Sentencia C-517 de julio 9 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-517 de 2002 

Ref.: Proceso D-3839

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Actor: Carlos Mario Isaza Serrano

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 107, 109, 111, 121 y 123 (todos parcialmente) del Decreto 261 de 2000, “por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”.

Bogotá, D.C., julio nueve de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Norma acusada. A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 43.903.

DECRETO 261 DE 2000 

(Febrero 22)

Por el cual se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.

ART. 107.—La Fiscalía General de la Nación tiene su propio régimen de carrera, el cual es administrado en forma autónoma, sujeta a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios.

Su administración corresponde a la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General, conformada por el Fiscal General o el Vicefiscal General quien la presidirá, el secretario general, el director nacional administrativo y financiero, dos representantes de los servidores, elegidos por estos según el procedimiento de elección que fije el Fiscal General de la Nación. El jefe de la oficina de Personal, actuará como secretario de la comisión con voz pero sin voto.

La comisión expedirá su propio reglamento.

ART. 109.—La convocatoria es norma obligatoria y reguladora de todo proceso de selección y se divulgará conforme lo establezca el reglamento que expida la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General.

ART. 111.—Las pruebas tienen como finalidad apreciar la capacidad, la idoneidad, y las aptitudes del aspirante mediante la valoración objetiva y ponderada de los conocimientos, títulos y estudios académicos, experiencia profesional y habilidades para el cargo, de conformidad con el reglamento que expida la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General.

ART. 121.—Corresponde al superior inmediato, calificar los servicios de sus subalternos, de conformidad con el sistema e instrumentos establecidos por la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación.

ART. 123.—La calificación de servicios será la resultante de un control permanente del funcionario y empleado y comprenderá la calidad de trabajo, la cantidad de la producción, y el comportamiento laboral según el reglamento que expida la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 241 numeral 5º de la Carta Política, desarrollado por el artículo 43 de la Ley 270 de 1996, y el Decreto 2067 de 1991, esta corporación es competente para decidir sobre la presente demanda.

2. Aclaración preliminar.

En la presente causa se impugna en su totalidad el inciso segundo del artículo 107 del Decreto 261 de 2000. Sobre los apartes “...el director nacional administrativo y financiero...” (...) “...según el procedimiento de elección que fije el Fiscal General de la Nación...” de dicho inciso, ya la Corte se pronunció en Sentencia C-1546 de 2000 declarando su exequibilidad, motivo por el cual sobre esos segmentos normativos ha operado la cosa juzgada constitucional y habrá de estarse a lo resuelto en este pronunciamiento. Por lo tanto, la Corte entrará a analizar los restantes apartes normativos de la citada disposición que por sí solos conforman una proposición jurídica completa.

3. Lo que se debate.

En la presente oportunidad corresponde a esta corporación determinar si las normas acusadas, al señalar a la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación, como la encargada de administrar en forma autónoma la carrera especial del ente acusador y, por ende, regular aspectos tales como la expedición de su propio reglamento, el de las convocatorias, las pruebas y la calificación de servicios, han vulnerado los preceptos constitucionales que radican en el Consejo Superior de la Judicatura la competencia para administrar la carrera judicial.

En criterio del presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura las normas demandadas son inexequibles, pues de conformidad con el artículo 256 superior, desarrollado por el artículo 85, numerales 17 y 22, de la ley estatutaria de la administración de justicia, es a dicho organismo le compete (sic) administrar y reglamentar la carrera judicial para todos los servidores que conforman la rama judicial, sin discriminar ninguna de las corporaciones que la integran, entre ellas, la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación y el procurador consideran, por su parte, que las disposiciones impugnadas se avienen al estatuto superior, toda vez que en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 125, 150-23 y 253 de la Ley Fundamental, el legislador se encuentra habilitado para establecer un régimen especial y autónomo de carrera para la Fiscalía General de la Nación como expresión de la autonomía administrativa y presupuestal que le reconoce la Carta Política en su artículo 249, de tal suerte que en virtud de este status especial el ente acusador puede contar con un sistema propio de administración de la carrera en cabeza de la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación.

Con el fin de despejar el interrogante que plantea la demanda, la Corte considera necesario previamente referirse en términos generales a la carrera administrativa y a las carreras especiales y al régimen especial y autónomo de carrera en la Fiscalía General de la Nación.

4. La carrera administrativa y las carreras especiales.

Esta corporación reiteradamente ha expresado (3) que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Carta Política, por regla general los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera salvo las excepciones previstas en la norma constitucional que se refieren a los cargos de elección popular, los de trabajadores oficiales, libre nombramiento y remoción, y los demás que señale la ley, y que compete al legislador la determinación del régimen jurídico correspondiente, señalando el sistema de nombramiento, los requisitos y condiciones para determinar los méritos y calidades de los aspirantes así como las causales de retiro del servicio oficial, para lo cual goza de un amplio margen de configuración sin perder de vista que la carrera administrativa tiene el carácter de principio del ordenamiento superior “que además se constituye en cimiento principal de la estructura del Estado, a tiempo que se erige en instrumento eficaz para la realización de otros principios de la misma categoría, como los de igualdad e imparcialidad, y de derechos fundamentales tales como el consagrado en el numeral 7º del artículo 40 de la Constitución, que le garantiza a todos los ciudadanos, salvo las excepciones que establece la misma norma superior, el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos (4) ”.

(3) Sentencias C-746 de 1999, C-370 de 2000, C-1546 de 2000, C-670 de 2001.

(4) Sentencia C-563 de 2000.

Los contornos de esta facultad, según la jurisprudencia, están delimitados por tres objetivos fundamentales a saber:

i) La búsqueda de la eficiencia y eficacia en el servicio público, ya que la administración debe seleccionar a sus trabajadores exclusivamente por el mérito y su capacidad profesional empleando el concurso de méritos como regla general para el ingreso a la carrera administrativa;

ii) La garantía de la igualdad de oportunidades, pues de conformidad con lo preceptuado en el artículo 40-7 de la Carta todos los ciudadanos tienen igual derecho a acceder al desempeño de cargos y funciones públicas; y

iii) La protección de los derechos subjetivos consagrados en los artículos 53 y 125 de la Carta, pues esta corporación ha señalado que las personas vinculadas a la carrera son titulares de unos derechos subjetivos adquiridos que deben ser protegidos y respetados por el Estado (5) .

(5) Ver entre otras, las Sentencias T-419 de 1992 y C-479 de 1992.

La Corte también ha señalado (6) que de conformidad con el artículo 130 de la Carta Política existen varias carreras administrativas, una administradas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y otras que se separan de dicha competencia por tener carácter especial en los términos previstos en la ley. Regímenes especiales que pueden tener origen constitucional o legal y que también deben ser configurados por el legislador bien directamente o mediante el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo (7) .

(6) Sentencia C-746 de 1999.

(7) Es de observar que a algunos de los órganos cuya carrera es de origen constitucional la Carta les ha reconocido expresamente el atributo de la autonomía, la cual no se ve vulnerada por la circunstancia de que el Congreso de la República otorgue facultades extraordinarias al ejecutivo con el fin de que determine lo concerniente a la carrera administrativa en dichos organismos “pues cuando el Presidente de la República ejerce funciones legislativas, por virtud de las facultades extraordinarias, asume el papel de legislador y no puede decirse que en esa función está sujeto a los órganos de control ya que en el ejercicio de la misma está sujeta al control del juez constitucional”. (Sent. C-409/2001)

La Corte mediante sentencias C-391 de 1993 y C-356 de 1994 ha determinado que los regímenes especiales creados por la Constitución son: el de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (arts. 217 y 218); Fiscalía General de la Nación (art. 253); rama judicial del poder público (art. 256, num. 1º); Contraloría General de la República (art. 268 num. 10), y Procuraduría General de la Nación (art. 279). Lista a la que hay que agregar la carrera de las universidades del Estado (art. 69), de acuerdo con lo expresado en la Sentencia C-746 de 1999.

Además de los regímenes especiales de rango constitucional, pueden existir regímenes especiales de origen legal. Al efecto, el artículo 4º de la Ley 443 de 1998, por la cual se expidieron normas sobre carrera administrativa, dispone que los regímenes especiales de carrera creados por la ley son aquellos que “en razón de la naturaleza de las entidades en las cuales se aplican, contienen regulaciones específicas para el desarrollo y aplicación de la carrera y se encuentran consagradas en leyes diferentes a las que regulan el sistema general”. El mismo artículo 4º determina que estos son los que rigen para el personal que presta sus servicios en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec; en la Registraduría Nacional del Estado Civil; en la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales; los que regulan la carrera diplomática y consular y la docente. Así mismo el parágrafo 2º de dicha disposición establece que “...el personal científico y tecnológico de las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en razón de que su misión, objeto y funciones básicas consisten en la investigación y/o el desarrollo tecnológico, tendrán un régimen específico de carrera y de administración de su personal, de conformidad con el reglamento que para el efecto adopte el Gobierno Nacional...”.

Para la Corte el establecimiento por parte del legislador de regímenes especiales de carrera debe responder a un principio de razón suficiente, en la medida en que a través de ellos debe tomar en consideración la especificidad de las funciones que cumple el respectivo órgano o institución, de manera que el sistema específico de carrera que se adopte contribuya eficazmente al cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas por la Constitución o la ley.

Estos regímenes especiales serán constitucionales “en la medida en que respeten el principio general, esto es que establezcan procedimientos de selección y acceso basados en el mérito personal, las competencias y calificaciones específicas de quienes aspiren a vincularse a dichas entidades, garanticen la estabilidad de sus servidores, determinen de conformidad con la Constitución y la ley las causales de retiro del servicio y contribuyan a la realización de los principios y mandatos de la Carta y de los derechos fundamentales de las personas, a tiempo que hagan de ellos mismos instrumentos ágiles y eficaces para el cumplimiento de sus propias funciones, esto es, para satisfacer, desde la órbita de su competencia, el interés general (8) ”.

(8) Sentencia C-563 de 2000.

Vale la pena anotar que según la jurisprudencia (9) el origen de creación de un régimen de carrera constitucional o legal no es el único criterio para diferenciar si un régimen es especial o no, pues, al legislador le corresponde, al hacer las determinaciones del caso, atender la propia naturaleza del régimen y las consecuencias que su decisión implica, entre ellas el hecho de que sobre un determinado régimen de creación legal la Comisión Nacional del Servicio Civil tenga o no la competencia señalada en el artículo 130 de la Constitución.

(9) Sentencia C-746 de 1999.

5. El régimen especial y autónomo de carrera de la Fiscalía General de la Nación. Significado y alcance.

De conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución, la Fiscalía General de la Nación “forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal”. Declaración que en sentir de la Corte tiene consecuencias en cuanto al desarrollo de dicha autonomía pues al legislador le compete regular los aspectos enunciados en el artículo 253 Superior, toda vez que como lo ha dicho esta corporación “respecto del máximo ente de investigación criminal, le corresponderá a la ley ordinaria desarrollar los temas concernientes con su estructura y funcionamiento, en lo relacionado con (i) la asignación de la planta de personal que corresponda, (ii) su variación en los casos en que resulte necesario y (iii) la fijación del manual de requisitos y funciones de cada uno de sus empleos (10) . Esta facultad se precisa aún más en el caso del régimen de ingreso, permanencia y desvinculación (carrera administrativa) (11) ”.

(10) Cfr. artículo 30 de la Ley 270 de 1996.

(11) Sentencia C-670 de 2001.

La jurisprudencia ha expresado (12) que la circunstancia de que la fiscalía forme parte de la rama judicial y al mismo tiempo goce de autonomía administrativa y presupuestal obedece a la necesidad —evidenciada en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente—, de otorgarle al ente investigador, en razón de las funciones que le han sido atribuidas por la Carta, “un origen, una estructura, una organización y una libre designación de subalternos (...) completamente distintos y separados de los que ya tienen los jueces” (se resalta), según consta en los antecedentes respectivos donde explícitamente quedó consignado el deseo de que la fiscalía fuera un órgano autónomo integrado apenas funcionalmente al poder judicial (13) .

(12) Sentencia C-670 de 2001.

(13) Ponencia para primer debate: Fiscalía General de la Nación. Carlos Daniel Abello Roca. Gaceta Constitucional 81, páginas 13 y 14 y Gaceta Constitucional 90, páginas 15 y 16. Sobre el particular se dijo en la ponencia ya citada: “De todo lo anterior se puede colegir que se impone un sistema acusatorio “a la colombiana” vale decir, ajustado a nuestras condiciones y capacidades. Tomando la idea de la constitución española (1978) y especialmente de la Ley orgánica del Ministerio Fiscal (L. 50/81, art. 2º) he propuesto que la Fiscalía General de la Nación sea un órgano autónomo integrado funcionalmente al poder judicial”. A la misma conclusión se llegó en la ponencia para segundo debate (Gaceta Constitucional 115, pág. 22).

En Sentencia C-409 de 2001, la Corte se detuvo en el análisis de este aspecto y consideró que el hecho que la Carta haya preceptuado que la fiscalía forma parte de la rama judicial no afecta su autonomía pues simplemente significa que el ente investigador está sometido a los principios materiales de la función judicial:

“La pertenencia de la Fiscalía General de la Nación a la rama judicial del poder público y su condición de órgano titular de la administración de justicia, si bien significa sujeción a los principios propios de la materialidad de dicha función, no afecta la autonomía que constitucionalmente se le reconoce, conforme a lo expuesto en esta misma providencia. Por lo anterior, es claro que el mandato del artículo 152.b) de la Constitución en cuanto exige la regulación mediante ley estatutaria de la materia relativa a “la administración de justicia”, ha de interpretarse en consonancia con las reglas enunciadas en los artículos 249, inciso segundo —autonomía administrativa y presupuestal de la fiscalía— y 253 de la Constitución. Esta última disposición cuando prevé que la ley “determinará” lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales régimen disciplinario de los funcionarios o empleados de su dependencia, no exige que las normas pertinentes revistan un carácter especial y por lo tanto ha de entenderse que deben ser adoptadas mediante el procedimiento propio de las leyes ordinarias. En efecto conforme a jurisprudencia invariable de esta corporación las competencias legislativas deben cumplirse a través del procedimiento de la ley ordinaria salvo las excepciones establecidas en la propia Constitución, que en cuanto tales han de interpretarse y aplicarse de manera restrictiva (...)” (14) .

(14) Corte Constitucional. Sentencia C-409 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis. En esta oportunidad la Corte revisó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los numerales 1º, 2º, 3º y 4º, y el parágrafo 3º del artículo 1º de la Ley 573 de 2000 y contra el artículo 107 del Decreto-Ley 261 de 2000.

En atención a lo dispuesto el literal b) del artículo 152 de la Constitución, el Congreso expidió la Ley estatutaria de la administración de justicia cuyo artículo 30, en concordancia con el artículo 249 superior, también le reconoce a la Fiscalía General de la Nación autonomía administrativa y presupuestal, dejando en manos de la ley la determinación de su estructura y funcionamiento, autorizando al Fiscal General para su desarrollo con sujeción a los principios y reglas generales definidos en la ley (15) .

(15) El artículo 30 de la Ley 270 de 1996 dispone: Artículo 30.—Estructura administrativa de la Fiscalía General de la Nación. Corresponde a la ley determinar la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general desarrollará dicha estructura con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley. En desarrollo de tal facultad, asignará la planta de personal que corresponda a cada dependencia, podrá variarla cuando lo considere necesario y establecerá el manual de requisitos y funciones de cada uno de los empleos. En ejercicio de estas atribuciones, el fiscal general no podrá crear, con cargo al tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

La Corte Constitucional al efectuar la revisión del proyecto de ley estatutaria dejó claramente establecido que la autonomía del ente acusador no sólo implica el reconocimiento de un status especial respecto de los demás órganos que componen la rama judicial, sino que también comprende todos los aspectos propios de las decisiones administrativas y presupuestales con independencia del Consejo Superior de la Judicatura.

Dijo esta Corte:

“La Constitución Política le asignó a la Fiscalía General de la Nación un status especial en relación con las otras entidades que hacen parte de la rama judicial del poder público. Esa diferenciación se establece a partir de la autonomía presupuestal y administrativa que se le confiere al ente acusador (C.P., art. 249), de forma tal que éste pueda definir los asuntos sobre los que versan estas materias en forma independiente, sin depender para ello del órgano al que constitucionalmente se le ha otorgado de manera general esa atribución dentro de la rama, esto es, el Consejo Superior de la Judicatura. Dentro de ese mismo orden de ideas, la Corte estima que la autonomía a la que se ha venido haciendo referencia abarca todos los aspectos propios de las decisiones administrativas y presupuestales, entre los que se encuentran, lógicamente, la definición de la estructura de la fiscalía, la determinación de la planta de personal y la asignación del manual de requisitos y de funciones.

“Las anteriores consideraciones no significan de modo alguno que el ente acusador goce de plena autonomía para ejercer las atribuciones en comento, pues resulta claro que el Congreso, a través de una ley ordinaria, deberá definir ciertos aspectos presupuestales y administrativos de la fiscalía. Tal es el caso, por ejemplo, de la fijación de la planta de personal —la cual habrá de depender necesariamente de las normas relacionadas con la carrera administrativa—, o del manual de funciones que igualmente deberá ser determinado por el legislador (16) ”. (se resalta)

(16) Sentencia C-037 de 1996.

Dado que la Carta Política y la Ley estatutaria de la administración de justicia le atribuyen a la fiscalía una autonomía administrativa y presupuestal, el artículo 159 de este ordenamiento legal le otorga al ente investigador un régimen autónomo y especial de carrera en los siguientes términos:

“ART. 159.—Régimen de carrera de la fiscalía. La Fiscalía General de la Nación tendrá su propio régimen autónomo de carrera sujeto a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la conforman.

“Los cargos de libre nombramiento y remoción, así como los de carrera, serán los previstos en la ley.

“Con el objeto de homologar los cargos de la fiscalía con los restantes de la rama judicial, aquélla observará la nomenclatura y grados previstos para éstos”.

Al hacer el análisis constitucional de la misma esta corporación hizo énfasis en la amplia competencia del legislador para regular todos los aspectos de la carrera administrativa del ente investigador. Dijo entonces:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 253 de la Carta, el legislador, teniendo en consideración la autonomía presupuestal y administrativa de la que goza la Fiscalía General de la Nación (C.P., art. 249), deberá regular los aspectos relativos a la estructura, el funcionamiento, el ingreso por carrera y el retiro del servicio en esa entidad del Estado. Dentro de ese orden de ideas, y según lo señalado en esta providencia, conviene recordar que los artículos 125 y 150-23 constitucionales le confieren plena independencia al legislador para definir las características y el alcance del sistema de carrera, para lo cual puede incluso prescribir que una determinada institución se someterá a un régimen especial que él mismo defina(17) . (se resalta)

(17) Corte Constitucional. Sentencia C-037 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Y en Sentencia C-1546 de 2000, la Corte al referirse al régimen especial y autónomo de carrera en la Fiscalía General de la Nación, precisó:

“Conforme a lo preceptuado en los artículos 125 y 253 de la Carta, la carrera es el principal sistema para acceder a un cargo en la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, esas disposiciones cualifican la existencia de la carrera autónoma y especial para esa entidad, la que si bien puede ser diferente a la carrera administrativa o a la carrera judicial, debe regirse bajo los principios de mérito e igualdad de oportunidades, que irradian el acceso a la función pública en la Constitución”.

“Así mismo, la Carta dispuso que corresponde al legislador la reglamentación de la carrera administrativa y de las carreras especiales. Por ende, la ley deberá determinar el procedimiento para la selección de aspirantes y la administración de la misma. Efectivamente el artículo 125 superior preceptuó que “el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley...”. En especial para la fiscalía, el artículo 253 superior preceptúa que “la ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro del servicio...”.

Para la Corte es claro, entonces, que la competencia del legislador para definir las características y el alcance del sistema de carrera autónomo y especial de la Fiscalía General de la Nación alude a la necesidad de que los desarrollos legislativos partan de la base de la autonomía de la cual goza el ente acusador, sin considerar la competencia constitucional del Consejo Superior de la Judicatura, que conforme a lo dispuesto en el artículo 256-1 superior administra la carrera judicial, entendida ésta como la que comprende solamente los cargos de magistrados de los tribunales y las salas de los consejos seccionales de la judicatura, jueces y empleados de la rama judicial, en los términos del artículo 158 de la ley estatutaria de la administración de justicia.

Es de resaltar que al hacer uso de la libertad de configuración del régimen especial de carrera de la Fiscalía General de la Nación, el legislador debe observar las previsiones contenidas en la ley estatutaria de la administración de justicia. Regulación que puede hacer el legislador directamente o a través de facultades extraordinarias (18) .

(18) Tratándose de la Fiscalía General de la Nación, la jurisprudencia ha expresado que su autonomía no se ve afectada por la concesión y ejercicio de facultades extraordinarias para la regulación de los aspectos atinentes a su régimen administrativo y de personal, dentro de los cuales está incluido el relacionado con la carrera en dicho organismo, toda vez que “la competencia de estructurar el régimen de personal y administrativo respecto de los organismos dotados de autonomía constitucional comporta la posibilidad de modular los aspectos relativos a la carrera administrativa, pues, de no ser así, el margen de acción del legislador extraordinario en desarrollo de la facultad sería inocuo en la medida en que la gran mayoría de empleos en los mismos se rigen por este sistema. Además, tal posibilidad aparece como indispensable para asegurar la necesaria armonía entre la estructura orgánica propuesta y el sistema de carrera adoptado, previsión que se justificó en los mismos términos cuando se presentó la exposición de motivos de la ley a consideración del honorable Congreso de la República”. (Sent. C-402/2001)

Lo anterior permite concluir, sin lugar a equívocos, que la Fiscalía General de la Nación tiene un régimen especial de carrera autónomo e independiente de origen constitucional, para cuya regulación el legislador cuenta con amplia libertad de configuración en relación con todos los aspectos que a ella conciernen —y sin sujeción a la competencia del Consejo Superior de la Judicatura que administra la carrera judicial—, incluyendo lo que se refiere a su administración y señalando el órgano competente para el ejercicio de esta importante función.

6. El caso concreto.

Los artículos 107, 109, 121 y 123 en lo acusado del Decreto-Ley 261 de 2000 autorizan a la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación para administrar el régimen de carrera especial y autónomo del ente investigador y regular aspectos tales como la expedición de su propio reglamento y el de las convocatorias, las pruebas y la calificación de servicios de los servidores públicos vinculados a dicha entidad.

En criterio del demandante las normas impugnadas son contrarias al ordenamiento superior, porque aun cuando la fiscalía goza de autonomía administrativa y presupuestal dicho ente forma parte de la rama judicial y por este hecho su régimen especial de carrera debe ser administrado por el Consejo Superior de la Judicatura al que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 256-1 de la Carta le compete administrar la carrera judicial.

Para la Corte los cargos no están llamados a prosperar, por las siguientes razones fundamentales:

Ha quedado claramente definido que la Fiscalía General de la Nación tiene un régimen especial y autónomo de carrera de origen constitucional y que la facultad del legislador ordinario o extraordinario para desarrollarlo —teniendo en cuenta que la autonomía del ente acusador se refiere a todos los aspectos administrativos y presupuestales con independencia de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura—, lo habilita para definir todos los aspectos relativos a la materia entre ellos el atinente a la administración de dicha carrera señalando, obviamente, el órgano encargado de ejercer esta función.

Por lo anterior en nada se opone a la Constitución que en las expresiones acusadas del artículo 107 del Decreto 261 de 2000 se haya dispuesto que el régimen de carrera de la Fiscalía General de la Nación sea administrado en forma autónoma —esto es sin la injerencia del Consejo Superior de la Judicatura— por parte de la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación, dado que la autonomía y especialidad de dicho régimen ha sido reconocida por el artículo 159 de la ley estatutaria de la administración de justicia en concordancia con lo preceptuado por el artículo 253 de la ley fundamental.

De la misma manera los artículos 109, 111, 121 y 123, en lo acusado, del Decreto 261 de 2000 se avienen a la Constitución, pues si el legislador estaba habilitado para señalar el órgano competente encargado de la administración de la carrera especial y autónoma en la Fiscalía General de la Nación, nada obsta para que aquél asigne a la Comisión Nacional de Administración de Carrera del ente investigador la regulación de aspectos tales como los reglamentos de las convocatorias y de las pruebas de aptitud de los aspirantes, el sistema y los instrumentos para la calificación de servicios por parte del superior inmediato así como el reglamento sobre los factores que inciden en la calificación de servicios, además porque no se trata de asuntos que deban ser regulados directamente por la ley en los términos de los artículos 125 y 253 de la Constitución.

Al hacerse el análisis constitucional de la regulación de una carrera especial la Corte ha considerado que se debe tomar en cuenta no sólo la libertad de configuración que la Carta confiere al legislador en esta materia, sino también las finalidades constitucionales de la carrera administrativa pues como ya se precisó cuando el Congreso reglamenta el acceso a la función pública tiene un margen de apreciación y de regulación que tan sólo está limitado por la naturaleza de la carrera administrativa y los derechos y principios que ésta protege. De ahí que para la Corte el control de constitucionalidad sobre esos regímenes especiales consiste en un control de límites de la competencia del legislador (19) .

(19) Sobre el tema pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-038 de 1995, C-600A de 1995 y C-081 de 1996.

Entonces, si en la determinación de los regímenes especiales de carrera el legislador goza de amplia libertad de configuración, la cual debe ejercer dentro de los límites ya señalados, es apenas lógico que al hacerlo pueda regular todos los aspectos que conciernen a la carrera administrativa como los atinentes a los procesos de selección, las listas de elegibles, la provisión de cargos, la calificación de servicios, las causales de retiro del servicio etc., y, naturalmente, lo relativo a la administración de la carrera indicando el órgano competente para el ejercicio de esta función.

El que la Carta no le hubiere asignado expresamente la administración de la carrera especial de la Fiscalía General de la Nación a un ente específico no significa que el legislador estuviera obligado a asignar esta función al Consejo Superior de la Judicatura, pues fue querer del contribuyente que en relación con esta institución el ente investigador ejerciera en forma autónoma e independiente sus funciones, quedando en manos del legislador la determinación del órgano encargado de administrar la carrera especial en la fiscalía como en el efecto lo hizo al señalar por medio de las normas acusadas a la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación.

Como bien lo advierte el procurador en su concepto, la administración de la carrera especial y autónoma de la Fiscalía General de la Nación en cabeza del mencionado organismo, no sólo garantiza la autonomía administrativa reconocida por el constituyente al órgano investigador y el cabal ejercicio de sus funciones de investigación y acusación, sino que también permite que el Consejo Superior de la Judicatura concentre todos sus esfuerzos sólo en la administración de la carrera judicial que, como se anotó, ha sido instituida para los magistrados, jueces y empleados de la rama judicial.

Estas consideraciones son suficientes para declarar la constitucionalidad de los apartes demandados de los artículos 107, 109, 111, 121 y 123 del Decreto 261 de 2000.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1546 de 2000 en la que se declaró la EXEQUIBILIDAD de las expresiones “el director nacional administrativo y financiero”, “según el procedimiento de elección que fije el Fiscal General de la Nación” pertenecientes al inciso segundo del artículo 107 del Decreto 261 de 2000.

2. Declarar EXEQUIBLES, en lo acusado, los artículos 107, 109, 111, 121 y 123 del Decreto 261 de 2000.

Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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