Sentencia C-503 de noviembre 9 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente RE-067

Revisión constitucional del Decreto Legislativo Nº 1372 del 16 de agosto de 1995.

Magistrado Ponente:

Dr. Hernando Herrera Vergara

Aprobado mediante Acta Nº 56.

Santafé de Bogotá, D.C., Noviembre nueve de mil novecientos noventa y cinco.

I. Antecedentes

El secretario jurídico de la Presidencia de la República envió a esta corporación al día siguiente de su expedición y dentro del término fijado en el artículo 214-6 de la Carta Política, copia del Decreto Legislativo Nº 1372 del agosto 16 de 1995 “Por el cual se dictan normas en relación con el sistema carcelario y penitenciario nacional”, para efectos de su revisión constitucional.

Avocado el conocimiento por parte del Magistrado Sustanciador, ordenó mediante providencia de agosto 25 de 1995, y de manera previa a la fijación en lista del citado decreto, oficiar al Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para que suministre a la Corte Constitucional una descripción detallada acerca de la situación interna que para la fecha de expedición del Decreto 1372 de 16 de agosto de 1995 se presentaba en los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país, respecto de la fuga de presos; la comisión de delitos que se organizan o ejecutan desde el interior de los centros de reclusión; el quebrantamiento de los reglamentos penitenciarios, y las sanciones y medidas impuestas a los servidores públicos que actúan como miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciarios.

Así mismo, se oficio al Secretario General de la Presidencia de la República para que remitiera con destino al proceso de la referencia, copia de los antecedentes, informes y estudios que justificaron la adopción de las medidas tomadas en el Decreto 1372 de 1995, en lo relativo a las situaciones presentadas en los establecimientos carcelarios y penitenciarios, y las situaciones que comprometen gravemente el orden que debe existir al interior de los mismos.

Vencido el período probatorio, se ordenó dar traslado del expediente al Procurador General de la Nación, quien emitió el concepto de rigor dentro del término legal.

Agotados los trámites respectivos, procede la Corte a examinar la constitucionalidad del decreto sometido a su revisión.

II. Texto del Decreto 1372 de 1995

El contenido del decreto enviado para revisión de esta Corporación, y sobre el cual se pronunciará la Corte, es el que se transcribe a continuación, tomado del texto remitido por el Secretario General de la Presidencia de la República:

"Presidencia de la República

DECRETO 1372 DE 1995 

(AGOSTO 16)

Por el cual se dictan normas en relación con el sistema carcelario y penitenciario nacional

El Presidente de la República de Colombia

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1370, del 16 de Agosto de 1995

CONSIDERANDO:

Que por Decreto 1370 del 16 de Agosto de 1.995 se declaró el estado de conmoción interior;

Que en el mencionado decreto se señaló la necesidad de fortalecer el sistema carcelario de tal manera que se asegure la adecuada función del Estado en relación con el cumplimiento de las providencias judiciales, en consonancia con la estricta vigilancia dentro y fuera de los centros penitenciarios y carcelarios;

Que la Ley 137 de 1994 en su artículo 44 faculta al Gobierno Nacional, durante el estado de Conmoción Interior, para que mediante decretos legislativos tipifique legalmente conductas y aumente penas;

Que se hace necesario tomar las medidas a que hace referencia el presente decreto debido a que en los establecimientos carcelarios y penitenciarios se vienen presentando situaciones que comprometen gravemente el orden que debe existir al interior de los mismos, lo cual se ha traducido en la fuga de presos, en la comisión de delitos que se organizan o ejecutan desde los centros de reclusión, así como en el quebrantamiento de los reglamentos penitenciarios en materias que impiden el cumplimiento de los fines perseguidos con la detención preventiva y con la imposición de las penas privativas de la libertad;

Que es necesario adoptar medidas de orden penal que impongan adecuadas sanciones a los autores de algunos de los comportamientos descritos y a quienes prestan su concurso para la realización de actividades delictivas por parte de los reclusos, lo cual resulta particularmente relevante en el caso de los servidores públicos que actúan como miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciario;

Que, desde el punto de vista administrativo, es imperativo disponer de un régimen jurídico de vinculación de los funcionarios del Inpec, que sea concordante con la especial confianza que demanda el cumplimiento de la función que se asigna a los servidores públicos a quienes corresponde la custodia y vigilancia de los detenidos y condenados en los centros de reclusión;

Que es necesario disponer de alternativas que, enmarcadas dentro de las condiciones que deben tener los establecimientos carcelarios y penitenciarios, permitan habilitar por razones de seguridad ciertas instalaciones, que por sus características resulten apropiadas, como centros de reclusión;

Que la actual regulación penitenciaria y carcelaria necesita de manera inmediata ser modificada y adicionada respecto de los asuntos a que hace referencia el presente decreto, pues la gravedad de las circunstancias no permiten conjurar la crisis dentro del marco ordinario, como en efecto lo han demostrado los hechos,

DECRETA:

ART. 1º—Fuga de presos. El que se fugue estando privado de la libertad en virtud de resolución, auto o sentencia que le haya sido notificado, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años.

Si la fuga se comete mediante empleo de violencia, corrupción, artificio o engaño, la pena será de nueve (9) a quince (15) años. Si se tratare de contravención, la pena será de prisión de tres (3) a cinco (5) años.

Las personas a que se refiere el presente artículo no tendrán derecho a rebaja o beneficio alguno, así como tampoco a obtener la condena de ejecución condicional, ni la libertad condicional ni redención de pena por estudio, trabajo o enseñanza. También los perderá en relación con el delito por el cual se encuentra privado de la libertad.

ART. 2º—Favorecimiento de la fuga. El que procure, facilite o participe en la fuga de un detenido o condenado privado de la libertad incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término.

La pena prevista en el inciso anteior se aumentará en la mitad (1/2) cuando la persona cuya fuga se procure o facilite esté sindicada o haya sido condenada por delitos que atenten contra la existencia y seguridad del Estado, contra el Régimen Constitucional, contra la administración pública, contra la seguridad pública, contra la vida e integridad personal, contra la libertad individual, contra la libertad y el pudor sexuales, o los contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes, en el Decreto 2266 de 1.991 y los demás señalados en el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal.

En los casos previstos en el inciso anterior la pena se aumentará en las dos terceras (2/3) partes cuando el autor sea servidor público.

Las personas a que se refiere el presente artículo no tendrán derecho a rebaja o beneficio alguno, así como tampoco a obtener la condena de ejecución condicional ni la libertad condicional ni la redención de pena por etudio, trabajo o enseñanza.

ART. 3º—Participación culposa en la fuga. El servidor público encargado de la vigilancia, custodia o conducción de un detenido o condenado que por culpa dé lugar a su fuga, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término.

ART. 4º—Introducción ilícita de elementos en establecimiento carcelario o penitenciario. El que ilícitamente introduzca armas, explosivos o municiones a establecimiento carcelario o penitenciario incurrirá en pena de prisión de ocho (8) a doce (12) años e interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Si se trata de servidor público, la pena se aumentará en las dos terceras partes.

ART. 5º—Tenencia o utilización de elementos de comunicación no autorizados. El que estando privado de la libertad en establecimiento carcelario o penitenciario, tenga en su poder o utilice elementos de comunicación no autorizados por el reglamento, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor.

En la misma pena incurrirá quien introduzca dichos elementos a establecimientos carcelarios o penitenciarios o el propietario de los mismos que contribuya a la comisión de este delito.

ART. 6º—Vigilancia Interna y Externa. La vigilancia interna de los centros de reclusión estará a cargo del cuerpo de custodia o vigilancia penitenciaria nacional. La vigilancia externa estará a cargo de la fuerza pública y de los organismos de seguridad.

Previo concepto del Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec, se podrá disponer que la fuerza pública asuma el control y vigilancia de los centros de reclusión. En tal caso y salvo orden superior diferente, las mencionadas funciones de control y vigilancia estarán a cargo del oficial al mando de los miembros de la fuerza pública destacados para el efecto.

PAR.—Previo concepto del Director General del Inpec, se podrá disponer del personal de las fuerzas militares y de la Policía Nacional para la instalación de cordones de seguridad externa, los cuales podrán requisar a todas la personas que ingresen o salgan del establecimiento de reclusión.

ART. 7º—Dependencia de los Miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. En cada establecimiento de reclusión los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional están bajo la inmediata dependencia del director, del comandante de custodia y vigilancia y de los demás superiores jerárquicos de la guardia penitenciaria.

PAR.—En el evento en que la vigilancia interna del establecimeinto carcelario o penitenciario sea asignada a la fuerza pública, la subordinación se deberá a los miembros de ésta que asuman el control.

ART. 8º—Régimen Jurídico del Personal de Custodia y Vigilancia. El personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional será de libre nombramiento y remoción.

Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo aquellos funcionarios que, al momento de entrar en vigencia el presente decreto, se encuentren legalmente inscritos en carrera penitenciaria. Para estos servidores continuarán aplicándose las disposiciones que regulan esta materia.

PAR.—El Subdirector del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional será nombrado libremente por el Director General del Inpec.

ART. 9º—Utilización de Instalaciones de la Fuerza Pública. Previo concepto del Director General del Inpec, y por razones especiales de seguridad, se podrán habilitar instalaciones de la Fuerza Pública como establecimientos carcelarios para lo cual se celebrarán los convenios interadministrativos a que haya lugar. En dichos convenios deberá contemplarse lo relativo a la adopción de las medidas que permitan el cumplimiento de las normas legales y reglamentos penitenciarios en el área de la respectiva instalación que se destine para el efecto.

ART. 10.—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias. Su vigencia se extenderá por el tiempo de la conmoción interior, sin perjucio de que el gobierno prorrogue de conformidad con lo pervisto en el inciso tercero del artículo 213 de la Constitución Política.

Publíquese y cúmplase

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 16 de agosto de 1995.

Horacio Serpa Uribe, Ministro del Interior—Rodrigo Pardo García Peña, Ministro de Relaciones Exteriores—Nestor Humberto Martínez Neira, Ministro de Justicia y del Derecho—Guillermo Perry Rubio, Ministro de Hacienda y Crédito Público—General Hernando Camilo Zúñiga Chaparro, Comandante de las fuerzas militares, Encargado de las funciones del despacho del Ministro de Defensa Nacional—Gustavo Castro Guerrero, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural—Rodrigo Marín Bernal, Ministro de Desarrollo Económico—Rodrigo Villamizar Alvar González, Ministro de Minas y Energía—Daniel Mazuera Gómez, Ministro de Comercio Exterior—María Emma Mejía Vélez, Ministra de Educación Nacional—Cecilia López Montaño, Ministra del Medio Ambiente—María Sol Navia Velasco, Ministra de Trabajo y Seguridad Social—Augusto Galán Sarmiento, Ministro de Salud—Armando Benedetti Jimeno, Ministro de Comunicaciones—Juan Gómez Martínez, Ministro de Transporte.

III. Pruebas decretadas por la Corte

Mediante oficio Nº 1874 del 11 de septiembre de 1995, el Secretario General de la Presidencia de la República, doctor Juan Manuel Turbay Marulanda remitió a esta Corporación copia del informe y los antecedentes enviados a esa dependencia por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en cumplimiento de lo ordenado mediante auto de 25 de agosto del año en curso emanado del despacho del magistrado sustanciador.

En el citado oficio, el Director General del Inpec informó a esta corporación acerca de la situación que en los centros de reclusión se evidencia para la época de expedición del Decreto 1372 del 16 de agosto de 1995.

IV. Intervenciones

Dentro del término de fijación en lista se presentaron varios escritos, destinados unos a defender y otros a impugnar la constitucionalidad de las normas contenidas en el Decreto Legislativo 1372 de 1995.

Así, presentaron escritos de impugnación, los ciudadanos Pedro Pablo Camargo, Rafael Barrios Mendivil y Alirio Uribe Muñoz, Ernesto Fontecha Fontecha, María Elsa Paez Garcia, Eduardo Orjuela Villalobos, Jorge Alberto Garzón Forero, Luis Fernando Sanabria Amaya, así como el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Administrativo de la Penitenciaría Nacional de Cúcuta.

También presentó escrito de impugnación del Decreto sub examine el ciudadano Jaime Córdoba Triviño, actuando como Defensor del Pueblo.

Finalmente, intervinieron dentro del proceso con el objeto de defender la constitucionalidad del Decreto materia de revisión, el señor Fiscal General de la Nación, doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, al igual que el señor Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Nestor Humberto Martínez Neira, el Director General de la Policía Nacional, General Rosso Jose Serrano Cadena y el Director General del Inpec, Teniente Coronel Norberto Peláez Restrepo.

V. Concepto del Procurador General de la Nación

Mediante oficio Nº 759 de octubre cinco (5) de mil novecientos noventa y cinco (1995), el señor Procurador General de la Nación, doctor Orlando Vásquez Velásquez remitió a esta Corporación dentro del término legal, el concepto de rigor, solicitando que se declare la INEXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 1372 de 1995, con fundamento en las siguientes consideraciones:

De manera previa al examen del decreto en revisión, manifiesta el jefe del Ministerio Público que ante el nexo causal del Decreto que se revisa con aquel que declaró la conmoción interior, y que en su concepto es contrario al ordenamiento superior, sería consecuente predicar la inexequibilidad en cadena de aquellas medidas que se han expedido al amparo del Estado de Conmoción Interior. Agrega que el valor automático del contenido normativo del Decreto 1372 de 1995, demanda para su comprensión un juicio jurídico material e integral que demuestre su conformidad o no por este aspecto, con la Carta Política, de tal manera que la Corte al pronunciarse desarrolle una labor pedagógica que traduzca el mandato constitucional en las relaciones Estado-sociedad civil.

Para el Procurador General de la Nación, es evidente que el sector carcelario padece una honda crisis que tiene repercusiones de muy variado orden. Pero tal situación no puede considerarse como el resultado de hechos repentinos o sobrevinientes: se trata de una crisis estructural y crónica que el legislador ordinario ha buscado superar por intermedio de las reformas que ha realizado en este ámbito, especialmente dirigidas a crear las condiciones adecuadas para procurar la existencia de un sistema de administración carcelaria eficiente y acorde con el trato digno y humanitario que el Estado debe proporcionar al sujeto que ha sido recluído en un centro penitenciario.

Este fue el propósito de la Ley 65 de 1993, por la cual se expidió el Código de Régimen Penitenciario y Carcelario y además se creó con carácter autónomo, un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, cual es el Instituto Penitenciario y Carcelario.

En verdad, señala el Jefe del Ministerio Público, los hechos que dan lugar a la crisis del sistema carcelario y penitenciario, detalladamente relacionados en el informe elaborado por el Director General del Inpec y que obra como elemento de prueba en el presente expediente, no constituyen circunstancias nuevas que puedan configurar una crisis que amerite la declaratoria de Conmoción Interior. En efecto, aduce que el referido escrito alude en forma estadística a los diferentes fenómenos que habitualmente se han presentado en los centros carcelarios, como son las fugas de presos, la planeación de actos delictivos, el quebrantamiento de los reglamentos penitenciarios, la corrupción de personas de custodia y vigilancia, entre otros, en la actualidad acrecentados por el poder económico de algunas organizaciones delictivas.

Manifiesta que el Director del Inpec queda habilitado para adoptar decisiones tales como traslados, aislamientos de internos, uso excepcional de los medios extraordinarias de coerción y el reclamo o apoyo de la Fuerza Pública, de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley 65 de 1993 y suspender o reemplazar sin perjuicio de las investigaciones penales o disciplinarias, al personal del servicio penitenciario o carcelario.

Así pues, estima que con fundamento en los supuestos normativos de la Ley 65 de 1995, como expresión de la normalidad que traducen en la existencia de mecanismos ordinarios y extraordinarios de control en cabeza de la administración carcelaria para la preservación del normal funcionamiento y seguridad de los centros carcelarios, se deslegitima la invocación del legislador de excepción para apelar a medidas de esa naturaleza.

De esa forma, considera que si la voluntad del gobierno es restablecer el orden interno de los centros penitenciarios buscando que se respeten los reglamentos disciplinarios, la respuesta punitiva no es suficiente para atacar las causas reales de la problemática penitenciaria y carcelaria del país, las cuales son de índole administrativa.

Respecto de las medidas de administración de personal que contiene el Decreto que se revisa -artículo 8o.-, estima que resultan contrarias a los mandatos constitucionales, ya que la modificación del régimen de vinculación al Inpec, consistente en convertir los empleos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional en cargos de libre nombramiento y remoción —que al tenor del artículo 79 del Decreto 407 de 1994 “por el cual se establece el régimen de personal del Inpec”, pertenecen a la carrera administrativa—, comporta violación al derecho fundamental al trabajo de las personas que pretendan acceder a los mismos, en la medida en que ya no contarán con la garantía de estabilidad que les ofrece la carrera penitenciaria. En su criterio, para dichos funcionarios la carrera administrativa hace parte del núcleo esencial de su derecho al trabajo, el cual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 214 y 215 de la Constitución Política no puede ser afectado por medidas de Estados de Excepción.

Finalmente, destaca que las medidas contempladas en los artículos 6º, 7º y 9º del Decreto subexamine, corresponden a las atribuciones que el Director del Inpec puede ejercer al declarar la Emergencia Penitenciaria y Carcelaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 65 de 1993.

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 numeral 7º de la Carta Política, en concordancia con el artículo 214 numeral 6º del mismo estatuto superior, corresponde a la Corte Constitucional decidir sobre la constitucionalidad del Decreto 1372 del 16 de agosto de 1995, por tratarse de un decreto legislativo expedido el Presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias que autoriza la Conmoción Interior (C.P., art. 213).

2. La inexequibilidad del decreto que se revisa.

El Decreto 1370 de agosto 16 de 1995 “Por el cual se declara el estado de conmoción interior" fue declarado inexequible por la Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia C-466 del dieciocho (18) de octubre de 1995, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, por infringir los artículos 14, 28, 29, 213 y 214 de la Carta, providencia que tiene fuerza de cosa juzgada en virtud del artículo 243 constitucional.

La corporación fundamentó su decisión en los siguientes considerandos:

"En este orden de ideas, considera la Corte que los hechos narrados no tienen el carácter de coyunturales, transitorios ni excepcionales, que deban ser conjurados mediante medidas de excepción, sino que constituyen patologías arraigadas que merecen tratamiento distinto por medio de los mecanismos ordinarios con que cuenta el Estado para sortear problemas funcionales y estructurales normales.

(...).

Para la corporación es claro que los hechos invocados por el gobierno son, ciertamente, “graves" y perturbadores del orden público , que es presupuesto de la convivencia pacífica y de la vigencia de un orden justo, fin esencial del Estado Colombiano. Pero si son, como las propias cifras aportadas por el gobierno lo corroboran, las manifestaciones reiteradas de la vieja y arraigada patología social que aqueja al país, no es para su tratamiento que se han dispuesto los estados de excepción. La persistencia obstinada de la citada patología, demanda medidas permanentes, como ella, dirigidas a atacar su génesis y no la erupción epidérmica.

(...)

Y sólo ante situaciones realmente nuevas y excepcionales, deberán acudir a medidas también de excepción, que el propio ordenamiento consagra en previsión de tales eventos. Dentro de ese riguroso esquema se mueve, sin duda, el ordenamiento constitucional colombiano. Y en ese orden de ideas, el carácter excepcional de la actual situación, es lo que no está demostrado en el proceso" (negrillas y subrayas fuera de texto).

Señaló la Corporación en el fallo mencionado, que según el artículo 213 de la Carta, el estado de conmoción interior únicamente podrá implantarse cuando la situación perturbadora del orden público no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, y agrega que según el artículo 2º de la Ley 137 de 1994, sólo podrán ser utilizadas las facultades excepcionales cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios del Estado.

Ahora bien, la Constitución precisa que para que el Ejecutivo pueda ejercer las facultades excepcionales previstas por el artículo 213 se requiere no sólo que efectivamente se presente el supuesto fáctico de la Conmoción, sino además que el decreto declaratorio se ajuste a la Constitución, ya que este es un acto condición para que el Presidente pueda dictar decretos legislativos.

Por consiguiente, habiendo sido declarado inexequible el Decreto 1370 de 1995, por no darse las circunstancias que, conforme al artículo 213 superior, legitiman la declaratoria del Estado de Conmoción Interior, es también en consecuencia inconstitucional el decreto materia de revisión expedido con base en tal declaratoria, pues ha sido retirado del ordenamiento jurídico el acto condición que les servía de fundamento.

Se trata, como lo expresó esta Corporación en la sentencia No. C-488 del 2 de noviembre de 1995, M.P. Dr. Jose Gregorio Hernández Galindo, por medio de la cual se declaró la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1371 de 1995, de una inconstitucionalidad por consecuencia, “es decir, del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al Jefe de Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución. Cuando tal situación se presenta, la Corte Constitucional no puede entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independientemente de que las normas que consagran, consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución".

Por consiguiente, dado que el Decreto 1372 del 16 de agosto de 1995, fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Carta y en desarrollo del Decreto 1370 de la misma fecha, el cual, como se indicó, fue declarado inexequible, no hay lugar a realizar el análisis de forma y contenido del mismo, por carecer de causa jurídica siendo por consiguiente inconstitucional, como habrá de declararse en la parte resolutiva de esta providencia, independientemente de que sus normas pudieran avenirse o no a la Constitución Política, por haber desaparecido la capacidad legislativa en virtud del pronunciamiento a que se ha hecho referencia (C. Const., Sent. C-466, oct. 18/95, S. Plena).

Cabe advertir que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, a través de la cual se ha definido que sólo esta Corte puede determinar las consecuencias de sus fallos, la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 1410 de 1995 sólo tendrá efectos a partir de la fecha de la notificación de la presente providencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar Inexequible el Decreto Legislativo 1372 de agosto 16 de 1995, “Por el cual se dictan normas en relación con el sistema carcelario y penitenciario nacional".

2. Disponer que los efectos de la presente declaratoria de inexequibilidad sólo se producirán a partir de la notificación de esta providencia.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

José Gregorio Hernández Galindo, Presidente—Jorge Arango Mejía—Antonio Barrera Carbonell—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz —Hernando Herrera Vergara—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa. 

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, secretaria general

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