Sentencia C-521 de septiembre 23 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1996

Magistrado Ponente:

Dr. Antonio Barrera Carbonell

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 164 del Decreto-Ley 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Actor:

Franky Urrego Ortiz

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre veintitrés de mil novecientos noventa y ocho.

II. Norma Acusada.

(...).

“DECRETO NÚMERO 1344 DE 1970

(Agosto 4)

“Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre”.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 8ª de 1969 y atendido el concepto de la comisión asesora establecida en ella,

DECRETA:

Código Nacional de Tránsito Terrestre

(...)

ART. 164.—(Modificado por el D. 1809/90) artículo 140. El artículo 164 del Decreto-Ley 1344 de 1970, quedará así:

“ART. 164.—Ningún vehículo podrá llevar un número de pasajeros superior a la capacidad señalada en la licencia de tránsito o en la tarjeta de operación, con excepción de los niños de brazos”.

PAR.—Para efectos de este artículo, los niños menores de siete (7) años se consideran medio (1/2) pasajero”.

VII. Consideraciones de la Corte

1. El Problema jurídico planteado.

Se reduce a determinar si la norma acusada desconoce el principio de dignidad y los derechos constitucionales de los niños, en cuanto los asimila a “medio pasajero”.

2. La solución al problema.

2.1. La Constitución fundamenta la propia concepción del Estado, en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (art. 1º).

Como lo ha señalado la Corte, la dignidad humana “es en verdad principio fundante del Estado (C.P. art. 1º). Más que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución”(1).

Esa trascendencia suprema que le otorga la Constitución a la dignidad humana, supone el reconocimiento del hombre como un fin en sí mismo y no como un objeto manipulable al que hay que buscar y encontrarle su fin fuera de sí. Por lo tanto, respetar la dignidad “será tener en cuenta que el ser humano es anterior, lógica y sociológicamente al Estado, y por ello los procedimientos operativos y las normas que el propio Estado utilice en sus actividades, han de ser lógica y sociológicamente adecuados a la índole personal de los seres humanos”(2).

Dentro de la perspectiva anotada la Corte de manera reiterada ha señalado que el reconocimiento superior de la dignidad como principio fundante de nuestro ordenamiento constitucional, “exige un trato especial para el individuo, de tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial al juez, que en su función hermenéutica debe convertir este principio en un parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico”(3).

De lo expuesto fluye que cuando el Estado, independientemente de cualquier consideración histórica, cultural, política o social, establece normas sustanciales o procedimentales dirigidas a regular las libertades, derechos o deberes del individuo, sin tener presente el valor superior de la dignidad humana, serán regulaciones lógica y sociológicamente inadecuadas a la índole de la condición personal del ser humano y, por contera, contrarias a la Constitución, en la medida en que se afectarían igualmente los derechos fundamentales, dado que éstos constituyen condiciones mínimas para la “vida digna” del ser humano; en efecto, cuando se alude a los derechos fundamentales se hace referencia a aquellos valores que son anejos a la dignidad humana.

De lo anterior se concluye, que en nuestro sistema jurídico político la misión del Estado como del Derecho es la de consagrar y proteger la dignidad humana, “porque ambas instituciones se justifican y tienen razón de ser sólo en la medida en que sean instrumentos al servicio de la promoción, realización y elevación del conjunto de valores supremos que trascienden al ser humano y a su dignidad”(4).

2.2. Conviene anotar, en primer término, que la expresión que utiliza el parágrafo al asimilar a los niños menores de 7 años a medio pasajero es desafortunada e inadecuada para lograr el fin que la norma persigue, cual es la de señalar la capacidad de los vehículos, atendiendo al número de pasajeros que físicamente y bajo condiciones razonables de seguridad pueden transportar.

2.3. Mirada la norma acusada, dentro del contexto normativo del cual forma parte, a primera vista se observa que la regulación en ella contenida no toma en cuenta la condición humana de los menores y los derechos constitucionales de que son titulares, sino que les da un tratamiento en cuanto personas físicas, es decir, bajo el sentido de cuerpo o volumen que ocupa un espacio dentro del vehículo, particular o público.

Así pues, el propósito que persigue la disposición demandada se traduce en una limitación, en el sentido de que un vehículo no puede acarrear más personas que la que permite su capacidad física transportadora, según lo señale la licencia de tránsito o la tarjeta de operación del mismo.

Desde la referida perspectiva, es obvio que el parágrafo acusado no puede considerarse, en principio, lesivo de la dignidad humana.

2.4. Sin embargo, la norma debe ser analizada bajo la óptica del reconocimiento que la Constitución hace de los derechos fundamentales de los menores y de la especial asistencia y protección que les dispensa. En efecto:

El ordenamiento constitucional está dirigido a garantizar el bienestar integral de los niños, desde el punto de vista físico, intelectual y espiritual, para garantizar su desarrollo armónico integral, hasta el punto de que no solamente les reconoce los mismos derechos fundamentales que se predican de todas las personas, sino que es pródigo en el establecimiento de ciertos derechos fundamentales específicos en favor de aquellos, los cuales se ven reforzados con el principio de prevalencia.

Es indudable que los derechos de los niños a la vida, a la integridad física y a la salud, su dignidad y bienestar integral sólo se garantizan en la medida en que se les proteja y asegure contra toda acción, omisión, o forma de trato que represente un atentado contra dichos derechos y su efectivo goce.

Considerar a los niños menores de 7 años como medio pasajero, para efectos de fijar la capacidad de los vehículos, constituye indudablemente un desconocimiento de la seguridad y la protección que se les debe brindar, con el fin de garantizar los referidos derechos, porque aparte de la molestia e incomodidad que representa para dos niños el tener que viajar en un asiento, el hacinamiento a que ello da lugar cuando el transporte se hace a la máxima capacidad del vehículo, genera graves riesgos para la vida, la salud y la integridad física, con consecuencias funestas.

Siendo el niño un sujeto que merece un tratamiento especial y privilegiado por el Estado, la sociedad y la familia, cuyos derechos prevalecen sobre los de los demás, no resulta acorde con los principios de la dignidad humana y de igualdad, que un menor de 7 años, no pueda viajar en un vehículo en las mismas condiciones de comodidad y seguridad en que lo hace cualquiera otra persona. En otros términos, no encuentra justificado la Corte, desde el punto de vista constitucional, el diferente tratamiento que la norma le da a los niños menores de 7 años.

2.5. En conclusión, por desconocer los derechos de los menores y la especial protección que el Estado debe brindarles, el segmento acusado será declarado inexequible.

Finalmente observa la Corte que la referida inexequibilidad conlleva a que los actos reglamentarios de esta norma no puedan ser aplicados en el futuro, por haber desaparecido la fuente jurídica que les dio origen. Es obvio que si la norma reglamentada se declara inexequible, los actos reglamentarios, conforme al artículo 4º de la Constitución devienen igualmente en inconstitucionales y no pueden ser aplicados.

Por lo demás, si la Constitución prohíbe la reproducción del contenido material del acto jurídico (art. 243) declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron de base para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y aquélla, con mayor razón resulta prohibido que se pueda aplicar una norma reglamentaria de una disposición declarada inconstitucional.

VIII. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 164 parcial del Decreto 1344 de 1970, modificado por el Decreto 1809 de 1990.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

(1) T-401/92, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(2) Sánchez de la Torre Ángel, Comentario al fuero de los españoles, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1975, pág. 138.

(3) T-645/96, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Sentencia C-052/93, salvamento de voto magistrados Ciro Angarita y Alejandro Martínez.

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