•Sentencia C-507 de julio 14 de 1999

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expedientes D-2254

Magistrado Sustanciador:

Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

Actor: Rafael Barrios Mendivil

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 65, 75, 141, 142, 143, 183, 184 y 185 del Decreto 85 de 1989.

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a los catorce días del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS:

«II. Texto de las normas acusadas

A continuación, se transcriben únicamente las normas cuya demanda fue admitida, pues las restantes disposiciones que inicialmente hicieron parte de la acción pública de inconstitucionalidad, fueron en su oportunidad rechazadas por el despacho del magistrado sustanciador, tal como se indicó en el acápite anterior:

“DECRETO 85 DE 1989

“Por el cual se reforma el Reglamento de Régimen Disciplinario para las fuerzas militares”.

(...).

ART. 184.—Cometen falta contra el honor militar, los oficiales y suboficiales en servicio activo que incurran en hechos o situaciones que afecten el honor del cuerpo de oficiales o suboficiales o la dignidad de la institución castrense, tanto en actividades del servicio como fuera de ellas.

Son faltas contra el honor militar las siguientes:

a) (...).

b) Vivir en concubinato o notorio adulterio;

c) Asociarse o mantener notoria relación con personal que registre antecedentes penales o sean considerados como delincuentes de cualquier género o antisociales como drogadictos, homosexuales, prostitutas y proxenetas;

d) Ejecutar actos de homosexualismo o practicar o propiciar la prostitución”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. La competencia y objeto de control

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer las acusaciones formuladas en contra de los literales b), c) y d) del artículo 184 del Decreto-Ley 85 de 1989.

2. Lo que se debate

Como se anotó en el acápite correspondiente a los fundamentos de la demanda, para el impugnante, el literal b) de la norma acusada, al establecer como falta contra el honor militar el hecho de vivir en concubinato o notorio adulterio, contraviene algunos instrumentos internacionales suscritos por Colombia y los artículos 16 y 42 superiores que garantizan el derecho al libre desarrollo de la personalidad (para el caso del adulterio) y la posibilidad de que la familia se constituya también por vínculos naturales y por la voluntad responsable de un hombre y una mujer para conformarla (respecto del concubinato).

Igualmente, en relación con los literales c) y d), aduce que los mismos desconocen los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, en cuanto —por un lado— consagran como falta contra el honor militar el sólo hecho de relacionarse con personas que registren antecedentes penales, con drogadictos, homosexuales, prostitutas y proxenetas y —por el otro— sancionan la ejecución de actos homosexuales, lo cual constituye una clara discriminación contra las personas que ostentan una de tales condiciones.

Según los intervinientes, estas conductas se justifican por la especial naturaleza de las funciones que se le asignan a los miembros de la fuerza pública, lo cual les impone llevar una vida íntegra que les permita actuar con autoridad moral frente a la comunidad. Por su parte, el Ministerio Público, coincidiendo con los fundamentos de la demanda, solicita la declaratoria de inexequibilidad del literal b) y de las expresiones “...homosexuales, prostitutas...” y “Ejecutar actos de homosexualismo o”, contenidas en los literales c) y d) de la norma acusada, en cuanto éstas sancionan comportamientos ampliamente protegidos por la Constitución Política de 1991.

De acuerdo con lo anterior, lo que corresponde a la Corte es determinar si los principios y derechos reconocidos por la Constitución Política, permiten sancionar disciplinariamente a los militares en servicio activo que incurran en algunas de las conductas descritas en los literales demandados o si, por el contrario, penalizar tales comportamientos afecta la familia como núcleo esencial de la sociedad, así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad.

3. El concubinato a la luz de la Constitución de 1991.

3.1. En nuestro ordenamiento jurídico, el término concubinato se asimila a la expresión “unión marital de hecho” la cual aparece definida por el artículo 1º de la Ley 54 de 1990 como aquella unión “formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”. Según lo ha manifestado esta corporación en anteriores pronunciamientos, esa expresión sustituye a las anteriores de “concubinato” y “amancebamiento”, en cuanto éstas tenían una connotación considerada degradante y peyorativa. Al respecto, señaló la Corte:

“El artículo 1º de la ley consagra la expresión unión marital de hecho, expresión posiblemente encaminada a hacer a un lado las connotaciones degradantes de los términos concubinato, amancebamiento, etc. La definición contenida en esta norma describe, en últimas, una especie de matrimonio de hecho: “A partir de la vigencia de la presente ley y para todos los efectos civiles, se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular”. Y el inciso segundo denomina a los miembros de esta pareja compañero y compañera permanente”. (Sent. C-239/94, M.P. Jorge Arango Mejía).

3.2. Pues bien, esta familia natural, constituida por la voluntad responsable de un hombre y una mujer de convivir juntos, sin mediar lazos contractuales formales, se encuentra expresamente reconocida por la Constitución Política y, al efecto, es objeto de protección integral por parte del Estado y la sociedad. Así lo dispone expresamente el artículo 42 superior al señalar:

“ART. 42.—La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”. (Subrayas fuera de texto).

Precisamente, en la Asamblea Constituyente del 91, durante las discusiones que dieron lugar a la aprobación del artículo 42 citado, se hicieron las siguientes precisiones para justificar y respaldar la protección constitucional de la familia conformada por vínculos naturales:

“No es necesario discutir por qué la familia es el núcleo, principio o elemento fundamental de la sociedad. Se reconoce a ella éste lugar de privilegio dentro de la escala social porque todos deberíamos nacer, vivir y morir dentro de una familia.

Las personas unidas entre sí por vínculos naturales, como los diferentes grados de consanguinidad; o unidas por vínculos jurídicos, que se presentan entre esposos, afines o entre padres e hijos adoptivos, o por la voluntad responsable de constituirla, en los casos en que un hombre y una mujer se unen con la decisión de vivir juntos, tienen pleno derecho a conformar y desarrollar esta base de la sociedad, aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales, si llenan los requisitos de la ley, su conciencia, sus costumbres o tradiciones, su religión o sus creencias.

Siendo ello así, es apenas obvio determinar la protección del Estado y la sociedad para esa familia y fijar la inviolabilidad para su honra, dignidad e intimidad, así como sentar las bases de su absoluta igualdad de derechos y deberes.

Las familias unidas por vínculos naturales o jurídicos han sido reglamentadas durante toda nuestra vida civil.

Interpretando una necesidad nacional debe reflejarse en la Constitución la realidad en que vive hoy más de la cuarta parte de nuestra población. Se deben complementar las normas legales vigentes sobre “uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”.

Debido a cambios de mentalidad, a problemas en la primera unión y al acomodamiento económico y social de las gentes, se ve cómo desde 1900 tiene un incremento sostenido la unión libre. En la generación de la primera década de ese siglo, se encuentra un 10% de las familias en esta situación; en la generación del 40 encontramos un 26%; en la del 50 pasa al 30% y en la de 1960 a 1964 asciende a un 45.5%, según indica la obra “La nupcialidad en Colombia, evolución y tendencia” de las investigadoras Lucero Zamudio y Norma Rubiano”. (Ponencia para primer debate en la plenaria, Gaceta Constitucional 85, pág. 5).

3.3. En concordancia con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha respaldado la unión marital de hecho señalando que ésta “corresponde a una de las formas legítimas de constituir la familia, la que no se crea sólo en virtud del matrimonio. La unión libre de hombre y mujer, “aunque no tengan entre sí vínculos de sangre ni contractuales formales” debe ser objeto de protección del Estado y la sociedad, pues ella da origen a la institución familiar”. (Sent. C-098/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

3.4. Así las cosas, si la propia Carta Política legítima la familia natural, propugnando la inviolabilidad de su honra, su dignidad e intimidad, y sienta las bases para lograr la absoluta igualdad en sus derechos y deberes (C.P. art. 42), resulta incompatible con estos principios constitucionales que en el régimen disciplinario militar se trate aquélla como una situación jurídicamente sancionable. Las razones de orden moral que sustentaban la aludida sanción, no encuentran eco bajo el actual esquema constitucional, que reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad, otorgándole el mismo valor tanto a la constituida a través de ceremonia religiosa o civil, como a la que tiene origen en unión de hecho(1).

La contradicción de la expresión impugnada —“vivir en concubinato”— con la Carta Política resulta, pues, tan evidente, que la Corte no encuentra necesario extenderse en mayores consideraciones para justificar su declaratoria de inexequibilidad.

5. El legítimo ejercicio de la autonomía personal no puede ser objeto de punición

Además del concubinato, los literales b), c) y d) del artículo 184 del Decreto 89 de 1989 consagran como faltas contra el honor militar, cuyo desconocimiento sanciona a los oficiales y suboficiales con el retiro de las fuerzas militares, el notorio adulterio, la relación o asociación con drogadictos, homosexuales, prostitutas y proxenetas, y la ejecución de actos homosexuales o la práctica y patrocinio de la prostitución.

5.1. Por honor militar, según lo dispone el artículo 183 del mismo ordenamiento, se entiende “el conjunto de cualidades morales y profesionales que sustentan las virtudes castrenses del valor, lealtad, rectitud y decoro y que colocan al oficial y suboficial en condiciones de aprecio dentro de la institución y la sociedad a la que pertenece”.

En efecto, de acuerdo con la naturaleza propia de las fuerzas armadas y de sus funciones de defensa de la soberanía nacional y del orden constitucional (C.P. art. 217), se ha considerado conveniente penalizar aquellas manifestaciones del comportamiento individual que tradicionalmente han sido objeto de arraigados prejuicios y de censura social, con la intención de salvaguardar la reputación de la institución castrense y la de sus integrantes, exigiéndoles a éstos adoptar las conductas sexuales y convencionales que se consideran correctas y gozan de la mayor aceptación en la comunidad.

5.2. Sobre la base de tales propósitos, tal como lo ha reconocido esta corporación en abundante jurisprudencia, debe reiterarse que una de las características de la Carta Política de 1991 consiste en haber reservado un amplio margen a la defensa y protección del fuero interno de las personas. A través del reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P. art. 16) y de los derechos a la intimidad y al buen nombre (C.P. art. 15), “el constituyente quiso elevar a la condición de derecho fundamental la libertad en materia de opciones vitales y creencias individuales y, en consecuencia, enfatizó el principio liberal de la no injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y organización social”(2).

Con el reconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, conocido también como derecho a la autonomía e identidad personal, se busca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional(3). Así, puede afirmarse que este derecho de opción comporta la libertad e independencia del individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la única limitante de no causar un perjuicio social.

Por su parte, los derechos a la intimidad y al buen nombre también contribuyen con el proceso de desarrollo individual del ser, en cuanto están estrechamente ligados al principio de la dignidad humana e involucrados en el proceso de reconocimiento de la libertad, la autonomía y la conservación personales. Estos derechos buscan proteger el entorno más entrañable de la persona y de su familia, habilitándola para exigir respeto público y privado a sus actuaciones, decisiones, necesidades y comportamientos, que son de su resorte exclusivo e íntimo(4).

En realidad, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y al buen nombre, forman parte esencial del ser humano, pues permiten su reconocimiento e individualización social, por lo que cualquier limitación de los mismos debe obedecer a verdaderos intereses constitucionales que, en ningún caso, podrán llegar a afectar su núcleo esencial, entendiendo por tal “aquellas decisiones que una persona toma durante su existencia y que son consustanciales a la determinación autónoma de un modelo de vida y de una visión de su dignidad como persona”(5).

Sobre el particular, dijo esta corporación:

“El derecho a la autonomía personal, al igual que los demás derechos consagrados en la Carta, no es absoluto. Esta idea la contiene el artículo 16 al consagrar: “...sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. Estas dos limitaciones no pueden desconocer el núcleo esencial que es el mínimo vital de este derecho, siguiendo a Häberle, se denomina “contenido esencial” al ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas”. (Sent. T-542/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero).

5.3. Concretamente, la sexualidad aparece como un elemento consustancial a la persona humana y a su naturaleza interior, el cual, necesariamente, hace parte de su entorno más íntimo. La prohijada protección constitucional del individuo, representada en los derechos al libre desarrollo de su personalidad e intimidad, incluye entonces, en su núcleo esencial, el proceso de autodeterminación en materia de preferencias sexuales.

En este sentido, la Corte ha considerado que si la autodeterminación sexual del individuo constituye una manifestación de su libertad fundamental y de su autonomía, como en efecto lo es, ni el Estado ni la sociedad se encuentran habilitados para obstruir el libre proceso de formación de una específica identidad sexual, pues ello conduciría “a aceptar como válido el extrañamiento y la negación de las personas respecto de ellas mismas por razones asociadas a una política estatal contingente”(6).

Ciertamente, en las sociedades de estirpe democrática como la nuestra, el derecho fundamental a la autodeterminación sexual no puede ser el resultado de una imposición legal que establezca, como línea de comportamiento, la orientación más arraigada a las posturas y costumbres de mayor tradición dentro de la colectividad. El comportamiento sexual, amén de pertenecer a la esfera más íntima del ser humano, hace parte estructural de su libertad personal, lo cual descarta cualquier intervención del Estado y la sociedad, pues no se trata de una situación en la que se entienda comprometido el interés público o de la que pueda derivarse un perjuicio social(7).

(7) Cfr. Sentencia ibídem.

Es claro entonces que el actual orden jurídico, fundado en el respeto por la dignidad humana, la tolerancia, la solidaridad y la autonomía personal (C.P. arts. 1º, 2º, 15 y 16), no legitima al Estado para crear dispositivos legales que estigmaticen determinados comportamientos sexuales y, en alguna medida, dificulten el ejercicio libre de la sexualidad. Tal proceder anularía, además de los derechos al libre desarrollo de la personalidad e intimidad, el pluralismo que el propio ordenamiento constitucional acepta y ordena amparar (C.P. art 7º). Al respecto, la Corte ha sostenido que:

“La democracia se ocupa ciertamente de promover por la vía del consenso los intereses generales. Pero, al hacerlo, en una sociedad que no es monolítica, debe dejar un adecuado margen al pluralismo (C.P. art. 1º). Entre otras manifestaciones de diversidad, amparadas constitucionalmente por el principio del pluralismo e insuprimibles por la voluntad democrática, la Corte no puede dejar de mencionar la religiosa y la sexual. La opción soberana del individuo en estos dos órdenes no concierne al Estado, que ha de permanecer neutral, a no ser que la conducta de los sujetos objetivamente produzca daño social" (Sent. C-098/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

5.4. Adicionalmente, el establecimiento de normas legales con tendencia a afectar el ejercicio libre de la sexualidad, desconoce el principio de igualdad material que, según el artículo 13 de la Constitución, le impone al Estado el deber de promover las condiciones para que la igualdad de trato sea real y efectiva, buscando evitar que en el orden interno se fijen clasificaciones irrazonables y discriminatorias, carentes de toda objetividad. En efecto, según lo ha dicho esta corporación, “el principio de igualdad (C.P. art. 13), se opone, de manera radical, a que a través de la ley, por razones de orden sexual, se subyugue a una minoría que no comparta los gustos, hábitos y prácticas sexuales de la mayoría”(8).

5.5. Igualmente, ha de resaltarse que la protección de la identidad sexual se encuentra reconocida, a más del orden interno, por los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia y por el despliegue hermeneútico adelantado en los respectivos tribunales internacionales a quienes corresponde interpretar el alcance de las normas supranacionales. Es así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Colombia mediante la expedición de la Ley 74 de 1968, conmina a los Estados partes a garantizar los derechos humanos sin distinción de sexo, a su vez que prohíbe toda discriminación por esta misma causa y protege la vida privada de las personas (arts. 2º, 17 y 26). Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, intérprete autorizado del Pacto en referencia, ha destacado que la protección a la privacidad individual se extiende a las prácticas sexuales entre adultos e igualmente, que la expresión “sexo”, contenida en las diversas normas de dicho pacto, abarca también la específica “orientación sexual” de las personas la cual, por supuesto, también goza de la debida protección supranacional(9).

5.6. Así las cosas, si el respeto por la diversidad, el pluralismo y la diferencia entre individuos constituye un propósito fundamental de nuestro Estado social de derecho e incluso del propio derecho internacional, resulta comprensible que el régimen disciplinario de las fuerzas militares, en lo que corresponde a las disposiciones que gobiernan la conducta personal de sus miembros, se armonice con las normas supralegales que actualmente delimitan el ámbito de primacía de los derechos inalienables de la persona. Ello, por cuanto el personal militar, al igual que los demás ciudadanos corrientes, tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, a su intimidad y a su buen nombre, correspondiéndole al Estado, a través de los diferentes organismos que lo conforman, respetar y promover el respeto de tales derechos.

5.7. Por tales motivos, la Corte no encuentra razonable que, además del concubinato, se incluya el notorio adulterio como una falta contra el honor militar. No es ésta, desde luego, una situación apropiada, ni mucho menos ejemplarizante, entratándose de quien viste el uniforme de la fuerza pública; pero el reproche y la sanción a tal situación corresponden más al ámbito de la moral que al de la ley. Por ello ese comportamiento, que pertenece a la esfera de la vida privada del individuo, no puede ser objeto de intervención estatal, a la luz de los preceptos constitucionales de que se ha hecho mención. En consecuencia, la expresión “o notorio adulterio”, contenida en el literal b) del artículo 184 del Decreto 085 de 1989, será declarada inexequible.

5.8. Por otra parte, tampoco considera la Corte razonable que se califique de “antisociales” a los homosexuales y a las prostitutas en sí mismos, como lo hace arbitrariamente el literal c) del artículo 184 bajo examen. Tales condiciones se derivan de una opción de vida sexual resultante de diversos factores de orden personalísimo, que no corresponde a esta Corte entrar a analizar, pero que en todo caso, jamás pueden ser tildados de conductas antisociales.

La prostitución y la homosexualidad son, en efecto, opciones sexuales válidas dentro de nuestro Estado social de derecho, razón por la cual, aquéllos que las han asumido como forma de vida, sin afectar derechos ajenos, no pueden ser objeto de discriminación alguna. Por el contrario, según las voces de la propia Constitución Política, su condición de personas libres y autónomas debe ser plenamente garantizada y reconocida por el orden jurídico, en igualdad de condiciones a los demás miembros de la comunidad.

En punto a lo anterior, resulta pertinente citar algunos apartes de la Sentencia T-539 de 1994 en la que se afirmó, con respecto a la legitimidad del comportamiento homosexual, lo siguiente:

“El hecho de que su conducta sexual no sea la misma que adopta la mayoría de la población, no justifica tratamiento desigual. Los homosexuales tienen su interés jurídicamente protegido, siempre y cuando en la exteriorización de su conducta no lesionen los intereses de otras personas ni se conviertan en piedra de escándalo, principalmente de la niñez y la adolescencia. Un trato justo, hacia los homosexuales, tiene que basarse en el respeto, la consideración y la tolerancia, por tratarse de seres humanos titulares de los mismos derechos fundamentales de los demás en condiciones de plena igualdad, así no sean idénticos en su modo de ser a los demás. Si los homosexuales adoptan una conducta diferente a la de los heterosexuales, no por ello jurídicamente carecen de legitimidad. En aras del principio de igualdad, consagrado en la Carta como derecho constitucional fundamental de toda persona humana, no hay título jurídico que permita discriminar a un homosexual”. (Sent. T-539/94, M.P. Vladimiro Naranjo Meza).

Recientemente, esta Corte reiteró:

“La homosexualidad es una condición de la persona humana que implica la elección de una opción de vida tan respetable y válida como cualquiera, en la cual el sujeto que la adopta es titular, como cualquier persona, de intereses que se encuentran jurídicamente protegidos, y que no pueden ser objeto de restricción por el hecho de que otras personas no compartan su específico estilo de vida”. (Sent. T-101/98, M.P. Fabio Morón Díaz).

En el caso específico de la prostitución, la Corte ha tenido oportunidad de manifestar:

“Por otro lado, es conocido y aceptado el principio según el cual la ley positiva no puede prohibir todo lo que la moral rechaza, porque atentaría contra la libertad. De acuerdo con lo anterior, jurídicamente hablando puede decirse que en aras del derecho al libre desarrollo de la personalidad, las gentes pueden acudir a la prostitución como forma de vida, pero al hacerlo no pueden ir en contra de los derechos prevalentes de los niños, ni contra la intimidad familiar, ni contra el derecho de los demás a convivir en paz en el lugar de su residencia”. (Sent. T-620/95, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).

5.9. Algo similar ocurre en el caso de los drogadictos, calificados también como “antisociales” por el mismo literal c). En efecto, siguiendo la doctrina constitucional expuesta en la sentencia de esta Corte que despenalizó el consumo de la lIamada “dosis personal” de estupefacientes, el uso habitual de estas sustancias no constituye per se comportamiento jurídicamente reprochable, en cuanto el mismo también se deriva del ejercicio legítimo del derecho al libre desarrollo de la personalidad y autonomía individual.

Sobre este particular, expresó la Corte:

“La sanción (o tratamiento) por el consumo de droga y el libre desarrollo de la personalidad

Para dilucidar in toto la constitucionalidad de las normas que hacen del consumo de droga conductas delictivas, es preciso relacionar éstas con una norma básica que, para este propósito, resulta decisiva. Es el artículo 16 de la Carta, que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Lo hace en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.

La frase “sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”, merece un examen reflexivo, especialmente en lo que hace relación a la expresión subrayada. Porque si cualquier limitación está convalidada por el sólo hecho de estar incluida en el orden jurídico, el derecho consagrado en el artículo 16 superior, se hace nugatorio. En otros términos: el legislador no puede válidamente establecer más limitaciones que aquellas que estén en armonía con el espíritu de la Constitución.

Téngase en cuenta que en esa norma se consagra la libertad “in nuce”, porque cualquier tipo de libertad se reduce finalmente a ella. Es el reconocimiento de la persona como autónoma en tanto que digna (C.P. art. 1º), es decir, un fin en sí misma y no un medio para un fin, con capacidad plena de decidir sobre sus propios actos y, ante todo, sobre su propio destino. La primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste en que es la propia persona (y no nadie por ella) quien debe darle sentido a su existencia y, en armonía con él, un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena...” (Sent. C-221/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz).

De esta manera, si la condición de drogadicto, homosexual o prostituta no son en sí mismas jurídicamente reprochables, y, menos aún, susceptibles del calificativo de “antisociales” —a menos, naturalmente, que en su actividad o ejercicio se afecten derechos de terceros, o trasciendan los linderos del orden social—, no le es dado entonces a la ley, sin contrariar el orden constitucional, determinar medidas represivas o sancionatorias para tales conductas. De ahí que la sola circunstancia de que los oficiales o suboficiales en servicio activo de las fuerzas militares tengan relación, o asocien, con esta clase de personas, no pueda admitirse a la luz de la Carta Política, como causal de sanción disciplinaria, a menos, claro, que se trate de relación o asociación con fines ilícitos.

5.10. Cosa distinta es el caso, también previsto en el literal c) del artículo 184, concerniente a la asociación o la notoria relación con personal que registre antecedentes penales y con quienes incurren en el delito de proxenetismo, pues estas condiciones, que se entienden adquiridas cuando ha existido sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, sí comprometen claramente el honor y la dignidad militar.

Aunque en principio no es del resorte del legislador la facultad de indicarle a las personas con quiénes deben o pueden relacionarse, entratándose de los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y atendiendo a la salvaguarda del decoro y honor militar como bienes que son objeto de la respectiva tutela jurídica, la Corte encuentra legítimo que de manera excepcional, se establezca esta prohibición en el caso de quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos que se consideren graves, entendiendo por tales, no los derivados de conductas culposas o preterintencionales, ni los llamados delitos menores, sino aquellos dolosos que comportan un daño social ostensible, como serían, por ejemplo, los de lesa humanidad, los que atentan contra la libertad personal, la libertad sexual o la dignidad humana, los que ocasionan daño a la fe pública y otros como el tráfico de armas y estupefacientes, el terrorismo, etc.

Desde luego que esta falta —la de relacionarse o asociarse con personal que registre antecedentes penales y con proxenetas— no se aplica a los oficiales y suboficiales respecto de los miembros de su familia, porque es la propia Constitución la que protege la unidad, la intimidad y la integridad de este núcleo básico de la sociedad, aun cuando el comportamiento individual de sus componentes no se ajuste a los parámetros normativos que gobiernan la convivencia social (C.P., art. 42). En efecto, atendiendo a lo expresado por esta corporación, “La familia es una comunidad de intereses, fundada en el amor, el respeto y la solidaridad. Su forma propia, pues, es la unidad; unidad de vida o de destino —o de vida y de destino, según el caso— que liga íntimamente a los individuos que la componen. Atentar contra la unidad equivale a vulnerar la propiedad esencial de la familia. Siempre la familia supone un vínculo unitivo(10). Precisamente, una de las manifestaciones constitucionales más notorias de protección a los principios de unidad y solidaridad familiar, que a su vez avala la excepción a la aplicación de la norma impugnada, está en el derecho de las personas a la no incriminación, materializado en la máxima según la cual “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”” (C.P. art. 33).

(10) sentencia T-447/94, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Con base en los condicionamientos precedentes, se declarará exequible el literal c) del Decreto 85 de 1989, excepto la expresión “o sean considerados como delincuentes de cualquier género o antisociales como drogadictos, homosexuales, prostitutas” que será declarada inexequible.

5.11. Dentro de este mismo análisis, encuentra la Corte que incluir como falta contra el honor militar el hecho de “ejecutar actos de homosexualismo”, comporta un estigma a la opción homosexual y, al mismo tiempo, desconoce aspectos que corresponden a la esfera íntima del individuo, los cuales, si se ejercen en forma responsable y en el estricto ámbito de su privacidad, no tendrían por qué interferir con su condición de militar.

Con relación a lo primero, es decir, la estigmatización del homosexual, la norma incluye una clara discriminación por cuanto sanciona única y exclusivamente a quienes detentan esa condición, como si la opción sexual, cualquiera que ella sea, pudiera asumirse como criterio sancionatorio. En cuanto a lo segundo —la violación de la esfera de mayor intimidad del individuo—, es evidente que la amplitud e imprecisión del verbo “ejecutar”, sumado al hecho de que el propio régimen disciplinario extiende las faltas contra el honor militar a las actividades cumplidas por fuera del servicio (art. 183), hace suponer que la mencionada prohibición abarca todas las manifestaciones de esa opción homosexual, incluso la más reservada o discreta que pueda realizar el oficial o el suboficial en el ámbito de su intimidad.

Bajo este supuesto, ha de concluirse que, en realidad, lo que se busca sancionar a través de la expresión acusada —ejecutar actos de homosexualismo— no es la potencial falta en que pueda incurrir el disciplinado, sino la condición humana de homosexual y el ejercicio legítimo de su inclinación, con lo cual se afecta de manera grave el derecho del individuo para manejar libremente algo que le es tan propio como su sexualidad. Así lo había entendido esta corporación al referirse, por vía de acción de tutela, a una falta análoga prevista también para los miembros de la Policía Nacional en el artículo 121 del Decreto 100 de 1989, actualmente derogado. Afirmó entonces la Corte:

“En el caso de las prácticas homosexuales, en cambio, la decisión jurídica condenatoria es percibida como un mensaje proviene no de la conducta circunstancial del inculpado, sino de su naturaleza humana. Las prácticas homosexuales sólo adquieren sentido en la medida en que confirman la condición de homosexual. La sanción imputada a su conducta está ligada a la persona misma de tal manera que lo esencial resulta siendo su condición de homosexual y, lo secundario, la falta cometida" (Sent. T-097/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Igualmente, al estudiar y declarar inexequible una falta similar, prevista en el estatuto de la profesión docente (D. 2277/79), la Corte tuvo oportunidad de reiterar su doctrina sobre el derecho que le asiste a las personas para manejar en forma autónoma e independiente su propia sexualidad y la incompetencia del Estado para estigmatizar determinadas opciones sexuales.

“... la homosexualidad no puede ser considerada una enfermedad, ni una anormalidad patológica, que deba ser curada o combatida, sino que constituye una orientación sexual legítima, que constituye un elemento esencial e íntimo de la identidad de una persona, por lo cual goza de una protección constitucional especial, tanto en virtud de la fuerza normativa de la igualdad como por la consagración del derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P. arts. 13 y 16). Todo lenguaje tendiente a estigmatizar a una persona por su orientación sexual es entonces contrario a la Carta y es explícitamente rechazado por esta corporación”.

(...).

“Normas como la acusada derivan entonces de la existencia de viejos y arraigados prejuicios contra la homosexualidad, que obstaculizan el desarrollo de una democracia pluralista y tolerante en nuestro país. Por ello, la Constitución de 1991 pretende construir una sociedad fundada en el respeto de los derechos fundamentales de las personas y en donde la diversidad de formas de vida no sean un factor de violencia y de exclusión sino una fuente insustituible de riqueza social. La diferencia y la igualdad encuentran sus lugares respectivos en esta Constitución que pretende así ofrecer las más amplias oportunidades vitales a todas las personas”. (Sent. C-481/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero).

Así las cosas, resulta bastante claro que la sexualidad de las personas y, particularmente su comportamiento homosexual, no puede ser objeto de estigmatización particular o institucional y, por tanto, la participación que el individuo como ser social pueda tener en la vida del Estado, en manera alguna puede estar condicionada por su inclinación y desarrollo sexual. Como ha quedado dicho, la Carta Política, al considerar como fundamentales aquellos derechos que protegen el fuero interno de las personas, está admitiendo que quien interviene activamente en la vida comunitaria del país —incluido el estamento militar—, no está renunciando al derecho de mantener su vida privada y, por tanto, a gozar de plena autonomía para actuar en ésta de acuerdo a sus propias tendencias, siempre que objetivamente no cause un perjuicio social.

5.12. No obstante lo anterior, la Corte debe precisar que los fundamentos expuestos no cubren las prácticas sexuales, sean ellas de carácter homosexual o heterosexual, que se realicen de manera pública, o en desarrollo de las actividades del servicio, o dentro de las instalaciones castrenses propiamente dichas, y que por ello comprometan los objetivos básicos de la actividad y disciplina militares, pues es evidente que las mismas deben ser objeto de las correspondientes sanciones.

En efecto, los actos sexuales de cualquier tipo, llevados a cabo en el ámbito de la comunidad o actividad castrenses, desbordan la esfera de amparo constitucional a la intimidad y al libre desarrollo individual, afectando derechos de terceros y resultando incompatibles con los principios que gobiernan la vida militar, los cuales deben desenvolverse en el marco de un comportamiento caracterizado por el valor, la rectitud y el decoro institucionales, condiciones esenciales para la existencia de toda fuerza pública.

5.13. Con este mismo criterio, la Corte encuentra lícito que se sancionen aquellas conductas de los oficiales y suboficiales en servicio activo dirigidas la práctica o patrocinio de la prostitución, toda vez que, tal como ocurre con el proxenetismo, al cual equivalen tales conductas, se trata de comportamientos que chocan con la actividad castrense y causan grave afrenta al honor y decoro militar.

Conforme a lo dicho, atendiendo al principio de la conservación del derecho, según el cual es deber de los organismos de control constitucional no sólo garantizar la prevalencia de la Constitución sino también evitar el desmantelamiento del orden jurídico, cuando bajo ciertos parámetros los dispositivos legales se ajustan a los mandatos superiores(11), la decisión que debe adoptar la Corte respecto del literal d) es la de declarar exequible la expresión “o practicar o propiciar la prostitución” y condicionar la exequibilidad de la falta “ejecutar actos de homosexualismo”, al entendido de que se trate de actos sexuales, sean ellos de carácter homosexual o heterosexual, que se realicen de manera pública, o en desarrollo de las actividades del servicio, o dentro de las instalaciones castrenses, propiamente dichas.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE el literal b) del artículo 184 del Decreto 85 de 1989.

2. Conforme a los condicionamientos expuestos en el numeral 5.10 de la parte motiva de esta sentencia, declarar EXEQUIBLE el literal c) del artículo 184 del Decreto 85 de 1989, salvo la expresión “o sean considerados como delincuentes de cualquier género o antisociales como drogadictos, homosexuales, prostitutas”, que se declara INEXEQUIBLE.

3. Declarar EXEQUIBLE la expresión “o practicar o propiciar la prostitución” contenida en el literal d) del artículo 184 del Decreto-Ley 85 de 1989, así como la expresión “ejecutar actos de homosexualismo”, incluida en el mismo literal, pero bajo el entendido de que se trate de actos sexuales, sean ellos de carácter homosexual o heterosexual, que se realicen de manera pública, o en desarrollo de las actividades del servicio, o dentro de las instalaciones castrenses, propiamente dichas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Cfr. Sentencia T-012/95, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(2) Sentencia T-097/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(3) Sentencia T-542/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Cfr. entre otras, la Sentencia T-261 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(5) Sentencia C-481/98, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(6) Sentencia C-098/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(7) Cfr. Sentencia Ibídem.

(8) Sentencia C-098/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(9) Cfr. La Ley 74 de 1968 (arts. 2º, 17 y 26) y la Sentencia C-481 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, en la que se hace referencia a las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que regulan el tema de la sexualidad, y a las distintas interpretaciones que de las mismas ha hecho el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (caso Dudgeon vs. Reino Unido).

(10) Sentencia T-447/94, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(11) Cfr. entre otras, la Sentencia C-600A de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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