Sentencia C-520 de octubre 15 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1629

Actor: Germán G. Flórez Villegas

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 328 del Decreto 2700 de 1991, “por el cual se expiden las normas de procedimiento penal”.

Santafé de Bogotá, D.C., octubre quince de mil novecientos noventa y siete.

I. Texto de las normas revisadas

DECRETO NÚMERO 2700 DE 1991

(Noviembre 30)

“Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le confiere el literal a) del artículo transitorio 5, del capítulo I de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación por la Comisión Legislativa,

DECRETA:

(...)

ART. 328.—Revocación de la resolución inhibitoria. La resolución inhibitoria podrá ser revocada de oficio o a petición del denunciante o querellante, aunque se encuentre ejecutoriada.

El denunciante o querellante podrá insistir en la apertura de la instrucción, solamente ante el funcionario que profirió la resolución inhibitoria, siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para proferirla.

(...)

Vl. Fundamentos

Competencia

1. La Corte es competente para conocer del proceso de la referencia de acuerdo con lo estipulado en el artículo 10 transitorio de la Constitución Política.

El problema planteado

2. El demandante considera que el artículo 328 del Decreto 2700 de 1991 vulnera el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 5º y 13 de la Carta Política, toda vez que otorga al denunciante, “que es un mero testigo del hecho punible”, y no a la víctima o a quien pudiere constituirse en parte civil, el derecho a solicitar la revocatoria de la resolución inhibitoria y de insistir en la apertura de la instrucción. A su juicio, lo anterior “discrimina injustificadamente la protección por parte del Estado a los más grandemente afectados que, por circunstancias fortuitas no llegaron a denunciar primero el hecho punible”.

En opinión del apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Procurador General de la Nación, la norma demandada es exequible. El primero estima que el artículo 328 del Código de Procedimiento Penal no excluye arbitrariamente al agraviado por el delito de solicitar la revocatoria de la resolución inhibitoria y de insistir en la apertura de la instrucción, como quiera que ésta es una facultad del “denunciante”, quien puede ser cualquier ciudadano mayor de dieciocho años. Por su parte, el procurador considera que una interpretación sistemática del artículo acusado, basada en la autonomía de los funcionarios judiciales (C.P., art. 228) y en la necesidad de hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229), permite incluir entre los sujetos legitimados para ejercer las prerrogativas allí consagradas a la persona directamente afectada por el delito.

3. Para poder resolver la cuestión constitucional planteada —que se refiere fundamentalmente al ámbito de acción del legislador al momento de definir las normas de procedimiento penal—, debe la Corte definir si, como lo afirma el demandante, el artículo 328 del Código de Procedimiento Penal efectivamente excluye al titular del bien jurídico protegido vulnerado por el delito y a la parte civil de la posibilidad de solicitar la revocatoria de la resolución inhibitoria y de insistir en la apertura de la instrucción. Para tales efectos, es menester determinar si las categorías que, según el demandante, resultan excluidas de la posibilidad de ejercer las facultades contempladas en la norma acusada pueden ser incluidas dentro de los términos “denunciante” o “querellante”.

El denunciante y el querellante en la investigación previa

4. El artículo 25 del Código de Procedimiento Penal determina que “todo habitante del territorio colombiano mayor de dieciocho años, debe denunciar a la autoridad los hechos punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio”. Esta corporación ha estimado, por una parte, que la obligación de denunciar es una manifestación de los deberes constitucionales de “obrar conforme al principio de solidaridad social” (C.P., art. 95-2) y de “colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia” (C.P., art. 95-7) y, de otro lado, que la posibilidad de denunciar la ocurrencia de delitos forma parte de los derechos fundamentales al debido proceso (C.P., art. 29) y de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229).

Así mismo, la Corte ha señalado que la denuncia cumple el importantísimo fin de evitar que los particulares busquen hacer justicia por su propia mano, ofreciendo un mecanismo mediante el cual les sea posible poner en marcha el aparato investigativo del Estado con el objeto de esclarecer la verdad acerca de la ocurrencia de un determinado hecho punible. Ciertamente, la investigación y sanción de delitos constituye una manifestación del deber estatal de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades”, el cual no podría llevarse a cabo en forma adecuada si la propia ciudadanía no pone en funcionamiento, mediante la denuncia oportuna y eficaz de los hechos delictuosos, la actividad y aparatos del Estado tendentes a la sanción e investigación de esos hechos(1).

(1) ST-547/93 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); SC-067/96 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); ST-470/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz)

A la luz de estos postulados, puede afirmarse que, en materia de delitos perseguibles de oficio, ni la Constitución ni la ley califican al denunciante más allá de exigir que se trate de un habitante del territorio colombiano mayor de dieciocho años. Aquellas no indican cuáles deben ser los intereses específicos que motivan a una determinada persona a interponer una denuncia penal. En esta medida, es posible afirmar que el “denunciante” a que se refiere el artículo 328 del Código de Procedimiento Penal puede ser cualquier persona mayor de dieciocho años que habite en Colombia y, por ende, puede serlo tanto quien es mero espectador del delito, como la persona titular del bien jurídicamente tutelado vulnerado por el hecho punible.

5. Aunque en materia de procedimiento penal la regla general consiste en la investigación y sanción oficiosa de los delitos, existen algunos eventos excepcionales en los cuales la puesta en funcionamiento del aparato investigativo del Estado sólo puede producirse como efecto de una querella. Esta consiste en la denuncia interpuesta por una persona que, en la mayoría de los casos, coincide con el sujeto pasivo del hecho punible o con su representante legal, en el caso de los menores y las personas jurídicas (C.P.P., art. 30). En otro tipo de eventos señalados por el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal, la querella podrá ser interpuesta por el defensor de familia, el agente del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo o los perjudicados directos.

La necesidad de interponer una querella para que determinados delitos puedan ser investigados y sancionados por las autoridades estatales, opera como una barrera al ejercicio de la acción penal que sólo puede ser removida si el sujeto pasivo del hecho punible o su representante legal deciden denunciarlo ante las autoridades competentes. En estos casos, el ordenamiento coloca en cabeza de las personas legitimadas para interponer una querella la posibilidad de ponderar, desde su perspectiva personal y social, las consecuencias —positivas o negativas— que el proceso penal podría acarrearles. Efectivamente, se ha afirmado que, en el caso de algunos delitos, el escándalo público que su investigación y sanción podrían implicar, así como el dolor y pesadumbre que para el sujeto pasivo conllevaría el hecho de recrear el delito durante el proceso penal, son causas que autorizan al agraviado a optar por poner o no en conocimiento de las autoridades públicas la ocurrencia del hecho punible(2).

(2) SC-459/95 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz);SC-113/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

En el caso de los delitos querellables, el titular del bien jurídico tutelado vulnerado por el hecho punible y el querellante son, en la mayoría de los casos, la misma persona. Incluso, es posible afirmar que la condición sine qua non para que un individuo pueda erigirse en querellante de un delito consiste en haber sido el sujeto pasivo de éste o, lo que es lo mismo, el titular del bien jurídico tutelado vulnerado por el hecho punible.

En síntesis, no es acertado afirmar que la norma acusada sólo otorgue al denunciante la posibilidad de solicitar la revocatoria de la resolución inhibitoria y de insistir en la apertura de la instrucción, en detrimento de la víctima del hecho punible. Efectivamente, no se trata de categorías excluyentes, como quiera que la víctima del delito puede convertirse en denunciante por el simple hecho de dar la noticia criminal a las autoridades competentes.

6. No obstante, las categorías estudiadas —denunciante y víctima— podrían ser excluyentes, si el derecho legislado dispusiera que sólo es denunciante la primera persona que comunica a las autoridades competentes la ocurrencia de un delito. En este evento, si por cualquier circunstancia la víctima no es la primera persona en dar la noticia criminal, quedaría inhabilitada para solicitar la revocación de la resolución inhibitoria.

Por supuesto, en el caso de la querella, la cuestión suscitada por el demandante no presenta mayor problema. En los delitos querellables, el titular del bien jurídico tutelado vulnerado por el hecho punible, no puede nunca resultar desplazado por algún tercero carente de intereses subjetivos directos en la investigación y sanción del delito.

Sin embargo, se pregunta la Corte si, en materia de delitos que deben perseguirse de oficio, puede el legislador reconocer al denunciante legitimación para solicitar la revocación de la resolución inhibitoria, mientras niega dicha condición a la víctima que, por cualquier circunstancia, no pudo ser la primera persona en dar la noticia criminal.

7. Quien denuncia un crimen, no sólo ejerce un deber constitucional (C.P., art. 95-2 y 7) y un derecho fundamental (C.P., art. 29 y 229) sino, también, actúa en nombre del interés de todo ciudadano relativo a que el Estado cumpla su misión constitucional de proteger a los residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y derechos, a través de la investigación y sanción de los hechos punibles (C.P., art. 2º).

Sin embargo, cuando la persona que acude a las autoridades penales es, a su turno, víctima del delito, no sólo obra en cumplimiento de los deberes, derechos e intereses antes señalados sino que persigue, además, la efectividad de por lo menos dos intereses de carácter personal: (1) la reparación patrimonial del daño causado por el hecho punible; y, (2) el acceso a la verdad y a que se haga justicia en su caso concreto.

El primero de estos intereses no se hace efectivo durante la etapa de investigación previa, que es aquella en la cual se localiza el ejercicio de las prerrogativas que la norma acusada otorga al denunciante y al querellante. En efecto, el resarcimiento patrimonial de los daños materiales y morales producidos por el delito, se hace efectivo a través de la posibilidad que el ordenamiento procesal penal otorga al sujeto pasivo del hecho punible de constituirse en parte civil dentro del proceso penal (C.P.P. arts. 43 a 65), una vez se haya iniciado la etapa de instrucción.

Por otra parte, quien sufre las consecuencias de un delito tiene el derecho de conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso y a que se determine quién cometió el hecho punible, a fin de que le sean impuestas las sanciones previstas por el ordenamiento. Si se permitiera que un tercero que carece del interés subjetivo antes anotado desplazara a su legítimo titular por el mero hecho de que se adelantó en el tiempo para interponer la correspondiente denuncia, ello implicaría un desconocimiento del derecho constitucional a que se haga justicia en el caso concreto, el cual es una manifestación de los derechos fundamentales al debido proceso (C.P. art. 29), de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229) y a una igual protección por parte de las autoridades públicas (C.P. art. 13).

Por las razones mencionadas, la Corte concluye que la norma demandada es constitucional, siempre que se entienda que, en ningún caso, la misma excluye a la víctima del delito. Si la revocación de la resolución inhibitoria la puede pedir la persona que denuncia el hecho punible sin ser víctima, a fortiori esta última podrá elevar análoga petición.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 328 del Decreto 2700 de 1991, “Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal”, bajo el entendido de que la revocación de la resolución inhibitoria la puede igualmente solicitar la víctima del hecho punible.

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