Sentencia C-512 de octubre 8 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

ADMINISTRADORES Y REVISORES FISCALES

PROHIBICIÓN DE REINTEGRO LABORAL

EXTRACTOS: «El siguiente es el texto del artículo 232 de la Ley 222 de 1995, subrayándose lo demandado:

“LEY 222 DE 1995

(Diciembre 20)

Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones.

ART. 232.—Improcedencia de la acción de reintegro. En el evento de despido o remoción de administradores y revisor fiscal no procederá la acción de reintegro consagrada en la legislación laboral”.

(...).

2. Aclaración previa: cosa juzgada constitucional, parcial.

En sentencia C-434 del cinco (5) de septiembre de 1996, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, esta corporación analizó y declaró exequible el artículo que es objeto de acusación en este proceso. El estudio de constitucionalidad que efectuó la Corte, se hizo en relación con la unidad de materia entre lo normado en el artículo acusado y la ley de la que hace parte, y con el hecho de no ser, este artículo, objeto de ley estatutaria tal como quedó consignado en la parte resolutiva del fallo. Por tanto, no es procedente efectuar el análisis del artículo 232 de la Ley 222 de 1995, en relación con el cargo de unidad de materia (artículo 158 de la Constitución), pues sobre él existe cosa juzgada constitucional. Se estudiará, en consecuencia, la norma acusada a la luz de las otras normas de la Constitución.

3. Lo que se debate.

Según el demandante, el artículo 232 de la Ley 222 de 1995, al consagrar la improcedencia de la acción de reintegro establecida en la legislación laboral, en relación con los administradores y revisores fiscales de las sociedades, quebranta tres normas de la Constitución, así: el artículo 13, porque viola el principio de igualdad con los trabajadores que el 1º de enero de 1991 habían completado al menos diez años continuos de servicios; el artículo 58, porque desconoce los derechos adquiridos, concretamente, el derecho al reintegro; y, el artículo 158, porque quebranta el principio de la unidad de materia, pues la Ley 222 versa principalmente sobre materias comerciales y no sobre asuntos laborales.

4. Algunas reflexiones sobre los administradores y los revisores fiscales de las sociedades.

El Código de Comercio define y reglamenta el contrato de sociedad, por ser éste un tema propio del derecho comercial. Dentro de tal reglamentación incluye lo relativo a los administradores, no sólo en términos generales, sino en lo relativo a cada tipo de sociedad en particular. En forma semejante, establece normas sobre el revisor fiscal en las sociedades en que tal cargo sea obligatorio.

El tema de administradores y revisores fiscales, pues, no es ajeno al de las sociedades; y éste, a su vez, es materia sujeta a las previsiones del Código de Comercio.

En lo que tiene que ver con los administradores, el Código de Comercio establece el principio de que sus nombramientos pueden revocarse libremente en cualquier momento. Principio que eleva a la categoría de norma de orden público, al establecer que “se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores... o que exijan para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes” (C. de Co., inc. 3º, art. 198).

Es claro que esta disposición se funda en la condición de mandatarios que tienen los administradores, pues el mandato es esencialmente revocable.

En tratándose del revisor fiscal, por las funciones de control y vigilancia que a él competen, también el Código de Comercio establece el principio de que “podrá ser removido en cualquier tiempo” (art. 206). Y el artículo 199 dispone que la posibilidad de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo, regirá para los revisores fiscales, lo mismo que la ineficacia de las cláusulas que tiendan a establecer la inamovilidad de tales revisores.

En conclusión: las funciones propias de administradores y revisores fiscales, explican que la ley comercial haya consagrado la libre remoción de unos y otros como norma inderogable por quienes celebran el contrato social.

5. Análisis del supuesto quebrantamiento del artículo 13 de la Constitución.

Existen diversas razones para sostener que la norma demandada no quebranta el artículo 13 de la Constitución, que consagra el principio de la igualdad.

En primer lugar, es claro que a partir de la vigencia de la Ley 50 de 1990, la regla general es la improcedencia de la acción de reintegro. La ley mencionada la estableció solamente para quienes al entrar en vigencia se encontraban en una situación excepcional: el haber cumplido diez años de servicios continuos.

No es, por lo mismo, admisible la tesis del demandante, de estimar la igualdad no en relación con la generalidad sino con la excepción.

De otra parte, la norma acusada contempla el caso de una categoría especial de servidores, los administradores y los revisores fiscales, no siempre vinculados por contrato de trabajo, pero siempre sometidos a las normas del Código de Comercio, cuando éstas son inderogables. En principio, no es aceptable sostener que todas las normas que regulan el contrato de trabajo sean aplicables a administradores y revisores fiscales y prevalezcan sobre las del Código de Comercio.

La norma demandada es la consecuencia necesaria de lo dispuesto por los artículos 198, incisos segundo y tercero, y 199 del Código de Comercio. Baste pensar que si se consagrara la acción de reintegro, carecería de sentido y de eficacia lo previsto en estas normas.

En conclusión, no viola la norma demandada, el artículo 13 de la Constitución.

6. Por qué no se viola el artículo 58 de la Constitución.

Como todas las leyes, en general, la Ley 222 de 1995, rige hacia el futuro, concretamente “al vencimiento de los seis meses contados a partir de su promulgación”. Como se sancionó y publicó el 20 de diciembre de 1995, rige a partir del 20 de mayo de 1996.

En general, la ley no tiene efectos retroactivos, salvo casos excepcionales. Si se parte de este principio en relación con el artículo 232 acusado, se tiene lo siguiente:

Los administradores y revisores fiscales vinculados por contrato de trabajo, que el primero de enero de 1991 (fecha en que entró en vigencia la Ley 50 de 1990) tenían 10 o más años continuos al servicio de su empleador, y no manifestaron su voluntad de acogerse al nuevo régimen, conservaron la acción de reintegro. A esta conclusión se llega por esta razón:

Antes de entrar en vigencia la Ley 50 de 1990, no existía para los revisores fiscales y los administradores de sociedades una limitación semejante a la establecida por el artículo 232 de la Ley 222 de 1995. Por consiguiente, aquellos revisores y administradores vinculados por contrato de trabajo, y que en tal condición habían trabajado 10 años, al menos, al entrar en vigencia la Ley 50 de 1990, se encontraron en una situación jurídica concreta, adquirieron, en consecuencia, unos derechos que no pueden ser vulnerados por una ley posterior, como la 222 de 1995.

Por el contrario, los administradores y revisores fiscales que no se encontraran en la situación descrita, si estaban vinculados por contrato de trabajo, quedaron sometidos al régimen general, en el cual no existe acción de reintegro. Por eso, en relación con ellos el artículo 232 de la Ley 222 de 1995 apenas aplica a su caso particular la regla general de la inexistencia de la acción de reintegro.

Todo se reduce, en conclusión, a decir que la exequibilidad de la norma acusada, se declara con la advertencia de que ella no vulnera los derechos adquiridos por los administradores y revisores fiscales que se encuentren en la siguiente situación:

1. Que el día 1º de enero de 1991, hubieran completado al menos diez años de servicios continuos al mismo empleador;

2. Que hubieran estado vinculados por contrato de trabajo; y,

3. Que no hubieran manifestado su voluntad de acogerse al nuevo régimen.

Todo, se repite, porque el artículo 232 de la Ley 222 de 1995, no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de tales trabajadores.

7. Exequibilidad del parágrafo transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990.

Como el parágrafo transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990 tiene relación con la norma demandada, es pertinente advertir que este parágrafo fue declarado exequible así: primero, parcialmente por la Corte Suprema de Justicia, por sentencia 115 de septiembre 26 de 1991; después, también parcialmente, por sentencia C-569 de diciembre 9 de 1993, de la Corte Constitucional. Todo el parágrafo, en consecuencia, ha sido declarado exequible.

El texto de este parágrafo es el siguiente:

“PAR. TRANS.—Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, seguirán amparados por el ordinal 5º, del artículo 8º del Decreto-Ley 2351 de 1965, salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen”.

III. Decisión

Por lo expuesto la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declárase EXEQUIBLE el artículo 232 de la Ley 222 de 1995, con la advertencia de que la norma declarada exequible no vulnera los derechos adquiridos por los administradores y revisores fiscales que se encuentren en cualquiera de las situaciones descritas en el sexto considerando de este fallo.

2. ESTÉSE a lo resuelto en la sentencia C-434 de cinco (5) de septiembre de 1996, en relación con el cargo por falta de unidad de materia entre el artículo 232 y la Ley 222 de 1995, y con el relativo a que no es objeto de una ley estatutaria.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-512 de octubre 8 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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