Sentencia C-507 de octubre 9 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1535

Actora: Esperanza Vargas Pava

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Gaviria Díaz

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 del Decreto-Ley 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio permanente de la profesión docente”.

Santafé de Bogotá, D.C., nueve de octubre de mil novecientos noventa y siete.

I. TEXTO DE LA NORMA REVISADA

DECRETO NÚMERO 2277 DE 1979

(Septiembre 14)

“Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 8ª de 1979 y oído el concepto de la comisión asesora prevista en el artículo 3º de dicha ley,

DECRETA:

(...)

ART. 10.—Estructura del escalafón. Establécense los siguientes requisitos para el ingreso y ascenso de los educadores titulados a los distintos grados del escalafón nacional docente:

GradosTítulos exigidosCapacitaciónExperiencia
(...)   
Al grado 13Licenciado en ciencias de la educaciónCurso3 años en el grado 12
Al grado 14Licenciado en ciencias de la educación que no haya sido sancionado con exclusión del escalafón docente y que cumpla con uno de los siguientes requisitos: título de post-grado en educación reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o autoría de una obra de carácter científico, pedagógico o técnico. 2 años en el grado 13
(Se subraya lo demandado)   

Vl. Fundamentos

Competencia

En los términos del artículo 241 numeral 5 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda.

Problema planteado

Para la demandante la exigencia legal del título de licenciado en ciencias de la educación, como condición para ascender a los grados 13 y 14 del escalafón nacional docente, viola los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, dado que discriminan injustamente a los profesionales universitarios carentes de dicho título, pero que en todo caso están debidamente calificados en razón de su experiencia docente y de los respectivos cursos de capacitación.

De la educación

1. La Constitución colombiana —expedida con posterioridad a la norma demandada— establece principios y garantías que son el eco de una sociedad heterogénea, combinación de creencias, confluencia de aspiraciones. A esto apuntan, entre otros, los preceptos contenidos en el preámbulo, y en los artículos 1º (democracia participativa y pluralista), 5º (supremacía de los derechos inalienables de la persona). 13 (igualdad de derechos, libertades y oportunidades), 16 (libre desarrollo de la personalidad), 26 (libertad para escoger profesión u oficio), 27 (libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra), 67 (derecho a la educación), 70 (acceso a la cultura de todos los ciudadanos), 71 (libertad en la búsqueda del conocimiento y la expresión artística), 72 (protección del patrimonio cultural).

2. En el desarrollo de estos principios la Corte ha definido una línea jurisprudencial en la que se reconocen visiones alternativas de la vida y la necesaria autonomía para enfrentar las responsabilidades y retos de la existencia. Se acepta de esta forma, que el Estado no es más el administrador de las conciencias y voluntades de los miembros de la sociedad, y se abre la posibilidad a la presencia de orientaciones y proyectos que respondan a distintos enfoques éticos, religiosos, laicos, morales, etc. No hay ya una postura oficial o estatal de acuerdo con la cual debamos desarrollar nuestras creencias o convicciones ni siquiera la manera de expresarlas se rige ahora por un único patrón. Se trata, como ya lo ha expresado este tribunal, de permitir “que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras(2)”, de promover el consenso, pero al hacerlo. entender que nuestra sociedad no es monolítica, sino que hay en ella un amplio margen para el pluralismo(3)” y que “el individuo como persona tiene derecho a ser portador de una diferencia específica y apoyarse en ella para proseguir su curso vital(4)”. Hacer caso omiso al verdadero ser social del individuo, “equivale a negar el derecho a la diferencia y, por ende, soslayar el significado profundo del pluralismo(5)”.

(2) Sentencia C-221 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz

(3) Cf., entre otras, las siguientes sentencias. T-444 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-285 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz; C-098 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-104 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz

(4) Cf. Sentencias T-090 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-239 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz

(5) Sentencia T-090 de 1996

3. Ahora bien: dentro de este marco conceptual resulta conveniente considerar por un momento, la naturaleza de la actividad a la que se hace referencia cuando se habla de la educación. La mera alusión al término, sugiere un amplio panorama de actividades relacionadas entre sí, pero que se desarrollan en distintos niveles de complejidad y con finalidades particulares. En efecto, el proceso de educación puede sugerir la existencia de un conjunto de técnicas y procedimientos, útiles sin duda para la transmisión del conocimiento, del mismo modo, tras la idea de educación se intuye la existencia de gran cantidad de recursos (materiales didácticos, planteles educativos. personal docente, etc.), que permitan llevar a cabo señalados propósitos de capacitación y formación de los miembros de la sociedad; inclusive, suele pensarse en los sujetos que hacen parte del proceso educativo identificando por un lado, al discípulo, a quien se educará y, al maestro, encargado de transmitir el saber, a quien se le llega a pedir, por la importancia de la labor que realiza, preparación específica para el ejercicio de la enseñanza.

Estas consideraciones son de innegable importancia, pero suelen desplazar el objeto de atención, cuando se trata del aprendizaje, hacia preocupaciones puramente instrumentales, dejando de lado la esencia de la enseñanza, esto es, la propia naturaleza de la educación. Esta puede mirarse como “el principio mediante el cual, la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual(6)”, como “una de las esferas de la cultura y... medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del hombre(7)”.

(6) Werner Jeager, Paideilla. Fondo de cultura económica. México, 1957. pág. 3

(7) Sentencia T-02 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero

4. Se trata pues, de algo más que una técnica o un método; es un verdadero ejercicio propedéutico a la vida y a la cultura, a la interrelación con los hombres y con las cosas en toda su diversidad y con todos sus matices. Y es en esta interacción plural con el espacio que nos rodea donde encontramos otro rasgo importante de la educación: “la educación no es una propiedad individual, sino que pertenece por su esencia, a la comunidad(8)”, es el producto de muchas influencias y el resultado del diálogo de diversos saberes provenientes de variadas fuentes. Su característica fundamental es el poder combinar lenguajes y expresiones y no estancarse en una sola forma de ver las cosas ni en un único molde para resolver los problemas.

(8) Werner Jeager. op cit. pág. 3

5. La Constitución recoge esta poderosa idea de la paideia, esto es, una experiencia mediante la cual se acuñan en el individuo las contrastantes vivencias de la comunidad, y al hacerlo “no impone un modelo específico y acabado de educación. Dentro del sistema mixto —público y privado— del servicio educativo, le cabe cumplir un destacado papel al pluralismo. El pluralismo y la libertad educativa deben, sin embargo, como condición especial de fondo, respetar y promover al máximo valores fundamentales que se erigen en el objeto del proceso educativo: la democracia y el libre y pleno desarrollo de la personalidad humana(9)”.

(9) Sentencia T-337 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz

6. Dada pues, su contribución fundamentadora a la estructura social, la educación goza de especial interés por parte del Estado y de todos los miembros de la comunidad, y no podría ser de otra manera. Con tal propósito, se han expedido regulaciones de diversa índole que buscan dotar a la enseñanza de las condiciones idóneas para el logro de los cometidos que se propone. El Decreto 2277 de 1979 es parte importante de ese conjunto de disposiciones, enfatizando la necesidad de un personal altamente calificado que cuente con los medios materiales e intelectuales apropiados para dedicarse a la formación de hombres. Pero estima la Corte, que en el cumplimiento de los deseados propósitos de profesionalización, que deben acompañar el ejercicio de la docencia, no es posible crear limitaciones y exclusividades que impidan la labor de enseñanza a profesionales de diversos formación e intereses, que al igual que los licenciados en educación, cuentan con preparación académica suficiente y experiencia docente comprobada (el profesional no licenciado en educación, que se encuentra en el grado 12 del escalafón ha tenido que hacer un largo recorrido desde el grado 6 que incluye años de experiencia y la aprobación de varios cursos de capacitación). Crear fórmulas que privilegien de manera irrazonable el acceso de ciertos profesionales a determinados niveles de la carrera docente, contraría los conceptos de pluralidad y diversidad que la Constitución reconoce y garantiza a todos sus asociados.

Del derecho a la igualdad

1. La Corte ha señalado(10) que hablar de la clásica fórmula aristotélica, según la cual hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual, con las variantes que le imprime el artículo 13 de nuestra Constitución, tiene sentido en la medida en que se respondan las siguientes tres preguntas ¿igualdad para quiénes?, ¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterios?. Los dos primeros interrogantes pueden responderse a través de los argumentos y hechos materia de controversia. El artículo 10 del Decreto-Ley 2277 de 1979, establece una diferenciación entre los profesionales no licenciados en ciencias de la educación y aquéllos que lo son, respecto de la posibilidad de acceder a los grados 13 y 14 del escalafón docente. La tercera pregunta, relativa al criterio o criterios utilizados para aplicar un trato diferenciado, implican una valoración por parte de quien pretenda responderla.

(10) Sentencia C-022 de 1996: M.P. Carlos Gaviria Díaz.

2. Con buen criterio, esta corporación se ha preocupado por establecer pautas que ayuden al juez al momento de examinar la razonabilidad de actos que establecen diferencias en el tratamiento de los individuos(11), fundadas en la ponderación de los valores en juego y no simplemente en la confrontación lógica de los mismos. De este modo, se busca averiguar si el trato diferenciador (1) es adecuado para la obtención de un fin constitucionalmente válido: (2) necesario, es decir, que no existe un medio menos oneroso, en términos de sacrificio de los principios constitucionales, para alcanzar el fin; (3) proporcionado, que el trato desigual no sacrifica valores y principios (la igualdad, por ejemplo) que tienen un mayor peso frente al principio que se pretende favorecer.

3. En el caso particular. el ya citado artículo 10 del decreto 2277 establece un trato diferenciado al permitir que sólo los licenciados en educación puedan llegar hasta los grados 13 y 14.

A) Este trato es válido desde el punto de vista constitucional en la medida en que no solo busca desarrollar expresos principios constitucionales que velan por la idoneidad ética y pedagógica de las personas dedicadas a la enseñanza, así como por la profesionalización y dignificación de la actividad docente —Constitución Política, art. 68—, sino que también busca garantizar, en las mejores condiciones posibles, el derecho a la educación y el aprendizaje —Constitución Política, arts. 27 y 67, entre otros—;

b) Sin embargo, los requerimientos particulares que establecen las expresiones demandadas del artículo 10, carecen de una justificación razonable pues no son proporcionadas. No es consistente con la naturaleza de la educación ni con los postulados constitucionales, acoger un criterio para el ascenso en la carrera, que privilegie las formas —licenciatura en educación— antes que el mérito y la capacidad (mensurables de distintas formas), reconocidos en profesores de diferentes formaciones, para alcanzar los grados más altos del magisterio. Se trata de una actividad que, como se ha dicho, responde a intereses generales de la sociedad y respeta su diversidad.

(11) Entre otras se encuentran las sentencias C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez, T-230 de 1991, M.P. Eduardo Cifuentes, T-288 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes y la ya citada C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Además de lo injustificado e inconveniente de un proceso de profesionalización como el que propone cierta parte de la norma que se revisa, se consagra un tratamiento que tampoco es necesario. Existen mecanismos diferentes que contribuyen al mejoramiento de la actividad docente y que no afectan los intereses de sectores comprometidos en la formación. Inclusive, si de proteger y fomentar el estudio de las ciencias de la educación se trata, se ha escogido el camino más oneroso para la comunidad en general y para un respetable sector de educadores, objetivos que bien puedan alcanzarse acudiendo a otro tipo de medidas que no vulneren derechos de otros.

Algo más: para la Corte resulta necesario reiterar que los criterios que han de guiar la implantación de los mecanismos de ingreso y ascenso en profesión docente, deben concordar con los méritos reales y efectivos que acreditan los candidatos a tales promociones y, que durante la carrera han de medirse con periodicidad; que dichos criterios puedan establecer niveles mínimos de habilidad y experiencia que la corporación respeta, pero que de ninguna manera han de servir como pretexto para restringir el ejercicio de determinada actividad o para desconocer formas diferentes y alternativas —con el mismo o mayor nivel de preparación y práctica—, de ver la vida, analizar la cultura y transmitirla con propiedad a los demás.

4. En ejercicio del deber constitucional confiado a la Corte y reiterado por ley de guardar la integridad y supremacía de la Constitución, se procede a declarar la inexequibilidad de las fracciones demandadas del artículo 10, del Decreto 2277 de 1979, por las razones ya anotadas. El pronunciamiento ha de extenderse dentro de las mismas consideraciones de este fallo a la expresión “título de post-grado en educación” perteneciente también a la norma que se revisa —D. 2277 de 1979 art. 10.—. Para tomar la decisión, asisten al juez constitucional motivos de peso, pues tanto en las expresiones acusadas como en aquella a la que la sentencia se extiende, se aprecia la violación de los principios de diversidad y pluralidad al desconocerse la existencia de actores del proceso de educación que se han capacitado de distintas formas y que asumen su compromiso con la formación de personas desde distintos puntos de vista; y del derecho de igualdad —e igualdad de oportunidad para los trabajadores—, pues se discrimina a los profesionales universitarios no licenciados en educación frente a los que sí lo son y a los profesionales con post-grado en materia diferente a la educación frente a los que han escogido subespecializarse en pedagogía.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLES los apartes demandados del artículo 10 del Decreto-Ley 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”, y la expresión “título de post-grado en ciencias de la educación” contenida en la misma norma.

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