Sentencia C-507 de noviembre 10 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PÉRDIDA DE INVESTIDURA

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA

EXTRACTOS: «El ciudadano Camilo Vargas Ayala, en uso del derecho consagrado en los artículos 40, numeral 6º, y 241, numeral 5º de la Constitución, presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 227 (parcial) y 228 (parcial), del Decreto 01 de 1984.

Si se mira con cuidado, se entenderá que, en últimas, el motivo de la demanda consiste en el temor del actor de que “una persona elegida congresista pueda ser juzgada dos veces por el mismo hecho”. Lo que ocurriría, según él, si se ejerciera la acción consagrada en las normas demandadas, con base en que la persona no era constitucional o legalmente elegible, y después se adelantara el proceso de pérdida de la investidura, con fundamento en la existencia de una causal de inhabilidad.

Al respecto debe tenerse en cuenta lo siguiente:

3. No se trata realmente de los juicios idénticos.

Lo primero que cabe observar es la diferencia prevista entre la acción encaminada a conseguir la declaración de nulidad de la elección y el proceso en el cual se pide que se decrete la pérdida de la investidura, con fundamento en el artículo 184 de la Constitución. Tal diferencia está explicada en la jurisprudencia del H. Consejo de Estado citada por el Procurador General de la Nación, cuya tesis la Corte comparte:

“La Sala considera, en acuerdo con la distinguida Procuradora Delegada, que no son, el juicio que se adelanta para decretar la pérdida de investidura de un congresista —con fundamento en el artículo 184 de la Carta— y el juicio electoral que pretende la nulidad de su elección —aunque se refieran a una misma persona— juicios idénticos, fundados en los mismos hechos y con igualdad de causa. En efecto, la pérdida de investidura implica en el fondo una sanción por conductas asumidas por la persona del congresista que lo priva de esa condición que una vez fue poseída por él; al paso que el juicio electoral lo que pretende es definir si la elección y la condición de congresista son legítimas, o si por el contrario, en el caso de que existan motivos para su anulación, son ilegítimas. Quiere decir lo anterior que en el primer caso, lo que se juzga es la ruptura del pacto político existente entre el elector y el elegido, elemento fundamental de la democracia representativa; cuando el candidato se presenta ante el electorado hace una declaración, a veces implícita, de no estar incurso en causal de inhabilidad, que impida su elección; si tal declaración no resulta cierta, el elegido, en este caso el congresista, viola dicho pacto político, caso en el cual procede, por mandato de la Constitución, la pérdida de la investidura cuya finalidad es preservar la legitimidad de las instituciones de la sociedad política, sin perjuicio de las consecuencias personales que el decreto de la medida acarrea de conformidad con el artículo 179, numeral 4º de la Constitución Política. En el segundo caso, en cambio, se cuestiona la legalidad de los actos que permitieron el acceso del congresista a esa condición y si éstos se declaran nulos, ello equivale a que nunca se tuvo acceso legítimamente a la referida investidura”. (Cfr. sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, septiembre 8 de 1992).

No sobra advertir que la acción de nulidad consagrada por las normas demandadas, tienen sustento en los siguientes artículos de la Constitución, en principio: 40, numeral 6º; 89; 236; 237, numeral 1º, y 238.

Finalmente, debe recordarse que las sentencias correspondientes a los dos procesos, tienen efectos diferentes.

4. La cosa juzgada.

No asiste razón al demandante cuando considera que la posibilidad de instaurar las dos acciones en relación con una misma persona, y aduciendo, por ejemplo, una misma causal de inhabilidad, vulnera el principio del debido proceso. Cuando así se razona, se olvida que existe un remedio para tales situaciones: la cosa juzgada. En efecto, veamos.

Demandada la nulidad de la elección, de conformidad con los artículos 227 y 228 del Decreto 01 de 1984, y habiéndose dictado sentencia, será posible estar en una de estas situaciones:

a) Se ha anulado la elección, y en este caso el proceso de pérdida de la investidura solamente podría tener la finalidad de constituir la causal de inhabilidad prevista por el numeral 4º del artículo 179 de la Constitución, para que tenga efecto en el futuro.

b) La demanda no ha prosperado porque la causal de inhabilidad no existió. En este caso la sentencia podría oponerse para fundar la excepción de cosa juzgada.

c) La demanda no ha prosperado, porque se interpuso vencido el término señalado en la ley. En este evento no habría lugar a oponer la excepción de cosa juzgada, porque la sentencia no habría declarado la inexistencia de la causal alegada.

No se ve, pues, en qué pueda consistir la violación del debido proceso.

Hay que anotar que el artículo 15 de la Ley 144 de 1994 “por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas” establece que todas las sentencias que se dicten en procesos de pérdida de la investidura producen efectos de cosa juzgada. Dice así esta norma:

“ART. 15.—No se podrá admitir la solicitud de la pérdida de la investidura de un congresista en el evento de alegarse los mismos hechos que sirvieron de fundamento a las causales sobre las cuales ya se haya pronunciado el Consejo de Estado. Todas las sentencias en estos procesos producen efectos de cosa juzgada”.

Este caso nada tiene que ver con la presente demanda, porque es claro que este artículo quince solamente se refiere a una sola clase de procesos: los de pérdida de la investidura.

5. Conclusión.

De todo lo dicho se infiere que las disposiciones acusadas no quebrantan norma alguna de la Constitución. Así habrá de declararlo la Corte en esta sentencia.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Decláranse EXEQUIBLES los siguientes apartes del Decreto Ley 01 de 1984:

a) Del artículo 227, esta frase: “...o se computen votos a favor de ciudadanos que constitucional o legalmente no sean elegibles...”.

b) Del artículo 228, este aparte: “...fuere inelegible o tuviere algún impedimento para ser elegido, podrá pedirse ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo la nulidad de la elección y la cancelación de la respectiva credencial”.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-507 de noviembre 10 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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