Sentencia C-508 de mayo 21 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-508 de 2008

Ref.: Expediente D-6976

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 788 de 2002 “por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”.

Actoras: Myriam Stella Gutiérrez Argüello y Elsy Alexandra López Rodríguez.

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo del año dos mil ocho.

EXTRACTOS: «I. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma acusada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 45.046 del 27 de diciembre de 2002:

“LEY 788 DE 2002”

(Diciembre 27)

“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”

(...).

ART. 24.—Compensación de pérdidas fiscales de sociedades. Modificase el artículo 147 del Estatuto Tributario el cual queda así:

“ART. 147.—Compensación de pérdidas fiscales de sociedades. Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales ajustadas por inflación, determinadas a partir del año gravable 2003, con las rentas líquidas ordinarias que obtuvieren dentro de los ocho (8) períodos gravables siguientes, sin exceder anualmente del veinticinco por ciento (25%) del valor de la pérdida fiscal y sin perjuicio de la renta presuntiva del ejercicio. Las pérdidas de las sociedades no serán trasladables a los socios.

La sociedad absorbente o resultante de un proceso de fusión, puede compensar con las rentas líquidas ordinarias que obtuviere, las pérdidas fiscales sufridas por las sociedades fusionadas, hasta un límite equivalente al porcentaje de participación de los patrimonios de las sociedades fusionadas dentro del patrimonio de la sociedad absorbente o resultante. La compensación de las pérdidas sufridas por las sociedades fusionadas, referidas en este artículo, deberá realizarse teniendo en cuenta los períodos gravables para compensar ya transcurridos y los límites anuales, previstos en la ley vigente en el período en que se generó y declaró la pérdida fiscal.

Las sociedades resultantes de un proceso de escisión, pueden compensar con las rentas líquidas ordinarias, las pérdidas fiscales sufridas por la sociedad escindida, hasta un límite equivalente al porcentaje de participación del patrimonio de las sociedades resultantes en el patrimonio de la sociedad que se escindió. La compensación de las pérdidas sufridas por la sociedad que se escindió, deberá realizarse teniendo en cuenta los períodos gravables para compensar ya transcurridos y los límites anuales, previstos en la ley vigente en el periodo en que se generó y declaró la pérdida fiscal.

En caso de que la sociedad que se escinde no se disuelva, esta podrá compensar sus pérdidas fiscales sufridas antes del proceso de escisión, con las rentas líquidas ordinarias, hasta un límite equivalente al porcentaje del patrimonio que conserve después del proceso de escisión. La compensación de las pérdidas sufridas por la sociedad escindida, deberá realizarse teniendo en cuenta los períodos gravables para compensar ya transcurridos y los límites anuales, previstos en la ley vigente en el período en que se generó y declaró la pérdida fiscal.

En todos los casos, la compensación de las pérdidas fiscales en los procesos de fusión y escisión con las rentas líquidas ordinarias obtenidas por las sociedades absorbentes o resultantes según el caso, solo serán procedentes si la actividad económica de las sociedades intervinientes en dichos procesos era la misma antes de la respectiva fusión o escisión.

Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, y en costos y deducciones que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso podrán ser compensadas con las rentas líquidas del contribuyente.

El término de firmeza de las declaraciones de renta y sus correcciones en las que se determinen o compensen pérdidas fiscales, será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su presentación.

PAR. TRANS.—Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales registradas a 31 de diciembre de 2002 en cualquier año o período gravable, con las rentas que obtuvieren dentro de los cinco períodos gravables siguientes al período en que se registraron”.

V. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda en virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución Política.

2. La materia sujeta a examen.

A la Corte le corresponde decidir si el parágrafo transitorio del artículo 147 del estatuto tributario modificado por el artículo 24 de la Ley 788 de 2002, conforme al cual las perdidas fiscales registradas a 31 de diciembre de 2002 solo pueden compensarse con las utilidades obtenidas dentro de los cinco (5) períodos gravables siguientes al ejercicio en que dichas pérdidas se registraron, establece una discriminación de los contribuyentes que se encuentran en esa situación, frente a aquellos cuyas pérdidas fiscales se compensan de conformidad con lo previsto en la Ley 1111 de 2006, que permite a las sociedades compensar las pérdidas fiscales con las utilidades que se obtengan en los períodos gravables siguientes, sin límite temporal ni cuantitativo.

Por lo anterior el problema jurídico que ha de resolver la Corte en esta oportunidad es:

— ¿La permanencia en el ordenamiento jurídico del parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 788 de 2002 vulnera los principios de igualdad y equidad tributaria previstos en los artículos 13, 363 y 95-9 de la Constitución Política?

3. La ineptitud de la demanda y la cosa juzgada constitucional.

3.1. La presunta ineptitud de la demanda.

Corresponde decidir a la Corte en primer lugar la solicitud de inhibición presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien considera que en la demanda no se desarrollan las razones por las cuales el precepto acusado vulnera el numeral 9º del artículo 95 de la Carta; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la cual no existe un verdadero juicio de inconstitucionalidad, las pretensiones tienen carácter particular y concreto, la norma demandada se señala en forma equivocada, y existe desacierto en la utilización de la acción pública; el Procurador General de la Nación, quien considera que las actoras no presentan siquiera una razón de naturaleza constitucional que indique cual es la desigualdad consagrada en el parágrafo acusado y por qué no se ajusta a la Carta.

El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, establece que las demandas de constitucionalidad deben presentarse por escrito, indicar el porqué la Corte Constitucional es competente para conocer el asunto, señalar las disposiciones legales acusadas y las normas constitucionales violadas y, especialmente, presentar las razones en que se fundamenta la acción.

Al analizar la norma mencionada, si bien la Corte ha señalado que para determinar si los cargos de inconstitucionalidad cumplen o no con una argumentación que permita a la Corte realizar un estudio de fondo de la norma acusada, los mismos deben tener unas condiciones mínimas de claridad, certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia, también ha reiterado la necesidad de aplicar el principio pro actione conforme al cual el examen de los requisitos adjetivos de la demanda no debe ser sometido a un riguroso escrutinio y se debe preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante esta Corte (1) .

En el caso, contrario a lo sostenido por los intervinientes, la Corte, con fundamento en el principio pro actione, estima que el ciudadano sí planteó unos cargos de inconstitucionalidad, y hace consistir la inexequibilidad en la desigualdad que plantea la existencia del parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 788 de 2002 al establecer una diferenciación entre los contribuyentes basada en el momento en que ocurre una pérdida fiscal, aspecto que a su juicio desconoce el derecho a la igualdad y el principio de equidad tributaria.

Por lo demás, los cargos son claros (violación de los arts. 13, 363 y 95-9 por la existencia de un trato discriminatorio), ciertos (se apoyan en L. 788/2002, art. 24, par. trans.) y pertinentes (plantean un problema constitucional), por lo cual la demanda cumple las formalidades exigidas en el Decreto 2067 de 1991, en especial en lo referente a las razones por las cuales se estiman violados los textos constitucionales mencionados.

3.2. La cosa juzgada constitucional.

El Procurador General de la Nación sostiene también la tesis de la inhibición de la Corte en este caso, con fundamento en lo decidido en sentencias C-1376 de 2000, C-261 de 2002, donde la Corte Constitucional encontró ajustado a la Carta Política el artículo 147 del estatuto tributario. La Sala considera que en el presente caso no se configura el fenómeno de cosa juzgada constitucional, no obstante que mediante sentencias C-1376 de 2000 y C-261 de 2002, la Corte se pronunció respecto de algunos apartes del artículo 147 del estatuto tributario, el cual fue modificado por la norma acusada en esta oportunidad. En realidad, el parágrafo transitorio acusado no tiene un contenido normativo idéntico al examinado en dichas sentencias y forma parte de una ley distinta. Además, los fallos en mención se pronunciaron también, sobre contenidos normativos distintos a los que ahora se atacan. En consecuencia la Corte procederá a estudiar la conformidad entre las normas de la Constitución Política que se invocan como transgredidos y el enunciado normativo demandado.

4. La libertad de configuración del legislador en materia tributaria para establecer beneficios fiscales frente a la norma acusada.

4.1. La libertad de configuración legislativa para establecer beneficios fiscales se deriva de lo dispuesto en los artículos 150-12 y 338 del ordenamiento superior, respecto de la cual la Corte ha dicho:

“... la atribución de legislar en materia tributaria, principalmente encomendada al Congreso de la República, es lo bastante amplia y discrecional como para permitirle fijar los elementos básicos de cada gravamen atendiendo a una política tributaria que el mismo legislador señala, siguiendo su propia evaluación, sus criterios y sus orientaciones en torno a las mejores conveniencias de la economía y de la actividad estatal.

Así, mientras las normas que al respecto establezca no se opongan a los mandatos constitucionales, debe reconocerse como principio el de la autonomía legislativa para crear, modificar y eliminar impuestos, tasas y contribuciones nacionales, así como para regular todo lo pertinente al tiempo de su vigencia, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, las tarifas y las formas de cobro y recaudo (2) ”.

4.2. Tal atribución debe ejercerla según lo dispuesto en los artículos 13, 95-9, 338, 363 de la Carta, esto es, de conformidad con los principios de legalidad, certeza, irretroactividad, igualdad, equidad, eficiencia y progresividad.

Al respecto la Corte ha precisado:

“Los primeros están consagrados en el artículo 338 de la Carta. De acuerdo con el principio de legalidad, todo tributo requiere de una ley previa que lo establezca y la competencia para imponerlo radica en el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales como órganos de representación popular. En virtud del principio de certeza, la norma que establece el impuesto debe fijar el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Y en razón del principio de irretroactividad, la ley que impone un impuesto no puede aplicarse a hechos generadores ocurridos antes de su vigencia.

De otro lado, los principios de equidad, eficiencia y progresividad del sistema tributario están consagrados en el artículo 363 del texto superior. El principio de equidad tributaria es la manifestación del derecho fundamental de igualdad en esa materia y por ello proscribe formulaciones legales que establezcan tratamientos tributarios diferenciados injustificados tanto por desconocer el mandato de igual regulación legal cuando no hay razones para un tratamiento desigual, como por desconocer el mandato de regulación diferenciada cuando no hay razones para un tratamiento igual. El principio de progresividad compensa la insuficiencia del principio de proporcionalidad en el sistema tributario pues como en este ámbito no basta con mantener en todos los niveles una relación simplemente porcentual entre la capacidad económica del contribuyente y el monto de los impuestos a su cargo, el constituyente ha superado esa deficiencia disponiendo que quienes tienen mayor patrimonio y perciben mayores ingresos aporten en mayor proporción al financiamiento de los gastos del Estado; es decir, se trata de que la carga tributaria sea mayor entre mayores sean los ingresos y el patrimonio del contribuyente. Finalmente, el principio de eficiencia implica que debe existir una relación de equilibrio entre los costos que la administración debe asumir para el recaudo del tributo y las sumas recaudadas, es decir, se trata de generar el mayor recaudo al menor costo (3) ”.

4.3. De esta manera el legislador dentro del amplio margen de configuración de que dispone, respetando los límites constitucionales anotados y con base en “razones políticas, económicas, sociales o de conveniencia” (4) y “según la política tributaria que estime más adecuada para alcanzar los fines del Estado” (5) , puede modificar las normas tributarias y aumentar o disminuir las cargas fiscales sin que esos cambios, que naturalmente dan lugar a un tratamiento diferente en relación con el mismo contribuyente, puedan considerarse como violatorias de los principios relacionados con los tributos.

4.4. En virtud de lo anterior, el legislador está facultado para crear, modificar y suprimir beneficios tributarios. Como lo ha reiterado la Corte “...Esto no impide, sin embargo, que en consideración a especiales circunstancias de orden fiscal o extrafiscal, el legislador establezca algunos beneficios con el objeto de fomentar ciertos sectores de la economía, o de equilibrar las cargas tributarias, entre otros. El poder tributario comprende no solamente, la facultad de establecer tributos (C.P., art. 338), sino que abarca también la potestad de modificarlos y determinar, de acuerdo con los criterios anteriormente planteados cierto tipo de beneficios siempre y cuando dicha medida se encuentre debidamente justificada (6) ”.

De lo arriba señalado se deriva que resulta claro el amplio margen de configuración del legislador en materia tributaria, que de manera reiterada se ha reconocido por la jurisprudencia constitucional, de conformidad con los artículos 150-12 y 338 de la Carta y en particular, para establecer beneficios fiscales como instrumento de política fiscal.

4.5. El parágrafo acusado se inscribe en esta categoría de medidas, pues permite a las sociedades contribuyentes del impuesto de renta que hubieren registrado pérdidas fiscales a 31 de diciembre de 2002, compensarlas con las rentas que obtuvieren dentro de los cinco períodos gravables siguientes al período en que se registraron. Esta disposición no vulnera el derecho a la igualdad porque el momento en que se configura el supuesto de hecho al que se puede aplicar la compensación, no es igual para los contribuyentes que registraron pérdidas con anterioridad a 2002 y quienes lo hagan bajo la vigencia de una ley posterior, por lo cual no existe razón para considerar que el trato diferente vulnere el principio de igualdad. Además, el trato desigual previsto en la norma transitoria obedece al acatamiento del principio de irretroactividad de las normas tributarias consagrado en el artículo 363 superior y por ello las pérdidas ya consumadas bajo el imperio de la ley anterior seguían rigiéndose por esta conforme al principio de certeza que permite al contribuyente anticipar los efectos tributarios de sus resultados, mientras las pérdidas ocurridas a partir del año 2003 se regirían por el nuevo precepto.

4.6. Así, tal como lo señaló el Ministerio Público en su intervención “esbozar un problema respecto de las pérdidas de un contribuyente en el año 2002 frente al estado de las pérdidas del mismo contribuyente en los años siguientes (...) sería tanto como cuestionar la constitucionalidad de una norma que modifica una tarifa que, por ejemplo, para el 2002 era de 35% y en virtud de una norma nueva será del 33%, entonces, según el criterio de las demandantes, se presentaría una desigualdad porque el mismo contribuyente en el 2002 tuvo que tributar a una tarifa del 35% y para el año 2006 tuvo en cuenta una tarifa menor”.

4.7. De igual modo, el parágrafo acusado tampoco desconoce el principio de equidad tributaria, en la medida que el lapso de cinco (5) años previsto en la norma, resulta un término adecuado para el ejercicio del beneficio tributario, habida cuenta que permite que se satisfagan las exigencias constitucionales de incentivar el desarrollo, la productividad y la competitividad de las empresas y tiene en cuenta su situación económica para efectos de tributación, al mismo tiempo que atiende las necesidades fiscales del Estado, que se vería afectado si se prolongara indefinidamente la compensación de las pérdidas operacionales de las sociedades sin límite temporal, como lo propone el demandante.

4.8. Cabe advertir que en el caso, se estructuran cargos por violación de los (sic)de los artículos 13, 95-9 y 363 de la Constitución Política, en razón de que pone a los contribuyentes que se encuentran en la situación del parágrafo atacado en un nivel de esfuerzo mayor a quienes registran pérdidas en períodos posteriores de manera que, si la finalidad de la compensación de pérdidas fiscales es hacer efectivo el principio de equidad en el pago del impuesto a la renta, atendiendo a la real capacidad de pago de quien las sufre, no es justo ni equitativo el tratamiento discriminatorio fundado únicamente en la fecha en que ellas fueron registradas.

Al respecto es necesario aclarar que para efectos de establecer la adecuación de la disposición atacada a la Carta Política, asuntos como el mayor o menor esfuerzo que deban realizar las sociedades para acceder a la posibilidad de compensar pérdidas que en ellos les otorga la ley, constituyen aspectos fácticos que en tanto no plantean un problema constitucional, escapan al estudio de esta Corte.

Por lo expuesto, la Corte declarará exequible el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 788 de 2002.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 788 de 2002.

Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Sentencia C-451 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(2) Ver entre otras sentencias C-335 de 1994, C-222 de 1995, C-709 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-1376 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-261 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-776 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-989 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-540 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.

(3) Sentencia C-643 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(4) Sentencia C-926 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(5) Sentencia C-222 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(6) Ver sentencias C-804 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-989 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.

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