Sentencia C-507 de julio 3 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-507 de 2002 

Ref. Exp. D-3862

Magistrado Ponente

Alfredo Beltrán Sierra

Demanda de inconstitucionalidad en contra del inciso primero del artículo 173 del Decreto 1211 de 1990 “por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares".

Actor: Jorge Humberto Romero Monastoque.

Bogotá, D.C., tres de julio de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada y se resalta lo demandado. Texto tomado del Diario Oficial 39.406, de fecha 8 de junio de 1990.

"DECRETO 1211 DE 1990

"Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares".

"ART. 173.—Inembargabilidad y descuentos. Las asignaciones de retiro, pensiones y demás prestaciones sociales a que se refiere este estatuto no son embargables judicialmente salvo en los casos de juicio de alimentos, en los que el monto del embargo no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) de aquellas.

Cuando se trate de obligaciones contraídas con el ramo de Defensa (sic) podrán ordenarse directamente los descuentos del caso por la correspondiente autoridad administrativa, los cuales tampoco excederán del cincuenta por ciento (50%) de la prestación afectada".

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas en decretos con fuerza de ley, como la que es objeto de esta acción.

2. Lo que se debate.

2.1. Se acusa el inciso primero del artículo 173 del Decreto 1211 de 1990 de violar el derecho de acceso, a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y al debido proceso, establecidos en los artículos 229, 13, 25 y 29 de la Constitución, al prohibir que las asignaciones de retiro, pensiones y prestaciones sociales del personal de las Fuerzas Militares puedan ser objeto de embargos y descuentos. Según el actor, esto constituye un impedimento para que los acreedores acudan a la vía ejecutiva, cuando la pensión ha sido ofrecida como garantía del crédito. Además, esta norma no es de amplio conocimiento de los comerciantes, que son los perjudicados con ella. La igualdad se viola puesto que esta prohibición se constituye en un privilegio a favor de los miembros retirados de las Fuerzas Militares y, a su vez, a éstos se les impide disponer libremente del monto de su pensión y demás prestaciones sociales. Se quebranta el debido proceso, porque el legislador reguló la inembargabilidad de bienes en forma taxativa, en el artículo 684 del Código de Procedimiento Civil, y en los artículos 154, 155 y 156 del Código Sustantivo del Trabajo, se determinó la inembargabilidad de salarios de manera proporcionada y limitada.

2.2. Quienes intervinieron en este proceso y el señor procurador se opusieron a esta demanda. Señalaron que la norma es constitucional y busca proteger el poder adquisitivo de la pensión, para que no se vea disminuido cuando la persona ya ha perdido su capacidad laboral y está disfrutando de una pensión de invalidez o vejez.

El señor Procurador, además, consideró que la inembargabilidad es la regla general y que lo acusado debe entenderse que cuando el oficial o suboficial retirado sea objeto de juicio de alimentos o adquiera obligaciones con las cooperativas, operan las excepciones a la inembargabilidad del artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.3. Así las cosas, la Sala examinará la facultad del legislador de establecer medidas encaminadas a proteger el monto de la pensión, siendo la inembargabilidad una de tales medidas.

3. Facultad del legislador para establecer medidas encaminadas a proteger la pensión. La regla general es la inembargabilidad de las pensiones. La excepción opera sólo cuando se trata de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, o, como en este caso, obligaciones con las Fuerzas Militares.

3.1. El actor parte de una premisa equivocada, al creer que la regla general es la embargabilidad de las pensiones, cuando ésta es la excepción, tanto en el sector público como en el privado, como se verá enseguida.

En efecto: dentro de las disposiciones constitucionales (arts. 53, 48, entre otros, de la Carta), y legales (C.C., CST, L. 100/93) que se refieren a las pensiones, se establece una serie de disposiciones protectoras de ellas, entre las que se pueden citar, la obligación al pago oportuno; que las mesadas no pierdan su poder adquisitivo; el reajuste periódico de las mismas; su irrenunciabilidad; un tratamiento especial tributario; etc., siendo la inembargabilidad, otra de estas medidas protectoras. Porque, fue preocupación expresa del constituyente que el derecho a la pensión, y que su consecuencia necesaria, el monto de la misma, conserve su poder adquisitivo, para que le permita a quien ha alcanzado el derecho a disfrutar de una pensión de invalidez o de jubilación, tener asegurada una subsistencia digna para él y su familia.

En el caso de la inembargabilidad, ha querido, expresamente, el legislador que el monto de las pensiones no constituya garantía, ni prenda de los acreedores, y, desde este punto de vista, ello no viola directamente ningún artículo de la Constitución.

El desarrollo legal de este principio, a nivel de las normas generales, se observa en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, numeral 5º, que establece la inembargabilidad de las pensiones y demás prestaciones reconocidas por la ley, excepto que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas. En el mismo sentido, el artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo estableció la inembargabilidad de las prestaciones sociales, cualquiera que sea su cuantía, excepto “los créditos a favor de las cooperativas legalmente autorizadas y los provenientes de las pensiones alimenticias a que se refieren los artículos 411 y concordantes del Código Civil, pero el monto del embargo o retención no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor de la prestación respectiva" (cabe observar que en Sent. C-710 de 1996, la C. Const. declaró la exequibilidad del art. 344 mencionado).

3.2. Resulta, entonces, claro que, por una parte, el principio de la inembargabilidad de las pensiones es la regla general, y, por la otra, el legislador está facultado por la Constitución para adoptar las medidas adecuadas encaminadas a lograr que el monto de las pensiones conserve su poder adquisitivo, siendo una de tales medidas, la inembargabilidad.

Es pertinente recordar lo que la Corte expresó en la Sentencia T-183 de 1996, respecto de esta prohibición:

"2. Inembargabilidad de las pensiones de jubilación.

La pensión de jubilación, una de las prestaciones sociales básicas, tuvo un origen legal pero goza hoy de jerarquía constitucional, pues aparece expresamente consagrada en el artículo 53 de la Carta Política, motivo por el cual constituye una conquista laboral del más alto nivel que no puede ser suprimida ni desconocida por el legislador.

Objeto primordial de las pensiones es el de garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar al retiro sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, cumplido ya el deber social en que consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita la vejez.

Dice la Constitución que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales (C.P., art. 53), a la par que, según perentorio mandato, el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria (C.P., art. 46).

(...).

Los recursos que se asignan al pago de las mesadas pensionales tienen, entonces, una destinación específica ordenada por la propia Constitución y, en consecuencia, sobre la finalidad que cumplen no puede hacerse prevalecer otra, como podría ser la de asegurar la solución de las eventuales deudas a cargo del pensionado.

Se trata de dineros que, si bien hacen parte del patrimonio del beneficiario de la pensión, no constituyen prenda común de los acreedores de aquél, pues gozan de la garantía de inembargabilidad, plasmada como regla general y vinculante, con las excepciones legales, que son de interpretación y aplicación restrictiva".

3.3. Ahora bien, en el caso de los servidores públicos, el tema de la inembargabilidad de las prestaciones sociales y de los sueldos ha sido estudiado en varias oportunidades por la Corte, en demandas de inconstitucionalidad de las disposiciones que traen esta prohibición. Los argumentos han sido semejantes a los expuestos en este expediente: supuesta violación del artículo 13 de la Constitución porque crea un privilegio a favor del pensionado que desfavorece a los acreedores y les impide a éstos el acceso a la administración de justicia, violándose los artículos 29 y 228 de la Constitución.

En la Sentencia C-556 de 1994, en la que se demandó el artículo 22 del Decreto-Ley 929 de 1976 “por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y de sus familiares”, la Corte señaló que la irrenunciabilidad e inembargabilidad de las prestaciones de tales servidores “antes que configurar una violación del principio de igualdad, se constituye en una protección efectiva al trabajador, al dejar incólume el valor de su fuerza laboral. Se busca, no sólo la subsistencia del trabajador, sino también la de su familia, y así se cumple el sentido del artículo 13 superior, incisos segundo y tercero, que señalan: ...". (Sent. C-556/94, M.P. doctor Vladimiro Naranjo Mesa).

En la Sentencia C-183 de 1999, refiriéndose a las mismas prohibiciones respecto de las prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares de la Rama Judicial, la Corte reiteró lo expresado en la sentencia antes citada, sobre la constitucionalidad de tal prohibición legal.

3.4. Puede decirse entonces que, en este caso, se estaría frente a cosa juzgada material, por haber sido objeto de pronunciamiento de fondo un asunto semejante al que aquí se discute. Sin embargo, como expresamente sobre el artículo 173, inciso primero, del Decreto 1211 de 1990, no ha habido decisión de la Corte, habrá que reiterar en esta oportunidad la jurisprudencia expuesta, en cuanto a la constitucionalidad de la garantía de la inembargabilidad de las prestaciones sociales, pensiones, del personal de las Fuerzas Militares, tal como quedó establecido en el artículo acusado y con las excepciones que trae la propia disposición: en el caso de juicio de alimentos y la consagrada en el inciso segundo del artículo 173 (obligaciones contraídas con “el Ramo de Defensa" (sic) de las Fuerzas Militares).

3.5. En conclusión: el artículo demandado no vulnera ninguno de los artículos mencionados por el actor. Ni es posible alegar su desconocimiento por parte de los acreedores, pues, como se vio, corresponde a una regla general de protección, no sólo establecida en el Código Sustantivo del Trabajo, en la Ley 100 de 1993, entre otras disposiciones legales, sino que está consagrada en el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas, Decreto 1211 de 1990.

Además, sobre la supuesta violación del artículo 25 de la Constitución, porque limita el derecho de libre disposición del salario por quien lo percibe, sólo hay que decir que no hay violación en razón de que tal libertad de disposición no es absoluta, ya que debe sujetarse a otros derechos, también, de rango constitucional, como son la protección de la familia, de los menores, de los ancianos, según el caso.

No sobra advertir, que el hecho de que no pueda el personal retirado de las Fuerzas Militares ofrecer como garantía de sus obligaciones las prestaciones de que trata la norma acusada, no quiere decir que no pueda presentar otros bienes muebles o inmuebles para el mismo efecto.

En consecuencia, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo 173 del Decreto 1211 de 1990.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar exequible el inciso primero del artículo 173 del Decreto 1211 de 1990 “Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares".

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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