Sentencia C-518 de julio 11 de 2007 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-518 de 2007 

Ref.: expediente D-6579

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º, parcial, de la Ley 974 de 2005 “por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecua el reglamento del congreso al régimen de bancadas”.

Demandante: Luis Eduardo Manotas Solano

Bogotá, D.C., once de julio de dos mil siete.

La Sala Plena, de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

EXTRACTOS: «II. Disposición demandada

A continuación se transcribe el texto del artículo 3º, de la Ley 974 de 2005, tal como aparece publicado en el Diario Oficial 45.980 de 25 de julio de 2005, resaltando la expresión demandada.

LEY 974 DE 2005 

(julio 22)

Diario Oficial 45.980 de 25 de julio de 2005

Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecua el reglamento del Congreso al régimen de bancadas.

EL CONGRESO DE COLOMBIA,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Régimen de bancadas

“ART. 3º—Facultades. Las bancadas tendrán derecho, en la forma prevista en la presente ley, a promover citaciones o debates y a intervenir en ellos, a participar con voz en las sesiones plenarias de la respectiva corporación; a intervenir de manera preferente en las sesiones en las que se voten proyectos normativos; a presentar mociones de cualquier tipo; a hacer interpelaciones; a solicitar votaciones nominales o por partes y a postular candidatos.

Lo anterior sin perjuicio de las facultades o atribuciones que por virtud del reglamento del Congreso se les confieren de manera individual a los congresistas, para promover citaciones o debates y a intervenir en ellos, a participar con voz en las sesiones plenarias de la respectiva corporación; a intervenir de manera preferente en las sesiones en las que se voten proyectos normativos; a presentar mociones de cualquier tipo; a hacer interpelaciones; a solicitar votaciones nominales o por partes y a postular candidatos, así como verificaciones de quórum, mociones de orden, mociones de suficiente ilustración y las demás establecidas en el citado reglamento”.

(...).

VI. Consideraciones

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la expresión acusada forma parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 974 de 2005.

2. Problemas jurídicos que debe resolver la Corte.

El ciudadano Luis Eduardo Manotas Solano demanda la inconstitucionalidad de la expresión “a presentar mociones de cualquier tipo” contenida en el inciso 1º del artículo 3º de la Ley 974 de 2005, por la supuesta vulneración de los artículos 1º, 20, 114, 300 y 312 de la Constitución Política.

A pesar de que el actor alude a la supuesta, violación de las disposiciones superiores señaladas, la Corte limitará su análisis al cargo propuesto en relación con los artículos 114, 300 y 312 superiores, ya que en relación con los artículos 1º y 20 ibídem no se formuló acusación alguna.

Cabe recordar, que en relación con el artículo 20 de la Constitución, el demandante hace alusión al mismo en cuanto proscribe la censura; sin embargo, la disposición constitucional no hace referencia a la moción de censura como expresión del control político, sino a la censura como indebida limitación de la libertad de expresión y de difusión del pensamiento.

En relación con los cargos propuestos, sostiene el ciudadano demandante que al facultar mediante la expresión acusada a las corporaciones públicas (entre las que se hallan incluidas las asambleas departamentales y los concejos municipales) para presentar mociones de cualquier tipo, se las está invistiendo del ejercicio constitucional del control político, circunstancia que conllevaría igualmente la inviolabilidad de las opiniones de los miembros de las corporaciones públicas para hacer efectivo dicho control, lo cual desborda los mandatos constitucionales, por cuanto tanto las asambleas departamentales como los concejos municipales son corporaciones de naturaleza administrativa. Con lo cual, se estaría consagrando, en consecuencia, el ejercicio del control político de las actuaciones de los secretarios del gabinete de su jurisdicción, por parte de los miembros de las respectivas corporaciones administrativas territoriales.

El Ministerio del Interior y de Justicia considera que la expresión acusada no contraviene las disposiciones de la Carta Política de 1991, por cuanto el ordenamiento superior no excluye que las corporaciones regionales puedan ejercer un control político con fundamento en preceptos legales y, en consecuencia, en la posibilidad de en dichas corporaciones se adelanten mociones de cualquier tipo no solo no hay contradicción entre la ley y la Constitución, sino que lo que existe es un cabal desarrollo de las disposiciones constitucionales a través de la disposición legal acusada.

La Universidad del Rosario considera que no hay lugar a que se declare la inconstitucionalidad de la expresión acusada, por cuanto aun cuando las asambleas y concejos son corporaciones administrativas y no legislativas, ello no implica que no tengan un origen y una función políticos y, en consecuencia, nada impide que mediante las mociones presentadas por sus integrantes se ejerza el control político sobre la administración departamental y municipal.

Se refiere igualmente a la limitación que existe en el ejercicio del referido control en razón de las competencias que constitucional y legalmente le han sido asignadas a dichas corporaciones, en forma tal que no les es dado aplicar la moción de censura a un secretario de despacho de la gobernación o de la alcaldía, sin que ello implique que no puedan promover un debate de rendición de cuentas en relación con determinado asunto, o sobre la gestión de un servidor público que ejerza un cargo de responsabilidad política en la correspondiente administración.

Por su parte, la vista fiscal solicita a la Corte declarar exequible la expresión acusada, “bajo el entendido que para el caso de las que aprueben el Congreso de la República (con excepción de la moción de censura constitucional), las asambleas departamentales, los concejos distritales y municipales y las juntas administradoras locales, no pueden implicar ningún tipo de consecuencias que comprometan la autonomía de la administración pública nacional, departamental o municipal y de las ramas y órganos del poder público.

Igualmente solicita la vista fiscal que el análisis se extienda también a las juntas administradoras locales, dado que la expresión demandada atañe no solo a las asambleas departamentales y a los concejos municipales sino, además, a las juntas administradoras locales.

En este orden de ideas, los problemas jurídicos que se le plantea a la Corte son los siguientes:

La Ley 974 de 2005, que consagra el régimen de bancadas de las corporaciones públicas, además del Congreso de la República ¿se aplica también a las asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales?

Absuelta afirmativamente la anterior pregunta corresponde determinar a la Corte, ¿si excede las competencias otorgadas a las asambleas departamentales, a los concejos municipales, y a las juntas administradoras locales, facultar a sus bancadas a “presentar mociones de cualquier tipo”, tal como se dispone en el inciso primero del artículo 3º de la Ley 974 de 2005, dado que además se las estaría habilitando para presentar incluso la moción de censura que, como expresión del control político, compete exclusivamente al Congreso de la República?

3. El régimen de bancadas y las corporaciones públicas a las que se aplica.

Al respecto del régimen de bancadas previsto en los incisos 6º y 7º del artículo 108 de la Constitución, consideró esta corporación que tales disposiciones consagran una “novedad en el funcionamiento del Congreso, que la misma reforma política hizo extensiva a las demás corporaciones públicas de elección popular, en cuanto modifica la forma tradicional de actuación de sus miembros, que se hacía a título personal o mediante la conformación de grupos o coaliciones puramente accidentales, muchas veces determinadas solo por la coyuntural coincidencia en relación con algún proyecto, idea o asunto de su interés” (4) .

En efecto, dicha novedad fue precisada por la Corte, en el sentido de considerar que,

“(...).

Ahora, por disposición constitucional, la regla general de la actuación de los miembros de las corporaciones públicas será en bancadas políticas, quedando como excepcional su actuación a título individual. Así lo consideró la Corte en la Sentencia C-859 de 2006, al declarar inexequible la expresión “o de aquellos en los que, por razones de conveniencia política, de trámite legislativo o controversia regional, en el caso de la Cámara de Representantes, los miembros de las bancadas decidan no adoptar una decisión única”, del inciso segundo del artículo 5º de la Ley 974 de 2005, al encontrar que se vulneraba el artículo 108 de la Constitución, en cuanto se hacían nugatorios sus propósitos. Se consideró, que la generalidad y ambigüedad de la cláusula demandada convierte prácticamente en regla general la excepción de actuación individual de los miembros de las corporaciones públicas.

Sistema de bancadas que introduce un cambio respecto de los protagonistas del juego político, pues en adelante ya no lo serán los integrantes de las corporaciones públicas individualmente considerados, sino que los actores principales serán los partidos y movimientos políticos a través de sus bancadas en las corporaciones públicas de elección popular, que se deberán fortalecer mediante la actuación cohesionada y disciplinada de sus miembros.

Actuación en bancadas que presupone para estas la adopción de directrices, decisiones y determinaciones que deberán ser unificadas y obligatorias para sus miembros, que han de llevarse luego a la respectiva corporación a través de sus voceros o miembros autorizados. En esta medida, como es condición indispensable de la actuación en bancada, que sus miembros actúen bajo la disciplina de grupo, y que las decisiones que deban adoptarse lo sean por la mayoría de sus miembros, las minorías que puedan quedar en dicho momento están obligados a secundar con su voto en la correspondiente corporación pública tales determinaciones, so pena de las sanciones que por la inobservancia de las directrices de la bancada respectiva haya de imponerse de manera individual a sus miembros, de conformidad con los estatutos de los partidos.

Y, si bien es cierto que la posición que se asuma por parte de cada bancada es obligatoria para sus miembros y ha de ser expuesta en las corporaciones públicas a través de sus voceros o miembros autorizados para tal electo, ello no indica que los otros miembros de las bancadas estén escusados para asistir a las sesiones respectivas, pues resulta indispensable su concurrencia a las diferentes sesiones, para la toma de las decisiones de bancada que puedan resultar necesarias en virtud de la dinámica propia del debate y para hacer cumplir el reglamento respectivo, y sobre todo para formalizar con su voto la expresión de la voluntad popular que representan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política.

Al respecto de la disciplina partidista, que obliga a los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político a actuar de conformidad con el régimen de bancadas, es decir, a pronunciarse en la forma previamente establecida por esta, podría pensarse que constituiría una negación de la democracia, en cuanto no permitiría la libre expresión de todos sus miembros, que son los directos representantes del pueblo; sin embargo, el sistema de bancada no se orienta a anular la actuación individual de los miembros de las corporaciones públicas sino a enmarcarla dentro de las decisiones, determinaciones y directrices sentadas por las bancadas respectivas. Además, este sistema implica que en el seno de las corporaciones públicas existan y se observen a cabalidad los mecanismos democráticos que garanticen la libre expresión de todos sus miembros y el análisis abierto de las diferentes posiciones en relación con los diversos temas de interés, con lo cual se garantizan el principio democrático que debe regir la actuación de los miembros de las corporaciones públicas.

En efecto, el sistema de bancadas presupone una importante labor que habrá de llevarse a cabo ahora al interior de cada bancada, pues les corresponde debatir y adoptar democráticamente una posición de grupo, que habrá de ser expuesta por el vocero o voceros en la correspondiente corporación pública, para lo cual deberán establecerse mecanismos que aseguren la efectiva participación de los diferentes miembros del grupo parlamentario, en forma tal que la posición que finalmente se adopte, constituya realmente el resultado del respectivo ejercicio democrático” (5) (negrillas no son del texto original).

Ahora bien. La actuación en bancadas fue reglamentada por la Ley 974 de 2005, la que dispone en el artículo primero, que “Los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos constituye una bancada en la respectiva corporación”.

En relación con la expresión “corporación pública”, la Corte, al estudiar la constitucionalidad de una norma contenida en el artículo 91 de la Ley 136 de 1999 “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2003, consideró que cuando el artículo 261 de la Constitución hace alusión a las corporaciones públicas, incluye a los concejos municipales. Precisó la Corte que, “la expresión “corporaciones públicas” contenida en dicha norma se utiliza por el constituyente sin distinción, para referirse a aquellos órganos colegiados, compuestos por miembros elegidos por votación popular. Así lo ha entendido esta Corte, no solamente respecto del artículo en mención, sino del 134, normas que fueron objeto de modificación por el Acto Legislativo 3 de 1995” (6) .

Posteriormente, la Corte aludió en forma específica a las juntas administradoras locales entre las corporaciones públicas territoriales de elección popular, así:

“4.3.5. Atendiendo pues a la filosofía que inspira el principio democrático, ha de precisarse que, para que este se entienda agotado, los actos decisorios o de poder que regularmente se expresan a través de la ley y de aquellas decisiones que corresponde adoptar a las corporaciones públicas territoriales de elección popular (asambleas, concejos y juntas administradoras locales), deben ser, en todos los casos, el resultado de la expresión de la voluntad soberana que emerge de un proceso en el que se garantice: el pluralismo, es decir, el derecho de todas las corrientes de pensamiento que detentan la representación popular, a ser escuchados y sus opiniones debatidas; la participación, esto es, el derecho de los ciudadanos a intervenir en las deliberaciones y decisiones cuando les asista interés o puedan resultar afectados con ellas; el principio de las mayorías, entendido como el derecho de unos y otros a que las decisiones sean adoptadas por quienes sumen el mayor número de votos en torno a una misma posición, habiéndose permitido previamente la participación de las minorías; y la publicidad, o sea la posibilidad de que el asunto a debatir sea conocido en detalle por los interesados y por los propios miembros de las corporaciones públicas, incluso, con anterioridad a la iniciación de los debates” (7) (negrillas fuera del original).

En virtud del Acto Legislativo 1 de 2003, en el inciso séptimo del artículo 108 de la Constitución se estableció la facultad que tienen los partidos y movimientos políticos para establecer las sanciones que correspondan a la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, sanciones que pueden llegar hasta “la pérdida del derecho de voto del congresista, diputado, concejal o edil por el resto del período para el cual fue elegido”. La expresa inclusión de los ediles entre los miembros de las corporaciones públicas susceptibles de sanción por la inobservancia de las directrices que los partidos impartan a sus respectivas bancadas pone en evidencia de sujeción de las juntas administradoras locales al régimen de bancadas.

Finalmente, al referirse al fenómeno de la doble militancia, la Corte aludió igualmente en forma expresa, a las juntas administradoras locales como una de las especies del género “corporaciones públicas”, así:

“Tal prohibición, por lo demás, tiene como corolario la sanción del “transfuguismo político”, fenómeno que afecta el normal desarrollo de la actividad del Congreso de la República, o en su caso, de las asambleas departamentales, los concejos distritales y municipales y las juntas administradoras locales. Así pues, no se trata tan solo de un asunto de lealtad para con la organización política, que llevó al candidato a la curul, sino que está de por medio el racional funcionamiento de una corporación pública” (8) (negrillas fuera del original).

En efecto, el régimen de bancadas se aplica al Congreso de la República; y, en los asuntos compatibles con sus funciones, de conformidad con la Constitución, la ley, y los reglamentos de la respectiva corporación, a las asambleas departamentales, los concejos municipales, y las juntas administradoras locales, por cuanto todos ellos son órganos colegiados, compuestos por miembros elegidos por votación popular.

4. El control político que corresponde ejercer a las corporaciones públicas. La moción de censura es atribución propia del Congreso de la República.

El artículo 3º, inciso primero, de la Ley 974 de 2005, al consagrar las facultades que corresponde ejercer a las bancadas, dispone que estas tendrán derecho, en la forma prevista en la ley, a presentar mociones de cualquier tipo. Cabe recordar, que el inciso segundo de la citada disposición consagró que, las facultades otorgadas a las bancadas lo eran sin perjuicio de las facultades que por virtud del reglamento del Congreso se les confieren de manera individual a los congresistas para, entre otras actuaciones, presentar mociones de cualquier tipo, mociones de orden, mociones de suficiente ilustración y las demás establecidas en el citado reglamento. Facultades que, entre otras, la Corte encontró ajustadas a la Constitución, en el entendido que esas actuaciones, salvo que se hayan definido por la bancada como un asunto de conciencia, se harán en todo caso dentro del marco de las decisiones, determinaciones y directrices fijadas previamente por esta, de conformidad con los estatutos del respectivo partido.

Entre las ‘mociones’ que se pueden presentar en el Congreso de la República se encuentra la denominada “moción, de censura”, manifestación del control que le corresponde ejercer a dicha corporación sobre el gobierno y la administración por disposición expresa de la Constitución (9) , y que la debe ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 261 del reglamento del Congreso.

En relación con los diversos mecanismos del control político que le corresponde ejercer al Congreso de la República a partir de la Constitución de 1991, esta corporación consideró algunas modalidades de la siguiente manera:

“Como se estableció anteriormente, el Constituyente de 1991 introdujo diversas modificaciones al régimen de control político que el órgano legislativo puede ejercer sobre los actos de la administración. Sobre el particular, cabe advertir que la Carta Política que rige ahora a los colombianos mantuvo el esquema de vigilancia descrito con anterioridad, principalmente a partir de la atribución que el artículo 114 de la Constitución le otorga al Congreso para “ejercer el control político sobre el gobierno y la administración”. Con todo, debe agregarse que también se introdujeron algunas figuras jurídicas que modificaron sustancialmente las relaciones Congreso-Gobierno dentro del esquema constitucional colombiano. En consecuencia, corresponde repasar brevemente las características de los más importantes tipos de control, dentro del esquema referido.

a) La moción de censura.

Originaria, como se ha dicho, del sistema de gobierno parlamentario, el Constituyente de 1991 la introdujo en el estatuto superior vigente, con el fin de consagrar un mecanismo más efectivo que comprometa la responsabilidad política de los ministros. En efecto, la moción de censura opera bajo dos supuestos fácticos distintos: en primer lugar, la plenaria de alguna de las dos cámaras puede solicitarla en los casos en que un ministro no concurra a una citación y no hubiese presentado una excusa justificada (C.P., art. 135-8). Cabe anotar que lo anterior no resulta procedente en los casos en que un viceministro asiste ante la plenaria de la Cámara, en representación de un ministro (C.P., art. 208). En segundo lugar, puede ser propuesta por la décima parte de los miembros que conforman la respectiva Cámara, cuando se considere que un ministro no ha cumplido cabalmente con las responsabilidades a él encomendadas. En este evento, el artículo 135-9 de la Carta Política señala que para que prospere la moción de censura, se requiere que la votación se lleve a cabo “entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, en Congreso pleno, con la audiencia de los ministros respectivos”. Igualmente, la disposición citada prevé que la aprobación de la moción de censura requerirá la mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara, caso en el cual, el ministro quedará separado de su cargo. Finalmente la norma referida establece que si la moción de censura fuere rechazada “no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos”.

Queda claro pues que la moción de censura procede exclusivamente contra los ministros del despacho, y no contra ninguna otra autoridad política o administrativa.

b) Solicitud de informes.

La Constitución Política amplió la órbita del Congreso de la República respecto de la facultad para solicitar a determinados funcionarios públicos la presentación de informes relacionados con el desempeño de su gestión. Por ello, el numeral tercero del artículo 135 superior, establece como facultad de cada Cámara, la de solicitar al gobierno los informes que solicite, salvo que se trate de instrucciones en materia diplomática o de negocios de carácter reservado. En los mismos términos el numeral 5º del artículo 200 constitucional, señala como deber del gobierno rendir los informes solicitados por las cámaras.

Debe agregarse que la facultad del órgano legislativo de solicitar informes al gobierno, se ejerce ya sea por factores temporales, ora por situaciones específicas. Respecto del primer evento, cabe mencionar, por ejemplo, el deber del presidente de presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la administración, sobre los programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos de ley que se proponga adelantar en esa legislatura (C.P., art. 189-12); la obligación de los ministros y directores de departamentos administrativos de presentar, dentro de los primeros quince días de cada legislatura, un informe sobre el estado de los negocios adscritos a su entidad y sobre las reformas que consideren pertinentes; el mismo cometido se predica del Contralor General de la República (art. 268, nums. 7º y 11), del Procurador General de la Nación (art. 277, num. 9º) y del Defensor del Pueblo (art. 282, num. 7º). En cuanto a la segunda circunstancia, puede traerse como ejemplo la facultad de las cámaras de solicitar informes (art. 135, num. 30), y el deber del gobierno de presentar al Congreso un informe motivado de las causas por las cuales se decretó el estado de guerra, la conmoción interior o el estado de emergencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 212, 213, 214 y 215 de la Constitución Política.

c) Citaciones.

Las citaciones surgieron como mecanismo de control político, a raíz de la posibilidad que los diversos ordenamientos constitucionales confirieron al Congreso para solicitar en forma verbal —además de escrita— los informes que debían rendir determinados funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. Posteriormente, y en particular dentro del sistema de gobierno presidencial, se estableció la posibilidad de solicitar la presencia de esos funcionarios no para que rindieran un informe general, sino para evaluar aspectos específicos de su gestión. Como se señaló anteriormente, la intensidad de los debates y la gravedad de las acusaciones se constituyeron en un importante mecanismo de control dentro de este sistema de gobierno.

Al igual que en el caso de los informes, la atribución del Congreso relacionada con las citaciones se amplió considerablemente en la Carta de 1991. Veamos:

En primer lugar, es facultad de cada Cámara citar y requerir a los ministros para que concurran a las sesiones. Dicha citación, de acuerdo con el numeral 8º del artículo 135 superior, deberá hacerse con una anticipación no menor de cinco días y requiere formularse por escrito. Adicionalmente, de acuerdo con la norma citada, el debate que se le haga al ministro sobre un asunto de su cartera, deberá encabezar el orden del día y no podrá versar sobre asuntos no contemplados en el cuestionario que se haya remitido. No sobra agregar que la inasistencia injustificada del ministro, podrá acarrear la votación de la moción de censura, según se explicó anteriormente.

Por su parte, y en concordancia con lo señalado, los incisos tercero y quinto del artículo 208 constitucional prevén:

“Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates directamente o por conducto de los viceministros (...).

Las cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros. Las comisiones permanentes, además, la de los viceministros, los directores de departamentos administrativos, el gerente del Banco de la República, los presidentes, directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público” (negrillas fuera de texto original).

Finalmente, el artículo 137 del mismo ordenamiento, establece:

Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica, para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo juramento sobre hechos relacionadas directamente con las indagaciones que la comisión adelante (...)” (negrillas fuera de texto original).

De la lectura de las disposiciones citadas se puede concluir que las plenarias de las cámaras únicamente pueden requerir la presencia de los ministros del despacho, quienes deben atender las citaciones y participar en los debates directamente o por intermedio de sus viceministros (C.P., arts. 135-8 y 208), y que las comisiones permanentes pueden solicitar la presencia, además de los ministros, de los funcionarios señalados en el inciso quinto del artículo 208 constitucional y de cualquier otro servidor público vinculado a la rama ejecutiva del poder público, en los términos previstos en la referida norma y en el artículo 115 superior. En todo caso, el objeto de las citaciones a los altos funcionarios del Estado no debe extenderse a temas relativos a decisiones que estos deban adoptar y que estén sujetas a procedimientos reglados, esto es, que deban ceñirse a derecho, debido al carácter estrictamente jurídico y no político que tienen estas actuaciones.

d) El control presupuestal.

De acuerdo con el artículo 346 de la Carta Política, el gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones, el cual deberá ser estudiado y aprobado por el Congreso dentro de las condiciones que establece el estatuto superior.

Por tratarse de un asunto que escapa los propósitos de esta providencia, baste con señalar que esta atribución obedece a uno de los principales instrumentos de control político por parte del Congreso, el cual, junto con la facultad constitucional otorgada a la Cámara de Representantes de examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente el contralor general de la República (art. 178-2), le permite evaluar constantemente el comportamiento del ejecutivo en materia de gasto público e inversión social.

e) Estados de excepción.

Además del deber del gobierno de remitir al Congreso de la República un informe detallado en el cual se consignen las causas y las justificaciones de la declaratoria de un determinado estado de excepción, el órgano legislativo goza de plena atribución constitucional para reunirse y juzgar las acciones emprendidas por el ejecutivo durante el curso del estado de guerra exterior, de conmoción interior o de emergencia. En este punto debe la Corte recordar que el numeral 3º del artículo 241 superior, en concordancia con los artículos 114 y 138 (inc. 4º), facultan al Congreso para ejercer siempre en todo momento el control político sobre los actos de la administración. Sobre la conveniencia de esta facultad que la Carta Política le atribuye al órgano legislativo aun durante los estados de excepción, esta corporación ha manifestado:

“El acentuado control político que ejerce el Congreso en los estados de excepción, cumple una función democrática de contrapeso al poder ampliado que adquiere el Presidente. Pero, adicionalmente, se pretende que con ocasión del mismo, se adelante en el seno del Congreso, sede natural del diálogo y de la deliberación nacional, un debate sobre la específica problemática que originó el correspondiente estado de excepción, con el objeto de ventilar públicamente responsabilidades, examinar sus causas últimas, estudiar las diferentes alternativas de acción y promover hacia el futuro los cambios y medidas que se juzguen más convenientes.

“Los valores esenciales de la democracia y de la participación exigen que con ocasión de cada estado de excepción, particularmente los de conmoción interior y emergencia, el control político del Congreso se ejerza con plenitud, y dé lugar al más amplio y profundo debate público en torno de los hechos que los suscitaron y de sus soluciones. Ningún sistema político puede persistir si la comunidad y las instituciones que la representan no tienen la posibilidad de recuperar su historia e introducir los cambios y transformaciones que las variadas circunstancias exijan, máxime si estas han sobrevenido como hechos perturbadores de la normalidad” (10) .

f) La función judicial del Congreso.

Continuando con una tradición constitucional a la que ya se ha hecho referencia, el Constituyente de 1991 mantuvo la facultad del Senado y de la Cámara de Representantes de acusar y juzgar, respectivamente, a los más altos funcionarios del Estado. En efecto, los artículos 174, 175 y 178 de la Carta Política facultan al Congreso para ejercer la referida función judicial sobre los actos del Presidente de la República —o quien haga sus veces—, de los magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura y del Fiscal General de la Nación. Como puede apreciarse, la única modificación que se introdujo en esta materia en la Carta Política en comparación con la Constitución de 1886, fue la de ampliar el radio de acción del Congreso habida cuenta de las nuevas instituciones y de los nuevos servidores públicos que entraron a formar parte del aparato estatal desde 1991”” (11) .

Además, la Corte encontró que la facultad otorgada al Congreso en el numeral 9º del artículo 150 de la Constitución, es otra manifestación del control político, pues esta no corresponde solamente a una expresión del principio de separación y colaboración armónica entre los poderes ejecutivo y legislativo, toda vez que en virtud de lo dispuesto en la citada norma, si el Congreso decide autónomamente autorizar al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales, este a su vez, está en la obligación de “rendir periódicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de las autorizaciones conferidas” (12) .

Sobre el ejercicio del control político que corresponde ejercer al Congreso de la República como instrumento de equilibrio entre las ramas del poder público, ha dicho esta corporación:

“... el control que ejerce el legislativo sobre el gobierno es el paradigma de los controles de índole política, toda vez que, independientemente que se trate de un sistema parlamentario o presidencial, no puede ignorarse que al órgano ejecutivo se le ha dotado de facultades para la dirección del Estado, haciendo indispensable la adopción de herramientas de control que garanticen el equilibrio entre los poderes constitucionales. De ahí que el Congreso, como máximo representante de la comunidad y tutor del principio democrático, esté llamado a ejercer una función especial que es la de contrapeso o control político frente a la actividad del ejecutivo, con lo cual se produce una transformación en el rol que desempeña aquel órgano en el escenario de las instituciones estatales, pues aparte de su función primigenia de legislar debe controlar al que gobierna, es decir, al ejecutivo, asegurando de esta forma un balance en el ejercicio del poder público.

(...).

Es de resaltar que según el artículo 114 superior corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes “y ejercer control político sobre el gobierno y la administración”, función esta que en criterio de la Corte “encuentra fundamento en los poderes que los sistemas democráticos liberales le han conferido al parlamento o al Congreso para que ejerza un real contrapeso al órgano ejecutivo del poder público” (13) , caracterizando nuestro Estado de derecho. Ha dicho la Corte:

“En un Estado democrático se hace indispensable como garantía de la libertad y de los derechos fundamentales de los asociados, que se ejerzan por distintos órganos y de manera separada las funciones de legislar, administrar y juzgar. Su concentración en una sola de las ramas del poder conduce, necesariamente, a un Estado autoritario, al despotismo o a la tiranía. De la misma manera, el Estado democrático supone la adopción de recíprocos controles entre las ramas del poder, para que no impere la voluntad aislada de una de ellas. Es, pues, esencial que quien ejerza el poder, a su vez sepa que es objeto de control en su ejercicio. Es esa la razón por la cual al ejecutivo lo vigila y controla desde el punto de vista político, el Congreso de la República que, además de la función de legislar ejerce como representante de la voluntad popular esa trascendental función democrática. Así mismo, la rama judicial, a su turno, no escapa a los controles establecidos en la Constitución Política. En síntesis, en una democracia, ninguna de las ramas del poder público puede sustraerse a la sujeción que le debe a la Constitución Política y a la ley. De lo contrario, desaparecería el Estado de derecho” (14) .

El control político del Congreso sobre el ejecutivo tiene en nuestro ordenamiento superior múltiples manifestaciones, entre otras, la moción de censura y la citación de los ministros (C.P., art. 135-8-9); el control sobre los estados de excepción (C.P., arts. 212, 213 y 215), y también la presentación de informes del gobierno al Congreso en relación con sus acciones y ejecutorias (C.P., arts. 136-3, 150-9, 150-9 y 189-12).

Todo lo dicho anteriormente permite concluir, entonces, que en virtud del principio de separación de poderes el Congreso y el ejecutivo ejercen funciones separadas, aun cuando deben articularse para colaborar armónicamente en la consecución de los fines del Estado, y que esta separación no excluye sino que, por el contrario, conlleva la existencia de mutuos controles entre órganos estatales, entre ellos, el que ejerce el legislativo sobre el ejecutivo, esto es, el control político. Así mismo queda claro, que esta especie de control que ejerce el Congreso sobre el gobierno y la administración tiene límites, pues su ejercicio no puede servir de pretexto para ejercer las funciones propias de otras autoridades ni desconocer los atributos y competencias que les ha entregado la Constitución” (15) .

Al respecto del ejercicio del control político por parte del Congreso de la República esta corporación consideró, que no es absolutamente discrecional pues el Congreso, al ejercerlo, debe respetar no solo los derechos de las personas sino la estructura orgánica del Estado, por lo cual la propia Carta determina que es un control político sobre el gobierno y la administración, tal y como esta corporación ya lo ha señalado (16) , por lo cual no podrán las cámaras invocarlo para afectar la autonomía de los funcionarios judiciales (17) .

En relación con el control político sobre la gestión pública en general, esta corporación también ha considerado que es una consecuencia de la atribución de las diferentes funciones públicas a los diversos órganos, lo cual permite un ejercicio eficaz del control político sobre la actividad estatal, con miras a garantizar el cumplimiento de los fines sociales del Estado. Al respecto precisó lo siguiente:

“(...).

Las asambleas departamentales y los concejos municipales tienen a su cargo, entre otras funciones, el control político sobre la gestión gubernamental. A unas y otros corresponde reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios públicos (C.P., arts. 300-1 y 313-1). El constituyente separó estrictamente las funciones del control político y de administración o gestión pública (C.P., art. 292). Solo excepcionalmente, las corporaciones administrativas pueden autorizar, pro tempore, al jefe del gobierno departamental o local, el ejercicio de precisas funciones de las que les corresponden (C.P., arts. 300-9 y 313-3). Lo que no pueden hacer las asambleas y concejos es delegar funciones que no tienen, a saber, la función administrativa o de gestión, por vía de la designación de delegados en las juntas directivas de las entidades descentralizadas.

9. La separación de las funciones administrativa y de control, político constituye una garantía institucional para el cumplimiento efectivo de los fines del Estado (C.P., arts. 113 y 2º).

En efecto, el artículo 113 de la Constitución Política entroniza la separación de funciones como uno de los principios medulares de la organización del Estado. Este principio es un corolario del Estado de derecho. La atribución de funciones a diferentes órganos, autónomos e independientes entre sí, busca evitar la concentración de poder político en una persona (dictador, monarca) o en una institución (junta, comité o partido). Como afirmara lord Acton, “el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromperse absolutamente”. Solo la restricción o limitación en el ejercicio del poder político permite superar el peligro inherente a un gobierno de hombres y no de leyes.

En el sistema constitucional colombiano, el diseño y la formulación de los planes y programas de desarrollo económico y social corresponde a instancias legislativas (C.P., art. 150-3) y administrativas (C.P., arts. 300-3 y 313-2). La ejecución de las políticas está a cargo de las autoridades gubernamentales (C.P., arts. 189-11, 305-2 y 315-3). El control político de gobierno se radica en el Congreso, pero también en las asambleas departamentales y en los concejos municipales, en su calidad de órganos elegidos popularmente. La atribución de diferentes funciones públicas a diversos órganos permite un ejercicio eficaz del control político sobre la actividad estatal, con miras a garantizar el cumplimiento de los fines sociales del Estado (C.P., art. 2º). Los órganos del Estado ejercen sus funciones en forma independiente y bajo su propia responsabilidad, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines (C.P., art. 113). La distribución del poder entre varios órganos significa su limitación y control mediante un sistema de pesos y contrapesos, que permiten hacer realidad la responsabilidad política de los titulares del poder.

La separación de funciones representa, por lo tanto, una garantía institucional para el correcto funcionamiento del aparato estatal. Esta garantía institucional constituye un presupuesto normativo necesario para el control horizontal y vertical del poder político. La división de funciones dentro de los diferentes órganos del Estado permite ejercer un control intraorgánico, mientras que la distribución de funciones entre órganos autónomos e independientes (C.P., arts. 113, 136), asegura la operatividad de controles “inter-órganos”, como los que se presentan entre el Congreso y el gobierno (citación a los ministros, moción de censura, etc.). A su vez, los controles verticales se manifiestan en la estructura unitaria, descentralizada y autónoma de la organización estatal, y en la existencia de derechos fundamentales como límite al poder estatal. La distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales supone la mutua delimitación de sus funciones y el control en su ejercicio. De otro lado, el reconocimiento de derechos fundamentales oponibles a las autoridades y, en ciertas situaciones, a los particulares, y exigibles judicialmente, acredita la evolución de la organización estatal hacia el ejercicio limitado y controlado del poder político.

En la esfera territorial, las funciones de formulación política y de gestión administrativa, confiadas a los órganos estatales, se encuentran igualmente separadas. Mientras que a las corporaciones administrativas corresponde, entre otras cosas, reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios públicos, expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, las finanzas, el transporte, el turismo, el ambiente, etc., y adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo económico y social (C.P., arts. 300-1,-2,-3 y 313-1 y -2), los gobiernos departamentales y municipales tienen como principal función a su cargo la ejecución de tales decisiones (leyes, decretos del gobierno, ordenanzas, acuerdos) y la dirección de la acción administrativa en sus territorios.

La representación de las asambleas o concejos, por intermedio de delegados, en las juntas directivas de las entidades descentralizadas, desconoce la garantía institucional de la separación de funciones entre los órganos del Estado. La gestión administrativa solo puede ser efectivamente controlada por un órgano autónomo e independiente, cuyas funciones no se confundan con la dirección de las entidades públicas sobre las que ejerce control político. En este sentido, la Ley 190 de 1995 solo viene a adoptar, en la práctica, un mecanismo de regulación del ejercicio de la función pública que garantiza la independencia de los órganos administrativos y el control político de los entes corporativos de elección popular, sin sacrificar la autonomía político administrativa de las entidades territoriales” (18) (negrillas no son del texto original).

Y, de manera particular, en relación con los concejos municipales, esta corporación consideró que,

“(...).

“Dentro de tal esquema institucional, es natural que la labor de control político sobre la administración se encuentre radicada también en los cuerpos plurales. En efecto, la Presidencia y la alcaldía, por ser cuerpos dirigidos por un único jefe electo popularmente, tienden a ser una expresión institucional de las fuerzas mayoritarias, por lo cual es natural que sus actuaciones sean controladas por un cuerpo representativo plural en donde tengan también cabida las minorías, como son el Congreso y los concejos. Por ende, si bien los concejos son corporaciones administrativas, no por ello se debe concluir que es extraño a estas corporaciones que ejerzan funciones de control en el ámbito local, sobre la gestión gubernamental municipal. Y ese control tiene un cierto sentido político ya que es una expresión del derecho de los ciudadanos de ejercer, ya sea de manera directa o por medio de sus representantes, un control sobre el ejercicio del poder político (C.P., art. 40). Por ello, en anterior ocasión, la Corte había señalado que a nivel local “el Constituyente separó estrictamente las funciones del control político y de administración o gestión pública (C.P., art. 292)” de suerte que las “Asambleas departamentales y los concejos municipales tienen a su cargo, entre otras funciones, el control político sobre la gestión gubernamental”.

(...).

“7. Los concejos ejercen entonces un control político sobre la administración local. Es cierto que esa labor de fiscalización no tiene todas las connotaciones del control radicado en el Congreso, ni los concejales gozan de todas las prerrogativas que la Carta atribuye a los representantes y senadores, puesto que Colombia es una república unitaria, por lo cual los grandes problemas nacionales tienen su espacio natural de deliberación política en el parlamento, que tiene entonces la función primaria de ejercer el control político sobre la administración. El control de los concejos, por su parte, se refiere a los asuntos propios de la democracia local. Esto es lo que explica que la Sentencia T-405 de 1996, al insistir en las obvias diferencias que existen entre el control del Congreso y aquel ejercido por las asambleas, haya incurrido en la imprecisión de limitar el control político exclusivamente al Congreso, de suerte que caracterizó como control administrativo aquel que es adelantado por las asambleas y los concejos. Por tal razón, en la presente ocasión, la Corte precisa sus criterios en el siguiente sentido: las asambleas y los concejos, a pesar de ser corporaciones administrativas, ejercen un control político sobre la administración local, el cual, por su ámbito territorial reducido, no es idéntico al control ejercido por el Congreso, por lo cual el estatus jurídico de los congresistas y de los concejales no es el mismo.

8. Conforme a lo anterior, la Corte encuentra que la moción de observaciones es una competencia que la ley podía adscribir a los concejos. En efecto, este mecanismo simplemente permite al concejo formular un cuestionario a un funcionario local a fin de debatir sobre la manera cómo ejerce sus funciones, y eventualmente formular una observación crítica que es remitida al alcalde, con lo cual esa corporación manifiesta una crítica pública y un reproche político a ese servidor público. La figura es entonces perfectamente compatible con las labores de control que la Carta confiere a esas corporaciones administrativas en el plano local. Es cierto que la Constitución no atribuye directamente a los concejos la facultad de citar a los funcionarios locales, presentarles cuestionarios y debatir sus actuaciones, a fin de eventualmente formular una moción de observaciones sobre el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, las competencias de los concejos no son exclusivamente aquellas que la Carta expresamente les otorga pues la ley puede asignarle nuevas funciones, siempre y cuando estas sean compatibles con la naturaleza de estas corporaciones administrativas (C.P., art. 313 ord. 10), tal y como sucede en este caso. Así las cosas, en la medida en que la figura de la moción de observaciones no suscita en sí misma ningún problema constitucional, entra la Corte específicamente a estudiar la expresión acusada, la cual permite que el concejo aplique ese mecanismo en relación con los contralores y los personeros municipales” (19) .

Las precisiones mencionadas, hechas en sentencias C-082 de 1996, C-386 de 1996 y C-405 de 1998, en cuanto a que el control político se radica en el Congreso, pero también lo ejercen de cierta manera las demás corporaciones públicas del orden territorial sobre la administración local, fueron reiteradas en Auto 80 de 1998 (20) , en el cual se precisó además, que el Congreso de la República puede ejercer control político sobre alcaldes y gobernadores, pero tal control puede recaer solamente sobre asuntos deinterés nacional y no de carácter netamente local, pues en este último evento dicho control le compete ejercerlo a los concejos municipales y a las asambleas departamentales, respectivamente. Sin embargo, también se precisó, que pueden existir asuntos que siendo de orden local pueden afectar ineludiblemente a la Nación y, por consiguiente, son de su interés, V. gr.: el medio ambiente, la contaminación en general, la protección ecológica, la transparencia que debe regir todos los actos de la administración pública, la lucha contra la corrupción, el control de gastos, etc.

En este orden de ideas, se tiene que: (i) tanto el Congreso de la República como las corporaciones públicas territoriales tienen a su cargo el ejercicio del control político, si bien con una naturaleza y unas connotaciones y un alcance completamente diferentes; (ii) la moción de censura, como institución eminentemente política, compete exclusivamente al Congreso de la República; (iii) el control político que ejerce el Congreso de la República tiene su origen en expresa disposición superior (arts. 114 y 138), y el que atañe a las corporaciones públicas territoriales se deriva de la aplicación de diferentes disposiciones superiores (arts. 113, 300-11), así como de lo previsto en disposiciones legales (L. 136/94, arts. 38 y 39); (iv) el ejercicio de la moción de censura puede conllevar a la cesación en sus funciones del ministro censurado; mientras que la moción de observaciones no puede conducir a la remoción del servidor público cuya actuación haya sido cuestionada, ni la obligatoriedad de revocación de actos administrativos propios de la autoridad en relación con la cual se ejerce el control político, ya que, de no ser así, se estarían desconociendo tanto el principio de separación de funciones administrativas como el correspondiente reparto de competencias.

Cabe recordar, que el Congreso de la República expidió el Acto Legislativo 1 de 2007, “Por medio del cual se modifican los numerales 8º y 9º del artículo 136, se modifican los artículos 299 y 312, y se adicionan dos numerales a los artículos 300 y 313 de la Constitución Política de Colombia”, el cual empieza a regir el 1º de enero de 2008, según así se dispuso en el artículo 7º del mismo. Por lo que, el control de constitucionalidad sobre la disposición acusada se debe realizar con fundamento en las normas constitucionales actualmente vigentes.

Ahora bien. En relación con las juntas administradoras locales, sus funciones se encuentran establecidas en la Constitución, artículo 318, con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurara la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local; para lo cual, deben vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos. En tal medida, no les corresponde ejercer la moción de censura, pues como quedó claro, esta es una facultad exclusiva del Congreso de la República por disposición constitucional. Tampoco les corresponde presentar moción de observaciones, por cuanto tal atribución se encargó a los concejos municipales de conformidad con lo previsto en la Ley 136 de 1994.

De otra parte, también afirma el demandante que la expresión acusada, al facultar a todas las corporaciones públicas para “presentar mociones de cualquier tipo”, entre las que se encuentra la moción de censura, concebida como institución propia y exclusiva del Congreso de la República, se estaría dando paso igualmente a la inviolabilidad de las opiniones de los miembros de las corporaciones públicas territoriales, lo cual resultaría desproporcionado en razón de la naturaleza administrativa de tales corporaciones territoriales.

Al respecto de tal afirmación esta corporación consideró que:

“5. Las asambleas departamentales y los concejos municipales, a pesar de ser órganos de representación plural y de elección directa por la ciudadanía, no son en estricto rigor organismos políticos, en el mismo sentido que lo es el Congreso de la República. Estas instituciones son, como lo señala claramente la Constitución, corporaciones administrativas (C.P., arts. 299 y 312), lo cual armoniza con la naturaleza unitaria del Estado colombiano (C.P., art. 1º). Por ello la Corte había precisado que “si bien los concejos municipales están conformados por personas de la localidad, elegidas directamente por sus conciudadanos, constituyéndose por ello en sus voceros y agentes, y representando sus intereses y voluntad, ello no puede servir para pretender erigirlos como un “órgano legislativo de carácter local” (21) . Esto significa que los concejos carecen de ciertas potestades que son propias del Congreso, como órgano político de representación plural nacional que es. Así, si bien los concejos ejercen una facultad reglamentaria y dictan normas generales válidas en el respectivo municipio, en sentido estricto carecen “de potestad legislativa porque ella está concentrada en el Congreso de la República” (22) . Igualmente, por esa misma razón, esta Corte ha considerado que el control político solare la administración (C.P., art. 114), en sentido estricto, se encuentra radicado primariamente en el Congreso, por lo cual ciertas prerrogativas de los congresistas, como la inviolabilidad de sus opiniones, no se extienden automáticamente a los diputados y a los concejales” (23) .

5. Examen de los cargos de inconstitucionalidad planteados. Constitucionalidad condicionada de la expresión “a presentar mociones de cualquier tipo”, contenida en el inciso primero del artículo 3º de la Ley 974 de 2005.

La expresión acusada “a presentar mociones de cualquier tipo”, contenida en el inciso primero del artículo 3º de la Ley 974 de 2005, por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas, hace parte de las facultades que dicha ley otorgan a las bancadas que se conforman en el interior de las diferentes corporaciones de elección popular, en desarrollo de la reforma política introducida al ordenamiento superior en virtud del Acto Legislativo 1 de 2003.

El actor fundamenta su censura en dos aspectos centrales que la Corte no comparte, a saber: (i) que en virtud de la facultad que se otorga a las bancadas que actúan en las diferentes corporaciones públicas para “presentar mociones de cualquier tipo”, se está instituyendo el control político y la moción de censura por parte de las asambleas departamentales y de los concejos municipales; y, (ii) que el ejercicio de dicho control político comportaría también el reconocimiento de inviolabilidad de las opiniones de los miembros de dichas corporaciones públicas, desbordándose así el correspondiente mandato constitucional.

Al respecto cabe recordar, que para el desarrollo de las diferentes funciones que compete tanto al Congreso de la República como a las corporaciones públicas territoriales, han sido previstos diversos tipos de mociones que se encuentran claramente establecidas en la Constitución, en la ley y en los respectivos reglamentos internos de las diferentes corporaciones públicas de elección popular.

En relación con la denominada moción de censura, de conformidad con la Constitución, artículo 135, solo se halla establecida para ser ejercida en el seno del Congreso de la República como una facultad común a ambas cámaras. En efecto, el numeral octavo del artículo citado dispone, que en caso de que los ministros no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva Cámara, a las citaciones que se les haga para que concurran a las sesiones, esta podrá proponer moción de censura; y, el numeral noveno de la misma disposición, consagra la posibilidad para cada Cámara de proponer moción de censura respecto de los ministros respecto de los asuntos relacionados con funciones propias del cargo, la que deberá ser propuesta por lo menos por la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara, y para su aprobación requerirá de la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. Aprobada la moción de censura, el ministro quedará separado de su cargo.

Las demás corporaciones públicas de elección popular, diferentes al Congreso de la República, si bien pueden desarrollar dentro del ámbito de sus propias competencias un cierto control político sobre la gestión gubernamental que se lleva a cabo en los departamentos y en los municipios, no pueden ejercer en la actualidad la denominada moción de censura.

En efecto, no resulta acertado afirmar, que en virtud de la facultad que se consagra en la norma acusada para que las bancadas puedan presentar mociones de cualquier tipo, se esté invistiendo a las asambleas departamentales, los concejos municipales, o las juntas administradoras locales, de la potestad de ejercer control político en igualdad de condiciones al que corresponde al Congreso, incluyendo la posibilidad de ejercer la moción de censura, por cuanto, independientemente de lo dispuesto en la expresión acusada, si bien dichas corporaciones territoriales de elección popular detentan igualmente la representación de los ciudadanos y se hallan habilitadas para el ejercicio de un cierto control político en virtud del mecanismo de la representación, ellas presentan ciertas diferencias con el Congreso dadas las limitaciones que se derivan de su propia condición de entes administrativos que, como tales, no son titulares de la plenitud de las prerrogativas que se reservan para el Congreso de la República, como órgano esencialmente político.

En efecto, la facultad que la norma acusada otorga a las bancadas para presentar mociones de cualquier tipo, no puede ser entendida como una atribución que comprenda la posibilidad para todas las corporaciones públicas de ejercer las facultades que por Constitución se han entregado de manera exclusiva al Congreso de la República, pues por el contrario, las demás corporaciones públicas deben actuar de conformidad con la Constitución.

Cabe recordar, que para el desarrollo de las diferentes funciones que compete tanto al Congreso de la República como a las demás corporaciones públicas del nivel territorial, ha sido prevista la posibilidad de presentar diversas clases de mociones, salvo la de censura que solo la puede ejercer el Congreso, facultad genérica que no es contraria a la Constitución, pues es justamente a través de la proposición de las diferentes mociones que puede desarrollarse cabalmente la función que corresponde a los miembros de las mismas. Así las cosas, las bancadas de las corporaciones públicas diferentes al Congreso podrán presentar cualquier tipo de mociones según sus propios reglamentos, pero no podrán, en la actualidad, presentar moción de censura.

En este orden de ideas, la expresión acusada se declarará exequible en el entendido de que la moción de censura solo se puede ejercer en el seno del Congreso de la República con los requisitos exigidos por el numeral noveno del artículo 135 de la Constitución.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “a presentar mociones de cualquier tipo”, contenida en el inciso primero del artículo 3º de la Ley 974 de 2005, por los cargos examinados en la presente sentencia, en el entendido de que la moción de censura solo se puede ejercer en el seno del Congreso de la República con los requisitos exigidos por el numeral noveno del artículo 135 de la Constitución.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

(4) Sentencia C-036 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(5) Sentencia C-036 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(6) Sentencia C-647 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(7) Sentencia C-008 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(8) Sentencia C-342 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(9) C.P., artículos 114 y 135 numerales 8º y 9º.

(10) Sentencia C-004 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(11) Sentencia C-198 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(12) Sentencia C-246 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(13) Sentencia C-198 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(14) Sentencia C-317 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(15) Sentencia C-246 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(16) Ver Sentencia C-198 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Consideración de la Corte 2.1.

(17) Sentencia C-386 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(18) Sentencia C-082 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(19) Sentencia C-405 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(20) M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(21) Sentencia C-538 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.

(22) Sentencia T-425, junio 24 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.

(23) Corte Constitucional. Sentencia T-405 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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