Sentencia C-510 de octubre 9 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LA SOCIEDAD MATRIZ

EN EL PROCESO CONCURSAL DE LA SOCIEDAD CONTROLADA

EXTRACTOS: «El texto acusado es del siguiente tenor literal (se subraya lo demandado):

“LEY 222 DE 1995

(Diciembre 20)

Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concúrsales y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

ART. 148.—Acumulado procesal. Cuando simultáneamente con el trámite del concordato y antes de ser aprobado el acuerdo, se adelanten concordatos de otras entidades vinculadas entre sí por su carácter de matrices o subordinadas, o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por las mismas personas, sea que éstas obren directamente o por conducto de otras personas jurídicas, de oficio o a solicitud de cualquiera de los acreedores o del deudor, la Superintendencia de Sociedades decretará la acumulación de ellos, mediante el trámite que para la acumulación de procesos establece el Código de Procedimiento Civil.

PAR.—Cuando la situación de concordato o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquélla. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente.

(...).

La controversia planteada en este caso por el actor radica en establecer si la norma acusada significa sustancialmente, dada su estructura y habida consideración de sus efectos jurídicos, la atribución anticipada de responsabilidades a las compañías matrices, sin previo proceso y bajo presunción de su culpabilidad, por causa o con ocasión de la existencia de sociedades sobre los cuales ejercen control.

La constitucionalidad de la norma no puede ser examinada sin verificar antes los conceptos jurídicos a los que se refiere y los presupuestos de los cuales parte.

Según el artículo 260 del Código de Comercio, modificado por el 26 de la Ley 222 de 1995, “una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directa o indirectamente, caso en el cual aquélla se denominará filial, o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria” (subraya la Corte).

El artículo 261 del mismo código, modificado por el 27 de la Ley 222 de 1995 precisa los eventos en los cuales se da la subordinación.

(...).

Como se observa, pese a la existencia de personerías jurídicas distintas, el fenómeno de la subordinación, por cualquiera de los factores dichos, significa una ostensible pérdida de autonomía económica, financiera, administrativa y de decisión por parte de las sociedades filiales o subsidiarias, ya que, por definición, están sujetas a las determinaciones, directrices y orientaciones de la matriz y tienen con ella indudables vínculos que implican en la práctica la unidad de intereses y propósitos.

Conviene recordar los presupuestos en que se funda la norma demandada, los cuales constituyen punto de referencia obligado para determinar si ella se ajusta o no a la Carta Política:

1. Se trata de una situación de concordato o liquidación obligatorio de la sociedad, es decir, de una circunstancia en la cual, ante la pérdida del equilibrio patrimonial de ella, debe buscarse, por mandato de la ley, un acuerdo con los acreedores para el pago de sus obligaciones, o la terminación forzosa de su objeto bajo la vigilancia estatal con el mismo propósito.

2. La causa de las dificultades que se pretende conjurar mediante el concordato está constituida por actuaciones realizadas por la sociedad matriz o controlante.

3. Tales actuaciones se producen, por definición legal, en virtud de la subordinación y en interés de la matriz o de cualquiera de sus subordinadas.

4. Las mismas actuaciones tienen lugar en contra del beneficio de la sociedad en concordato y, por lo tanto, aunque no lo expresa la norma, se deduce, como lógica consecuencia, que inciden en la prenda común de los acreedores y, por tanto, afectan los intereses de éstos.

Ahora bien, el efecto jurídico que la disposición atribuye a la situación descrita es la responsabilidad subsidiaria de la matriz o controlante por las obligaciones de la compañía sometida a concordato, que es su subordinada.

Debe tenerse en cuenta que la responsabilidad en cuestión tiene un carácter estrictamente económico y que está íntimamente relacionada con actuaciones de la matriz, según lo expuesto, luego no puede afirmarse que se imponga gratuitamente a una persona jurídica totalmente ajena a los hechos materia de proceso. Son precisamente las decisiones de la compañía controlante las que repercuten en la disminución o afectación del patrimonio de la subordinada y son también las que, en los términos del precepto, generan su responsabilidad.

Además, no se trata de una responsabilidad principal sino subsidiaria, esto es, la sociedad matriz no está obligada al pago de las acreencias sino bajo el supuesto de que él no pueda ser asumido por la subordinada, lo que, unido a la hipótesis legal de que las actuaciones provenientes de aquélla tienen lugar en virtud de la subordinación y en interés de la matriz o de otras subordinadas, apenas busca restablecer el equilibrio entre deudor y acreedores, impidiendo que éstos resulten defraudados.

La segunda parte del parágrafo acusado expresa que se presumirá la situación concursal expuesta “por las actuaciones derivadas del control”, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que fue ocasionada por una causa diferente.

El actor cree encontrar en esta regla una inversión de la carga de la prueba, que contradice la presunción constitucional de inocencia, pero la Corte no acepta esa tesis, puesto que el objeto de la presunción no es la responsabilidad en sí misma sino la situación concursal que da lugar a ella, es decir, la vinculación entre las decisiones de la matriz y el efecto patrimonial causado a la sociedad subordinada.

Se trata entonces, de una presunción juris tantum, que puede ser desvirtuada por la matriz o controlante, o por sus vinculadas, demostrando que sus decisiones no han causado la desestabilización económica de la filial o subsidiaria, sino que ésta procede de motivos distintos.

A juicio de la Corte, no ha sido quebrantado el artículo 29 ni ningún otro precepto de la Constitución Política.

En efecto, los cargos formulados por violación de los artículos 13, 14, 16, 25, 34, 38, 53, 58 y 333 de la Constitución Política carecen de todo sustento.

No se puede sostener que el derecho a la igualdad resulte vulnerado cuando el legislador deduce de los actos de una persona jurídica consecuencias patrimoniales, dada su situación concreta y su relación con otras, que dependen de ella. La igualdad exige, por definición, puntos de referencia que permitan comparar situaciones, hipótesis o circunstancias. Y tratándose de normas como la acusada las posibilidades de confrontación desaparecen, ya que el legislador no dispone tratos diversos ni soluciones aplicables a distintos tipos de entes, sino que, por el contrario, regula de manera unívoca en cierto fenómeno societario —la subordinación—, miradas sus consecuencias frente a la situación de concordato de compañías subordinadas.

Sorprende a la Corte que el impugnante pretenda violado el derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica (C.P., art. 14) y el que tiene todo individuo al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16), aplicando tales conceptos jurídicos de estirpe constitucional a las sociedades comerciales, toda vez que, en constante jurisprudencia, se ha definido el alcance de los derechos fundamentales en cuestión bajo el entendido de que se dirigen a la persona humana exclusivamente.

En cuanto al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la Corte lo deriva, como lo hacen la propia Constitución y los tratados internacionales, de la dignidad humana, la cual exige que por el sólo hecho de haber nacido una persona se la tenga públicamente, con efectos jurídicos y sin discriminaciones, como sujeto de derechos, identificable por la sociedad y por el Estado, y como ser digno de protección constitucional y legal.

Sobre el punto ha sostenido esta corporación que el aludido derecho se refiere, como único sujeto, a la persona natural y que el acto de reconocimiento por parte del sistema jurídico “atestigua que la personalidad es un atributo congénito a la persona”, por lo cual es anterior al mismo ordenamiento, que se limita a declararlo (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-486 del 28 de octubre de 1993; Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-476 del 29 de julio de 1992; Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-106 del 13 de marzo de 1996, entre otras).

(...).

Añádase a lo anterior que, si la protección constitucional del libre desarrollo de la personalidad reside en la dignidad inherente a la persona, que la erige como una finalidad en sí misma y no como un instrumento para alcanzar otros fines, de ninguna manera es aceptable la extensión de ese derecho a los entes surgidos a partir de la libertad de asociación, que, por definición de la misma Carta, son medios orientados a la realización de diversos objetivos o propósitos, con o sin ánimo de lucro, buscados por quienes asocian (C.P., art. 38). Luego es impropio hablar, respecto de las asociaciones, corporaciones o compañías creadas, de una autonomía personal con las mismas características de la que el Constituyente ha reservado al ser humano.

El artículo 25 de la Constitución, que consagra el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, no resulta violado por el precepto en estudio, si se tiene en cuenta que su objeto no radica en disponer reglas generales sobre relaciones de índole laboral. Por otra parte, si alguna consecuencia puede tener su aplicación en lo relativo a acreencias reclamadas por trabajadores, ella consiste precisamente en preservar la justicia, en cuanto al precepto busca asegurar la conservación del patrimonio de la sociedad deudora para evitar que los derechos de los acreedores —entre ellos los laborales— sean burlados.

Lo propio puede afirmarse del cargo que el actor formula por posible desconocimiento del artículo 53 de la Constitución.

El artículo 34 de la Carta Política, que prohibe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, y que ordena la extinción de dominio sobre los bienes mal habidos, en nada se relaciona con el tema tratado por la norma y, por ende, mal puede fundarse en él motivo alguno de inconstitucionalidad.

En cuanto al artículo 38 ibídem, que garantiza el derecho de libre asociación, no se ve afectado por el parágrafo puesto en tela de juicio, ya que él no prohibe, dificulta ni restringe el derecho que tienen las personas —aún las jurídicas— a asociarse, y más bien parte del supuesto de que ya ese derecho se ejerció, por cuanto la circunstancia de las relaciones de subordinación existentes es un dato al que se refiere el legislador. La previa asociación entre compañías es un fenómeno que la ley reconoce y acepta, si bien regula, en los términos que se dejan expuestos, hechos posteriores referentes a la toma de decisiones de la matriz, con efectos patrimoniales externos, por cuya virtud resultan afectados bienes jurídicos que, a su juicio, merecen protección.

Si ello es así, tal asociación es permitida, en los términos y dentro de las restricciones que la legislación comercial consagra en preceptos aquí no demandados, lo cual no impide que el abuso de las ventajas por ella ofrecidas tenga cabal regulación y control.

En otros términos, mediante la norma impugnada no se persigue ni sanciona el libre ejercicio de la asociación, aunque se establezcan reglas atinentes al desarrollo de las relaciones económicas y administrativas entre matrices y subordinadas, y respecto de sus consecuencias frente a terceros.

Tampoco estima la Corte que el derecho de propiedad ni los derechos adquiridos hayan sido objeto de daño por la vigencia de la norma cuestionada, que, según el demandante, resulta ser retroactiva.

En efecto, basta verificar que la letra del parágrafo acusado no contiene disposición alguna que se extienda a la regulación de situaciones jurídicas anteriores al 20 de diciembre de 1995, fecha de promulgación de la Ley 222, de la cual hace parte.

Finalmente, carece de todo sentido endilgar a la disposición examinada un vicio de inconstitucionalidad respecto del artículo 333 de la Carta Política, por obstruir, como dice el actor, la libertad de empresa, la iniciativa privada y la libre competencia. Como lo ha repetido la jurisprudencia, tales derechos no tienen ahora —como no tuvieron desde la Reforma Constitucional de 1936— un carácter absoluto, ni su contenido esencial se confunde con el reclamo de la propia arbitrariedad para neutralizar la intervención del Estado en la economía, o para impedir la efectividad de los fundamentos constitucionales del Estado Social de Derecho.

Es suficiente recordar que, si bien la libre competencia económica es un derecho de todos, el artículo 333 declara sin ambages que “supone responsabilidades”. Y es justamente una responsabilidad de lo que se deriva del parágrafo demandado.

Según la Carta, la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero “dentro de los límites del bien común”. Este resulta asegurado cuando se impide que las relaciones incontroladas de interdependencia o de control entre compañías, so pretexto de la libertad de empresa, generen cuantiosos perjuicios a los acreedores y repercutan, según su magnitud, en el conjunto de la economía.

No se olvide que, a la luz del mismo artículo 333 de la Constitución, la empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones.

Tampoco se pierda de vista que, a su tenor, “el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.

A lo cual agrega el constituyente que la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija, entre otros valores, el interés social.

Decisión

Con base en las expuestas consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase».

(Sentencia C-510 de octubre 9 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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