Sentencia C-512 de mayo 25 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-512 de 2004

Ref.: Expediente D-4972

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Actor: Camilo Hiroshi Emura Álvarez.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 34, 39, parcial, y 40, parcial, de la Ley 472 de 1998.

Bogotá, D.C., mayo veinticinco de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

Se transcribe el texto de las normas acusadas con la advertencia de que se resalta el aparte demandado. Del artículo 39 no se hace resaltado, puesto que se demanda en su integridad.

“LEY 472 DE 1998

(Agosto 5)

Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

(...).

ART. 34.—Sentencia. Vencido el término para alegar, el juez dispondrá de veinte (20) días para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular.

(...).

ART. 39.—Incentivos. El demandante en una acción popular tendrá derecho a recibir un incentivo que el juez fijará entre diez (10) y ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales.

Cuando el actor sea una entidad pública, el incentivo se destinará al fondo de defensa de intereses colectivos.

ART. 40.—Incentivo económico en acciones populares sobre moral administrativa. En las acciones populares que se generen en la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o demandantes tendrán derecho a recibir el quince por ciento (15%) del valor que recupere la entidad pública en razón a la acción popular.

Para los fines de este artículo y cuando se trate de sobrecostos o de otras irregularidades provenientes de la contratación, responderá patrimonialmente el representante legal del respectivo organismo o entidad contratante y contratista, en forma solidaria con quienes concurran al hecho, hasta la recuperación total de lo pagado en exceso.

Para hacer viable esta acción, en materia probatoria los ciudadanos tendrán derecho a solicitar y obtener se les expida copia auténtica de los documentos referidos a la contratación, en cualquier momento. No habrá reserva sobre tales documentos”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad del artículo demandado, ya que este hace parte de una ley de la República.

2. Cosa juzgada constitucional.

En la Sentencia C-459 de 2004, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería, se declararon exequibles los artículos 38 y 40, inciso primero de la Ley 472 de 1998 (1) . La declaratoria de exequibilidad no tuvo limitación alguna en la parte resolutiva ni motiva de la mencionada sentencia, razón por la cual se surtió cosa juzgada absoluta sobre las normas acusadas.

Además, así no se hubiera presentado cosa juzgada absoluta, la Sala observa que los cargos presentados contra los artículos analizados en la sentencia en cita son iguales a los expuestos en el presente proceso. En efecto, en la demanda radicada bajo la referencia D-410 se cuestionaba la constitucionalidad de la existencia de incentivos por contrariar el principio de solidaridad consagrado en la Constitución. Por otro lado, se acusaba la diferencia de tasación del incentivo en las acciones relativas a la moralidad administrativa y aquellas tocantes con otros derechos colectivos, por contrariar el derecho a la igualdad. Por último, atacaba el inciso primero del artículo 40 por obligar a pagar el incentivo a la entidad pública beneficiada con las resultas de la acción popular, en los casos de moralidad administrativa.

En la Sentencia C-459 de 2004 se encontró que las normas acusadas se ajustaban a la Constitución, puesto que el legislador podía determinar el estímulo frente a la defensa efectiva de los derechos colectivos; además, puesto que no contraría la solidaridad la presencia del incentivo, toda vez que el actuar solidario puede ser promovido por el Estado para su efectiva plasmación. Además, con tal promoción de la acción solidaria si bien se beneficia el actor popular, la comunidad titular de los derechos colectivos también recibe los beneficios de la protección de estos.

Por otro lado, se encontró que si bien los artículos 39 y 40 de la Ley 742 de 1998 que consagran desarrollo de incentivos presentan diferencias en su regulación esto no contraría la Constitución. Sin embargo, en el caso de la acción popular por violación del derecho colectivo de la moralidad pública el monto del incentivo debe pagarlo la persona que vulneró el derecho colectivo, pues no es razonable que sea el mismo Estado quien deba soportar una erogación con ocasión de un proceso en el que se lesionó la moralidad administrativa, toda vez que lo que se pretende proteger en esta acción popular es el patrimonio público.

El actor del presente proceso aduce los mismos cargos contra los artículos ahora demandados. En efecto, así lo resaltó el procurador general en su intervención en el presente proceso. En esta, indicó la vista fiscal que en virtud de que en el proceso D-4910 se analizaban cargos similares contra las normas demandadas, era posible que para el momento del fallo del proceso de la referencia existiera cosa juzgada, caso en el cual solicitaba a la Corte se estuviera a lo resuelto.

3. La fijación de incentivos no contraría el principio constitucional de solidaridad —reiteración de jurisprudencia—.

El actor también acusa el aparte del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 que señala que el juez, al momento de proferir la sentencia dentro de una acción popular “(...) Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular”. El cargo presentado contra este aparte es el relativo a la vulneración del principio de solidaridad toda vez que, según el actor, la acción de protección de los derechos colectivos no debe ser recompensada, so pena de contrariar el principio mencionado el cual, según el demandante, está relacionado con la gratuidad. Como se dijo en la Sentencia C-459 de 2004, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería:

“(...) las acciones populares combinan el deber de solidaridad que a todas las personas les atañe, con la potestad del Estado para inducir, promocionar, patrocinar, premiar y, en general, estimular el ejercicio de tales acciones en orden a la materialización y preservación de determinados bienes jurídicos de especial connotación social. Lo cual encuentra arraigo constitucional en el hecho de que nuestra Carta Política no prohíja un modelo ético único, pues, según se vio, la pluralidad de pensamiento y el respeto a la diferencia campean cual coordenadas rectoras de las instituciones del Estado y de las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas. Es decir, respetando el pensamiento que cada cual pueda tener sobre la forma de hacer efectivo su deber de solidaridad, el Congreso prevé un estímulo que resulta válido frente a la efectiva defensa de los derechos e intereses colectivos, el cual resulta proporcionado al tenor de los topes limitativos del monto del incentivo a decretar judicialmente. De suerte tal que, a tiempo que el demandante reporta un beneficio para sí, la sociedad misma se siente retribuida con la efectiva reivindicación de sus derechos e intereses colectivos.

Ahora bien, según se ha destacado en líneas anteriores, bajo los mismos presupuestos normativos el demandante puede ser una entidad pública, caso en el cual, el incentivo reconocido judicialmente quedará bajo la titularidad del Estado. Es decir, no se causará erogación alguna a favor de particulares, al propio tiempo que el tesoro público se fortalece, o cuando menos, se mantiene sin variación con referencia a las resultas de la correspondiente acción popular.

De otro lado es importante señalar que el actor propone en su demanda un falso dilema entre solidaridad y gratuidad, toda vez que, (...) la solidaridad es compatible con la benevolencia. Esto es, el interés público se puede materializar con el simultáneo beneficio del interés particular, ya que ninguna regla constitucional auspicia ni ampara la anulación de todo bienestar privado en la perspectiva del bienestar público”.

Así las cosas, la Corte declarará exequible el aparte demandado del artículo 34 por encontrar que al ser compatible con la solidaridad no contraría la Constitución.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-459 de 2004 con respecto a la exequibilidad de los artículos 39 y 40, inciso primero.

2. DECLARAR EXEQUIBLE el aparte demandado del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 que consagra que “igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

(1) En esta ocasión salvó voto el magistrado Rodrigo Escobar Gil, por considerar que el reconocimiento del incentivo sí desconoce el principio constitucional de solidaridad y de pagarse convertiría las acciones populares en negocios. En lo relativo la precisión realizada relativa al sujeto que debe cancelar el incentivo, aclaró el voto el magistrado Manuel José Cepeda, por considerar que también se encuentra dentro del margen de configuración del legislador el fijar el quién debe responder por el pago de este.

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