Sentencia C-514 de julio 31 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expedientes D-9489

Actor: Jaime Córdoba Triviño

Magistrado Ponente:

Dra. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 33 de la Ley 675 de 2001

Bogotá, D.C., treinta y uno de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «1.1. Disposiciones demandadas.

A continuación se transcribe la disposición demandada y se destaca y subraya el aparte normativo acusado:

“Ley 675 de 2001

(Ago. 3)

Diario Oficial 44.509 del 4 de agosto de 2001

Congreso de la República 

Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal

Decreta:

ART. 33.—Naturaleza y características.La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. Su denominación corresponderá a la del edificio o conjunto y su domicilio será el municipio o distrito donde este se localiza y tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como del impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social,de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986”.

(...).

II. Consideraciones

1. Competencia.

De acuerdo con el artículo 241.4 de la Carta Política, esta Corte es competente para conocer y pronunciarse sobre la constitucionalidad del precepto demandado, en cuanto se trata de una disposición contenida en una ley.

2. Cuestiones a resolver.

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, esta corporación debe resolver las siguientes cuestiones:

En primer lugar, dado que en su intervención la DIAN sostiene que esta corporación debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-812 de 2009, es preciso determinar si se ha configurado el fenómeno de la cosa juzgada en relación con la constitucionalidad del artículo 33 de la Ley 675 de 2001.

En caso de que la respuesta al interrogante anterior sea negativa, se deberá establecer si la demanda reúne los presupuestos legales para la formulación de un juicio de constitucionalidad.

De concluirse que es posible efectuar el control, habrá de definirse la compatibilidad o no de la norma acusada con el ordenamiento superior a partir de los cargos formulados por el peticionario, estableciendo si transgrede los principios de legalidad y certeza tributaria, y consecuencialmente, los de justicia y equidad tributaria.

Finalmente, se deberá determinar la procedencia de las solicitudes de los intervinientes ciudadanos y de Acecolombia, de exhortar al Congreso para regular detalladamente la materia, y de declarar la exequibilidad condicionada del precepto demandado, aclarando que la explotación de bienes comunes encaminada a la conservación, supervivencia y cumplimiento de los fines de la propiedad horizontal, se enmarca dentro su objeto social, y que por consiguiente, respecto de dichas actividades se predica la calidad de no contribuyente de las personas jurídicas originadas en la conformación de la propiedad horizontal.

3. La configuración del fenómeno de la cosa juzgada.

En su intervención, la DIAN afirma que la Corte debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-812 de 2009, en la que se declaró la exequibilidad del artículo 33 de la Ley 675 de 2001. A su juicio, dado que en esa oportunidad la decisión judicial se adoptó a partir del examen del mismo cargo planteado en esta demanda, la configuración del fenómeno de la cosa juzgada excluye un nuevo estudio de constitucionalidad. En efecto, como ahora se argumentó que el precepto acusado es contrario a los principios de legalidad y certeza tributaria, por hacer depender la calificación del sujeto de derecho como no contribuyente, de un hecho indeterminado e indeterminable como la realización de actividades propias de la persona jurídica originada en propiedad horizontal, y como en la providencia aludida este tribunal señaló los criterios para individualizar tales actividades, debe entenderse que en dicho fallo ya se resolvió el cargo propuesto en esta oportunidad.

La Corte no comparte la apreciación anterior y, por el contrario, coincide con los planteamientos esbozados por el actor y por los demás intervinientes, en el sentido de que la Sentencia C-812 de 2009 declaró la exequibilidad del artículo 33 de la Ley 675 de 2001 por acusaciones distintas a las planteadas en este escrito de impugnación. Tal como se señaló anteriormente, en dicha providencia se examinaron tres problemas específicos: primero, el desconocimiento del principio de unidad de materia, en cuanto el objeto de la Ley 675 de 2001 era el régimen de la propiedad horizontal, mientras que la disposición regulaba asuntos tributarios; segundo, la transgresión de la prohibición constitucional de conceder exenciones o tratamientos preferenciales por vía legal respecto de tributos de las entidades territoriales; y finalmente, la inequidad generada por conferir en términos absolutos la calidad de no contribuyente a estos sujetos; por ello se solicitó un condicionamiento del precepto, en el sentido de que “la explotación comercial de las áreas desafectadas por una propiedad horizontal está por fuera del atributo de ‘no contribuyente’ de impuestos nacionales y de industria y comercio”.

Con respecto al primer reproche, esta corporación sostuvo que el cargo no estaba llamado a prosperar. Primero, porque la mera inclusión de una norma tributaria en una cuerpo normativo esencialmente no tributario, no es, en sí misma, un defecto que implique la infracción de tal principio. Y segundo, porque existe una relación de conexidad sistemática entre el régimen de propiedad horizontal y la medida legislativa, pues parte del estatuto de dichas personas jurídicas comprende su régimen tributario.

La Corte arribó a la misma conclusión con respecto a la segunda acusación, en la medida en que la ley no estableció una exoneración o un beneficio respecto de un tributo del orden municipal como el impuesto de industria y comercio, pues la condición de no contribuyente de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal se desprende de la propia definición de este tributo, contenida en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986(9) y no de la disposición demandada. En efecto, según este precepto, tal gravamen recae sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios, mientras que, por definición, la propiedad horizontal despliega actividades de orden civil y sin ánimo de lucro, encaminadas exclusivamente a atender las necesidades de las zonas comunes y de los copropietarios.

Finalmente, con respecto a la última acusación, la Corte sostuvo que no era necesario proferir un fallo de constitucionalidad condicionada, por cuanto la interpretación sugerida por el actor es la única admisible a la luz de la preceptiva constitucional y a la luz de las reglas hermenéuticas del derecho común.

Ahora bien, aunque la mencionada providencia se refiere de manera general al sentido del precepto acusado, identificando el tipo de actividades que dan lugar a la calificación de la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal como no contribuyente, esto en modo alguno equivale a haber examinado el cargo por la transgresión de los principios de legalidad y certeza.

De una parte, porque estas aserciones se encuentran comprendidas dentro del análisis de las acusaciones, tanto por la presunta vulneración de la prohibición constitucional de establecer exenciones por vía legislativa respecto de tributos del orden local, como por la presunta imposición de cargas tributarias injustificadas. Es en el marco de tales consideraciones que la Corte señala las actividades respecto de las cuales el sujeto es considerado como no contribuyente; en el primer caso, la alusión pretendía demostrar que las operaciones desplegadas en el marco de la propiedad horizontal son incompatibles con el impuesto de industria y comercio; y en el segundo caso, la referencia tenía por objeto demostrar que el condicionamiento requerido era innecesario. En conclusión, no existe un análisis autónomo e independiente del cargo por la vulneración del principio de certeza tributaria, y las consideraciones sobre esta temática son incidentales y accesorias.

Por otra parte, en la Sentencia C-812 de 2009 la Corte no se preguntó por la eventual indeterminación del precepto que hace depender la calificación de estas personas jurídicas de la realización de actividades de la propiedad horizontal, sino que al contrario, al no haber sido cuestionada su precisión y univocidad, presumió que la ley ofrecía los criterios y los elementos de juicio para determinar las operaciones económicas que dan lugar a su calificación como no contribuyente.

Por las razones anteriores, la Corte concluye que la Sentencia C-812 de 2009 hizo tránsito a cosa juzgada relativa respecto de cargos distintos a los planteados por el peticionario en la demanda, por lo que, en esta oportunidad, se debe emprender el examen de fondo.

4. La procedencia de un pronunciamiento de fondo.

Tal como se expresó anteriormente, el peticionario demandó el aparte normativo del artículo 33 de la Ley 675 de 2001, que confiere la calidad de no contribuyente a las personas originadas en la conformación de una propiedad horizontal, respecto de las actividades propias de su objeto social. La acusación del actor se estructura sobre la base de la indeterminación del precepto, ya que aun cuando la misma ley identifica el objeto propio y específico de tales entidades, no fijó pautas y criterios objetivos para individualizar los actos y negocios excluidos del mismo, y que por consiguiente, dan lugar a que, en relación con estos, se predique la calidad de contribuyente. Así las cosas, la ley no permite determinar respecto de qué actos se predica la calidad de no contribuyente, y respecto de cuáles otros, la calidad contraria.

Para definir si en este caso hay lugar a un fallo de fondo, a continuación se indicará el contexto normativo en el que se inscribe la presente controversia, para luego establecer la procedencia de un juicio de constitucionalidad.

4.1. El contexto normativo del cargo por la indeterminación del precepto acusado.

Lo primero que advierte esta corporación es que la apreciación del accionante sobre la indeterminación del aparte normativo impugnado recoge las controversias que se han suscitado en la práctica en torno al alcance del beneficio tributario otorgado en favor de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal.

Por un lado, se advierte una ambigüedad en la disposición. En la medida en que las personas jurídicas únicamente pueden realizar los actos, negocios, actividades y operaciones que se encuentran comprendidos dentro de su objeto social fijado en la ley y en los estatutos, el cargo por la indeterminación normativa carecería de sentido si la expresión se entendiese en un sentido amplio, pues por principio, todas los actos y negocios válidos desplegadas por cualquier persona jurídica se encuentran comprendidas dentro de su objeto social, y de este modo, en relación con la totalidad de todos ellos, los sujetos originados en la conformación de la propiedad horizontal tendrían la calidad de no contribuyentes. Es decir, un entendimiento semejante tornaría totalmente ineficaz el aparte normativo demandado, en contravía del principio hermenéutico del efecto útil, y además haría totalmente incomprensible el cargo formulado por el accionante, porque no existiría ninguna duda sobre el alcance del beneficio tributario.

En tales circunstancias, pese a la ambigüedad de la disposición, debe entenderse que cuando el artículo 33 de la Ley 675 de 2001 alude al objeto social, estableciendo que únicamente en relación con las actividades que integran el objeto se tiene la calidad de contribuyente, se tiene la calidad de no contribuyente, se refiere exclusivamente al objeto propio y específico de tales sujetos definido en la propia ley de propiedad horizontal en su ART. 32.—Interpretado así el precepto acusado, habría que distinguir entre el objeto propio y específico determinado legalmente, que se refiere exclusivamente a las actividades relacionadas con la administración de los bienes y servicios comunes y el manejo de los asuntos comunes de los copropietarios en relación con la copropiedad, y el objeto social estatutario, que en virtud del principio de autonomía de la voluntad, podría comprender actos, negocios, actividades y operaciones que rebasan el objeto propio y específico definido legalmente. Dentro de este marco hermenéutico, el beneficio tributario versaría exclusivamente sobre las actividades comprendidas dentro de la primera categoría, mientras que respecto de todas las demás, el sujeto tendría la calidad de contribuyente.

No obstante, la mayor controversia no ha girado en torno a esta ambigüedad sino en torno a los criterios para la individualización de las actividades que hacen parte del objeto propio de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal, y en particular, en torno a la pregunta sobre si respecto de la explotación económica de los bienes comunes para sufragar los gastos de la copropiedad, se tiene la calidad de no contribuyente.

Inicialmente, los artículos 3º y 32 y el parágrafo del artículo 33 de la Ley 675 de 2001, precisaron el objeto propio de estos sujetos, y de este modo, demarcaron el alcance del beneficio tributario. Así, el artículo 32 dispuso que este objeto es triple(10) (i) Administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes; (ii) manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados; (iii) cumplir y hacer cumplir la ley el reglamento de propiedad horizontal. Por su parte, el parágrafo del artículo 33 aclaró que la producción de renta a partir de los bienes comunes, destinada a sufragar todo tipo de expensas comunes, no desvirtúa su calidad de persona jurídica de carácter civil sin ánimo de lucro(11). Finalmente, el artículo 3º fijó el concepto de “expensa común”, entendiendo por tal las “erogaciones causadas por la administración la prestación de los servicios comunes esenciales requeridas para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes del edifico o conjunto”, que comprende, entre otras cosas, los servicios de mantenimiento, reparación, reposición y vigilancia de bienes comunes, los servicios públicos esenciales relacionados con estos, y en el caso de las propiedades de uso comercial, los costos asociados al mercadeo(12). En este contexto, originalmente la ley le dio un amplio alcance al objeto de la propiedad horizontal, entendiendo que incluso las actividades productivas generadoras de recursos, hacen parte del objeto de la persona jurídica, cuando los recursos obtenidos se destinen a cubrir cualquier tipo de gastos comunes. Así las cosas, sería la destinación de los recursos, y no el tipo de actividad desplegada, lo que conferiría la condición de contribuyente o de no contribuyente al respectivo sujeto.

Pese a la amplitud de esta definición, la administración tributaria, y especialmente la DIAN, entendió desde un principio que las personas jurídicas constituidas a partir de una propiedad horizontal son contribuyentes respecto de cualquier actividad u operación comercial o productiva, incluso cuando los recursos obtenidos se destinen a sufragar los gastos y las expensas comunes.

Así, con respecto al gravamen sobre los movimientos financieros, esta autoridad ha sido enfática al señalar que el beneficio tributario opera únicamente con respecto a las cuotas de administración que cancelan periódicamente los copropietarios, y que los demás ingresos, cualquiera sea su origen o naturaleza, se encuentran gravados. Por tal motivo, la persona jurídica debe crear una cuenta bancaria que tenga por objeto exclusivo recaudar estos ingresos, y únicamente esta cuenta se encuentra exenta del gravamen. Así las cosas, cuando se obtienen ingresos por actividades distintas al recaudo de las cuotas de administración, como cuando se despliegan actividades comerciales o se prestan otro tipo de servicios generadores de renta, los ingresos que sean canalizados a través del sistema financiero, se encuentran sujetas al GMF, incluso cuando con ellos se pretendan pagar las expensas comunes y cuando tales recursos se objetan con la explotación de los bienes de la copropiedad(13).

Un entendimiento análogo ha tenido esta entidad con respecto al IVA. Así, ha establecido que las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal son contribuyentes respecto de las operaciones económicas que tengan una naturaleza comercial, incluso cuando sean el resultado de la explotación de bienes comunes y cuando los recursos se destinen a satisfacer los gastos comunes o a permitir la realización del objeto de la copropiedad. A modo de ejemplo, a su juicio los centros comerciales son contribuyentes respecto de los servicios de parqueadero y del arrendamiento de espacios comunes(14).

Y de igual modo, la DIAN ha concluido que cualquier actividad comercial o de prestación de servicios confiere a tales sujetos la calidad de contribuyente con respecto al impuesto a la renta(15).

Dada la inconformidad de los copropietarios, especialmente de los de los centros comerciales, con esta interpretación de la DIAN, los actos sancionatorios de esta última han sido impugnados sistemáticamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que, en general, ha adoptado la posición contraria a la administración tributaria. A su juicio, la calidad de no contribuyente no están en función del carácter productivo de la operación desplegada, sino en función de la destinación de los ingresos obtenidos, y de la utilización de bienes comunes en la producción de la renta. Así por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Administrativo de Risaralda han concluido que en virtud de la definición legislativa, la calidad de no contribuyente se predica incluso de la explotación económica de bienes comunes, cuando tiene por objeto la adecuada administración de la copropiedad, el pago de expensas comunes, o asegurar la existencia, seguridad, estabilidad y seguridad de la propiedad horizontal; con respecto a tales ingresos adicionales, distintos al pago de las cuotas de sostenimiento sufragadas por los copropietarios, como ocurre con el servicio de parqueadero ofrecido por los centros comerciales, también opera la calificación de no contribuyente(16).

Para zanjar esta controversia, el Decreto 1060 de 2009 precisó el alcance del artículo 32 de la Ley 675 de 2001, aclarando que la explotación económica sobre los bienes comunes, destinada al pago de expensas comunes y a asegurar la existencia de la propiedad horizontal y la estabilidad, el funcionamiento, la conservación, la seguridad, el uso, el goce o la explotación de los bienes de dominio particular, se encuentran comprendidos dentro del objeto de la persona jurídica.

En este sentido, el referido artículo dispone lo siguiente:

“Para los efectos de la Ley 675 de 2001, entiéndese que forman parte del objeto social de la propiedad horizontal, los actos y negocios jurídicos que se realicen sobre los bienes comunes por su representante legal, relacionados con la explotación económica de los mismos que permitan su correcta y eficaz administración, con el propósito de obtener contraprestaciones económicas que se destinen al pago de expensas comunes del edificio o conjunto y que además facilitan la existencia de la propiedad horizontal, su estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular”.

Pese a lo anterior, la DIAN sostuvo que como la definición de los sujetos pasivos de la obligación tributaria están sujeta al principio de legalidad, el criterio a tener en cuenta no estaba en el mencionado Decreto 1060 de 2009, sino en su interpretación de la misma ley. Es decir, la entidad mantuvo su posición inicial, entendiendo que la calidad de no contribuyente no se extiende a las actividades productivas originadas en la explotación de bienes comunes, incluso cuando con los recursos se destinen al pago de expensas comunes. En este sentido, la entidad sostuvo lo siguiente:

“De la anterior interpretación, es claro que para efectos tributarios, esto es la no sujeción de impuestos del orden nacional, la Corte precisó que el objeto social de la propiedad horizontal no es otro diferente del consagrado en el artículo 32 de la Ley 675 de 2001 -administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.También fue expresa la sentencia al indicar que si una propiedad horizontal realiza actividades ajenas al objeto definido en la ley, será competencia de la autoridad tributaria determinar el gravamen en cada caso.

Lo anterior encuentra su explicación en el artículo 338 de la Constitución Política según el cual ‘En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos...”.

En el caso de los tratamientos tributarios exceptivos, la Corte ha manifestado, que estos deben ser fijados por el legislador (C-587, dic. 7/95) (...) Por lo anterior, siendo claro que el Gobierno Nacional no tiene competencia para determinar los hechos económicos materia de beneficios tributarios, no puede interpretarse que el Decreto 1060 de 2009 tuvo ese fin, luego el alcance de la exclusión establecida en el artículo 33 de la Ley 675 de 2001 no es otro que el que fijó la Corte Constitucional en la sentencia antes comentada, que se encuentra reflejado en la doctrina vigente de la DIAN...”(17).

Por su parte, la jurisdicción de lo contencioso ha persistido en su interpretación original, en los términos señalados anteriormente(18).

Esta divergencia se mantuvo hasta el año 2012, cuando los artículos 47 y 186 de la Ley 1607 de 2002 modificaron el artículo 33 de la Ley 675 de 2001, estableciendo notables excepciones a la regla general según la cual, las actividades desplegadas por las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal, que hacen parte de su objeto propio y específico, dan lugar a la calificación de no contribuyente.

En primer lugar, se dispuso que cuando la propiedad no tenga uso residencial, los sujetos respectivos pierden la calidad de no contribuyentes de impuestos nacionales con respecto a la explotación industrial o comercial de los bienes comunes que produzcan renta. En este sentido el artículo 186 de la Ley 1607 de 2012 dispone al respecto lo siguiente:

“Las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o algunos de sus bienes o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, perderán la calidad de no contribuyentes de los impuestos nacionales otorgada mediante el artículo 33 de la Ley 675 de 2001. Los ingresos provenientes de la explotación de los bienes o áreas comunes no podrán destinarse al pago de los gastos de existencia y mantenimiento de los bienes de dominio particular, ni ningún otro que los beneficie individualmente, sin perjuicio de que se invierta en las áreas comunes que generan las rentas objeto del gravamen

PAR. 1º—En el evento de pérdida de la calidad de no contribuyente según lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal estarán sujetas al régimen tributario especial de que trata el artículo 19 del estatuto tributario.

PAR. 2º—Se excluirán de lo dispuesto en este artículo, las propiedades horizontales de uso residencial”.

Por su parte, el artículo 47 de la misma ley estableció que el servicio de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes genera impuesto sobre las ventas, siendo responsable del mismo la persona jurídica originada en la propiedad horizontal o quien preste directamente el servicio. Al respecto se dispuso lo siguiente:

“Responsabilidad en los servicios de parqueadero prestado por las propiedades horizontales. En el caso del impuesto sobre las ventas causado por la prestación directa del servicio de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes por parte de las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal o sus administradores, son responsables del impuesto la persona jurídica constituida como propiedad horizontal o la persona que preste directamente el servicio”.

Una vez establecido el contexto normativo, la Corte pasa a examinar si es posible proferir un pronunciamiento de fondo, toda vez que, según se señaló anteriormente, con posterioridad a la presentación de la demanda ocurrió un cambio normativo que tiene una relación directa con el contenido de la proposición jurídica impugnada.

La procedencia del juicio de constitucional respecto del cargo por la indeterminación normativa.

Pese a que en principio la demanda pone de presente la indeterminación del artículo 33 de la Ley 675 de 2001, y pese a que esto ha conducido a una amplia y profunda controversia en las instancias administrativas y judiciales, la circunstancia de haber ocurrido un cambio normativo que altera sustancialmente la proposición jurídica demandada en aspectos relacionados con los cargos formulados por el actor, impide adelantar el juicio de constitucionalidad sobre la norma impugnada.

En efecto, el precepto demandado establece que las personas jurídicas originadas en la conformación de la propiedad horizontal tienen la calidad de no contribuyentes respecto de las actividades propias de su objeto social. La Ley 1607 de 2012, por su parte, identifica ciertas actividades respecto de las cuales la persona jurídica tiene la calidad de contribuyente. Así, según el artículo 186 de la Ley 1607 de 2012, cuando la propiedad horizontal tiene un uso distinto al residencial, la explotación industrial o comercial de los bienes comunes destinada a la producción de renta da lugar a la calificación de contribuyente de los impuestos nacionales de la persona jurídica. De modo semejante, los servicios de parqueadero y de estacionamiento en zonas comunes genera el impuesto sobre las ventas, independientemente de que los recursos obtenidos se destinen a la copropiedad.

Como puede observarse, en estos casos la realización de actividades comprendidas dentro del objeto social no da lugar a la calificación de no contribuyente, como inicialmente había previsto el artículo 33 de la Ley 675 de 2001. Es decir, la proposición jurídica tiene ahora un contenido sustancialmente distinto en virtud de un hecho sobreviniente, como es la expedición de la normativa referida.

Pero no solo se ha modificado el contenido de la proposición jurídica, sino que además se alteró en los aspectos específicos sobre los cuales versaba la acusación del accionante. Tal como se indicó anteriormente, a juicio del peticionario la indeterminación normativa que provocaba la vulneración de los principios de legalidad y certeza, y consecuencialmente los de justicia y equidad tributaria, se generaba porque aunque la ley fija los criterios para determinar el contenido del objeto propio de los sujetos originados en la propiedad horizontal, no determinaba las actividades respecto de las cuales se tiene la calidad contraria.

La Ley 1607 de 2012 justamente clarifica esta cuestión, determinando, por un lado, que las actividades productivas emprendidas por la propiedad horizontal sobre los bienes comunes, da lugar a la calificación de contribuyente, y por otro, que el servicio de parqueadero suministrados por tales personas, genera el impuesto de IVA. De este modo, la nueva ley contiene la regulación cuya ausencia había puesto presente el actor, y que a su juicio, provocaba la indeterminación normativa.

Como consecuencia de lo anterior, las controversias específicas que se han suscitado, si no han sido disipadas plenamente con la entrada en vigencia de esta nueva normativa, el menos han alterado el contexto jurídico de los cargos. Como se indicó anteriormente, las divergencias entre la administración tributaria y los contribuyentes versaron justamente sobre los efectos tributarios del servicio de parqueadero suministrado por centros comerciales, y sobre la explotación económica de las copropiedades con un uso distinto al residencial. Ambas cuestiones son ahora tratadas en la nueva ley.

Así las cosas, la Corte encuentra que en esta oportunidad no hay lugar a un pronunciamiento de fondo, por las siguientes razones: primero, porque el contenido de la proposición jurídica acusada se ha alterado, pues mientras según el artículo 33 de la Ley 675 de 2001, la realización de las actividades comprendidas dentro del objeto social de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal, da lugar a la calificación de no contribuyente, la Ley 1607 de 2012 establece que en los casos reseñados anteriormente, las actividades emprendidas por el sujeto dan lugar a la calificación de contribuyente. En segundo lugar, la mencionada ley modifica el precepto acusado en los aspectos que a juicio del peticionario, daban lugar a la indeterminación normativa; es decir, la reforma normativa alteró el sustento de los cargos formulados por el actor. Y finalmente, dicha ley ha versado sobre las principales controversias que existían en torno al sentido y alcance del precepto demandado, de modo que el contexto jurídico de la acusación formulada por el actor es sustancialmente distinto al día de hoy.

Ya esta corporación ha determinado que cuando la proposición jurídica se ha modificado con posterioridad a la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, no es posible la formulación del juicio respectivo, pues en tal caso el examen recaería sobre un contenido normativo inexistente. En la Sentencia C-1187 de 2005(19), por ejemplo, la Corte se declaró inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 2º. a. (parcial), 9º (parcial) y 17 de la Ley 4ª de 1992, 279 de la Ley 100 de 1993 y 1º de la Ley 238 de 1995, que establecían regímenes pensionales especiales, en principio incompatibles con el principio de igualdad; la razón de tal decisión fue justamente la aprobación del Acto Legislativo 1 de 2005, referido justamente a los regímenes pensionales especiales, porque implicaba un cambio en los parámetros de constitucionalidad, y porque también modificaba el contenido y alcance de los preceptos acusados.

Ahora bien, aunque algunas de las intervenciones hicieron referencia explícita a la reforma tributaria contenida en la Ley 1607 de 2012, tales participaciones no tienen la potencialidad de dar un curso distinto al debate planteado por el peticionario, ni subsanar las dificultades originadas en la ocurrencia de hechos posteriores a la presentación de la respectiva demanda. En tal sentido, esta corporación ha expresado que cuando las intervenciones ciudadanas se presentan en el curso de un proceso iniciado en virtud de la acción pública de inconstitucionalidad, “el ámbito de las intervenciones ciudadanas está definido en función de los cargos presentados, tanto en cuanto a las normas demandadas, como, en principio, también a las concretas acusaciones formuladas por el actor”, por lo que la ocurrencia de un hecho posterior a la presentación de la demanda, no pueden ser enmendado con las intervenciones.

En tales circunstancias, la Corte deberá inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo.

5. Recapitulación.

De acuerdo con el planteamiento anterior, la Corte concluye lo siguiente:

1. El peticionario demandó el artículo 33 de la Ley 675 de 2001, por considerar que al hacer depender la calificación de las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal como contribuyentes o no contribuyentes, de un hecho indeterminado e indeterminable como es la realización de actividades que integral el objeto propio de tales sujetos, lesiona los principios de legalidad y certeza tributaria, y consecuencialmente, los de justicia y equidad.

2. Aunque en la Sentencia C-812 de 2009 la Corte declaró la exequibilidad del precepto demandado, como la decisión se adoptó a partir del examen de cargos distintos a los planteados en esta oportunidad, hay lugar a un nuevo examen de constitucionalidad.

3. La Corte encuentra que no hay lugar a un pronunciamiento de fondo, por cuanto la Ley 1607 de 2012, expedida con posterioridad a la presentación de la demanda, modificó el contenido del precepto acusado. En efecto, el artículo 33 de la Ley 675 de 2001 establece que las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal tienen la calidad de no contribuyentes respecto de las actividades comprendidas dentro de su objeto social; por el contrario, los artículos 47 y 186 de la referida ley señalan las actividades que pese a estar comprendidas dentro de tal objeto, dan lugar a la calificación de contribuyente. Así ocurre con la explotación económica de bienes comunes en propiedades horizontales que no tienen un uso residencial, y con la prestación del servicio de parqueadero y de estacionamiento en zonas comunes.

Teniendo en cuenta que la proposición jurídica acusada tiene hoy en día un contenido diverso al expuesto por el actor en su demanda, y que la reforma normativa modificó el precepto en los aspectos en torno a los cuales se estructuraron los cargos por la infracción de los principios de legalidad y certeza, y consecuencialmente los de justicia y equidad tributaria, no es posible adelantar el examen propuesto, por lo que la Corte deberá abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. DECLARARSE INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la expresión “en relación con las actividades de su objeto social” contenida en el artículo 33 de la Ley 675 de 2001.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(9) El artículo 195 del Decreto 1333 de 1986 dispone al respecto lo siguiente: “El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos”. La expresión “que se ejerzan o realicen en las respectivas jurisdiccionales municipales” fue declarada exequible en la Sentencia C-121 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(10) El artículo 32 de la Ley 675 de 2001 dispone al respecto lo siguiente: “Objeto de la persona jurídica. La propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica conformada porlos propietarios de los bienes de dominio particular. Su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común delos propietarios de bienes privadosy cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal”. En la Sentencia C-318 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de las expresiones “los propietarios de los bienes de dominio particular” y “los propietarios de bienes privados”.

(11) El parágrafo del artículo 33 de la Ley 675 de 2001 dispone lo siguiente: “La destinación de algunos bienes que produzcan renta para sufragar expensas comunes, no desvirtúa la calidad de persona jurídica sin ánimo de lucro”.

(12) El artículo 3º de la Ley 675 de 2001 dispone al respecto lo siguiente: Expensas comunes necesarias: Erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de los servicios comunes esenciales requeridos para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes del edificio o conjunto. Para estos efectos se entenderán esenciales los servicios necesarios, para el mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes, así como los servicios públicos esenciales relacionados con estos. // En los edificios o conjuntos de uso comercial, los costos de mercadeo tendrán el carácter de expensa común necesaria, sin perjuicio de las excepciones y restricciones que el reglamento de propiedad horizontal respectivo establezca. Las expensas comunes diferentes de las necesarias, tendrán carácter obligatorio cuando sean aprobadas por la mayoría calificada exigida para el efecto en la presente ley”.

(13) Conceptos generales 017885 de 2007, 067930 de 2006, 011847 de 2006, 002 de 2003 y 0079568 de 2002 de la DIAN.

(14) Conceptos generales 0061825 de 2007, 0011847 de 2006 y 0001 de 2003 de la DIAN.

(15) Concepto General 057185 de 2008 de la DIAN.

(16) Al respecto se encuentran las siguientes sentencias: Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 27 de julio de 2011, Exp. 0236-01, M.P. Stella Carvajal Busto; Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 1º de septiembre de 2010, Exp. 0177-01, M.P. Stella Jeannete Carvajal Busto.

(17) Concepto 013620 de 2013 de la DIAN.

(18) Sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda del 21 de junio de 2013, Exp. O-0193 de 2013, M.P. Olga Lucía Jaramillo Giraldo; sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda del 9 de mayo de 2013, Exp. 0059.2013, M.P. Olga Lucía Jaramillo Giraldo.

(19) M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.