdicción ordinaria y relevancia de las interpretaciones legales en materia de control constitucional.

Esta divergencia de interpretaciones en torno al alcance del artículo acusado obliga a esta Corporación a avocar el siguiente análisis: ¿hasta qué punto es relevante un debate hermenéutico sobre normas legales en materia de control constitucional?

Al respecto debe recordarse que, tal y como esta corporación ya lo ha establecido en anteriores decisiones (1) , las sentencias que la Corte Constitucional establece en ejercicio del control constitucional abstracto se diferencian del resto de decisiones jurisprudenciales porque tienen efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional, esto es, son de obligatorio cumplimiento para todos los particulares y para todas las autoridades. Obviamente no toda la sentencia adquiere la fuerza de cosa juzgada constitucional sino tan sólo, de manera expresa, la parte resolutiva, y de manera implícita la ratio decidendi, es decir aquellos fundamentos de la parte motiva “que guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia” (2) . Por consiguiente, el interrogante reside en determinar hasta qué punto puede la Corte Constitucional determinar, con fuerza de cosa juzgada constitucional, el sentido de una norma legal.

Para ello conviene tener en cuenta que la Constitución establece una separación entre la jurisdicción constitucional y las otras jurisdicciones (jurisdicción ordinaria, contencioso-administrativa y jurisdicciones especiales) por lo cual, en principio, no corresponde a la Corte entrar a definir los debates sobre los alcances de las normas legales, ya que tal tarea corresponde a los jueces ordinarios que, al tenor de la Constitución, están sometidos únicamente al imperio de la ley (C.P., art. 230).

No puede entonces la Corte Constitucional, como regla general, establecer cuál es el sentido autorizado de las normas legales. Sin embargo, el anterior principio se ve matizado por los siguientes dos elementos que provocan una constante interpenetración de los asuntos legales y constitucionales. De un lado, es obvio que un proceso de control de constitucionalidad implica siempre un juicio relacional que busca determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales. Este juicio no es entonces posible si no se establece previamente el significado de la norma legal. Ningún tribunal constitucional puede entonces eludir la interpretación de las normas legales. De otro lado, la Constitución es norma de normas y constituye la base de todo el ordenamiento positivo (C.P., art. 4º), por lo cual los jueces ordinarios están también sometidos al imperio de la Constitución. Esto significa que los jueces ordinarios tampoco pueden dejar de lado la interpretación de las normas constitucionales al ejercer sus funciones. Al respecto, esta corporación ya había establecido que:

“...el juicio de constitucionalidad requiere de una debida y cabal interpretación tanto de la preceptiva constitucional concernida como de la norma que con ella se confronta.

El intérprete —y por supuesto, ello es aplicable al juez constitucional— no puede hacer decir a las normas lo que no dicen, menos todavía si ello conduce a la declaración de inconstitucionalidad del precepto, pues, guardadas proporciones, ello sería tan grave como condenar a una persona por un delito en el cual no incurrió, debido a una errónea identificación de la conducta real del sujeto con el tipo penal correspondiente.

Por otra parte, las normas de la ley deben ser interpretadas y aplicadas del modo que mejor convenga a los mandatos constitucionales” (3) .

Las anteriores consideraciones permiten entonces establecer algunos criterios sobre la manera como la Corte Constitucional debe, en ejercicio de su función de guarda de la integridad y supremacía de la Carta, avocar los debates hermenéuticos sobre normas legales.

De un lado, si una disposición legal está sujeta a diversas interpretaciones por los operadores jurídicos pero todas ellas se adecuan a la Carta, debe la Corte limitarse a establecer la exequibilidad de la disposición controlada sin que pueda establecer, con fuerza de cosa juzgada constitucional, el sentido de la norma legal, ya que tal tarea corresponde a los jueces ordinarios.

De otro lado, si todas las interpretaciones de la disposición legal acusada desconocen la Constitución, entonces debe la Corte simplemente retirar la norma del ordenamiento jurídico.

En tercer término, si la disposición legal admite varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta pero otras se adecuan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada como una proposición normativa compleja que está integrada por otras proposiciones normativas simples, de las cuales algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son retiradas del ordenamiento.

Finalmente, existe un cuarto caso, más complejo pero con sólidas bases constitucionales. Se trata de la interpretación conforme a la Constitución de las normas legales impugnadas como técnica de guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución. Así, es posible que una norma legal pueda ser interpretada de diversas maneras y que cada una de tales interpretaciones, individualmente considerada, no viole la Constitución. Esto significa que si cada una de esas interpretaciones fuera una proposición jurídica encarnada en una disposición legal autónoma, ellas podrían ser todas constitucionales. Pero, en ciertas oportunidades, cuando esas interpretaciones jurídicas no son disposiciones autónomas sino interpretaciones alternativas sobre el sentido de una disposición legal, la escogencia entre las diversas hermenéuticas posibles deja de ser un asunto meramente legal y adquiere relevancia constitucional, porque afecta principios y valores contenidos en la Carta. Así, no es admisible constitucionalmente una interpretación de un texto legal que sea manifiestamente irrazonable, porque “las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables” (4) . Por ello esta corporación ya había señalado que “la autonomía que la Corte reconoce a la interpretación legal o judicial tiene como límite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados” (5) . En otros eventos, la propia Carta ha establecido reglas de preferencia para escoger entre interpretaciones alternativas de una norma legal. Así sucede, por ejemplo, en materia laboral, puesto que el artículo 53 de la Constitución señala que, en caso de duda sobre el sentido de las fuentes formales del derecho, se deberá acoger aquella interpretación que sea más favorable al trabajador. Igualmente, en materia penal, la Carta señala que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable (C.P., art. 29). Por todo lo anterior, debe entonces la Corte excluir las interpretaciones de disposiciones legales que sean manifiestamente irrazonables o que no respeten el principio de favorabilidad, por cuanto la atribución de un sentido irrazonable a un texto legal o la opción hermenéutica por el sentido desfavorable al capturado o al trabajador violan claros mandatos constitucionales.

Así, con base en estos criterios, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 3º de la Ley 15 de 1992 por considerar que esta disposición legal pretendía, por vía de interpretación auténtica, establecer para los asuntos tramitados por los jueces regionales un régimen de detención preventiva más restrictivo que el consagrado por el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal. Según la Corte, si bien el legislador puede optar, en materia penal, por regímenes más o menos restrictivos sin violar la Constitución, lo que no puede es interpretar una norma existente sin respetar el principio de favorabilidad. Dijo entonces la Corte:

“A este respecto la Corte debe distinguir la hipótesis ordinaria en la que el legislador dicta una ley penal sustantiva o de procedimiento, de aquella que ahora se analiza y en la que el órgano legislativo se limita, por vía de autoridad, a interpretar una o varias leyes preexistentes. En el primer caso, ya definido en las sentencias citadas de esta corporación, el legislador bien puede, de acuerdo con sus preferencias de política criminal, establecer un régimen legal más o menos restrictivo. En el segundo caso, en cambio, al asumir la función de intérprete genuino de dos disposiciones penales, igualmente especiales, está positivamente vinculado, como todo hermeneuta en materia penal, por la norma que obliga a optar de manera preferente por la ley permisiva o favorable, máxime cuando ésta es posterior en el tiempo y comprende en su contenido la materia tratada por la anterior (C.P., art. 29)”(6) (subrayas no originales)”.

3. El sentido normativo razonable y conforma la Constitución del artículo 437 del Código de Procedimiento Penal.

En ese orden de ideas, procede la Corte a determinar de manera sistemática el sentido razonable del artículo 437 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece:

“Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, el juez inmediatamente ordenará la libertad de la persona capturada, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno.

En ningún caso el trámite y la decisión sobre el hábeas corpus pueden exceder de 36 horas”.

Un análisis literal de la disposición parece dar razón al concepto de la procuraduría. En efecto, el artículo señala la siguiente hipótesis normativa: que se encuentre “demostrada la violación de las garantías constitucionales”. En tal evento, la norma ordena al juez decretar la libertad de la persona capturada, por medio de un auto interlocutorio contra el cual no procede ningún recurso. Según esta interpretación literal, el artículo establece que no procede recurso alguno contra el auto que concede el hábeas corpus cuando el juez ha constatado la existencia de una restricción arbitraria de la libertad.

Sin embargo, el siguiente interrogante se plantea: ¿Qué sucede con el auto por medio del cual el juez niega el hábeas corpus por considerar que no ha habido ninguna violación de las garantías constitucionales o legales? ¿Es este apelable o no en el ordenamiento legal colombiano? La vista fiscal no analiza tal evento, puesto que considera que la norma impugnada se refiere únicamente al auto que ordena la libertad, tal y como se desprende de su tenor literal. La Corte considera que tal criterio sería válido si hubiese otra disposición legal que regulara específicamente la impugnabilidad del auto que niega el hábeas corpus, ya que si así fuera, sería totalmente claro que el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal sólo se refiere exclusivamente al auto que ordena la libertad. Pero si eso no ocurre, mal podría la Corte Constitucional decidir con base en un análisis aislado del tenor literal del artículo impugnado —tal y como lo sugiere la Procuraduría— por cuanto no quedaría claro si el auto que niega la libertad es o no impugnable, y si esa inimpugnabilidad puede afectar la constitucionalidad de la norma. Ya en otras ocasiones esta corporación había establecido que es necesario interpretar siempre las disposiciones demandadas, no de manera aislada sino teniendo en cuenta el conjunto de normas reguladoras de la materia. “En efecto, el examen de la constitucionalidad de una norma legal supone la comprensión previa del sentido jurídico de la misma, lo cual implica en general una interpretación sistemática de las disposiciones impugnadas dentro del contexto del ordenamiento jurídico“ (7) .

Ahora bien, las consideraciones históricas y sistemáticas muestran también que el artículo 437 del Código de Procedimiento Penal establece que la inapelabilidad recae únicamente sobre el auto que concede el hábeas corpus, sin que pueda uno deducir de esta disposición legal otro sentido. En efecto, conviene efectuar una comparación del artículo acusado —cuyo tenor es muy similar al del anterior código de procedimiento penal (D. 050/87)—, con la norma que regulaba la materia antes de la vigencia de estos dos últimos códigos. Se trata del anterior Código de Procedimiento Penal (D. 409/71), el cual establecía en su artículo 422 que “el auto que decide la solicitud de hábeas corpus no será susceptible de recurso alguno” (subrayado no original). Por consiguiente, es razonable concluir que los dos últimos códigos restringieron la inimpugnabilidad al auto que concede el hábeas corpus, de lo cual se infiere, contrario sensu, que el auto que lo niega es apelable. Este resultado es aún más claro si se aplica la regla general sobre la posibilidad de impugnar los autos interlocutorios en el procedimiento penal, consagrada en los artículos 16 y 202 del Código de Procedimiento Penal , según la cual toda providencia interlocutoria, podrá ser apelada, salvo las excepciones expresamente previstas por la ley. Por consiguiente, como el auto que niega el hábeas corpus es una providencia interlocutoria que no ha sido exceptuada del principio de doble instancia, debe entenderse que ella es apelable. En cambio, el artículo 437 demandado, que excluye de la apelación el auto que concede el hábeas corpus , es una excepción a esa regla general.

Finalmente, incluso si existieran dudas sobre el sentido de esa disposición legal, es obvio que es más favorable al capturado aquella interpretación que considera que el artículo 437 sólo excluye de la apelación al auto que concede el hábeas corpus, por lo cual, en virtud de la regla general de los artículos 16 y 202 del Código de Procedimiento Penal, es apelable al auto que lo niega. En efecto, esta hermenéutica no afecta la concesión inmediata de la libertad en caso de que se haya constatado la violación de las garantías constitucionales, por cuanto esta decisión sigue siendo inapelable. Tampoco desconoce la celeridad y prevalencia del trámite del hábeas corpus, por cuanto es obvio que el juez ante quien se presente el recurso deberá decidirlo dentro de las treinta y seis horas. Pero esta interpretación, en cambio, permite a la persona capturada a quien se le ha negado el hábeas corpus, apelar ante el superior para que este revise la decisión tomada por el juez respectivo. Y, como es obvio, esta apelación se debe surtir con el estricto respeto de los términos previstos por los artículos 213 y 216 del Código de Procedimiento Penal.

Por todo lo anterior, la Corte considera que el sentido razonable y conforme al principio de favorabilidad penal (C.P., art. 29) del artículo 437 del Código de Procedimiento Penal es el siguiente: la inapelabilidad está referida únicamente al auto que concede la libertad, mientras que aquél que niega el hábeas corpus es apelable, en virtud del principio general contenido en los artículos 16 y 202 del Código de Procedimiento Penal del estatuto procesal penal. En tal entendido, la Corte declarará la constitucionalidad del artículo impugnado, ya que esta corporación no observa ningún reparo contra la inapelabilidad del auto que concede el hábeas corpus puesto que, como ya lo había establecido en anterior decisión, “el hábeas corpus es un derecho de la persona y no una garantía en favor de las instituciones” (8) . Por consiguiente, ninguna objeción constitucional se puede adelantar contra la inapelabilidad de una decisión de hábeas corpus favorable a quien ha sido ilegalmente privado de su libertad.

7. Conclusión.

Por todo lo anterior, la Corte Constitucional declarará, en la parte resolutiva de esta sentencia, constitucional la norma impugnada, en el entendido de que ésta consagra únicamente la inimpugnabilidad del auto que concede la libertad.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el artículo 437 del Decreto Nº 2700 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-496 de noviembre 3 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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